EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 205/96. SERGIO GONZÁLEZ ROGEL Y OTROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se planta la inconstitucionalidad de una ley loca, como es la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el tres de enero de mil novecientos noventa y uno, subsistiendo en el recurso el problema de inconstitucionalidad planteada.
SEGUNDO. En el escrito de revisión citado, la quejosa recurrente hizo valer los siguientes agravios:
"Primero. El Juez Tercero de Distrito al dictar su sentencia en la audiencia constitucional negando, conforme a los lineamientos y razonamientos que expone en el considerando séptimo de dicha sentencia, el amparo y protección solicitada respecto de los actos reclamados del Congreso del Estado de Sonora y del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y secretario de Gobierno del Estado de Sonora, cuyos actos reclamados quedaron debidamente acreditados y que se hacen consistir, respectivamente, en la aprobación y expedición de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, de fecha 18 de diciembre de 1990 y que fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 3 de enero de 1991. La aprobación, promulgación y publicación de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, emitida por el Congreso del Estado de Sonora, con fecha 18 de diciembre de 1990 y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, con fecha 3 de enero de 1991. La publicación y promulgación que hizo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 3 de enero de 1991, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, emitida por el Congreso del Estado de Sonora, con fecha 18 de diciembre de 1990.
"1. Es prudente dejar asentado que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, en la sentencia que da materia al presente recurso de revisión, en la parte conducente y por cuanto hace a la negativa del amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto a los actos reclamados ya mencionados en el párrafo que antecede, textualmente dice lo siguiente en el considerando séptimo: 'El primero y único concepto de violación que hace valer la quejosa en su escrito de demanda, en contra de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, es infundado e insuficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita en cuanto a dicha ley.
"En efecto, la parte quejosa alega que la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, es violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, en virtud de que la ley no establece la posibilidad a los afectados para que puedan acudir al procedimiento que la ley establece para que el gobernador emita las declaratorias, lo cual se advierte de los capítulos I y II del título tercero de la ley.
"'Ahora bien, lo anterior es incorrecto, toda vez que, en primer lugar, debe decirse que tal y como señala la jurispudencia que transcribe el quejoso en su escrito de demanda, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, parte uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, así como la tesis sustentada por el mismo Pleno, visible en la página 23, Primera Parte, Volúmenes 157-162, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra dice: <<AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La autoridad legislativa respeta la garantía de audiencia al establecer en la ley respectiva un recurso, mediante el cual los particulares afectados puedan impugnar los actos de las autoridades aplicadoras.>>; se desprende que la garantía de audiencia por parte del Poder Legislativo, no consiste en que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley, antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a los órganos públicos, sino que la garantía de audiencia a la que está obligada la autoridad legislativa frente a los particulares, consiste en establecer en las leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos, es decir que se establezca en la ley respectiva un recurso, por el cual los particulares afectados puedan impugnar los actos de aplicación de la ley y, en el caso, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, en los artículos 157 a 162 prevé el recurso de inconformidad en contra de las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la ley, estableciendo claramente el procedimiento para tal efecto, por lo que no puede considerarse que dicha ley viole la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional y toda vez que el único concepto de violación expresado por la parte quejosa en contra de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, resulta infundado, deberá negarse a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita en contra de dicha ley.'.
"Al negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el Juez Tercero de Distrito aplica de manera incorrecta los artículos 76, 77, fracción II, en relación con el 192 y demás relativos de la Ley de Amparo, al aplicar de manera indebida la jurisprudencia que hace valer, y omitir aplicar en cambio, jurisprudencia más adecuada al caso concreto y de la cual se advierte con claridad en qué consiste la garantía de audiencia que el Poder Legislativo debe observar al momento de ocuparse del proceso legislativo que deba culminar con una ley.
"El Poder Legislativo debe respetar, por estar legalmente obligado a hacerlo, la garantía de audiencia en forma tal, que al decretar las leyes debe establecer en favor de los gobernados un procedimiento en el cual puedan defender sus intereses, como un acto previo al acto concreto de aplicación de la ley, y no con el establecimiento de un recurso que pueda utilizar como un acto posterior a la concreción de la ley.
