TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR.
AMPARO EN REVISIÓN 76/99. SALVADOR BAEZA GONZÁLEZ Y OTRA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Son infundados en una parte e inoperantes en otra los agravios hechos valer, de conformidad con las consideraciones siguientes.
Sostienen los quejosos, ahora recurrentes, que la resolución reclamada infringe en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 77, fracción I y II, 78, 79 y 192 de la Ley de Amparo, así como los diversos 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque el a quo para sobreseer en el juicio de garantías determina que en la especie operó la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención a que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de los quejosos, estableciendo que éstos procuraron acreditar un derecho de posesión respecto del inmueble ubicado en la calle de Reolín Barejón número 22, antes número 18, Lerma, Estado de México, respecto del cual aducen, adquirieron mediante contrato verbal de compraventa que celebraron con los señores Urbano González Baeza y Quintín González Baeza, con fecha diez de mayo de mil novecientos setenta.
Agregan, que en la demanda de garantías expusieron que los vendedores no habían expedido la escritura pública correspondiente, por lo que la manifestación del origen y calidad de su posesión, solamente se hizo para ubicar su postura procesal, de donde es incongruente el fallo recurrido en cuanto sostiene que los quejosos no acreditaron la propiedad del bien, porque ello nunca fue parte de la litis constitucional, ya que lo que realmente se manifestó como derecho de los quejosos, fue la posesión del inmueble.
No les asiste la razón a los inconformes, porque de la demanda de garantías se aprecia que si bien los impetrantes se ostentaron terceros extraños al juicio sucesorio intestamentario número 655/90, del que hacen derivar los actos reclamados, también lo es que en dicho ocurso se consideraron propietarios y poseedores del inmueble que defienden, como se advierte en los capítulos del acto reclamado y de antecedentes.
En efecto, los quejosos reclamaron del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lerma, México "las actuaciones que ha practicado en los autos del juicio sucesorio intestamentario que ha tramitado bajo el número de expediente 655/90 y al cual resultamos ser personas terceras extrañas, pero bajo las cuales se nos ha privado en forma parcial de los derechos de propiedad y posesión sobre el inmueble que constituye nuestro domicilio particular, sin que hubiésemos sido emplazados a ese juicio y consecuentemente sin ser oídos ni vencidos en defensa de nuestros intereses".
Asimismo, manifestaron como antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: "1. Los suscritos quejosos somos actualmente propietarios y poseedores del inmueble ubicado en la calle de Reolín Barejón número 22, bajo su actual nomenclatura, pues anteriormente tenía el número 18, como se acreditará en la secuela procesal, bien inmueble que adquirimos mediante contrato verbal de compraventa que celebramos con los señores Urbano González Baeza y Quintín Gómez Baeza, familiares del suscrito quejoso, operación de transmisión de propiedad y posesión que efectuamos el diez de mayo de 1970 y a partir de la cual venimos a establecer los solicitantes de este amparo un derecho de copropiedad respecto del mencionado inmueble ... 3. Dicha propiedad y posesión en calidad de copropietarios la hemos venido desarrollando sin impedimento ni obstaculización alguna … 4. Sin embargo, al fallecimiento del señor Urbano empezamos a ser molestados por sus sucesores, razón por la cual y por consejo de un asesor legal de ese tiempo, el suscrito quejoso Salvador Baeza González promoví juicio de usucapión en contra de los vendedores, Urbano también conocido como Rafael, de apellidos González Baeza y Quintín González Baeza, el que se tramitó bajo el número de expediente 187/95, ante la propia autoridad judicial ahora responsable, juicio en el cual obtuve sentencia favorable en primer instancia, y desfavorable en la segunda, por lo que las cosas permanecieron en el estado que guardaban al no prosperar mi acción … como podrá constatar este juzgado del conjunto documental que respecto de ese juicio acompaño a esta solicitud, que sirve de evidencia plena del derecho posesorio del que disfrutamos los solicitantes. 5. En tal estado de cosas prevaleció nuestra posesión del inmueble sin que existiera contienda alguna sobre tal derecho, pero es el caso de que de manera repentina y sorpresiva el día veintinueve de octubre anterior, se presentó en nuestro domicilio el ministro ejecutor del juzgado responsable para llevar a cabo una diligencia de posesión material en favor de la albacea designado como tercero perjudicado …".
