MODIFICATIVAS Y CALIFICATIVAS DEL DELITO. NO DEBEN INCLUIRSE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CONFORME A LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 CONSTITUCIONALES VIGENTES A PARTIR DEL NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).
AMPARO EN REVISIÓN 97/2002.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son parcialmente fundados en parte los agravios propuestos por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, en la medida que enseguida se verá.
De antemano cabe establecer que el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, concedió al quejoso ... el amparo solicitado contra el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dos, dictado en su contra por el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 330, 333, fracción IV, en relación con el diverso 335, fracción III, del Código Penal del Estado de Yucatán, en la causa penal número 318/2001, por el Juez Tercero de Defensa Social de esta entidad; pues en su concepto no existen en autos constancias suficientes que acrediten la corporeidad del ilícito de que se trata y menos aún la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, porque al tener a su cargo la recolección de dinero para entregarlo a las oficinas administrativas, lo consideró un poseedor derivado y no precario, y que por ello pudo haber cometido otro ilícito, citando una tesis en la que apoya su determinación de que tratándose de un asunto de naturaleza penal, la ley es de aplicación exacta, sin que admita analogía, tal como lo previene el artículo 14 de la Carta Magna, cuyo título dice: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.".
Contra lo anterior, sostiene la autoridad revisionista que la sentencia motivo de la impugnación fue dictada sin observar en debida forma que en el caso sí se acreditó el cuerpo del delito de robo calificado, al igual que la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de dicho ilícito que se le atribuye, toda vez que dicha representación social federal no comparte los razonamientos del a quo, porque en atención a la naturaleza de los hechos y circunstancias que los rodean, debió tener en cuenta que todo empleado y, en especial, los dependientes de cualquier empresa, no obstante que puedan tener dinero u objetos a su alcance material, no sucede lo mismo en el caso a estudio, en virtud de que la relación laboral que lo unía con la empresa denunciante, lo hizo un poseedor precario, porque el derivado es aquel a quien el bien llega a su poder en virtud de un acto jurídico cuyo objeto principal está constituido por un comportamiento en relación con el objeto, lo que aquí no acontece al advertirse que el referido quejoso ... tenía una relación laboral que lo unía a la empresa agraviada y dentro de sus funciones se encontraba la supervisión de distintas áreas de la negociación pasiva, entre ellas las cajas, el checar y vigilar los productos del almacén, así como también recolectar el dinero de las ventas en las cajas, para llevarlo a las oficinas administrativas y diera entrada al sistema computarizado de control de inventarios; que por el puesto que desempeñaba y dada la naturaleza de sus funciones, era la única persona que tenía asignada una clave de acceso al sistema de cómputo para efectuar cancelaciones de ventas, cuestiones todas ellas que hacen evidente que tales funciones eran las de un poseedor precario, máxime que al enterarse el activo de la infracción que se estaba realizando una auditoría, optó por renunciar voluntariamente sin esperar el resultado de la misma que había sido ordenada por la empresa denunciante, de la que finalmente se desprendió un faltante de productos del almacén, ocasionada por las múltiples cancelaciones de ventas que le permitieron hacerse de un dinero del que se apoderó ilícitamente, sin el consentimiento de la empresa patrona, quien sufrió un daño patrimonial por la suma expresada en los autos del juicio penal, esto es, por más de un millón de pesos, citando en apoyo de sus alegaciones diversas tesis relativas a la diferencia entre el delito de robo y el de abuso de confianza, en las que se define el concepto de poseedor precario y el derivado.
