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VAGANCIA Y MALVIVENCIA. EL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL ESTABLECER COMO ELEMENTO DEL CUERPO DEL DELITO QUE EL INCULPADO NO SE DEDIQUE A UN TRABAJO HONESTO SIN CAUSA JUSTIFICADA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. VAGANCIA Y MALVIVENCIA. EL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL PREVER COMO ELEMENTO DEL DELITO EL QUE EL ACTIVO NO SE DEDIQUE A UN TRABAJO HONESTO, QUE NO IMPLICA CONDUCTA ALGUNA, INFRINGE EL PRINCIPIO DE NULLUM CRIMEN SINE CONDUCTA Y, POR ENDE, LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. VAGANCIA Y MALVIVENCIA. EL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL PREVER EL NO DEDICARSE EL SUJETO ACTIVO A UN TRABAJO HONESTO, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. VAGANCIA Y MALVIVENCIA. EL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL PREVER PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO QUE EL ACTIVO TENGA MALOS ANTECEDENTES COMPROBADOS POR LOS ARCHIVOS JUDICIALES, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LIBERTAD PERSONAL QUE TUTELA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL. VAGANCIA Y MALVIVENCIA. EL ARTÍCULO 190 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL PREVER PARA LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO QUE EL ACTIVO TENGA MALOS ANTECEDENTES COMPROBADOS POR DATOS DE LAS OFICINAS POLICIACAS, INFRINGE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 173/2002. · Registro digital (IUS): 17272
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 1272.

AMPARO EN REVISIÓN 173/2002.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por cuestión de método, se proceden a analizar, en primer término, los agravios hechos valer por la representante del quejoso, donde se alega la inconstitucionalidad del artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes que prevé el delito de vagancia y malvivencia, dado que de ser fundados dichos argumentos, ello traería como consecuencia la concesión del amparo por lo que respecta a dicha inconstitucionalidad y sería ocioso el estudio de los argumentos expuestos por la autoridad responsable respecto de la legalidad en la concesión del amparo en relación con dicho delito.

Son ineficaces en parte los agravios hechos valer por la autorizada del quejoso y esencialmente fundados en otra, suplidos en deficiencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, suficientes para modificar la resolución constitucional recurrida.

En principio, debe decirse que son inoperantes los argumentos donde la recurrente aduce que la Juez de Distrito al interpretar los artículos 5o., 31, fracción IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos violó en perjuicio de su representado las garantías de seguridad jurídica, de igualdad, y de debida motivación y fundamentación previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior es así, dado que el Juez de Distrito al actuar como Juez de amparo, la función jurisdiccional que ejerce es la de control constitucional a través de la cual analiza si existió o no violación a las garantías individuales del quejoso, dado que su finalidad específica y legal es la de tutelar garantías individuales contra transgresiones en que puedan incurrir las autoridades señaladas como responsables, por lo que no pueden violar a su vez garantías individuales ni precepto alguno de nuestra Carta Magna, por ser precisamente esa la materia de su actividad jurisdiccional y, en todo caso, únicamente podría infringir disposiciones de la Ley de Amparo que es la que regula su función, ya que de no estimarse así, se desnaturalizaría el juicio de amparo, el cual constituye el único medio para reclamar actos contrarios a la Constitución, mas no el recurso de revisión, como en la especie lo aduce la autorizada del quejoso.

De ahí que resulten inoperantes los argumentos tendientes a poner de manifiesto que el Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo, violó en perjuicio de su representado las garantías de seguridad jurídica, de igualdad, y de debida motivación y fundamentación previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Funda lo anterior la jurisprudencia número 2/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, publicada en las páginas 28 y 29, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En cambio, son sustancialmente fundados, mejorados en suplencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, los agravios vertidos en relación con que el artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, que prevé el delito de vagancia y malvivencia, viola en perjuicio del quejoso las garantías de libertad, igualdad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 1o., 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precisa indicar que aun cuando en sus conceptos de violación o en sus agravios el recurrente no hubiera señalado que se transgredieron sus garantías individuales que consagran los cuatro artículos de la Constitución referidos, lo cierto es que, en la especie, procede la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del promovente del amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por tratarse de la materia penal y por ser el quejoso la parte reo en la causa criminal de donde deriva el acto reclamado, ya que dichos precepto y fracción no hacen distingo alguno de si la suplencia de la queja sólo opera en cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad, bastando para esta última que la ley constituya el acto reclamado y que se designe como autoridad responsable al órgano legislativo que expidió la ley atacada de inconstitucional, requisitos que se colman en el presente juicio y que obligan a este órgano colegiado a estudiar incluso cuestiones novedosas que advierta de oficio respecto de la inconstitucionalidad que se delató del artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes.

