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Modo: Corpus Pro

LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1570/96. · Registro digital (IUS): 4421
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALFREDO ARAIZ GAUNA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, , Pág. 93.

AMPARO EN REVISIÓN 1570/96. ALFREDO ARAIZ GAUNA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Previamente al estudio de los agravios formulados por el quejoso en su recurso de revisión principal, se deben analizar los motivos de inconformidad que plantea el secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, en su recurso de revisión adhesiva, por contener planteamientos de causas de improcedencia, que son de estudio preferente por ser una cuestión de orden público y de interés social.

Al respecto, la autoridad recurrente en revisión adhesiva expresa textualmente lo siguiente:

"Adicionalmente se considera que el amparo debió haber sido sobreseído por el Juez a quo por virtud de lo siguiente:

"A) En el informe justificado rendido por las diversas autoridades responsables, se hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: 'El juicio de amparo es improcedente: III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'; y en la especie, el quejoso promovió diversos juicios constitucionales, en los que existe identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, y como quedó demostrado, al ofrecer como prueba los expedientes Nos. P/0312/96, P/0313/96 y P/0314/96 y que se tramitaron en el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna.

De lo anterior se deduce que en este caso se da la figura de litispendencia, pues existe un juicio pendiente de resolución el que fue promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y en contra del mismo acto reclamado, que es la inconstitucionalidad del artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila; razón por la cual se solicita se tome en consideración este argumento al momento de resolver el presente recurso.

"Ahora bien, existen diversas demandas de amparo presentadas por el mismo quejoso (amparo contra leyes) todas ellas y con las siguientes características:

"a) Quejoso: Alfredo Araiz Gauna.

"b) Acto reclamado: Constitucionalidad del artículo 65 de la Ley de Hacienda.

"c) Momento de interposición: contra el primer acto de aplicación.

"Como se puede observar, el quejoso interpuso diversas demandas de amparo por cada una de las licencias de funcionamiento de establecimientos que expendan bebidas alcohólicas de que es propietario, resultando que en cada una de ellas señalaba como primer acto de aplicación el pago de los derechos causados por la expedición de la referida licencia, de donde se desprende que en la especie resulta contrario a la naturaleza del juicio de garantías el que existan diversos primeros actos de aplicación de la ley en un mismo quejoso, por lo que es imposible que exista más de un primer acto de aplicación, es decir, no pueden darse dos, tres o más primeros actos de aplicación, por lo que al no identificar el quejoso el primer acto, resulta improcedente el juicio de amparo contra leyes, debiendo en todo caso limitarse el juicio a los aspectos de legalidad, dejando fuera los de constitucionalidad de la ley.

"B) Otra causal de improcedencia que se hizo valer en los respectivos informes justificados de cada una de las autoridades responsables, está relacionada con el consentimiento del acto reclamado y que se encuentra prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo; pues quedó demostrado con las pruebas ofrecidas en dicho informe y que consiste en el recibo de pago de los derechos causados por el refrendo de licencias de funcionamiento para el expendio de bebidas alcohólicas de fecha 20 de marzo de 1996.

"De lo anterior, queda demostrado que el quejoso consintió el acto reclamado, al hacer el pago liso y llano del derecho que se comenta, lo que da margen a pensar que al pagar dicho derecho, le está solicitando al Estado el servicio correspondiente, sin que manifestare de manera alguna su oposición, sino por el contrario, el pago realizado de manera espontánea por el quejoso implica una manifestación de voluntad de aceptar el acto que reclama.

"Asimismo, deberán estudiarse las demás causales de improcedencia que se alegaron en los informes justificados que oportunamente rindieron las autoridades responsables."

En el primer planteamiento del inciso A) de los agravios de revisión adhesiva, aduce la autoridad recurrente que, en su criterio, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso promovió en contra de las mismas autoridades y por la misma norma (artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila), los diversos juicios de amparo números 312/96, 313/96 y 314/96, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, de tal forma que por la figura de la litispendencia (amparos contra la misma ley), opera tal causa de improcedencia.

Es inoperante dicho argumento, porque la recurrente adhesiva alude que el quejoso promovió otras demandas de garantías en contra de la misma norma legal, artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, radicadas en los juicios de amparo números 312/96, 313/96 y 314/96, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, que se encuentran pendientes de resolución, sea en primera instancia o bien en revisión, como estima quedó demostrado al ofrecer como pruebas los expedientes respectivos. Sin embargo, del auto de fecha nueve de mayo del año en curso (fojas doscientos seis del expediente de amparo de origen), se advierte que, en lo conducente, proveyó el a quo federal lo siguiente:

"... Por lo que toca a la solicitud que formulan las autoridades responsables para que se tengan a la vista al resolver en este juicio las constancias que señalan, que manifiestan obran en los autos de los juicios de amparo tramitados ante este juzgado, hágase de su conocimiento que por tratarse de pruebas documentales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, es obligación de las partes oferentes el exhibirlas con el fin de que sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional ..."