De las constancias existentes en autos, se tiene la denuncia formulada por Carlos Alberto Garma Magaña, el once de octubre de dos mil, como apoderado de la empresa Distribuidora de Quesos, Sociedad Anónima, en la que en síntesis refirió que la misma se dedica a la compraventa y distribución de aves de corral, quesos y carnes frías, contando con infraestructura y material necesario para el desempeño de sus funciones; que asimismo existe un área contable que realiza el control de todas las actividades mercantiles y administrativas, habiendo sufrido un detrimento en su patrimonio al detectar, por una auditoría ordenada, un daño patrimonial superior al millón de pesos; que el quejoso ... comenzó a prestar sus servicios el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve, y que aproximadamente cuatro años antes le había sido conferido el puesto de supervisor de todas las áreas existentes en la empresa, incluyendo la de cajas en las que laboraban Teresa de Jesús Tun Haas y Georgina Guadalupe Pech Cetz; que entre las funciones del quejoso se encontraba precisamente el vigilar el correcto funcionamiento de cajas, haciendo gestiones pertinentes para que los clientes tuvieran una rápida y fluida atención, ofreciendo los mejores precios del mercado y la mejor calidad en los productos; que igualmente tenía a su cargo la recolección del dinero que entraba en ellas, tales como notas pagadas y llevarlo hasta las oficinas administrativas para darle entrada al sistema computarizado de control de inventarios, checar correctamente la mercancía cuando entrara al almacén y vigilar su inventario correspondiente; que por tales motivos era el único que tenía una clave de acceso sin restricción a los equipos de cómputo, lo que le permitía accesar al sistema y alterar dolosamente la base de datos del equipo computarizado del control de inventarios, a fin de que se reportaran notas de venta como canceladas, no obstante haberlas recibido el cliente previo pago de su importe en cajas, lo que demuestra que esperaba que los clientes hicieran sus compras y recibieran su mercancía y al efectuar el corte de caja diario a que estaba obligado, omitía reportar algunas facturas, las que a su vez hacía aparecer como canceladas; que todo ello fue detectado luego de una revisión minuciosa en la documentación y registros contables de la empresa pasiva, en el periodo comprendido entre el uno de enero y el veintisiete de julio de dos mil, observándose que ... dejó de prestar sus servicios en la empresa de manera voluntaria, al mismo tiempo en que se estaba realizano y practicando el inventario o auditoría de que se trata; avalan los hechos de la querella el documento que contiene el resumen del inventario físico de la bodega, ubicada en la oficina matriz de la negociación pasiva, y aquél relativo al concentrado de notas canceladas en el sistema que físicamente aparecía como entregado y pagado; las copias fotostáticas certificadas de tales documentos, aparecen agregadas en las fojas de la 91 a la 284; la comparecencia de Rafael Gasque Méndez el veintisiete de octubre de dos mil, ante la autoridad del conocimiento, en la que ratificó el resultado de la auditoría ordenada por la pasivo del delito; la declaración testimonial de José María Gutiérrez Méndez ante esa propia autoridad investigadora, en la que manifestó ser socio de Distribuidora de Quesos, Sociedad Anónima, la que cuenta con varios empleados, entre ellos, el aludido quejoso ... quien tenía laborando en ella desde mil novecientos ochenta y nueve y que años antes había sido ascendido a supervisor, para lo cual le fue conferida una clave de control del sistema de cómputo a la que únicamente él tenía acceso; que, sin embargo, sorpresivamente, antes de que concluyera la auditoría, presentó su renuncia de manera voluntaria; el informe rendido y ratificado el veinticuatro de septiembre de dos mil uno por el agente de la Policía Judicial del Estado, José Santos Caamal Couhó, quien refirió haber entrevistado a Teresa de Jesús Tun Haas, quien reconoció al quejoso como su jefe inmediato, por ser de quien recibía órdenes en el desempeño de su trabajo, por lo que se encontraba obligada a obedecerlo, mencionando que en tal virtud le había ordenado no registrar en la caja mecánica la venta que amparaban unas notas, sino que solamente debía ingresarlas en la computadora, añadiendo que por ello no recibió ningún dinero; que enseguida entrevistó a Georgina Guadalupe Pech Cetz, quien se produjo en similares términos que la antes nombrada, ya que ambas se desempeñaban como cajeras y estaban bajo las órdenes de ... persona que le pedía el dinero de las ventas, luego de lo cual cancelaba algunas sin registrarlas en las cajas mecánicas, dándoles como explicación que lo hacía así por determinadas circunstancias específicas, siendo además que sólo él contaba con la clave de acceso directo al sistema, lo que le permitía justificar aparentemente tales cancelaciones; la comparecencia de José Alberto Celis Suaste, quien con su carácter de gerente general de la empresa Distribuidora de Quesos, Sociedad Anónima, hizo suya la denuncia correspondiente, aclarando que el monto total de lo reclamado ascendió a la cantidad de un millón doscientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos con veintiún centavos, moneda nacional; la declaración preparatoria del propio quejoso en la que, aun cuando negó los hechos que se le imputan, reconoció