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Modo: Corpus Pro

LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1521/96. · Registro digital (IUS): 4420
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALFREDO ARAIZ GAUNA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, , Pág. 85.

AMPARO EN REVISIÓN 1521/96. ALFREDO ARAIZ GAUNA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.— Son esencialmente fundados los agravios expresados. En efecto, según se advierte de la demanda de garantías que originó el dictado de la sentencia que se revisa, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad del artículo 65 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, el que en sus distintas fracciones establece el monto de los derechos que deben pagarse por concepto de revalidación de licencia de los diversos negocios que expendan bebidas alcohólicas, anexando a su libelo inicial copia certificada de la licencia de funcionamiento número 16-MAT-D-0012, relativa al negocio denominado "Agencia 4 Caminos", de la cual es titular el propio quejoso, así como copia certificada del recibo número 7333, de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, expedido a nombre de aquél por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, Oficina de Recaudación de Rentas de la ciudad de Matamoros de ese Estado, por concepto del pago de refrendo de la citada licencia.

Ahora bien, tal como lo sostiene la parte recurrente, resulta inexacto que en el caso se actualice la causal de improcedencia consignada por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, por la circunstancia de que la quejosa haya pagado en forma lisa y llana el importe de los derechos que, por concepto de revalidación de licencia, establece el artículo 65 de la Ley de Hacienda impugnada, ya que dicha circunstancia no importa consentimiento alguno, sino sólo la obligación de cumplir con el imperativo de la ley para poder seguir en la explotación del negocio respectivo sin el riesgo de sufrir alguna sanción por el incumplimiento de aquélla, revelando el quejoso su inconformidad precisamente con la interposición oportuna de la demanda de amparo dentro del plazo previsto por los artículos 21 y 73, fracción XII, de la ley de la materia, esto es, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se colocó en los supuestos de la ley impugnada, provocando la actuación del Estado mediante la solicitud y pago del refrendo de la licencia correspondiente, regulado por la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, cuya constitucionalidad se discute.

Tienen aplicación analógica al caso, los criterios sustentados por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a fojas 202 y 95 de los volúmenes 175-180 y 217-228, respectivamente, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dicen:

"PAGO BAJO PROTESTA. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA EL QUE ÉSTE NO SE DEMUESTRE.— No es causa de improcedencia el hecho de que no se demuestre al Juez que el pago del impuesto se haya hecho bajo protesta y menos que el pago liso y llano del impuesto deba presumirse como acto consentido de manera expresa, independientemente de que el mismo (impuesto y su pago) haya sido impugnado dentro de los quince días siguientes; pues el intentar la demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al acto de aplicación del mencionado impuesto, refleja no estar la quejosa de acuerdo y mucho menos consentir en causar y pagar el impuesto, máxime, si dicho pago lo efectuó sólo para no incurrir en posible conducta infractora."

"OBLIGACIÓN FISCAL CUMPLIMIENTO LISO Y LLANO DE. NO CONFIGURA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.— El hecho de que el quejoso presente la declaración anual con que da cumplimiento a una obligación fiscal, no puede considerarse que efectúa una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de la ley que la establece, que combate en amparo, si el juicio de garantías lo demanda dentro del término legal previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo; ya que, tomando en cuenta además que dada la naturaleza de las leyes fiscales su cumplimiento por parte de los causantes no es un acto voluntario, sino realizado bajo la amenaza cierta, inminente de una coacción, precisamente la promoción del amparo dentro del término correspondiente implica el no consentimiento de la ley impugnada."

SEXTO.— Dado lo anterior, procede analizar el resto de las causales de improcedencia invocadas en sus informes justificados por el Congreso del Estado de Coahuila, gobernador, secretarios de Gobierno y Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila; director general de Ingresos, director de Recaudación y recaudador de Rentas, estos tres últimos dependientes de la citada Secretaría de Finanzas, cuyo estudio omitió el Juez de Distrito. Es pertinente destacar que los agravios hechos valer en la revisión adhesiva están orientados a sostener, por un lado, el sobreseimiento en el juicio basado en la causal de improcedencia establecida en la fracción XI de la Ley de Amparo, cuyo estudio se torna innecesario, dado que ya fue desvirtuada en el considerando inmediato anterior; y respecto a la diversa causal contemplada en la fracción III, se examinará de manera conjunta, pues al igual que otras autoridades responsables fue invocada al momento de rendir sus informes justificados.