De lo anterior, resulta que la autoridad responsable no aportó constancias para probar la promoción de los diversos juicios de amparo, radicados ante el Juez Segundo de Distrito en La Laguna, por lo que no se pudo apreciar cuáles pudieran haber sido los actos y ley reclamados, para decidirse, con conocimiento de causa, si se estaba dentro de los supuestos de improcedencia previstos por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, que textualmente dice:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas."

Según el texto de la referida norma, que la autoridad recurrente equipara a la litispendencia en su aspecto procesal, debe entenderse que un juicio iniciado primero por igual parte y por las mismas autoridades y actos, hace improcedente la instauración de otro juicio posterior. Para tal efecto, es menester que se acredite por la autoridad que plantea la improcedencia, que el proceso en el cual ésta opone excepción, sea el juicio ulterior, lo cual es de toda lógica jurídica acorde al principio general de que quien afirma está obligado a probar su aserción.

Por lo tanto, la ausencia de prueba de la improcedencia, por rechazo de las documentales, en auto no recurrido en queja por la oferente, determina la inoperancia de dicha causal opuesta.

En la misma orientación, debe desestimarse el planteamiento de la segunda parte del inciso A) del escrito de revisión adhesiva.

Aun cuando sea cierto que debe haber un solo primer acto de aplicación de una ley que dé pauta a la impugnación de su constitucionalidad, sin que sea procedente reclamarla a raíz de ulteriores actos, esto no es causa eficiente para advertir la operancia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo origen de esta revisión.

En efecto, no existen constancias en autos de que los actos de aplicación de la norma legal reclamada, impugnados en los otros juicios de garantías, pudieran considerarse previos al que se precisó como el pago y recepción del mismo (por concepto de derechos), por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, con fecha veinte de marzo del año en curso (foja siete del expediente del juicio de amparo de origen).

Lo anterior presupone que al no acreditarse por la autoridad responsable que existiera otro acto que se considerara como primero de aplicación de la ley reclamada, no hay punto probatorio que determine la operancia de causal de improcedencia en este aspecto.

No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que argumente la autoridad recurrente en revisión adhesiva, que al no identificar el quejoso cuál fue el primer acto de aplicación, el juicio de amparo resulte improcedente.

Se afirma lo anterior, porque basta con que el quejoso haya promovido su demanda de amparo contra un acto de aplicación del artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para que se hiciera procedente reclamar tal norma legal conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, párrafos segundo y tercero, de la ley de Amparo.

Por lo demás, no existe hipótesis legal que prevea que cuando se promuevan diversas demandas de garantías contra distintos actos de aplicación de una ley, se actualice una causa de improcedencia por todos esos juicios, si el quejoso no indica cuál pudiera haber sido el primer acto de aplicación. En todo caso, una acción de amparo será procedente en relación con el primer acto de aplicación, para de ahí reclamar la disposición legal, lo que haría improcedentes los demás juicios. Empero, cuando no hay datos ciertos y probados, no puede estimarse la improcedencia sobre ese aspecto, con base en meras presunciones, atento el criterio sustentado en la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, publicado en la página ciento noventa y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente dice:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." Además, la autoridad recurrente debió, en sus agravios, enunciar la fecha y hora de la presentación de cada demanda de garantías, para que el Juez de Distrito determinara acerca de la operancia de la causal de improcedencia opuesta y basada en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En este mismo sentido, debe decirse que si se considera que la autoridad recurrente fue la receptora de los pagos por concepto de derechos por revalidación de licencia de funcionamiento, debió, conforme a sus archivos, demostrar que el pago recibido el veinte de marzo del año en curso, constante en el recibo número 7289, cuya copia certificada obra a foja siete del expediente del juicio de amparo, pudiera ser posterior a los otros pagos que indica dicha autoridad efectuó el quejoso respecto de otras negociaciones de su propiedad. Al no cumplir con tal carga probatoria, pudiendo haberlas satisfecho, el argumento de la autoridad deviene inoperante.

En relación con la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, que esgrime la autoridad recurrente adhesiva, es improsperable.