haber laborado en la empresa denunciante desde el año de mil novecientos ochenta y nueve y que durante los primeros seis años fungió como empleado de almacén, para ser ascendido como capturista de datos, labor que consistía en la captura de ingresos y egresos y de diarios, añadiendo que en su área de trabajo no estaba solo, que también laboraban con él el contador Servando Padrón Solís y Lucía Pacheco, esta última como encargada general de dicha negociación; que la responsabilidad del dinero que se manejaba en esa área era de él, aunque la compartía con los antes nombrados; que el primero de sus nombrados compañeros de labores, fue quien lo invitó para que lo apoyara en la captura de las pólizas que hacían manualmente, las que se tenían que ingresar en el sistema de contabilidad, que más adelante a las cajeras les instalaron unas terminales en puntos de venta, de donde surgió la necesidad de adaptar un sistema de cómputo y programa de inventarios que realizaban con la empresa ICSI Peninsular, con el ingeniero Rubén Arceo, y que al echar andar el sistema de inventarios, las modificaciones las realizaba aquel ingeniero y que cuando el inculpado se salió de la empresa, el programa instalado tenía muchos problemas; que no sólo él conocía la clave de acceso, sino también sus compañeros Lucía Pacheco y Servando Padrón; que las cajeras antes nombradas no estaban a su cargo, sino solamente le entregaban las fichas de depósito y dinero en efectivo que firmaba de recibido en la copia correspondiente; que no es cierto que les hubiera ordenado no registrar todas las notas de ventas; que únicamente cancelaba aquellos documentos o facturas que no aparecían directamente firmadas por el encargado de bodega; que no recuerda con exactitud la fecha en que se retiró de la empresa y que el motivo de su salida fue porque le expidieron una patente de agencia de cervezas un año antes; que debido a su negativa de aceptar a Lucía Pacheco como su socia en el negocio de las cervezas, fue que empezó a tener problemas con ella.
Ahora bien, es conveniente señalar que los artículos 330 y 333, fracción IV, del Código Penal del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente:
"Artículo 330. Comete el delito de robo quien se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho o sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley."
"Artículo 333. El robo simple se sancionará de acuerdo con las siguientes reglas: ... IV. Cuando exceda de ochocientas veces el salario, la sanción será de siete a doce años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días-multa."
De lo anterior resulta que los elementos típicos del delito de robo son: a) Que el sujeto activo se apodere de una cosa ajena mueble; y, b) Que lo haga ilícitamente, esto es, sin derecho o sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.
Del material probatorio anteriormente resumido se advierte, tal como lo consideró la responsable al momento de dictar el auto de formal prisión combatido en el amparo sujeto a revisión, la existencia de los elementos configurativos del delito de robo, previsto y sancionado por los artículos antes reproducidos del código punitivo de Yucatán, por cuanto de ellos se viene en conocimiento que una persona del sexo masculino, aprovechando la relación de trabajo que lo unía para con la empresa patrona, supervisor de cajas, teniendo entre sus funciones no sólo la vigilancia y el buen funcionamiento de las mismas, sino la recolección del dinero para llevarlo a las oficinas administrativas al final del día, con el propósito de darle entrada al sistema computarizado de control de inventarios, teniendo además la clave de acceso que le permitía alterar datos de las diversas notas de ventas, hizo posible que se apoderara sin el consentimiento y menos del conocimiento de la persona que podía darlo, de una suma que ascendió a la cantidad de un millón doscientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos con veintiún centavos, moneda nacional, precisamente la que arrojó el resultado de una auditoría fiscal y contable practicada en la empresa pasivo, disposición que fue efectuando durante los últimos meses en que se desempeñó como supervisor, esto es, del uno de enero al veintisiete de julio de dos mil; hechos que se corroboran con la denuncia de Carlos Alberto Garma Magaña, apoderado de Distribuidora de Quesos, Sociedad Anónima, ratificada por José Alberto Celis Suaste, gerente de dicha negociación; con las copias fotostáticas certificadas del resumen del inventario físico de la bodega y el concentrado de las notas canceladas en el sistema que aparentemente presentaba el aviso de entregado y pagado; con las comparecencias de Rafael Gasque Méndez, quien ratificó la auditoría de mérito, de José María Gutiérrez Méndez, quien como socio de la empresa reiteró que ... era la persona a quien con motivo de su buen desempeño se le había otorgado una clave de acceso al sistema de control de cómputo, y quien de manera sorpresiva había dejado de prestar sus servicios antes de que concluyera la auditoría de referencia; con las declaraciones de las testigos Teresa de Jesús Tun Haas y Georgina Pech Cetz, quienes de manera coincidente refirieron que se desempeñaban como cajeras de la empresa pasivo y que por órdenes del ahora quejoso se habían visto obligadas a no registrar en la caja la venta que amparaban diversas notas y sólo las ingresaban en la computadora.
