BEBIDAS ALCOHOLICAS. DERECHOS POR REVALIDACION ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE LAS ENAJENAN. EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA QUE LOS ESTABLECE, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISION 1570/96. ALFREDO ARAIZ GAUNA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son fundados los planteamientos de agravio, para provocar la revocación de la sentencia.
Lo fundado de los motivos de inconformidad en aspecto formal radica en la medida en que aduce el recurrente que el Juez de Distrito no decidió, en su integridad y con congruencia, los argumentos de inconformidad relacionados con la transgresión que estima el promovente existe en el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, al aspecto de equidad que exige el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En sus conceptos de violación el quejoso argumentó que el precepto legal impugnado establece una contribución de derechos desproporcional e inequitativa y sin relación entre el servicio público y el monto de la cuota causada por la expedición de la revalidación anual para el funcionamiento de un establecimiento que expenda bebidas alcohólicas, en razón de que señala tal norma diferentes cantidades a pagar según el giro de la negociación mercantil, no obstante que el servicio que se presta al expedir el documento de revalidación es el mismo para todos los giros que prevé.
El Juez de Distrito en forma incongruente con dicho planteamiento, señaló que el hecho de que se contenga en la norma impugnada un enunciado de diversas tarifas a cubrir, según el giro de que se trate, no hace inconstitucional el tributo, porque jurídicamente no es factible que a un negocio con un giro o capital mínimo se le cobre igual que a un establecimiento grande con capital cuantioso y que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República guarda el principio de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin que sea menester que la disposición fiscal establezca la diferencia en el servicio que preste la autoridad para la expedición de la revalidación de la licencia, porque la "contraprestación" que otorga el Estado no es en función del interés particular, sino del interés social y de ahí que, atendiendo al monto del capital en giro, debe de cobrarse más por una mayor contraprestación del servicio público.
Ahora bien, de lo antes precisado se puede advertir que existe incongruencia externa en la sentencia recurrida, porque no fue punto de controversia constitucional argumento alguno de falta de equidad de la contribución prevista por el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en función de que se tome en cuenta el capital en giro de los establecimientos mercantiles que se enuncian en dicha norma secundaria, sino sólo lo fue en torno a la clasificación de diversas cuotas que se cobran por la misma clase de servicio.
Es deber de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el subsanar, como órgano jurisdiccional de revisión, tal incongruencia para cumplir con los presupuestos que en toda sentencia deben de satisfacerse, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;
"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."
Para mejor comprensión de la temática constitucional a dilucidar, es conveniente transcribir el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, expedida el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el día veintidós de diciembre del citado año y que entró en vigor el día primero de enero del año en curso, que textualmente dice:
"Artículo 65. La expedición de la revalidación anual para el funcionamiento de establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas o que presten servicios en los que se expendan dichas bebidas, causará derechos conforme a la siguiente: "TARIFA
"I. Distribuidores de cerveza o vino, ladies bar, cabaret, discotec bar, video bar, salones de baile, casas de huéspedes, hoteles de paso y moteles de paso $6,250.00 (seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.);
"II. Tiendas de autoservicio $4,688.00 (cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.);
"III. Restaurantes bar, restaurantes y estadios $3,125.00 (tres mil ciento veinticinco pesos 00/100 M. N.);
"IV. Supermercados, agencias y cantinas o bares $2,188.00 (dos mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.);
"V. Expendios de vinos y licores, tiendas de abarrotes, minisuper, casinos, clubes sociales y deportivos, círculos sociales y semejantes, billares y boliches, hoteles, salones de fiesta, y subagencias $1,563.00 (mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.);
"VI. Cervecerías, depósitos de cerveza y otros establecimientos en los que únicamente se enajene cerveza $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.); y
"VII. Fondas, taquerías y otros de naturaleza análoga $500.00 (quinientos pesos 00/100 M. N.)."
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los principios de proporcionalidad y equidad en todo tipo de contribuciones que deban de cubrir los gobernados que se encuentren dentro de los supuestos de la norma fiscal. Dicho precepto constitucional señala a la letra:
"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"...
