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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, SU OPINIÓN ES UN REQUISITO PREJUDICIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 773/98. · Registro digital (IUS): 6445
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LA PUBLICACIÓN NO MENCIONA NOMBRE DEL PROMOVENTE.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, , Pág. 813.

AMPARO EN REVISIÓN 773/98.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Es fundado el agravio expresado por los quejosos, en el sentido de que la Magistrada de amparo indebidamente consideró en su sentencia, que en el caso no se encontraba prescrita la acción penal.

Cabe precisar, que en el artículo 52 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores, vigente al emitirse el acto reclamado señalaba que "Los delitos previstos en los artículos 52, 52 bis, 52 bis 1 y 52 bis 2, solamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional de Valores.". De donde el delito previsto por el artículo 52 bis, fracción I de la ley en cita por el que se dictó auto de formal prisión a los ahora quejosos, señala como requisito de procedibilidad el de la petición o querella y el término de la prescripción empezará a contar a partir de quien pueda formularla, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenga conocimiento del delito y del delincuente.

Ahora bien, como se expresa en el escrito de agravios, en el caso se observa, que el procurador fiscal de la Federación, el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete, formuló petición o querella ante el procurador general de la República, contra ... en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V. y de Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y de ... quien fungía como director corporativo de Banca de Inversión de la citada casa de bolsa, para que se procediera penalmente en su contra, como probables responsables de la comisión del delito previsto en el artículo 52 bis 1, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores, por haberse detectado que en el mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, la citada casa de bolsa, omitió informar la posición de riesgos con instrumentos denominados obligaciones subordinadas emitidas por Banpaís, convertibles en acciones por la sociedad controladora del grupo financiero a que pertenecía ese intermediario bursátil, certificados de participación ordinario y pagarés quirografarios financieros a mediano plazo, y que dicha casa de bolsa, celebró diversas operaciones a través de las cuales adquirió el compromiso de otorgar rendimientos garantizados a un plazo determinado, situaciones que se asemejaban con operaciones de reporto, que no se contabilizaron en las cuentas que para ese tipo de operaciones se encuentran establecidas en la citada comisión bancaria; puntualizándose en el referido escrito de querella, que a través de la información financiera efectuada por auxiliares contables y la que se recabó, se tuvo conocimiento, que la casa de bolsa se comprometió a otorgar rendimiento garantizado o a recomprar, lo cual no aparecía registrado en las cuentas contables. También se señala en el escrito de querella, que de la documentación comprobatoria se concluía, que los valores asignados al treinta de abril de mil novecientos noventa y cinco, fueron registrados contablemente como compras directas; que con motivo de la visita de inspección practicada a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., se tuvo conocimiento de la existencia de compromisos que adquirió y que el monto global de operaciones irregulares pendientes de liquidar por la citada casa de bolsa, al veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, ascendió a la cantidad de N$579'000,000.00 quinientos setenta y nueve millones de nuevos pesos y se asienta, que el seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, se celebró reunión entre Luis Riba Fernández del Valle, interventor auxiliar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Luis Felipe Valdés Vidiella, director corporativo de Casa de Inversión, José Francisco Lasa Lasa, director de Banca Patrimonial, Ricardo del Valle Martínez, director regional de la sucursal Monterrey, Eduardo Humberto Jiménez González, director regional de la sucursal Guadalajara, Juan Carlos Lezama Reyes, director de Distribución y Colocación de Financiamiento Corporativo, levantándose al efecto la minuta correspondiente, y que en ese documento, se especificaron los tipos de cartas y confirmaciones verbales que se hacían a los clientes con las que se formalizaron esas operaciones. Asimismo, se señala en dicho escrito de querella, que en diferentes fechas como fueron el quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el seis, siete, doce, trece y catorce de junio del propio año, se levantaron actas ante representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte de funcionarios de la referida casa de bolsa y que el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, el interventor gerente de la misma, emitió dictamen especial, en el que estableció la mecánica seguida por funcionarios de la multicitada casa de bolsa; que mediante escritura pública número sesenta y siete y ochenta y siete de veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del notario público número 74 del Distrito Federal, se protocolizó acta de asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Financiero Mexival Banpaís, S.A. de C.V., en la que se hizo constar, que ... fungiría como presidente del Consejo de Administración y que ... fue contratado por Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., lo que se acreditaba con sus contratos individuales de trabajo; precisándose que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio 48545, de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, emitió opinión conforme al artículo 52 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores, para el efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formulara su petición de ejercicio de la acción penal ante la Procuraduría General de la República contra ... y ... por el delito previsto en el artículo 52 bis 1, fracción I, segundo supuesto y fracción II, segundo supuesto de la Ley del Mercado de Valores.