Asimismo, esos propios elementos de convicción de mérito, identifican de manera probable como el autor del delito en cuestión, al inculpado quejoso ... supuesto que en su contra militan las imputaciones que le hicieran Teresa de Jesús Tun Haas, Georgina Pech Cetz y el propio denunciante Carlos Alberto Garma Magaña, en el sentido de ser aquél quien aprovechando su cargo de supervisor de cajas, que tenía asignada una clave de acceso directo y que era el encargado de recolectar el dinero de las cajas para llevarlo a las oficinas administrativas con el fin de darle entrada al sistema computarizado de control de inventarios, fue apoderándose de determinadas cantidades de dinero, lo que le era posible cancelando notas de ventas que en realidad habían sido efectuadas, quedándose con el importe de cada una de ellas, al ordenar a las cajeras que no registraran tales ventas que él cancelaba en el sistema de cómputo, hasta que se descubrió un faltante superior al millón de pesos, a través de una auditoría ordenada por la empresa, siendo que sin esperar el resultado de la misma, dicho quejoso presentó su renuncia voluntaria, no obstante haber sido un empleado en quien se tenía suficiente confianza; aunado a lo anterior, se encuentra su propia declaración, en la que no obstante negar los hechos que se le atribuyen, admitió que tenía la responsabilidad del dinero que se manejaba en su área de trabajo, aun cuando dijo que la compartía con Servando Padrón Solís y Lucía Pacheco; reconoció también que las cajeras le entregaban las fichas de depósito y el dinero en efectivo, que él debía firmar de recibido en las copias correspondientes, sin probar hasta ahora que no hubiese ordenado a las nombradas Georgina Guadalupe Pech Cetz y Teresa Tun Haas, la omisión de registrar diversas notas de venta que él les iba señalando.
No obsta en contrario a lo que indebidamente pretenda el resolutor federal sostener que en virtud de su propio cargo de supervisor de cajas, tenía entre sus funciones la recolección de dinero para llevarlo a las oficinas administrativas, lo que le daba el carácter de poseedor derivado, porque contrariamente a ello, esa actividad específica que le había sido otorgada al quejoso como trabajador de la empresa Distribuidora de Quesos, Sociedad Anónima, en el sentido de autorizarlo únicamente para recibir diversos cobros para llevarlos a las oficinas administrativas donde debía depositarlo dentro de la misma empresa, no implica que se le hubiera transmitido la tenencia de ese numerario, ya que solamente realizaba funciones de recepción, lo que se traduce en una simple detentación del bien, con la obligación de darle el destino correcto, sin que aquel numerario saliera de la esfera de custodia y disponibilidad de quien con apego a la ley tenía derecho al mismo; de ahí que la sustracción del bien monetario por parte del agente del delito, para lo cual tuvo que realizar diversos actos que le permitieran allegarse al numerario de la empresa patrona, se tiene como un acto de apoderamiento que constituye el elemento configurativo del delito de robo, ya que se entiende que al no habérsele otorgado la tenencia, no podía ser considerado como poseedor derivado de los bienes de que dispuso, pues no ejercía dominio sobre ellos; luego entonces, no puede hablarse de una figura delictiva distinta a la que se atribuye al quejoso.