"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
La proporcionalidad en las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende ya no como el costo exacto, o aproximado a ello, de una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de ponderar la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado.
Los derechos, como una especie del género contribuciones, se basan en la recepción de una actividad de la administración gubernamental, individualizada, concreta y determinada, que establece una relación bipartita entre la entidad administrativa y el usuario, lo que justifica el pago porque éste constituye junto con la solicitud del servicio, la condición para que surja la obligación de la prestación de tal servicio; esto es, esos son los elementos requeridos para activar la función del gobierno.
Ahora bien, tratándose de proporcionalidad, fue eficiente que el quejoso hubiera aducido que con la enunciación de diversas tarifas previstas en el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, se transgrede dicho principio constitucional, porque no se debe desconocer que debe darse un trato de interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa, cuando se está en presencia de giros reglamentados, que aun cuando requieren mayor vigilancia de la autoridad, en aspectos como son el garantizar la seguridad pública, la certeza del derecho, el acatamiento de las normas de higiene, horarios, restricciones de venta a menores, limitantes al giro específico, dada la naturaleza de los productos que se expenden con contenido alcohólico y demás presupuestos que deben de satisfacerse en aras de respetar el interés de la sociedad; todos ellos establecen una actividad análoga que desemboca en un mismo resultado que es el otorgamiento o la negativa de la constancia de revalidación de licencia de funcionamiento del giro.
Por lo que atañe al señalamiento del principio de equidad que considera el recurrente se transgrede en el precepto 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, vigente desde el día primero del año en curso, resulta también fundado.
Así es; desestimándose el argumento vertido en la sentencia recurrida basado incongruentemente en aspectos, no planteados, de capacidad económica de los causantes, para establecer necesidades de distinción por clasificación de tarifas, es eficiente que se considere por el quejoso como falto de equidad el enunciado de cuotas diversas para cada giro reglamentado de que se trate.
El equilibrio que debe de existir entre la cuota que se cubra por el particular que solicita la intervención del Gobierno Estatal y la prestación del servicio, no debe estimarse limitado a un precio exacto del costo preciso del otorgamiento de un servicio.
Para considerar que ello signifique el acatamiento de la garantía de equidad tributaria prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de considerar la ley tributaria que cuando hay la similitud de servicios no es aceptable que se enuncie una lista de tarifas de clasificación por giro.
El principio de equidad en las contribuciones fiscales significa, solamente, que la norma legal que establece el tributo dé un trato igual a los gobernados que se encuentran comprendidos dentro de supuestos análogos y que reciban un similar servicio.
Para ponderar la norma fiscal los casos en que tratándose de causantes en situaciones y características diversas, deban de cubrir cuotas distintas por la prestación de servicios del Gobierno Estatal, deben de expresarse las razones o causas por las que implicarán mayor o menor actividad de los órganos administrativos, según resulte de la complejidad derivada de los requisitos que reglamenten a cada actividad, dependiendo de la naturaleza del giro del establecimiento mercantil.
De no haber tal motivación legislativa, no puede considerarse apegada al principio de equidad tributaria la clasificación de tarifas diversas, para quienes tengan establecimientos con giros diversos, con un punto de coincidencia que es el de expendio, distribución o venta de bebidas con contenido alcohólico.
La observancia del principio de equidad que debe de existir en los derechos tributarios por servicios, que debe de considerar el trato desigual a los desiguales, comerciantes, atendiendo a su giro mercantil y en correlación con la consecuente diversidad del servicio y actividad que prestará el Gobierno Estatal, que implicará a la vez un costo distinto sobre el objeto del derecho tributario, debe de ser plasmado en las normas legales que establezcan los derechos como especie de los tributos, lo que no basta con la simple enunciación de una clasificación de giros reglamentados.
En sus conceptos de violación, que el recurrente señala que permanecieron no tratados en la sentencia recurrida, y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede a examinar, se indicó textualmente lo siguiente:
"Como se advierte de la disposición reclamada, en la tarifa se distinguen siete categorías de establecimientos, por las cuales deberán pagarse derechos desde quinientos hasta seis mil doscientos cincuenta pesos. Por otra parte, como también se advierte de la misma disposición legal, y de las demás relativas no se señala ninguna diferencia en el servicio que la Secretaría de Finanzas presta para expedir la revalidación anual de la licencia según el giro de que se trate.