"En el caso concreto, el Congreso del Estado de Sonora, en respeto a la citada garantía debió prever en la ley impugnada la obligación de la autoridad competente para emitir declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales protegidas, de notificar a los propietarios o poseedores de los terrenos afectables, previamente a la emisión de la declaratoria, para que éstos pudieran alegar o hacer valer lo que a sus intereses estimaran conveniente. Por ello, las disposiciones de los artículos 53 al 58 y 59 al 71, contenidos en los capítulos I y II del título tercero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, en cuanto no otorga ese derecho de previa audiencia, en relación con las declaraciones de establecimiento de áreas naturales protegidas, pugnan con dicho artículo 14 constitucional, sin que pueda admitirse, como pretende el Juez Tercero de Distrito, que lo otorga el artículo 157 de la ley reclamada, porque el recurso de inconformidad que establece no es previo sino posterior a la emisión del acto de autoridad. Al respecto, es aplicable lo sustentado en la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 617 del Tomo CXVI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: 'PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE. La garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Constitución Federal, no sólo es obligatoria para las autoridades judiciales y administrativas, sino que rige también frente al Poder Legislativo, de suerte que éste queda obligado a decretar leyes en las que se respete la garantía de audiencia a favor de los particulares que puedan ser afectados con las resoluciones de las autoridades; en consecuencia, las disposiciones de los artículos 367 a 379 y 413 a 416 de la Ley de Hacienda vigente en el Distrito Federal, por cuanto no otorgan ese derecho de previa audiencia, en relación con las obras de planificación y zonificación, pugnan con dicho artículo 14; sin que pueda admitirse que lo otorga el artículo 416 citado, porque el recurso a que se contrae no es previo y, por lo demás, es limitado a errores de distancia o cálculo aritmético. Por otra parte, la Ley de Zonificación invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, y, por tanto, infringe los artículos 49, 50 y 73 de la Constitución.'.
"Al resultar violatorio de la garantía de audiencia el contenido de los preceptos legales contenidos en los capítulos I y II del título tercero de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, también lo es el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, consistente en la declaratoria que dispone se establezca como área natural protegida bajo la naturaleza de zona sujeta a conservación ecológica una superficie de terreno donde se encuentra el sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito, publicada los días 3 de febrero y 10 de marzo de 1994, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, sin que previamente se hubiera notificado a los propietarios poseedores de los terrenos afectado y, en consecuencia, también resultan inconstitucionales todos los actos de ejecución que de dicha declaratoria se derivan, tales como la orden de requerimiento, desocupación inmediata de los bienes inmuebles afectados y su ejecución en mi perjuicio y de mi representado.
"En el anterior orden de ideas, lo procedente es la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, toda vez que los predios que defiendo se encuentran dentro de la declaratoria reclamada como primer acto de aplicación de la mencionada ley.
"Segundo. Del considerando quinto del cuerpo de la sentencia de sobreseimiento que se reclama, se generan diversos agravios que dan materia al presente recurso de revisión y cuyo conocimiento es competencia, en opinión del suscrito y, salvo mejor criterio, de ese Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Colegiado de la adscripción territorial correspondiente al Quinto Circuito, dentro de la cual también se encuentra ubicado el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora.
"Como puede apreciar de mi demanda en el Estado de Sonora, director general de Regulación Sanitaria dependiente de la Secretaría de Salud Pública en el Estado de Sonora, jefe de la Unidad de Control Sanitario dependiente de la Dirección General de Regulación Sanitaria y del C. Marco Antonio Samayoa Miranda, en su carácter de verificador sanitario adscrito a la Dirección General de Regulación Sanitaria dependiente de la Secretaría de Salud Pública en el Estado de Sonora (sic) en la especie, reclamé de las tres primeras autoridades responsables, la orden de verificación sanitaria, para practicarse en los predios que defiendo con la finalidad de aplicar medida de seguridad consistente en desalojo inmediato del predio. De la última de estas autoridades responsables, se reclama la ejecución de la orden de verificación sanitaria y de la ilegal aplicación de la medida de seguridad consistente en el desalojo de los predios que defiendo, misma que cumplimentó con esa misma fecha de expedición.
"En el considerando quinto del cuerpo de la resolución de sobreseimiento que se impugna mediante este recurso de revisión, el Juez Tercero de Distrito expone: que respecto de los actos que se reclaman de los responsables de mérito no se ocupará de analizar los conceptos de violación que hace valer al quejoso, ya que se surte la causal de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables en sus informes con justificación.
"En efecto el quejoso reclama del secretario de Salud Pública en el Estado, director general de Regulación Sanitaria y jefe de la Unidad de Control Sanitario, la orden de verificación sanitaria para practicarse en el predio que defiende con la finalidad de aplicar medida de seguridad, consistente en desalojo del predio y del verificador sanitario la ejecución de dicha orden.