No obstante lo anterior, este tribunal estima que aun cuando ha quedado de manifiesto que se surten los elementos constitutivos del delito de robo, al igual que la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, el Juez de la causa debió circunscribir el auto de formal prisión única y exclusivamente al análisis del referido delito, absteniéndose de establecer en él modalidad o calificativa alguna.
Esto es así, porque no hay que desatender el hecho de que el acto reclamado (auto de formal prisión), por la disposición constitucional actual, únicamente requiere para su justificación que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito que se atribuya al acusado y hagan probable su responsabilidad en su comisión, sin que deban tomarse en cuenta las agravantes o atenuantes que incidan en su realización.
Conclusión a la que se llega si se atiende a que la jurisprudencia número 6/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.', QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.", publicada originalmente en la página 197, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aparece como tesis histórica, bajo el número 24, página 650, Tomo II, Materia Penal, parte Tesis Históricas.
En efecto, a partir de las reformas a los artículos 16 y 19 constitucionales, de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en ambos preceptos deben reunirse, como elementos de fondo, el cuerpo del delito (tipo penal de 1993 a 1999) y la probable responsabilidad del inculpado, por lo que no hay razón para que el criterio que se comenta sirva de referencia a la consideración que aquí se sustenta.
Como apoyo a la anterior consideración, conviene destacar partes conducentes del dictamen de reforma a los artículos 16, 19, 22 y 123 constitucionales, de la Cámara de Diputados; en primer lugar, el contenido de la iniciativa presidencial respecto al artículo 16, que dice:
"La argumentación de la iniciativa para proponer la reforma al artículo 16 constitucional, es la siguiente: 'Antes de 1993, para que la autoridad judicial librara una orden de aprehensión se requería que el Ministerio Público acreditara la probable responsabilidad del indiciado. Con la reforma, se impuso el requisito de acreditar los elementos del tipo penal -objetivos, subjetivos y normativos-, así como la probable responsabilidad del indiciado.-Después de cuatro años de aplicación del nuevo texto constitucional se advierte que no se ha logrado el equilibrio entre la acción persecutoria del delito y el derecho a la libertad de los gobernados. Por el contrario, ésta ha permitido que frecuentemente, por tecnicismos legales, presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia. Basta decir que en 1997, de todas las averiguaciones previas consignadas, no se obsequiaron órdenes de aprehensión en más del 20 por ciento.'."
En segundo lugar, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y que aparecen en el dictamen de reforma ya mencionado:
"Como ya lo hemos analizado previamente, la iniciativa presidencial propone que para librarse una orden de aprehensión se requiere, entre otras formalidades, que 'existan datos que acrediten la probable existencia de los elementos objetivos del tipo penal del delito de que se trate'. A este respecto, el dictamen de la colegisladora modificó la propuesta de la iniciativa para aprobarla sustituyendo dicha formalidad por la consistente en que 'existan datos que acrediten el cuerpo del delito'. Desde luego que tanto la iniciativa como la minuta agregan también como requisito que los datos existentes hagan probable la responsabilidad del indiciado.-Dicho cambio obedece a que la colegisladora consideró insuficiente acreditar la mera 'probabilidad' de los elementos del tipo para justificar un acto de molestia en contra de la libertad de las personas, puesto que podría dar lugar a excesos que incrementaran el número de aprehensiones sólo por sospechas o suposiciones de la autoridad investigadora.-Asimismo, la colegisladora consideró más apropiado adoptar el concepto de 'cuerpo del delito', en lugar del concepto 'elementos objetivos del tipo penal', no sólo por las razones expuestas en la iniciativa sino porque consideró que el cuerpo del delito es 'el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho previsto como delito por la ley'."
Este último concepto es el que se establece en la jurisprudencia número 569, de rubro: "CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.", publicada en la página 978, Salas y Tesis Comunes, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, y el artículo 255 del actualmente denominado Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, que dispone:
"Artículo 255. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están justificados en autos.-Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, y se tendrá por comprobado cuando se justifique la existencia de esos elementos por cualquier medio de prueba siempre que no sea de los prohibidos por la ley.-Deberán aplicarse, en su caso, las reglas especiales que establece este código para la comprobación de determinados cuerpos de delito.-La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de exclusión del delito."