"En estas condiciones, resulta que por el objeto fiscal, consistente en el mismo servicio que presta el Estado a través de la Secretaría de Finanzas y sus dependencias para la expedición de revalidaciones de licencias, se establecen distintos montos de contribuciones según los diversos giros a que se dedican los sujetos de este derecho; de manera que no hay correlación entre el costo del servicio y el monto de los derechos, no puede haber proporcionalidad porque no hay un razonable equilibrio entre las cuotas y la prestación del servicio, y no hay equidad en cuanto a que se cobran diferentes cantidades respecto de esa misma clase de servicio."
El objeto del derecho tributario se encuentra previsto por el artículo 55 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que a la letra dice:
"Artículo 55. Es objeto de este derecho, los servicios que presta la Secretaría de Finanzas por la expedición de licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas siempre que se efectúe total o parcialmente con el público en general y la revalidación anual de las mismas."
El quejoso aduce que ni la disposición legal reclamada, ni las demás relativas de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, señalan diferencias en el servicio que la Secretaría de Finanzas de dicha entidad federativa presta para expedir la revalidación anual de la licencia según el giro de que se trate.
A este respecto conviene destacar que las siete categorías de establecimientos mercantiles que establece el artículo 65 de la ley en cita, se refieren a giros reglamentados diversos entre sí, pero no se determina expresamente la realización de una actividad o servicio de la administración estatal para el otorgamiento de la revalidación de licencia.
En cuanto a la actividad que desarrollará la autoridad administrativa estatal, para la prestación del servicio de expedición de la revalidación anual de la licencia de funcionamiento, cabe destacar lo que dice el artículo 62 de la citada Ley de Hacienda, que textualmente dispone:
"Artículo 62. La Secretaría de Finanzas, podrá autorizar o negar el funcionamiento de establecimientos para enajenar bebidas alcohólicas tomando en cuenta su ubicación, el número de establecimientos existentes en cada Municipio, la conveniencia de combatir el alcoholismo y las disposiciones de salubridad aplicables.
"Las autoridades fiscales cancelarán la licencia para el funcionamiento de aquellos establecimientos que con su funcionamiento o su ubicación ofendan la moral, las buenas costumbres o por así requerirlo el interés social.
"La Secretaría de Finanzas, cuando lo considere conveniente podrá autorizar la reubicación de los establecimientos cuya licencia de funcionamiento hubiere sido cancelada en términos del párrafo anterior."
El contenido de la norma transcrita permite advertir que tiene similitud de actividades la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, tanto para otorgar una nueva licencia de funcionamiento para un establecimiento que tenga como pretendido giro, entre otros, el de expender bebidas alcohólicas, como el previsto para conceder la revalidación anual de una licencia ya otorgada. En este caso deberá observar el número de establecimientos existentes en el Municipio de que se trate, la conveniencia de combatir el alcoholismo y las disposiciones de salubridad aplicables. Ello presupone la actividad de vigilancia de cumplimiento de dichas prevenciones, que se señalen causas expresas por las que se estime que no será igual para un giro de la tarifa más alta, como podría ser por ejemplo un cabaret, que el establecimiento dedicado sólo a expender bebidas alcohólicas en envase cerrado, que es la cuota media o bien el de una fonda que, con alimentos, enajene bebidas de baja graduación alcohólica.
Los requerimientos de actividad que desarrolle la autoridad administrativa para vigilar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias, de salubridad, horarios, ubicación, restricciones, orden y respeto al entorno social, deben quedar plasmados en las normas legales para establecer que implicarán costos diversos para cada giro y que ello justifique la necesidad de regular el monto de la tarifa dando un trato distinto a cada giro.
Todo lo anterior conlleva a establecer lo fundado del concepto de violación precisado.