Funda lo anterior la tesis P. CLXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUN CUANDO LOS AGRAVIOS QUE LOS SUSTENTAN, REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SEAN NOVEDOSOS RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN AUSENTES EN LA DEMANDA ORIGINAL. Si se toma en consideración que en la materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja debe aplicarse como una verdadera integración de planteamientos ausentes, y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXXXV/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, página 162, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.’, estableció que cuando se trate de la suplencia prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo al juicio de garantías en materia penal, no existe distinción alguna con relación a si debe aplicarse a cuestiones de mera legalidad o de inconstitucionalidad de leyes, así como que tampoco hay impedimento para suplir los conceptos de violación referidos a la constitucionalidad de una ley, siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron, puede concluirse que también resulta procedente dicha suplencia, cuando se trate de recursos de revisión competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se introducen, vía agravios, planteamientos novedosos en cuanto a que no formaron parte de los conceptos de violación sostenidos en la demanda de garantías natural, que versen sobre inconstitucionalidad de leyes. Ello es así, en primer lugar, porque ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo contienen disposición expresa que lo prohíba y, en segundo, la referida suplencia se hace extensiva hacia los agravios que se formulen en los recursos previstos en las leyes respectivas. Además, si la citada figura constituye una obligación para los Jueces de amparo, entre los que se encuentra la Suprema Corte, y el recurso de revisión, cuyo conocimiento le compete, tiene su razón de ser en que en alguna de las hipótesis del asunto, sujeto a estudio, subsista el problema de constitucionalidad, no puede aceptarse que dicha institución opere privativamente para los negocios de mera legalidad, pues ello generaría el riesgo de hacer nugatorio su efectivo alcance."

Asimismo, aplica a lo anterior, en lo conducente, la tesis P. LXXXV/95, sustentada también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 172/95, publicada en la página 162, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. Los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, no hacen distinción alguna en relación a si la suplencia de la queja que prevén se debe aplicar a cuestiones de mera legalidad o de inconstitucionalidad de leyes, por lo que al no existir limitación alguna es obvio que esa facultad opera indistintamente en tratándose de amparos de legalidad o contra leyes; siempre y cuando en la demanda de garantías se haya señalado a la ley, como acto reclamado, y se designen como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes. Al respecto, se debe distinguir con toda claridad la suplencia que establece el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, que se refiere a la impugnación de actos que se hubieren fundado ‘en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia’, de la diversa hipótesis de suplencia prevista en la fracción II del mismo precepto. En el primero de esos casos no se trata de un ‘amparo contra leyes’, puesto que la ley no figura como acto reclamado ni se designan como autoridades responsables a los órganos legislativos; sino que se trata de una suplencia sui generis en la que, de hecho, el órgano de control constitucional incorpora un nuevo acto a la litis constitucional, al momento de dictar sentencia, pues se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de una ley que no fue reclamada; por eso el legislador exigió para estos casos, que la suplencia solamente opere cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declara la inconstitucionalidad de la ley. Una de las razones en las que se inspiró ese beneficio consiste en que los órganos legislativos ya fueron oídos y vencidos cuando menos en cinco juicios distintos, con cuyas ejecutorias se integró la jurisprudencia; y, en esos casos, se estima innecesario volver a emplazar a las autoridades, porque nada más podrían aducir en su defensa. En cambio, tratándose de la suplencia prevista en la fracción II del numeral en comento, que se refiere específicamente al amparo en materia penal, no existe impedimento para suplir los conceptos de violación hechos valer en contra de la ley siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron, puesto que, a diferencia de la hipótesis anterior, que sólo da lugar a amparar en contra del acto de aplicación y no contra la ley, la suplencia de la fracción II sí da lugar a que el amparo se conceda en contra de las normas impugnadas, motivo por el cual, esa suplencia no se puede ejercer cuando la ley no es acto reclamado."

Ahora bien, los artículos 1o., 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." (Párrafo adicionado por decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de agosto de dos mil uno).

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."

"Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia."

El artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, tildado de inconstitucional, establece:

"Artículo 190. La vagancia y malvivencia consiste en no dedicarse el inculpado a un trabajo honesto, sin causa justificada, y tener malos antecedentes, comprobados por datos de los archivos judiciales o de las oficinas policiacas.

"Se estimarán como malos antecedentes, para los efectos de este artículo, ser identificado como peligroso contra la propiedad o explotador de prostitutas o traficante de narcóticos, toxicómano, ebrio habitual, tahúr o mendigo simulador.

"Al responsable de vagancia y malvivencia se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y vigilancia de autoridad de 6 meses a 1 año."