"Ahora bien como lo señalan las autoridades responsables en mención, el quejoso no agotó el principio de definitividad, ya que previamente a la interposición del presente amparo, debió de haber interpuesto el recurso de inconformidad previsto en los artículos 309 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora y 438 de la Ley General de Salud, procedente en contra de dicho actos, por lo que es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse de conformidad con la fracción III del artículo 74 del ordenamiento legal en consulta.
Como se podrá apreciar el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, al decretar el sobreseimiento de que se trata con base en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del diverso artículo 73 de la propia Ley de Amparo en virtud de no haber agotado el principio de definitividad del acto reclamado, precisamente por no haber hecho valer el recurso de inconformidad previsto en los artículos 309 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora y 438 de la Ley General de Salud; hace una inexacta y incorrecta aplicación de los precitados dispositivos de la Ley de Amparo, irrogándome los consecuentes agravios. Sirvan de apoyo a mi precedente afirmación, los subsecuentes razonamientos que emanan de circunstancias no observadas al decretar el sobreseimiento impugnado.
"En primer lugar, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, al decretar el sobreseimiento que da materia a esta revisión, a omitido observar que el suscrito no estaba obligado a agotar en forma previa al ejercicio de la acción de amparo, el recurso de inconformidad a que se refieren los artículos 309 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, así como el diverso 438 de la Ley General de Salud; lo anterior en virtud de que, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, no me obliga el principio de definitividad del acto reclamado, porque aunque la Ley de Salud para el Estado de Sonora, así como la Ley General de Salud previenen el recurso de inconformidad como medio idóneo de impugnación para el caso de resoluciones que aplica medidas de seguridad sanitaria y que ambas legislaciones sanitarias también establecen la institución de la suspensión de la ejecución de tales resoluciones, también es verdad que al suscrito se le hizo nugatoria la oportunidad procesal de obtener la referida suspensión absoluta y plena de los actos que en este juicio de garantías se reclama y que eventualmente pudieron impugnarse mediante el referido recurso de inconformidad.
"Ciertamente, como aparece demostrado de los informes justificados y de las documentales públicas que a dichos informes anexaron las responsables, la orden de verificación reclamada no ha sido resultado de un procedimiento en el cual se me hubiese dado la oportunidad de tener la garantía de audiencia, razón por la cual sólo fui sujeto pasivo de la misma, además de que habiendo emitida la resolución reclamada y en esa misma fecha se me notificó y a la vez se procedió a ejecutar la orden de verificación y aplicación de la medida de seguridad sanitaria reclamada, cabe entonces cuestionar: ¿En las condiciones apuntadas, en el caso he tenido procesalmente la oportunidad de interponer la inconformidad prevista en la ley y, además, si mediante la interposición del mencionado recurso habría de obtener la suspensión de la ejecución de la medida de seguridad decretada? Evidentemente que de la respuesta a esta interrogante depende si me obliga o no el principio de definitividad invocado por el Juez Tercero de Distrito para emitir el sobreseimiento que se impugna.
"Por otra parte, y con total independencia del argumento vertido con antelación, resulta ser que el principio de definitividad que el Juez Tercero de Distrito invoca como causa generadora del sobreseimiento dictado en la sentencia de amparo recurrida tiene, entre otros, la siguiente excepción que ha omitido observar, ocasionándome, consecuentemente, el correspondiente agravio por falta de aplicación.
"El gobernado no está obligado al agotamiento de recursos ordinarios y con ello el principio de definitividad del acto reclamado, cuando del texto de su demanda se desprende que reclama violaciones directas a la Constitución por considerar que el acto reclamado es atentatorio de las garantías formales de previa audiencia, motivación y fundamentación, como en el caso acontece. De la simple lectura de mi escrito de ampliación de demanda se desprenda con claridad meridiana que el argumento toral, único que a título de concepto de violación se hace valer en contra de los actos reclamados de estas autoridades responsables, es precisamente la abierta y flagarante (sic) violación a la garantía de audiencia y principio de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Al inadvertir esta situación, el Juez Tercero de Distrito omite, por consecuencia, aplicar la excepción al principio de definitividad del acto reclamado y obviamente incurre en una inexacta e indebida aplicación que los artículo 73, fracción XIII y 74, fracción III de la Ley de Amparo, razón que impone fundada y motivadamente sea decretada la revocación del sobreseimiento de que se trata y evidentemente hacer estudio de los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados.