Al primeramente citado escrito de querella, se anexó el informe de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, rendido por María Cristina Salazar Peñuñuri y Alfonso Rocha García, inspectores bursátiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y José Luis Mucino Ávila, subdirector de Apoyo Gubernamental al director ejecutivo de Inspección, con motivo de la visita practicada a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en base al oficio 2177 de tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, y se señala, que en el curso de la visita, se tomó conocimiento de la existencia de compromisos asumidos indebidamente por Mexival, que ponían en peligro la solvencia, estabilidad y liquidez de la citada casa de bolsa, por lo que el cinco de junio del año citado, se procedió a intervenirla administrativamente, designando para tal efecto, al licenciado Luis Riba y que a esa fecha, el monto global de operaciones irregulares ascendía a $579'000,000.00 quinientos setenta y nueve millones de pesos, anexando diversa documentación.

También se acompañó al ya citado escrito de querella, el oficio del director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, dirigido al director del Banco de México Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, en el que le informa, que el tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la citada comisión, con fundamento en el artículo 41, fracción I de la Ley del Mercado de Valores, comunicó a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asemex Banpaís, la determinación de practicarle visita de inspección y que con motivo de la misma, se tomó conocimiento de diversos hechos que ponían en peligro la solvencia, estabilidad y liquidez de dicho intermediario bursátil, por lo que esa comisión resolvió declarar la intervención administrativa de la casa de bolsa, mediante oficio 6732 de dos de junio del citado año, y considerando que las operaciones irregulares excedían significativamente a su capital contable, mediante oficio DEPT-1029 de siete de julio del propio año, la Comisión Nacional Bancaria resolvió intervenir gerencialmente a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y sus oficinas adicionales.

Asimismo, obra agregado a los autos del juicio de amparo, el oficio DEPT-1029 de siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, donde se comunica la intervención gerencial a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con motivo de las operaciones irregulares detectadas.

Cabe expresar, que el artículo 107 del Código Penal Federal establece reglas especiales para los delitos perseguibles por querella o acto equivalente y previene: "Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia ...".

Así, como hacen valer los quejosos, las probanzas que se invocan en la petición o querella y a las que se hace referencia en el auto de formal prisión reclamado, están vinculadas con la comunicación o intervención gerencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A., donde se señala que hasta esa fecha, el monto global de las operaciones irregulares ascendía a la cantidad de quinientos setenta y nueve millones de pesos.

Atento a lo anterior, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fundó los hechos en que apoyó su petición o querella, en el cúmulo de las pruebas citadas, ello lleva a concluir como correctamente sostienen los quejosos, que desde el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó la intervención gerencial de Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., estaba enterada de las operaciones irregulares efectuadas en dicha casa de bolsa, como los nombres de los que intervinieron en tales hechos delictivos, entre ellos, los peticionarios de garantías, por lo que debió formularse la querella respectiva, dentro del término legal que señala el artículo 107 del Código Penal, ante la Procuraduría General de la República, para que se iniciara la averiguación previa correspondiente, por tratarse de delitos que se persiguen por querella de parte ofendida, y si hasta el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, formuló opinión en términos del artículo 52 bis 3, de la Ley del Mercado de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formuló petición o querella hasta el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete, tal petición como expresaron los quejosos, se presentó de manera extemporánea por haber transcurrido más del año que concede la ley para la prosecución del ilícito que prevé el artículo 52 bis 1, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores; siendo pertinente señalar, que el interventor gerente que nombró la propia Comisión Nacional Bancaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenía facultad de formular la querella, por sí mismo, previo acuerdo con el presidente de la propia comisión, con fundamento en la fracción IV del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores o por conducto del procurador fiscal de la Federación, como delegado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de donde al tener conocimiento dicha institución de los a su juicio hechos ilícitos y de la probable responsabilidad de los hoy quejosos desde el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco; resulta evidente la obligación que tenía de presentar en términos de ley la querella respectiva, en el lapso de un año que señala el artículo 107 del Código Penal Federal aplicable al caso, contado a partir de la mencionada fecha, ya fuera por conducto de su interventor gerente o por el delegado de la propia secretaría y si no lo hizo, sólo a dicha institución le es imputable.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por nuestro más Alto Tribunal de Justicia visible en el Tomo LXXIV, página 1026, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA.-Cuando se trata de delitos que se persiguen a petición de parte, jurídicamente es inaceptable que hasta la fecha en que el quejoso consideró delictuosos los hechos que denuncia, tuvo conocimiento del delito, pues esto conduciría al absurdo de que, verificados determinados hechos en una fecha, la prescripción no correría sino hasta que la parte ofendida los considerara constitutivos de un delito.".