Del último precepto en cita se desprende que para tener por acreditado el cuerpo del delito de vagancia y malvivencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, se requiere:

a) Que una persona no se dedique a un trabajo honesto sin causa justificada; y,

b) Que dicha persona tenga malos antecedentes comprobados por datos de los archivos judiciales o de las oficinas policiacas.

Ahora bien, el artículo 1o. de nuestra Carta Magna prevé la garantía de libertad personal, misma que no sólo se encuentra prevista en el citado precepto constitucional, sino que también está inmersa dentro de los principios fundamentales del derecho a la libertad que en forma abstracta están contemplados en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la libertad de la persona debe ser concebida no solamente como una mera potestad psicológica de elegir propósitos determinados y excogitar los medios subjetivos de ejecución de los mismos, sino como una actuación externa sin limitaciones o restricciones que hagan imposible o impracticable los conductos necesarios para la actualización de la teleología humana (Burgoa Ignacio "Las Garantías Individuales", Editorial Porrúa, México, 1993, 25a. Edición, página 18).

La libertad es un atributo consustancial de la naturaleza humana, pues es libre por necesidad ineludible de su personalidad, o sea de su autoteleología, como elemento sustancial de su ser; la existencia sine qua non de la libertad como elemento esencial del desarrollo de la propia individualidad, encuentra su sustrato evidente en la misma naturaleza de la persona humana, pues la libertad es la facultad de elección para hacer o dejar de hacer algo (Montiel y Duarte, Isidro "Estudio sobre Garantías Individuales", Editorial Porrúa, México, 1991, quinta edición, página 104), siempre que se siga bajo la premisa de que se haga todo aquello que no perjudique los derechos de otro, de tal forma que si al hombre se le constriñe a realizar ciertos fines de antemano, como en el caso, dedicarse a una actividad determinada, sin intervención de su libre albedrío, se destruye su personalidad y su esencia, pues en esa hipótesis el sujeto está empleado como un medio de verificación de los propósitos materia de la predeterminación.

Ello es así, porque la libertad estriba en la voluntad de la persona a hacer o no hacer algo, siempre que esa acción u omisión no perjudique a otros, pues concebida como un derecho fundamental, no es posible la restricción de la misma, en la medida en que el artículo 4o. de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece: "La libertad consiste en hacer todo lo que no perturbe a los otros: en consecuencia el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre sólo tiene los límites que aseguren a los otros miembros de la sociedad, el disfrute de los mismos derechos. Esos límites no pueden estar determinados en la ley.".

Luego, si la libertad es la voluntad misma de la persona, es decir, la facultad de elección frente a un número limitado de posibilidades (Burgoa cita a Xifra Heras, Jorge en "Curso de Derecho Constitucional", tomo I, página 334), esto es, el derecho de los individuos de elegir los medios para alcanzar los fines que se propongan para ejercer o no una actividad, es inconcuso que da la posibilidad a la persona de escoger entre trabajar y dejar de hacerlo, ya que la libertad está garantizada por la Constitución sin condición material alguna, es decir, no está sometida al cumplimiento de determinados objetivos o funciones del poder, dado que la autonomía de la voluntad no es objeto de normación, en la medida en que es compatible con el marco general, abstracto y forma de la ley, de acuerdo con el principio general de derecho de que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe".

De ahí que le asista la razón a la representante del quejoso cuando alega que la Juez de Distrito interpretó de manera inexacta los artículos 5o. y 123 constitucionales, y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al considerar que dichos numerales establecen la obligación del gobernado de trabajar.

En efecto, los artículos 5o. y 123 constitucionales, en lo conducente, establecen:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarsepor determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

"...

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. ..."

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. ..."

El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice:

"Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ..."

De los preceptos constitucionales en cita, contrario a lo considerado por la Juez Federal, no se advierte de manera alguna el deber del gobernado a trabajar, sino que dichos artículos al estar en la parte dogmática de la Constitución Federal, lo que tutelan es la garantía de la libertad de trabajo de la persona, entendida ésta como la libertad que tiene de escoger a su libre arbitrio la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, con las únicas limitantes: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general, es decir, el Estado no está en aptitud constitucional ni legal de imponer al gobernado actividad u ocupación alguna contra su voluntad, dado que debe respetar la que haya seleccionado a su libre arbitrio en atención al desarrollo de su personalidad en la sociedad en que se desenvuelva, salvo los casos de excepción que el propio artículo 5o. constitucional establece y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia número 28/99, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/98, tesis que aparece publicada en las páginas 143 y 144, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son:

"LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado."

Por otra parte, la circunstancia de que el párrafo tercero del citado artículo 5o. de nuestra Carta Magna establezca que: "Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.", no implica de manera alguna que dicho precepto tutele la holgazanería, sino que lo que quiso decir el legislador federal es que el Estado no puede imponer a una persona el que se dedique a una determinada actividad sin su consentimiento ni retribución, salvo los casos que el propio numeral establece, pero no garantiza el derecho a no trabajar, como de manera infundada lo aduce la recurrente.