"Sirve de apoyo al argumento anteriormente vertido la siguiente jurisprudencia (sic): 'VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN CUÁNDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo lo es el definitividad, conforme al cual el juicio constitucional es improcedente cuando se endereza en contra de actos respecto de los cuales procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. Sin embargo, este principio esencial admite excepciones, como cuando el acto reclamado no se ataca por ser violatorio de disposición legal secundaria alguna, sino por considerar que con dicho acto se vulneran las garantías formales de previa audiencia, motivación y fundamentación. Entonces, si del examen integral de la demanda se desprende que la parte quejosa sólo hizo valer violaciones directas a la Constitución, no se actualiza causal de improcedencia alguna por no haber agotado el principio de definitividad.'.
"Informes de labores de 1988, Tercera Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 491.
"Por lo anteriormente expuesto y fundado ... "
"TERCERO. Los agravios que expresa la autoridad recurrente, literalmente son como sigue:
"1. Con el considerativo Quinto y el resolutivo Tercero de la sentencia que se combate, el Juez protector violó en nuestro perjuicio, por falta de aplicación, los artículos 74 (fracción III) y 192 de la Ley de Amparo, y por inexacta aplicación el artículo 73 (fracción XII) y el 192 de la misma Ley de Amparo, según pasamos a demostrarlo:
"Al desestimar la causal de improcedencia del juicio de amparo que, prevista en el artículo 73 (fracción XII) de la ley de la materia, hicimos valer en nuestro informe justificado, el a quo argumentó en la sentencia que ahora impugno lo siguiente: (lo transcribe).
"Esa transcripción hace evidente la ilegalidad y la incongruencia de la sentencia que recurrimos, puesto que el Juez protector estimó que la declaratoria ecológica es un decreto ('... el decreto de que se trata, no es de observancia general, sino que se refiere a un grupo determinado ...'), y luego, para afirmar que el amparo estaba pedido en tiempo, estimó que es una resolución administrativa, invocando al efecto la tesis jurisprudencial 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL NO ESTABLECE LA INICIACIÓN DEL TÉRMINO PARA EL AMPARO.', criterio de esa H. Suprema Corte que en realidad era -como lo es- invocable para encontrar actualizada la causal de improcedencia hecha valer, pues la declaratoria ecológica reclamada no puede, bajo ningún concepto, ser considerada como una mera resolución administrativa de las que refiere la jurisprudencia de mérito, es decir, aquellas que no son notificables a través de un periódico oficial, sino que, independientemente del nombre que se le dio, la declaratoria en cuestión constituye un reglamento que expidió el suscrito gobernador en uso de la facultad contenida en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política Sonorense, que a la letra dice:
"Artículo 79. Son facultades y obligaciones del gobernador: '1. Promulgar sin demora las leyes y decretos, y los acuerdos en su caso; ejecutarlos y hacer que se ejecuten; y formar en la parte administrativa y de conformidad con las disposiciones de la ley, los reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos.'.
"Esa disposición fue expresamente invocada en el proemio de la declaratoria reclamada, e igualmente la fracción XL del mismo precepto, en cuyos términos el suscrito tiene las demás facultades y obligaciones '... que le asignan las leyes, ya sean federales o del Estado', entre ellas, indudablemente la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, en cuyo artículo 139 aparece textualmente ordenado que: 'el gobernador del Estado y los ayuntamientos expedirán los reglamentos, circulares y las demás disposiciones de observancia general que resulten necesarias para proveer, en su esfera administrativa, a la exacta observancia de este ordenamiento.'.
"Llegados a este punto, debe precisarse lo que es un reglamento, para lo cual contamos con la definición y explicaciones adicionales contenidas en el 'Diccionario Jurídico Mexicano' del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo P-Z, en el que colaboraron distinguidos juristas como Genaro Góngora Pimentel, Miguel Acosta, Carlos Arellano García, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Hértor Fix Zamudio, Jorge Adame Goddard y Federico Reyes Heroles.
'Reglamento. 1. (de reglar y este, a su vez, del latín regulare). Es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. El reglamento es producto de la facultad reglamentaria contenida en el a.89, fr, de la C -art. 79, fr. I de la Constitución Política Sonorense-, que encomienda al presidente de la República -en el caso que nos ocupa, el gobernador del Estado de Sonora- la facultad de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley.' Página 2751 de la edición conjunta de la UNAM y de Editorial Porrúa, S.A., México, 1993).