De todo lo expuesto se observa, que por reformas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de treinta de marzo de dos mil, con vigencia a partir del día siguiente, se reformó el numeral 255 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la entidad, adecuándolo al texto actual de los artículos 16 y 19 constitucionales, en relación con el concepto de cuerpo del delito, lo que trae como consecuencia que, conforme a la legislación procesal penal de este Estado, no deben incluirse en la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, las modificativas o calificativas del delito; o sea, en el caso especial de Yucatán, cobran actualidad las jurisprudencias de rubros: "CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE." y "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.", porque el concepto de cuerpo del delito que orientó las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a los artículos 16 y 19 constitucionales, es el que tomó en consideración el legislador local en la aludida reforma al artículo 255. Sirve de apoyo a estas consideraciones la tesis TC141012.9PE3, emitida por este tribunal el siete de marzo de dos mil dos, pendiente de publicación, misma que a la letra dice:
"-De acuerdo a las reformas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de treinta de marzo de dos mil, con vigencia a partir del día siguiente, se reformó el numeral 255 del código de procedimientos en materia penal de la entidad, que en lo conducente dispone que: '… Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, y se tendrá por comprobado cuando se justifique la existencia de esos elementos por cualquier medio de prueba siempre que no sea de los prohibidos por la ley …', adecuándolo al texto actual de los artículos 16 y 19 constitucionales, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en relación con el concepto de cuerpo del delito, lo que trae como consecuencia que, conforme a la legislación procesal penal de este Estado, no deben incluirse en la orden de aprehensión o el auto de formal prisión las modificativas o calificativas del delito; o sea, en el caso especial de Yucatán cobran actualidad las jurisprudencias de rubros: 'CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.' (publicada con el número 569, en la página 978, Primera Sala, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988) y 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.' (publicada en la página 263, Tomo III, enero-junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación), porque el concepto de cuerpo del delito que orientó las aludidas reformas constitucionales, según dictámenes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, es el que tomó en consideración el legislador local en la aludida reforma al artículo 255."
Como corolario de lo anterior, cabe también considerar que esta conclusión no es obstáculo para resolver en su momento sobre la procedencia o no de la libertad provisional bajo caución, pues el hecho de que en el artículo 20, fracción I, de la Constitución General de la República, en la parte que señala que el Juez de que se trate, al resolver sobre la procedencia de la libertad provisional, debe tomar en cuenta las modalidades y circunstancias que para el delito materia del ejercicio de la acción penal se invoquen por el Ministerio Público, no quiere decir que éstas no deban considerarse cuando haya que resolver sobre dicha petición, toda vez que dicho precepto únicamente se refiere en concreto a lo que debe observarse para el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución; de ahí que deba concluirse que el alcance del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está limitado, en lo conducente, al proveído mediante el cual se resuelve sobre el derecho de libertad caucional al imputado. Conclusión a la que se llega con base en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 263, Tomo III, Primera Parte (1989) del Semanario Judicial de la Federación, que aun cuando fue modificado por la también jurisprudencia consultable en la página 650 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice 1917-2000, en la parte de Tesis Históricas (página 29, Tomo II, Primera Parte, Materia Penal, Apéndice 1917-1995), la que orienta este criterio cobra actualidad, en atención a la reforma de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a los artículos 16 y 19 constitucionales que vuelven a hacer mención del cuerpo del delito, dicha opinión dice:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.-Atento lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el auto de formal procesamiento sólo se precisará la materia de la causa a seguir, al determinar el órgano jurisdiccional los hechos delictivos que motivaron el ejercicio de la acción penal y subsumirlos provisionalmente dentro de una o varias disposiciones legales que tipifiquen tales hechos, sobre la base de que existan datos de la probable responsabilidad del acusado en su comisión. Por ello, todo juzgador al dictar un auto de formal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17117-f2a86acc/modificativas-y-calificativas-del-delito-no-deben-incluirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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