Pues bien, de todo lo anterior se arriba a la conclusión de que contrariamente a lo argumentado por los recurrentes, de la demanda de garantías se aprecia que los impetrantes no sólo se ostentaron como poseedores del inmueble que defienden, sino también como propietarios del mismo, al manifestar que dicha posesión tiene su origen en el contrato verbal de compraventa que dicen celebraron con los señores Urbano González Baeza y Quintín Gómez Baeza, el 10 de mayo de 1970, en relación con lo cual argumentan que promovieron el juicio de usucapión en contra de los vendedores, habiéndose tramitado el procedimiento respectivo bajo el número de expediente 187/95.
En estas condiciones, al considerar el Juez de Distrito que los quejosos se ostentaron propietarios del inmueble que señalan, sin acreditar su derecho de propiedad, a través de la prueba idónea para acreditarla, como lo sería el testimonio notarial o la escritura privada; tal razonamiento se encuentra ajustado a derecho, sin que ello implique que la resolución recurrida resulte incongruente e infrinja los preceptos legales citados, porque como quedó precisado, los impetrantes también se ostentaron propietarios del inmueble que defienden.
Sostienen los recurrentes que el a quo deja de valorar las pruebas aportadas por los quejosos, al estimar que la posesión debía acreditarse con la testimonial, la cual no se desahogó y que por ello el hecho posesorio quedó inacreditado, a pesar de que obran las constancias relativas al juicio de usucapión 187/95, tramitado por los quejosos en contra de los vendedores, ahora terceros perjudicados, con las cuales se acredita que detentan la propiedad del inmueble, lo cual fue reconocido expresamente por el demandado Quintín González Baeza en el desahogo de su prueba confesional que obra en dicho juicio, que como documental pública reviste valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Dicho agravio aunque fundado, resulta inoperante.
Ciertamente, si bien es verdad que de los autos del juicio de garantías 1809/98, se aprecia que los quejosos ante el Juez de Distrito ofrecieron como prueba de su parte la copia certificada del expediente 187/95, relativo al juicio ordinario civil de usucapión promovido por Salvador Baeza González en contra de Quintín González Baeza y sucesión de Rafael González Baeza, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Lerma, México, las cuales aparece que no fueron estimadas por el Juez de Distrito en la resolución recurrida; sin embargo su omisión en nada agravia a los inconformes, puesto que del análisis se advierte que con ellas los impetrantes no acreditan el hecho posesorio que pretenden, ya que para ejercitar la acción relativa el indicado Salvador Baeza González expresó en la demanda que el inmueble cuestionado lo adquirió mediante contrato verbal de compraventa de los indicados señores Urbano González Baeza y Quintín González Baeza, con fecha diez de mayo de mil novecientos setenta; sólo que al resolverse en definitiva el indicado procedimiento, la Primera Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, revocó la sentencia de primer grado y determinó que el actor Salvador Baeza González no probó su acción de usucapión o prescripción adquisitiva que intentó en contra de Quintín González Baeza y de la sucesión a bienes del señor Rafael González Baeza, por lo que se absolvió a estos últimos de las prestaciones reclamadas, en razón de que el actor no justificó la causa generadora de su posesión, porque no acreditó haber celebrado el contrato de compraventa verbal en el año de mil novecientos setenta.
Es sabido que la posesión que se protege a través del juicio de garantías es aquella posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada; la primera, o sea, la posesión originaria, se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera; en tanto, la posesión derivada, es aquella que se transmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo.
En estas circunstancias, se insiste, de la copia certificada del juicio ordinario civil número 187/95, que sobre usucapión promovió Salvador Baeza González en contra de Quintín González Baeza y de la sucesión a bienes de Rafael González Baeza, se ve que se determinó que el actor no probó su acción de usucapión o prescripción adquisitiva que intentó en contra de los demandados y por ello se absuelve a éstos de las prestaciones reclamadas, esencialmente, porque el actor no acreditó la celebración del contrato verbal de compraventa que dice haber convenido con los demandados en fecha diez de mayo de mil novecientos setenta y, en estas condiciones, se estableció que no acreditó la causa generadora de la posesión respecto del inmueble cuestionado; por lo que es incuestionable que de acuerdo a lo resuelto en dicho procedimiento, al referido Salvador Baeza González sólo se le consideró como un simple detentador material del inmueble, que ahora defiende junto con su esposa, y de ello se sigue que tal posesión no puede ser protegida a través del juicio de amparo.
Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, que aparece publicado en la página mil doscientos diecinueve del Tomo VIII, octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice:
"TERCERO EXTRAÑO, PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DEBE PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL POSEE EL INMUEBLE A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR, CUYA POSESIÓN NO ES PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.—Si el tercer extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que se haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, advirtiéndose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, por ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal."
También procede desestimar el argumento hecho valer en el sentido de que el Juez de Distrito tampoco tomó en consideración las actuaciones de la averiguación previa radicada en la agencia del Ministerio Público de Lerma, México, bajo el número LER/III/2335/98, respecto de la cual se dice que obran las declaraciones testimoniales de Marcos Baeza López y Felícita González Baeza, con las cuales aducen se acredita el hecho posesorio.
Lo anterior es así, porque aun cuando el a quo no menciona en la resolución recurrida tales constancias, esa omisión tampoco agravia a los recurrentes, en virtud de que ellas son insuficientes para demostrar la posesión, toda vez que las actuaciones judiciales de carácter penal sólo tienen un valor probatorio indiciario en los juicios civiles, que requieren adminicularse con otros elementos de convicción para acreditar los hechos que se contienen, con lo cual no resultan aptas para demostrar el hecho posesorio, toda vez que la prueba idónea a tal efecto lo es la prueba testimonial.
Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 26 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas 17 y 18 del Tomo IV, Materia Civil del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"ACTUACIONES PENALES. SU VALOR PROBATORIO EN JUICIOS CIVILES.—La responsable tiene el deber de estudiar y valorar las actuaciones y pruebas rendidas ante la autoridad penal, si le fueron aportadas por medio de un documento público, como es la copia certificada legalmente expedida que las contiene, ofrecida y admitida como prueba en el juicio del orden civil; y si bien es cierto que las declaraciones testimoniales que en esa copia se contienen no pueden, directamente y por sí mismas, valer dentro de ese juicio, como prueba testimonial, no puede dejar de reconocerse que estando plenamente acreditada su existencia al través del documento público en que constan, tienen algún valor probatorio como meros indicios, que deben ser tomados en cuenta y valorados por el juzgador, en relación con los demás elementos de convicción traídos a juicio."
Así mismo, tiene aplicación la tesis jurisprudencial que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 43, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, que este órgano jurisdiccional comparte, la cual es del tenor siguiente:
"POSESIÓN. LA PRUEBA TESTIMONIAL ES IDÓNEA PARA ACREDITARLA.—La testimonial adminiculada con otros medios de prueba, es la idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto de que se trate y pueden informar acerca de los hechos que les consten y de ahí inferir bajo qué condición se detenta un inmueble."
Finalmente, tampoco le asiste la razón a los recurrentes, cuando aducen que de las actuaciones que acompañó la autoridad responsable a su informe se acredita la posesión, desde el momento en que la diligencia desposesoria reclamada se llevó a cabo con el quejoso Salvador Baeza González, y que por ello se evidencia su interés jurídico, máxime que dicho acto es confesado por la autoridad responsable.
Al respecto, debe decirse que si bien es verdad que el único elemento que debe exigirse para la comprobación de la posesión en el juicio de amparo, es el relativo a la tenencia de la cosa o bien cuestionado, y que consta que las autoridades responsables pretenden desalojar a los quejosos de un terreno, lo cual significa que se encuentren en él y que por lo mismo tienen la posesión; sin embargo, como ya quedó apuntado en las líneas que anteceden, la posesión que se encuentra protegida a través del juicio de amparo es aquella posesión jurídica, ya originaria o derivada, y no la simple detentación material, máxime que como también se estableció, la posesión originaria con la que se ostentaron los quejosos no quedó acreditada, ya que de las actuaciones del juicio ordinario civil reivindicatorio número 187/95, se desprende que la parte quejosa no acreditó la celebración del contrato de compraventa verbal de diez de mayo de mil novecientos setenta, del que hizo derivar su posesión y, por ello, no puede considerarse que la mera detentación material fuese de aquellas protegidas por el juicio constitucional.
En las relacionadas condiciones, siendo infundados en parte e inoperantes en otra los agravios que se hicieron valer, lo procedente es confirmar la resolución recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Baeza González y Juana López Terán, en contra de los actos y de las autoridades que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notífíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Virgilio A. Solorio Campos, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Humberto Venancio Pineda, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo ponente el segundo de los Magistrados nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6782-18434efc/tercero-extrano-posesion-para-que-sea-protegida-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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