Debe aclararse previamente, que la recepción del pago de la cantidad cubierta por el quejoso, por concepto de derechos por revalidación de licencia de funcionamiento, según la copia certificada de la constancia que obra a foja siete del expediente del juicio de garantías, no fue de quince de marzo del año en curso, como afirma la inconforme, dado que el sello de "pagado" ostenta la fecha de veinte de marzo del propio año.

Precisado lo anterior, debe indicarse que es inexacto que el pago realizado por el quejoso fuera motivo de consentimiento de la norma legal impugnada.

El derecho, como especie de contribuciones, se caracteriza como previsto en leyes heteroaplicativas, como ocurre en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, particularmente en su artículo 65.

El contribuyente puede verse afectado por esa norma en supuestos de revisión, requerimiento de autoridad, o bien por voluntad propia del gobernado al efectuar el pago espontáneamente, para propiciar el primer acto de aplicación.

Partiendo de lo anterior, el particular podrá promover el juicio de garantías dentro del término de quince días posteriores al primer acto de aplicación de la norma legal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo.

La realización del pago no implica consentimiento de la norma por el contribuyente, si se considera que la demanda de garantías oportuna determina su impugnación inmediata por el quejoso quien, a través de ella, trata de evitar la probable actualización de causas de incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias que regulen su giro mercantil, una vez fenecido el plazo de la licencia vigente y sujeta a revalidación, lo que pudiera ocasionar, en alguna hipótesis, actos de molestia por la autoridad administrativa si continúa su actividad con la licencia vencida.

Tiene aplicación al respecto, por similitud de razón, el criterio sustentado por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta y ocho, de los Precedentes que no han integrado jurisprudencia, correspondientes a los años de 1969-1985, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos ochenta y seis, que textualmente dice:

"PAGO BAJO PROTESTA. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA EL QUE ÉSTE NO SE DEMUESTRE. No es causa de improcedencia el hecho de que no se demuestre al Juez que el pago del impuesto se haya hecho bajo protesta y menos que el pago liso y llano del impuesto deba presumirse como acto consentido de manera expresa, independientemente de que el mismo (impuesto y su pago) haya sido impugnado dentro de los quince días siguientes; pues el intentar la demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al acto de aplicación del mencionado impuesto, refleja no estar la quejosa de acuerdo ni mucho menos consentir en causar y pagar el impuesto, máxime, si dicho pago lo efectuó sólo para no incurrir en posible conducta infractora."

Atento tales consideraciones, resulta inoperante en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que opone la autoridad responsable recurrente en revisión adhesiva.

Finalmente, debe señalarse la inoperancia del argumento final que vierte la mencionada autoridad, en el sentido de que deben estudiarse las demás causales de improcedencia que se plantearon en los informes justificados.

Se afirma lo anterior, porque en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito estudió en los apartados destacados de los incisos a) al e) del considerando segundo, las causales de improcedencia establecidas en el artículo 73, fracciones III, V, VI, XI y XII, de la Ley de Amparo, para cuyo efecto señaló lo siguiente:

"Analizadas sobre el particular las causales que se invocan, este órgano de control constitucional las estima infundadas, acorde a lo siguiente:

"Si bien es cierto que el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el mismo quejoso reclama en un diverso asunto los mismos actos que en otro juicio; sin embargo, en el caso no se actualiza tal hipótesis, habida cuenta que las propias autoridades responsables, al rendir sus informes con justificación, refieren que los actos de aplicación del artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila que ahora se reclama, son diversos, en cada una de las demandas de garantías, de ahí que procede desestimarse la primera de las causales invocadas.

"Sirve de apoyo al respecto, la tesis que se localiza en la página 23 del Volumen 79 del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Séptima Época, Primera Parte, identificada bajo el rubro: 'LEYES. AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA LEY A TRAVÉS DE DOS ACTOS DIFERENTES DE APLICACIÓN.'.

"Respecto de la causal que se precisa en el inciso b), cabe establecer que las disposiciones que se contienen en la indicada Ley de Hacienda no son de naturaleza autoaplicativa, sino heteroaplicativa, toda vez que para su exigibilidad se requiere un acto concreto de aplicación; por ende, debe atenderse a esto último para establecer el término de la debida interposición de la demanda de garantías. Luego entonces, no es procedente en el caso computar el término de la interposición de la demanda de amparo de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Amparo, sino que debe atenderse al que establece el 21 del mismo ordenamiento legal.