Retomando el estudio de los agravios, debe señalarse que el recurrente aduce que la tesis que bajo el rubro "DERECHOS FISCALES" se cita en la sentencia recurrida, no tiene aplicación al caso, porque se refiere a casos en que se pretendió que el precio del servicio corresponda al del servicio que presta el gobierno y que la demanda de amparo no postula ese planteamiento.
A este respecto cabe indicar que si bien la parte quejosa no basó su inconformidad en que debe existir la correspondencia exacta entre precio y valor del servicio otorgado por la autoridad para expedir la revalidación anual de licencia de funcionamiento, de todas maneras, en la parte conducente, la citada tesis tiene aplicabilidad, sólo para definir lo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende, en la acepción más actual, como derechos, especie de las contribuciones.
La referida tesis dice a la letra lo siguiente:
"DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos."
Lo importante para el caso a estudio, que puede surgir de tal criterio, descansa en que pondera los servicios públicos que presta el Estado, en función del interés general, dando aspecto secundario al interés del particular, de tal forma que con dichos servicios sean garantizados: la seguridad pública, la certeza de los derechos, la higiene del trabajo, la salud pública y el entorno urbano. Estos principios son aplicables para establecer la necesidad de que en casos de giros reglamentados distintos, se establezcan las razones y causas por las que el legislador considere que se requiera diversa actividad de los órganos gubernamentales, para vigilar el cumplimiento de esas prevenciones de orden e interés social y que justifiquen la clasificación de diversas categorías y diversos montos de tarifa tributaria, dada la naturaleza de cada giro mercantil que se dedique a la venta de bebidas alcohólicas, en concordancia con distinta actividad expresa de la autoridad administrativa, para prestar el servicio y el otorgamiento de la revalidación de la licencia de funcionamiento.
La tesis de jurisprudencia que bajo el número 89 se encuentra publicada en la página ciento setenta y cinco de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, en que se apoya la sentencia recurrida, textualmente dice:
"PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION, CANJE DE. EL COBRO DE DERECHOS POR ESE CONCEPTO NO ES INCONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que el artículo 475, fracción I, apartado 'A', inciso b), de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal reformado por decreto publicado el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, establece una cuota de dos mil pesos 'por canje de placas y tarjetas de circulación bianual', y que antes de la reforma citada, la cuota era de doscientos pesos, ello no implica que la nueva tarifa sea desproporcionada e inequitativa, aun cuando aumentó en forma considerable, puesto que ese solo hecho no prueba que el aumento sea exorbitante al costo aproximado del servicio prestado, ya que el poder público pudo haber fijado el precio de los derechos aun por abajo del costo real del servicio, atendiendo a las diferencias económicas que existen entre los distintos sectores de la población y, en todo caso, la quejosa debió aportar elementos de prueba para acreditar que el gravamen es excesivo, de suerte que no habiendo prueba que permita sostener lo contrario, debe partirse de la base de que el gravamen refleja el costo aproximado que para el Estado tiene la prestación del servicio como lo es, aparte de las placas metálicas, tarjeta de circulación y calcomanía, el pago de oficinas, equipo, personal y otros gastos, y al aparecer que el incremento de las cuotas es fijo e igual para todos los que lo reciben, es de concluirse que el tributo no vulnera lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República."
El recurrente aduce que el criterio que sustenta la transcrita tesis se refiere a casos en que se trata de una cuota fija e igual para todos los contribuyentes, en el cual la queja gira en torno a la diferencia de capacidad económica de los distintos sectores de la población, lo que no fue el planteamiento en la demanda de garantías.
A este respecto cabe señalar que es fundada la argumentación de inaplicabilidad de la tesis de jurisprudencia transcrita, porque en el caso a estudio no se trató de una inconformidad por cuota fija.
También debe reiterarse que la clasificación de causantes y de tarifas, basada en diversidad de giros, debe obedecer a una diferencia que se plasme en normas legales que determinan que existe distinta actividad que debe desarrollar la administración estatal para vigilar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias, según la función que se requiera de acuerdo con el giro reglamentado respectivo, lo cual justifique el trato desigual a quienes por su actividad se considere son desiguales, y por la necesidad de establecer en las propias disposiciones que los servicios tampoco serán necesariamente iguales.