Al efecto, todas las autoridades citadas argumentan lo siguiente:

A) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tiene promovidos diversos juicios de amparo en contra de los mismos actos y autoridades que se reclaman en el juicio en que se actúa, según se comprueba con la copia certificada del acuerdo emitido por el Juez Primero de Distrito en La Laguna. Y a excepción de la autoridad recurrente en vía de adhesión, las restantes argumentan:

B) Que opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la ley impugnada cobró vigencia el uno de enero de mil novecientos noventa y seis, mientras que la demanda de garantías fue presentada hasta el día cuatro de abril de ese año, es decir, fuera del plazo de treinta días establecido por el artículo 22 de la ley en cita, existiendo consentimiento tácito de los actos reclamados.

C) Que el juicio deviene improcedente conforme a lo previsto por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que no se demuestra la existencia de un acto de autoridad en aplicación del precepto legal impugnado en perjuicio del quejoso, no pudiendo considerarse así el pago efectuado por esta última.

En el caso a estudio no operan las causales de improcedencia de referencia, en atención a las consideraciones siguientes:

La primera de ellas, o sea, la que se refiere a la "litispendencia", porque en las constancias de autos no existe prueba alguna que demuestre que los actos aquí reclamados de las autoridades responsables por el quejoso hayan sido materia de otro juicio de garantías promovido por él, y si bien es cierto que al hacerse valer esta causal de improcedencia se ofreció como prueba para acreditarla copia certificada de un acuerdo por el cual el Juez Primero de Distrito en La Laguna admitió un juicio de amparo promovido por el propio quejoso en contra de actos del Congreso del Estado de Coahuila, de dicha documental no se desprende qué tipo de actos se reclamaron, por lo que resulta ineficaz para acreditar los extremos pretendidos.

La segunda, porque la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, como ya se precisó con antelación, fue presentada de manera oportuna en relación con la fecha en que ocurrió el primer acto de aplicación del precepto legal reclamado, esto es, dentro de los quince días siguientes; sin que obste a lo anterior, lo aducido por las autoridades responsables en el sentido de que dicha demanda se interpuso fuera del plazo de treinta días a que alude la fracción I del artículo 22 de la ley de la materia, ya que, aun admitiendo que tal precepto sea de los que pueden ser combatidos por la vía constitucional dentro de ese término, sin prejuzgar al respecto, era optativo para el quejoso impugnarlo en cualquiera de los dos plazos antes mencionados, según se advierte de lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 206, que aparece publicada en la página ciento noventa y nueve, del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA INTERPONERLO.— De acuerdo con el sistema actual de la Ley de Amparo (artículo 22, fracción I, y 73, fracciones VI y XII, párrafo 2o.), la oportunidad para impugnar leyes no se relaciona con la fecha en que son conocidas por el interesado, sino que cuando son autoaplicativas pueden ser impugnadas en los treinta días siguientes al en que entran en vigor; y, en todo caso, pueden ser combatidas en los quince días siguientes al del primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa."

Respecto a la tercera, tampoco opera la improcedencia que se hace consistir en que el pago del derecho que efectuó el peticionario de garantías no puede considerarse acto de aplicación del precepto reclamado por no provenir de una autoridad; la inoperancia deriva de lo señalado en líneas precedentes, respecto a que el particular estaba obligado a realizar ese pago por imperativo legal, en relación con lo dispuesto en la tesis número 26, localizable en la página novecientos dieciocho, de la Primera Parte, del Informe de labores de la Presidencia de este alto tribunal del año mil novecientos ochenta y siete, que a la letra dice:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN.— Cuando del orden legal establecido aparece que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el particular, porque si no lo hace se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas coercitivas o que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el término de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de la autoridad aplicadora, pues tanto da que ésta coloque concretamente al particular dentro de la hipótesis prevista por la ley, como que el particular se coloque en ella por sí mismo para evitar los efectos coercitivos de las normas."