"A mayor abundamiento, aun en el caso de que se estimara que las disposiciones de la Ley de Hacienda aludida tengan el carácter de autoaplicativas, de todas maneras al reclamarse el artículo 65 de esa ley con motivo de su primer acto de aplicación, que en el caso lo constituye el pago recibido a la parte quejosa por el refrendo de la licencia que indica en su demanda, lo cual se efectuó el día quince de marzo del año en curso, como así se aprecia en la copia certificada del recibo correspondiente que al efecto se acompañó a la demanda de garantías, por ende, el término de quince días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, empieza a correr el día siguiente hábil de esa fecha.

"En apoyo a lo anterior, cabe invocar la tesis publicada en la página 319 del Tomo CXXIX del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Época, Segunda Sala, identificada bajo la nota: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. AMPARO CONTRA.'.

"Tocante a la causal de improcedencia indicada en el inciso c), cabe decir que, contrario a lo que afirman las responsables, en el caso concreto sí se encuentra acreditado el acto de aplicación del artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, puesto que para ello no es necesaria la existencia de requerimiento previo emitido por las responsables a la parte quejosa, habida cuenta que de la copia certificada del recibo glosado en autos, se observa que la (Oficina de) Recaudación Regional de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, recibió a la parte quejosa la cantidad que en él se precisa por concepto de pago total del refrendo de la licencia correspondiente a mil novecientos noventa y seis. Por ende, en autos se encuentra plenamente acreditado el acto de aplicación de la disposición en comento, toda vez que dicho pago se encuentra previsto en forma expresa en el indicado artículo 65.

"Por lo que corresponde a la causal que se establece en el inciso d), cabe señalar que no basta que la parte quejosa haya solicitado de la (Oficina de) Recaudación de Rentas del Estado de Coahuila, el refrendo para el año en curso de las licencias aludidas, para establecer que en el caso concreto se encuentra plenamente probada dicha causal de improcedencia, ya que no aparece que se evidencie que la impetrante haya tenido conocimiento de la ley reclamada. Por el contrario, al habérsele aceptado el pago que realizó por tal concepto, conlleva a establecer que dicho pago constituye el único acto de aplicación de la multicitada ley, por ende, la simple solicitud de pago no constituye acto alguno de aplicación de la ley referida.

"En lo que respecta a la causal precisada en el inciso e), cabe señalar, que si bien es cierto el referido pago no aparece se haya efectuado bajo protesta, ello no conduce a establecer la improcedencia del presente juicio, considerándose como consentido el artículo 65 de la multicitada ley; puesto que la parte quejosa al presentar su demanda de amparo dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, refleja en forma incuestionable su inconformidad con aquella disposición legal, puesto que de no haber efectuado ese pago, incurriría en posibles conductas infractoras a la indicada Ley de Hacienda que generarían actos de molestia, tales como multas o clausuras que pudieran tener como consecuencia el no permitirle seguir realizando la actividad del giro autorizado que se precisa en la licencia de funcionamiento, que anexó a su demanda.

"Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado en la tesis que se publicó en la página 202 de los Volúmenes 175-180 del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Séptima Época, Primera Parte, identificada bajo la voz: 'PAGO BAJO PROTESTA. NO ES CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EL QUE ÉSTE NO SE DEMUESTRE.'"

Teniéndose en consideración que existió respuesta y desestimación a los argumentos de improcedencia que esgrimieron las autoridades responsables ante el Juez de Distrito, debe desvirtuarse el insuficiente planteamiento que realiza la recurrente en revisión adhesiva, que solicita se estudien de nueva cuenta las causales que ya fueron analizadas y rechazadas por el a quo federal, ya que en todo caso se requiere agravio que impugne tales consideraciones.

En tales condiciones, es de concluirse que los planteamientos esgrimidos por la autoridad recurrente no son causa eficiente para revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías.

CUARTO. Son fundados los planteamientos de agravio, para provocar la revocación de la sentencia.

Lo fundado de los motivos de inconformidad en aspecto formal radica en la medida en que aduce el recurrente que el Juez de Distrito no decidió, en su integridad y con congruencia, los argumentos de inconformidad relacionados con la transgresión que estima el promovente existe en el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, al aspecto de equidad que exige el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sus conceptos de violación el quejoso argumentó que el precepto legal impugnado establece una contribución de derechos desproporcional e inequitativa y sin relación entre el servicio público y el monto de la cuota causada por la expedición de la revalidación anual para el funcionamiento de un establecimiento que expenda bebidas alcohólicas, en razón de que señala tal norma diferentes cantidades a pagar según el giro de la negociación mercantil, no obstante que el servicio que se presta al expedir el documento de revalidación es el mismo para todos los giros que prevé.