La parte recurrente invoca la tesis publicada en la página setenta y siete del Tomo III, enero-junio 1989, Primera Parte, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACION ENTRE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA. Pese a que en la legislación vigente en la actualidad se suprimió de la definición de derechos fiscales el concepto de 'contraprestaciones' por el servicio público prestado, como precisaba el Código Fiscal de la Federación de 1967, subsiste cuando se trata de una hipótesis la correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, a tal grado que son términos interdependientes y que aquél es supuesto de causación de ésta; dichas características que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, permiten considerar, aplicando los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, que debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, y que se impone dar el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar en lo esencial los criterios que este alto tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del causante, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."
El criterio sustentado en lo transcrito se contraviene por la norma prevista en el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en tanto que según ha quedado establecido en líneas precedentes, los causantes del derecho tributario por revalidación de licencia de funcionamiento tienen actividades diversas, si bien cuentan con aspectos de similitud que coinciden en su giro de expender, distribuir o vender bebidas alcohólicas, por lo cual no se advierten,en expresión, requerimientos de servicios distintos, atendiendo a la naturaleza de los giros en los que debe de vigilarse el cumplimiento de disposiciones reglamentarias de interés social y normas de salubridad.
En este caso debe tenerse en cuenta que la correspondencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota, no se atiene a las concepciones del derecho privado, sino en la acepción actual de que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares, de tal forma que el precio de la tarifa no corresponde necesariamente al valor del servicio prestado, sino que obedece a la actividad administrativa estatal que tiene como objetivo primordial el vigilar el cumplimiento de requisitos que son de interés social y que no necesariamente determinan actividad diversa para observar a cada establecimiento que solicite la revalidación de su licencia de funcionamiento, atendiendo a su distinta naturaleza de giro reglamentado.
Los anteriores razonamientos establecen también lo acertado, en lo conducente, de la invocación que hace el recurrente de la tesis que tiene el rubro: "DERECHOS POR LA INSCRIPCION, CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITALES. LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1983. INCONSTITUCIONALIDAD DE SU ARTICULO 74, FRACCION V", consultable en la página seiscientos sesenta y seis de la Primera Parte, Pleno, Sección Segunda Precedentes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que en lo conducente dice que no debe de darse un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio del Estado, no obstante que el capital de los contribuyentes sea diverso.
Se afirma que es benéfico a los intereses del recurrente el criterio sustentado en la mencionada tesis, porque si bien el objeto del derecho previsto por el precepto legal reclamado no se basa en el capital de la negociación mercantil, sino que atiende a las necesidades de servicios que deben de desarrollarse por la administración estatal, para que una vez advertido el cumplimiento de disposiciones reglamentarias y de salubridad, se pueda otorgar la revalidación de la licencia de funcionamiento de un establecimiento con giro reglamentado. Tales actividades de los órganos del Gobierno Estatal debe considerarse que serán similares, si se atiende a que se trata de giros con un denominador común que es la venta o distribución de bebidas con contenido alcohólico, como se ha precisado en consideraciones anteriores, por lo cual si no se plasman en las normas fiscales actividades diversas del órgano administrativo, para otorgar el servicio, no se justifican tarifas diversas y trato desigual para los causantes.
Luego entonces, si se está en presencia de un servicio similar, debe de considerarse válido que el recurrente pretenda que la norma legal impugnada dé un mismo tratamiento a todos los causantes del derecho tributario a que se ha hecho mención.
En la parte final de sus motivos de agravio, la parte recurrente invoca la tesis número LXXIX/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente constituye jurisprudencia número 41/1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IV, julio de 1996, página 17, aprobada en sesión privada celebrada el veinticuatro de junio del año en curso, que textualmente dice:
"DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCION EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras y servicios ('COOPERACION, NATURALEZA DE LA', jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, Primera Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ('DERECHOS POR EXPEDICION, TRASPASO, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPAL
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4154-0bae09aa/bebidas-alcoholicas-derechos-por-revalidacion-anual-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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