SÉPTIMO.— No obstante lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte, de oficio, que en el caso sobrevino una causa de improcedencia del juicio constitucional diversa de la invocada por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, así como de las aducidas por las autoridades responsables, que obliga, en la competencia materia de dicho tribunal, a confirmar el sobreseimiento decretado en cuanto hace a la ley reclamada.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 29/93 de la entonces Tercera Sala de este alto tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 72, página 39, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que dice:

"IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR.— Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio."

En efecto, en esta misma sesión se resolvió el amparo en revisión 1570/96, y este Tribunal Pleno concedió la protección constitucional a la aquí quejosa en contra del artículo 65 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, donde se precisó como acto de aplicación el entero efectuado por la quejosa a la Oficina Regional de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, residente en la ciudad de Matamoros, de la cantidad de un mil cuatrocientos seis pesos con setenta centavos, por concepto de revalidación anual de la licencia correspondiente al negocio denominado "El Jonrón", pago avalado por el recibo de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, expedido en favor de la quejosa por la citada oficina recaudadora.

Por consiguiente, como en el presente juicio de garantías se reclama el mismo precepto, pero en relación con un diverso y posterior acto de aplicación, ya que en el presente juicio de amparo se precisó como acto el entero efectuado por el quejoso el día veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis ante la Oficina de Recaudación de Rentas de Matamoros, Coahuila, por concepto de la revalidación anual de la licencia del negocio denominado "Agencia 4 Caminos", pago avalado por el respectivo recibo de la misma fecha, el juicio de garantías deviene improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, en atención a que la ley impugnada ya fue materia de una ejecutoria dictada en el aludido juicio de garantías en revisión 1570/96 y, por ende, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de esa ley, procede decretar el sobreseimiento por lo que a ese acto concreto atañe.

En apoyo de la anterior determinación, se encuentra la jurisprudencia número 200, publicada en las páginas 194 y 195. Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.— Este alto tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada 'SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO.', donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria."

OCTAVO.— Por lo que ve a los actos de aplicación de la norma impugnada, procedería reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en turno, para que, en términos del artículo 92, párrafo primero, fuese éste quien resolviese lo relativo; sin embargo, por economía procesal y al estimar que en el presente amparo en revisión ya se estableció que al quejoso se le concedió la protección constitucional por lo que ve al artículo 65 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, con fundamento en el artículo 84, fracción III, de la mencionada ley reglamentaria del juicio de garantías, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio, ejerce la facultad de atracción a efecto de resolver sobre el particular.

Como ya se precisó en el considerando anterior, el acto de aplicación de la ley impugnada lo constituyó el entero efectuado por el quejoso el día veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis ante la Oficina de Recaudación de Rentas de Matamoros, Coahuila, por concepto de la revalidación anual de la licencia del negocio denominado "Agencia 4 Caminos", pago avalado por el respectivo recibo de la misma fecha, expedido por aquella oficina recaudadora.

No obstante, como el precepto que establece el pago ya fue declarado inconstitucional en el referido amparo en revisión 1570/96, el efecto inmediato fue el de nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y, por consecuencia, sus actos de aplicación; por tanto, es obvio que al relatado cobro por concepto de la revalidación anual de la licencia del negocio de que se trata, también debe negársele validez legal.

En esas condiciones, la protección constitucional debe hacerse extensiva contra dicho cobro, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 201, publicada en las páginas 195 y 196, Tomo I, Materia Constitucional, del referido Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.— La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.— En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.— Se sobresee en el juicio de amparo al que este expediente se refiere, en lo que respecta a la expedición del artículo 65 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila.

TERCERO.— La Justicia de la Unión ampara y protege a Alfredo Araiz Gauna, en los términos del considerando octavo de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y presidente Aguinaco Alemán. El Ministro Silva Meza, al momento de la votación, salió del salón. Fue ponente el Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4420-2e495dd7/leyes-amparo-contra-el-cumplimiento-del-quejoso-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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