El Juez de Distrito en forma incongruente con dicho planteamiento, señaló que el hecho de que se contenga en la norma impugnada un enunciado de diversas tarifas a cubrir, según el giro de que se trate, no hace inconstitucional el tributo, porque jurídicamente no es factible que a un negocio con un giro o capital mínimo se le cobre igual que a un establecimiento grande con capital cuantioso y que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República guarda el principio de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin que sea menester que la disposición fiscal establezca la diferencia en el servicio que preste la autoridad para la expedición de la revalidación de la licencia, porque la "contraprestación" que otorga el Estado no es en función del interés particular, sino del interés social y de ahí que, atendiendo al monto del capital en giro, debe de cobrarse más por una mayor contraprestación del servicio público.

Ahora bien, de lo antes precisado se puede advertir que existe incongruencia externa en la sentencia recurrida, porque no fue punto de controversia constitucional argumento alguno de falta de equidad de la contribución prevista por el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en función de que se tome en cuenta el capital en giro de los establecimientos mercantiles que se enuncian en dicha norma secundaria, sino sólo lo fue en torno a la clasificación de diversas cuotas que se cobran por la misma clase de servicio.

Es deber de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el subsanar, como órgano jurisdiccional de revisión, tal incongruencia para cumplir con los presupuestos que en toda sentencia deben de satisfacerse, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados,y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

Para mejor comprensión de la temática constitucional a dilucidar, es conveniente transcribir el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, expedida el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el día veintidós de diciembre del citado año y que entró en vigor el día primero de enero del año en curso, que textualmente dice:

"Artículo 65. La expedición de la revalidación anual para el funcionamiento de establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas o que presten servicios en los que se expendan dichas bebidas, causará derechos conforme a la siguiente:

"TARIFA

"I. Distribuidores de cerveza o vino, ladies bar, cabaret, discotec bar, video bar, salones de baile, casas de huéspedes, hoteles de paso y moteles de paso $6,250.00 (seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.);

"II. Tiendas de autoservicio $4,688.00 (cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.);

"III. Restaurantes bar, restaurantes y estadios $3,125.00 (tres mil ciento veinticinco pesos 00/100 M. N.);

"IV. Supermercados, agencias y cantinas o bares $2,188.00 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.);

"V. Expendios de vinos y licores, tiendas de abarrotes, minisuper, casinos, clubes sociales y deportivos, círculos sociales y semejantes, billares y boliches, hoteles, salones de fiesta, y subagencias $1,563.00 (mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.);

"VI. Cervecerías, depósitos de cerveza y otros establecimientos en los que únicamente se enajene cerveza $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.); y

"VII. Fondas, taquerías y otros de naturaleza análoga $500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.)."

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los principios de proporcionalidad y equidad en todo tipo de contribuciones que deban de cubrir los gobernados que se encuentren dentro de los supuestos de la norma fiscal. Dicho precepto constitucional señala a la letra:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

La proporcionalidad en las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende ya no como el costo exacto, o aproximado a ello, de una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de ponderar la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado.

Los derechos, como una especie del género contribuciones, se basan en la recepción de una actividad de la administración gubernamental, individualizada, concreta y determinada, que establece una relación bipartita entre la entidad administrativa y el usuario, lo que justifica el pago porque éste constituye junto con la solicitud del servicio, la condición para que surja la obligación de la prestación de tal servicio; esto es, esos son los elementos requeridos para activar la función del gobierno.

Ahora bien, tratándose de proporcionalidad, fue eficiente que el quejoso hubiera aducido que con la enunciación de diversas tarifas previstas en el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, se transgrede dicho principio constitucional, porque no se debe desconocer que debe darse un trato de interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa, cuando se está en presencia de giros reglamentados, que aun cuando requieren mayor vigilancia de la autoridad, en aspectos como son el garantizar la seguridad pública, la certeza del derecho, el acatamiento de las normas de higiene, horarios, restricciones de venta a menores, limitantes al giro específico, dada la naturaleza de los productos que se expenden con contenido alcohólico y demás presupuestos que deben de satisfacerse en aras de respetar el interés de la sociedad; todos ellos establecen una actividad análoga que desemboca en un mismo resultado que es el otorgamiento o la negativa de la constancia de revalidación de licencia de funcionamiento del giro.

Por lo que atañe al señalamiento del principio de equidad que considera el recurrente se transgrede en el precepto 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, vigente desde el día primero del año en curso, resulta también fundado.

Así es; desestimándose el argumento vertido en la sentencia recurrida basado incongruentemente en aspectos, no plantea

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4421-8e33cd77/leyes-amparo-contra-el-pago-liso-y-llano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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