Lo mismo debe decirse respecto de los artículos 123 de la Constitución Federal y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, preceptos que al igual que el artículo 5o. tutelan el derecho que tiene todo gobernado a un trabajo digno y socialmente útil (lícito y productivo), pero ese derecho no implica de manera alguna, como lo asevera la recurrente, que le otorgue al gobernado la facultad de no trabajar.

Es decir, los preceptos en comento no establecen ni obligación ni derecho alguno del gobernado a no trabajar, sino que la garantía que tutelan es que no se le puede obligar a que se dedique a un trabajo determinado sin su pleno consentimiento y sin retribución alguna; lo anterior deriva precisamente de la garantía de libertad personal que todo ciudadano tiene conforme al artículo 1o. y demás de la Constitución Federal.

Luego, si los artículos 5o. y 123 constitucionales tutelan la garantía de libertad de trabajo en los términos apuntados, dichos preceptos, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito, no establecen la obligación del gobernado de dedicarse a un trabajo digno y socialmente útil, en razón de ser preceptos que establecen garantías del individuo y no obligaciones.

En efecto, los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos transcritos, reconocen implícitamente el derecho a la libertad de todo gobernado, libertad entendida en el sentido más amplio, con la única limitante de que no se contravengan derechos de terceros ni leyes prohibitivas, garantía que si bien no está prevista en forma textual, se infiere de dichos preceptos, en razón de que los derechos del hombre que garantiza la Constitución son todos aquellos que le corresponden a una persona como atributos naturales del ser humano por el solo hecho de ser persona, entre ellos el de la libertad.

De ahí que el artículo 5o. constitucional no establezca obligación alguna del gobernado de trabajar, puesto que lo que tutela es la garantía de la libre elección de la persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo, pero no puede obligársele a ello excepto en los casos que el mismo precepto prevé; lo mismo debe decirse respecto del artículo 123 de nuestra Carta Magna, ya que dicho precepto, al igual que el artículo 5o. prevé el derecho de la persona a un trabajo digno y socialmente útil, mas no la obligación de hacerlo, puesto que es una garantía la que prevén y no una obligación; lo anterior, dado que la interpretación de dicho dispositivo constitucional no puede hacerse extensiva al grado de establecer la existencia de una obligación que en ella no se dispone, ya que atento lo señalado por el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Federal, las garantías que en nuestra Carta Magna se consagran sólo pueden restringirse en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Lo anterior, porque acorde a los postulados y principios fundamentales que acoge nuestra Constitución, las autoridades, los poderes y los órganos del Estado están sujetos a la ley en su organización, funcionamiento, facultades y atribuciones, es decir, sólo pueden actuar en aquello que les ha sido concedido, pues en lo que la Constitución guarda silencio lo tienen prohibido; en tanto que tratándose de particulares, ese silencio les garantiza que lo que no está prohibido es lícito y permitido (quae non probantur prohibita, licita et permissa cesentur), debido a que lo que el Constituyente no reserva para la potestad del Estado, se entiende consentido para la voluntad del individuo (quod auctor canonis non reservavit, hoc concessise videtur).

De tal manera que si el artículo 5o. constitucional no restringe de manera expresa la libertad personal del gobernado de decidir entre trabajar o dejar de hacerlo, y sí en cambio el artículo 1o. de la propia Constitución es expreso en establecer como garantía individual la libertad personal, entendida ésta, como ya quedó precisado, como un atributo consustancial de la naturaleza humana sin limitaciones ni restricciones, siempre que la voluntad de la persona no perjudique a terceros, y al no existir diversa disposición constitucional que limite la libertad de trabajo, es inconcuso que la decisión de trabajar o no conforma una parte del ejercicio de la libertad personal que se encuentra garantizada por la Constitución en su artículo 1o. y, por ende, el artículo 190 del Código Penal del Estado, que prevé el ilícito de vagancia y malvivencia al establecer como uno de los elementos del cuerpo del delito, el que la persona que no se dedique a un trabajo honesto sin causa justificada, transgrede la garantía de libertad personal.

Sin que sea óbice a lo anterior la postura del maestro Ignacio Burgoa en su obra "Las Garantías Individuales", Editorial Porrúa, vigésima tercera edición, página 342, transcrita por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida, toda vez que este órgano colegiado no comparte tal postura, en razón de que no es dable considerar que el artículo 5o. constitucional establezca como obligación del gobernado trabajar, cuando prevé una garantía individual de que la persona se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode sien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17272-12e18352/vagancia-y-malvivencia-el-articulo-190-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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