Por otra parte y como bien sostienen los quejosos, en la sentencia recurrida indebidamente se estimó, que no podía correr el término de la prescripción, si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no había emitido la opinión correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque sin esa opinión, no se perfeccionaba el requisito de procedibilidad, pues efectivamente el artículo 107 del Código Penal Federal, no establece excepción al término de la interposición de la querella, y el de un año, es común para todas las personas que pueden formularla siempre y cuando la ley no prevenga otra cosa, como ahora lo hace a raíz de la reforma de dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve a la Ley del Mercado de Valores, pero que no es aplicable al caso concreto, por no estar permitida su aplicación retroactiva.

Es asimismo pertinente señalar que el artículo 101 del citado código punitivo establece que: "La prescripción es personal y para ella basta y sirve el transcurso del tiempo señalado por la ley", y si como ya se dijo la Comisión Nacional Bancaria conoció de los hechos ilícitos imputados a los quejosos, lo que incluso lo llevó a intervenir la institución, desde esta fecha debe contarse el término de su derecho a querellarse, pues de no ser así, se le estaría dando una situación de ventaja, ya que se le dejaría en libertad de autodeterminar ese conocimiento del delito y del delincuente a su entero arbitrio, contrariando el espíritu de la ley basado en el principio fundamental de derecho procesal del debido equilibrio de las partes en el juicio, mismo que recoge la figura jurídica de la prescripción.

Por otra parte, aun en el entendido que la Comisión Nacional Bancaria es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es este organismo quien resiente el daño a virtud de la conducta ilícita imputada en el caso a ... y a ... y por ende, es al titular de la querella, en la especie la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al único a quien le corre dicho término a partir de su conocimiento del delito y del delincuente, con independencia de la citada opinión, cuanto más que el propio artículo 52 bis 3, de la ley especial mencionada, señala en su párrafo primero, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión, la cual no debe interpretarse como una condición de procedibilidad, aun admitiendo que ésta en tratándose de la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea una exigencia, pues la misma debe verse desde el punto de vista de viabilidad de la acción penal, pero no para el cómputo del término de un año para la formulación de la citada querella, pues se insiste, tal opinión afectaría la validez y legitimación del ejercicio de la acción penal, pero no afectaría el término de ese año para la formulación de la querella, la cual por obvias razones de conocimiento de los hechos, así como de política criminal debe quedar a cargo respecto del ofendido y por disposición de la Ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dentro del plazo de un año debe presentarla previa la opinión de la multicitada comisión.

El anterior criterio fue sostenido por este tribunal en la revisión 589/98, deducida del amparo 236/98, promovido por ... y en la revisión 497/98, deducida del amparo 725/97 promovida por ...

Siendo aplicable asimismo por analogía la tesis que aparece publicada en la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII-Noviembre, página 318, que dice: "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA: SU OPINIÓN NO CONSTITUYE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA COMISIÓN DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.-Los elementos que integran el delito previsto en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito son: a) Que se capten recursos del público en el mercado nacional; b) Que la captación se realice mediante actos causantes de pasivo directo o contingente; y c) Que el o los sujetos activos se obliguen a cubrir el principal captado y en su caso los accesorios financieros; de lo que se desprende, que la opinión que emite la Comisión Nacional Bancaria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual se hace referencia en el párrafo primero del artículo 115 de la mencionada ley, únicamente sirve para proporcionar elementos orientadores del criterio a seguir por parte de la citada secretaría, pero no debe entenderse como elemento configurativo del tipo penal en cuestión, ni como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal.".

Expresan los quejosos, que indebidamente se señala en la sentencia recurrida, que no se podía afirmar que por el hecho de la intervención gerencial de Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuviera conocimiento del delito y del delincuente; al respecto debe decirse, que de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no descentralizado como erróneamente se señala en la sentencia recurrida; al contestarse el concepto de violación relativo, y por tal motivo dicha comisión realiza sus actos en representación de esta dependencia, ya que no tiene personalidad jurídica propia y forma parte de éste, lo que encuentra apoyo en la tesis que aparece publicada en la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII-Octubre, página 405, que dice: "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA. PUEDE SER AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.-Los órganos centralizados, a diferencia de los descentralizados, carecen de personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, y de patrimonio propio, pues no tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismos, con independencia del Estado, sino que todos sus actos los realizan con la representación de la entidad estatal o en ejercicio de la función que a ésta corresponde, dentro del ámbito de su competencia. De ahí que los actos de los órganos que forman parte de la administración pública centralizada, por regla general, sean susceptibles de impugnarse en la vía de amparo, pues constituyen actos de autoridad y no de personas morales, como lo es el caso de los órganos descentralizados, que tienen personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado y patrimonio propios. Por tanto, si la Comisión Nacional Bancaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Instituciones de Crédito, y por ello forma parte de la administración pública centralizada en términos de los artículos 1o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, puede concluirse que la citada comisión sí puede ser autoridad para los efectos del amparo, en la medida que emita o ejecute actos susceptibles de afectar derechos de los gobernados.".