"Ahora bien, de la parte considerativa de la declaratoria reclamada, es destacable lo siguiente: que en uno de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 1992-1997 del Gobierno Sonorence está dirigido a la declaración y establecimiento de áreas naturales protegidas '... con el propósito de conservar los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar general ...', en términos del artículo 2o., fracción II, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora '... se considera de utilidad pública el establecimiento de parques urbanos, de zonas sujetas a conservación ecológica y de otras zonas prioritarias de conservación, de preservación y restauración del equilibirio ecológico en el Estado ...', disposición correlativa de la contenida en el artículo 2o., fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de aplicación federal '... y las atribuciones que conforme a esta legislación se confíen a las autoridades federales competentes, se otorgan asimismo a los Estados y Municipios para que las ejerzan en sus respectivas circunscripciones ...', que estudios previos efectuados conjuntamente con las Secretarías de Infraesctructura Urbana y Ecología y de Fomento Agrícola, dependiente del Ejecutivo a mi cargo '... han conducido a la conclusión de que constituye un imperativo a establecer como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la totalidad de sistemas de presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito, resultando necesario afectar con esta medida, de acuerdo con los referidos estudios técnicos una superficie total de 28,189-83-98.29 hectáreas, en la que queda comprendido tanto el sistema de presas en su integridad, como los terrenos aledaños que se consideran imprescindible necesidad para que la medida tenga los efectos ecológicos deseados a corto, mediano y largo plazos ...', conclusión sustentada en razones como las consistentes en que el Gobierno Federal, desde el decreto presidencial publicado en junio 4 de 1938, consideró de importancia ecológica fundamental la reiterada zona protegida, ya que '... La calidad del agua de la presa Abelardo Rodríguez Luján, se ha visto afectada de manera importante a consecuencia de los vertimientos residuales de las industrias que se encuentran instaladas en las márgenes del vaso de la presa ...', por lo que '... sino se toma una medida de fondo y radical sobre el particular, el agua de la presa Abelardo Rodríguez Luján muy pronto no alcanzará a satisfacer los parámetros fijados de conformidad con los criterios ecológicos y las normas técnicas econólgicas aplicables ...', siendo de obvia urgencia comunitaria la media de que se trata porque las aguas de la citada presa '... significa la principal fuente de abastecimiento de agua potable para un conglomerado social de aproximadamente seiscientas mil personas ...'
"Congruentemente, el articulado de la declaratoria contiene normas de interés general en materia ecológica, consecuentes a la parte considerativa acabada de referir, como lo son el establecer como área natural protegida la superficie mencionada en el párrafo que antecede (artículo primero), teniendo como objetivo de conservación: la calidad del agua proveniente de las presas compendidas en aquella área, propiciar el desarrollo de actividades de investigación y monitoreo científico sobre los recursos naturales de la propia área, y fomentar la conciencia ecológica de los habitantes de la ciudad de Hermosillo (artículo tercero); igualmente se prohíbe realizar obras o actividades, públicas o privadas, contrarias a los propósitos ecológicos que animan la ley y el reglamento materia del presente negocio (artículo cuarto).
"En esa tesitura, es claro que -se insiste- la declaratoria reclamada no puede tenerse como una mera resolución administrativa, sino como un reglamento que contiene disposiciones abstractas, de interés y observancia generales, no referidas a personas individualmente determinadas ni a un grupo cerrado sino a la comunidad o colectividad y, en sí, a toda persona que se ubique en los supuestos normados en la declaratoria, por ejemplo, a quien pretenda desarrollar obras o actividades (o seguirlas desarrollando) en la zona protegida, con la circunstancia adicional de que, a diferencia de las meras resoluciones administrativas, la declaratoria reclamada no se agota con su sola expedición y ejecución, sino que tiene vigencia permanente de ahí que el a quo haya aplicado inexactamente la reiterada tesis jurisprudencial, violando con ello el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues dicho criterio obligatorio respalda puntualmente nuestra consideración de que, en la especie, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 (fracción XII) de la misma ley reglamentaria, según se obtiene de los siguientes razonamientos:
"se sostiene que el a quo debió declarar improcedente el juicio y sobreseer con fundamento en los artículos 73 (fracción XII) y 74 (fracción III) de la Ley de Amparo, que delato como violados, en virtud de que tanto la ley ecológica como la declaratoria reclamadas, constituyen actos tácitamente consentidos por la quejosa, toda vez que en el precitado artículo 73 (fracción XII) está prevista como causal de improcedencia del juicio de amparo, el hecho de que éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva dicho juicio dentro de los términos indicados en los artículos 21, 22 y 218, añadiéndose, en el segundo párrafo de tal fracción XII que, si se trata de una ley, no se entenderá consentida tácitamente a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia en los términos de la fracción VI del mismo artículo 73, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
"Traídas esas normas el caso concreto, tenemos lo siguiente: la ley ecológica reclamada entró en vigor noventa días después
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17042-591def88/equilibrio-ecologico-y-proteccion-al-ambiente-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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