A mayor abundamiento debe precisarse que las características de la desconcentración administrativa más relevantes son las siguientes:

En primer lugar es una forma que se sitúa dentro de la centralización administrativa y si bien la relación jerárquica se atenúa, no se elimina para limitar su labor o función, pero el poder central se reserva amplias facultades de mando, de decisión, vigilancia y competencia, por ende tales órganos desconcentrados no ocupan la cúspide de la jerarquía administrativa.

En segundo lugar no gozan de autonomía económica, y es la autonomía técnica la verdadera justificación de la desconcentración.

La competencia se ejerce dentro de las facultades del gobierno federal y se origina entre órganos superiores de la administración pública y órganos inferiores que ven aumentada su competencia a costa de los anteriores.

El órgano desconcentrado se rige por una ley, un decreto, un acuerdo del Ejecutivo Federal, o el régimen general de la secretaría de Estado, que por razones técnicas precisamente los desconcentra.

El ejercicio de facultades exclusivas, no es obstáculo para que las relaciones entre el órgano desconcentrado y el poder central, sean normalmente directas a través del órgano correspondiente.

Finalmente, sin necesidad de interferir en la competencia exclusiva del órgano desconcentrado, el poder central está facultado para fijar la política, desarrollo y orientación de los citados órganos, para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración pública.

De donde y como ya se dijo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son una misma entidad de derecho y por tanto el conocimiento formal de la entidad sobre determinados hechos se genera tanto para una como para la otra, ya que sólo existe autonomía técnica, pero se insiste, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentra subordinada a las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser un órgano desconcentrado de ésta, tal y como lo precisa el artículo 1o., del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, que crea dicha comisión, que a la letra dice: "Artículo 1o. Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta ley.".

Por lo anterior resulta evidente, que cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene conocimiento de un hecho delictuoso dentro de la esfera de sus atribuciones, a partir de ese momento dicho conocimiento lo tiene también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por formar parte de ella; y porque en razón de dicha subordinación debe hacer de su conocimiento todo cuanto competa a la vigilancia de las operaciones bancarias y financieras del país; lo que revela que debe existir una comunicación y coordinación entre ambas dependencias, para detectar y clarificar en las instituciones de crédito y sociedades financieras actos que constituyan un probable delito, a fin de que oportunamente se puedan poner en conocimiento de la representación social, con el objeto de que se inicie la averiguación correspondiente, para evitar que opere la prescripción de la acción penal como en el caso particular aconteció.

En estas condiciones como señala en el escrito de agravios, si con motivo de la intervención gerencial a la Casa de Bolsa Mexival Banpaís, el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, decretada por la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomó a su cargo la administración de la citada casa de bolsa y se determinaron las causas que motivaron esa intervención, al haber formulado el procurador fiscal de la Federación, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete tal querella, se formuló fuera del lapso de un año a partir de que la ofendida a través de su interventor gerente tuvo conocimiento del delito y de los delincuentes, hace imposible que se deduzca la acción penal, toda vez que su derecho a solicitarlo ya había prescrito de acuerdo a lo que señala el artículo 107 del Código Penal Federal aplicable al caso.

Por las consideraciones anteriores la sentencia reclamada viola en perjuicio de los quejosos las garantías individuales.

En tal virtud, debe revocarse la sentencia recurrida y concederse a los quejosos la protección de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103, fracción I; 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, y los diversos 1o., fracción I; 83, fracción IV; 85, fracción II; 91, fracciones I y II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... y ... contra los actos que reclaman del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, director del Reclusorio Preventivo Norte, encargado de la Coordinación Administrativa de Identificación del Reclusorio Preventivo Norte y subdirector jurídico del citado reclusorio, todos del Distrito Federal, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos al tribunal de su origen; además envíese copia certificada de la misma al Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente licenciado Carlos Hugo Luna Ramos, licenciada Elvia Díaz de León de López (ponente) y licenciado Alfredo Murguía Cámara.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6445-fc928746/comision-nacional-bancaria-y-de-valores-su-opinion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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