AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE ARGUMENTAN VIOLACIÓN A PRECEPTOS LEGALES DE ORDEN COMÚN POR EL JUEZ DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 181/2003.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son inoperantes en una parte, fundados pero inoperantes en otra e infundados en una más los agravios esgrimidos por el recurrente.
Al inicio de sus agravios, el revisionista aduce que la Juez de Distrito a quo en la sentencia que se revisa viola en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como los artículos 684, 685, 686, 687 y 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.
Por cuanto a la violación a las garantías individuales por parte de la Juez de amparo que alega el recurrente debe decirse que tal aseveración resulta inoperante, en virtud de que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo gobernado, quien tiene la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la acción constitucional de amparo que se ejerce ante los juzgados y tribunales de la Federación, a quienes se encomienda en su carácter de resolutores de amparo dirimir esta clase de controversias; así, los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional dictando determinaciones de cumplimiento obligatorio y obrando para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley; ahora bien, aun cuando en contra de algunas de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación a las garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial a través del cual el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso, con amplias facultades incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Es por lo anterior, que en el recurso de revisión no es dable técnicamente analizar los agravios en los que se aducen violaciones a las garantías individuales por parte del juzgador de amparo, pues admitir lo contrario implicaría ejercer un medio de control constitucional sobre otro de constitucionalidad, habida cuenta que se estaría tratando al Juez de Distrito como autoridad responsable, desvirtuando la naturaleza jurídica del juicio de amparo.
Cobra aplicación en la especie la jurisprudencia P./J. 2/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".
Igualmente, resulta inoperante la manifestación del inconforme acerca de que la Juez Federal a quo transgredió los artículos que cita del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, pues cuando dicha autoridad jurisdiccional actúa en su carácter de juzgadora de amparo, tal actuación se rige por las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica supletoriamente a la materia, por mandato expreso del artículo 2o. de la Ley de Amparo, por lo que en todo caso, si dicha Juez incurriera en transgresiones a disposiciones legales sólo podría tratarse de las contenidas en los ordenamientos a que se aludió en último término.
Es aplicable en el particular, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 11/2003, 43/2003, 77/2003 y 140/2003, que se encuentra pendiente de publicación, cuyos rubro y texto dicen: " Los motivos de inconformidad en los que el recurrente aduce que el Juez de Distrito violó disposiciones de orden común deben calificarse de inoperantes, en virtud de que dicha autoridad en materia de amparo indirecto, ajusta su actuación a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y al Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de supletoriedad; por ende, de atribuírsele violación a disposiciones jurídicas, la misma sólo pudo consistir en la transgresión a preceptos legales que conformen los invocados cuerpos normativos, no así a leyes ordinarias locales, en cuyas prescripciones se basan los tribunales del fuero común para actuar en la entidad federativa en donde ejercen jurisdicción.".
Por otra parte, el revisionista aduce que es ilegal la sentencia de amparo, toda vez que concede la protección constitucional a la parte quejosa, pero que ésta fue emplazada legalmente al juicio de origen, tal como lo disponen los artículos 684, 685 y 686 del código adjetivo civil para el Estado, tan es así que la Juez natural interrumpió el procedimiento cuando se enteró que el señor ... había fallecido, agrega que el artículo 685 de la legislación adjetiva citada dispone que tal interrupción cesará tan pronto se acredite la existencia de representante, que la excepción a esta regla la establece el diverso numeral 686 de la ley referida, cuando dispone que si transcurren cuarenta y cinco días hábiles sin que se acredite la existencia de representante se mandará citar por edictos como lo preceptúa el artículo 50 de ese ordenamiento, reanudándose el procedimiento, que así fue como procedió la Juez de origen, ya que no es posible conocer el tiempo en que los herederos decidirán abrir la sucesión intestamentaria y, mientras esto no suceda, el juicio no puede estar en espera de que se designe representante legal, de manera que, transcurrido el término que señala el aludido numeral 686 de la ley procesal civil, no es necesario esperar a que se nombre representante legal de la sucesión, en virtud de que inmediatamente que se abre ésta, ya sea legítima o testamentaria, el Juez natural le nombra albacea provisional, quien tiene las facultades necesarias y suficientes para intervenir en un procedimiento judicial en defensa de los derechos del autor de la herencia, por lo que la jurisprudencia invocada por la Juez de Distrito es inaplicable, que tal vez sería posible invocarla en los lugares en donde rijan otras legislaciones, pero no en esta entidad federativa, ya que insiste, en la codificación procesal civil de Puebla se establece un procedimiento especial para el caso del fallecimiento de una de las partes, mismo que fue observado por la Juez de origen; en consecuencia, resulta incorrecto que la juzgadora de distrito haya señalado que procedía conceder el amparo porque los edictos se publicaron en el mes de mayo de dos mil y la designación de albacea definitivo se verificó hasta diciembre de ese año.
Es fundado el anterior agravio aunque inoperante para revocar la sentencia recurrida, ya que de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión planteada, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los intereses del recurrente, como se demostrará más adelante.
Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia VI.2o. J/132, integrada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil ahora resuelve, publicada en la página 139, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, pero de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante.".
En efecto, la Juez de Distrito a quo fundó la ilegalidad del emplazamiento a juicio de quien resultara ser el representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de ... en lo siguiente: a) Los edictos se publicaron los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil (fojas setenta a setenta y dos, vuelta), y para tales fechas no existía aún representante legal de la sucesión, pues de las copias certificadas por notario público, relativas al juicio sucesorio intestamentario a bienes del aludido demandado, radicado con el número de expediente ... del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, se advertía que fue hasta el día once de diciembre de dos mil cuando se nombró como albacea definitiva de la sucesión a la única y universal heredera ... (fojas trece a dieciocho), por lo que en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento por edictos, no existía representante legal que defendiera los intereses de la sucesión, citando en apoyo a su consideración la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN CASO DE MUERTE DEL DEMANDADO. ES INCONSTITUCIONAL SI CUANDO AQUÉL SE REALIZÓ LA SUCESIÓN CARECÍA DE REPRESENTANTE LEGAL."; y, b) En los edictos no se llamó al representante legal de la sucesión de ... sino al representante legal de éste.
Ahora bien, le asiste la razón al recurrente en cuanto a que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 684 a 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en el caso de fallecimiento de una de las partes en el juicio, éste debe interrumpirse para reanudarse en cuanto se acredite la existencia del representante legal, y si han transcurrido cuarenta y cinco días hábiles sin que se acredite la existencia de tal representante, se mandará citar por edictos en la forma señalada en el diverso numeral 50 del mismo cuerpo legal, y se reanudará el procedimiento, por ende, ni estas disposiciones ni alguna otra exigen que sea designado un albacea definitivo de la sucesión correspondiente, para que pueda reanudarse el procedimiento en casos como el de la especie, sino que basta con que transcurran los cuarenta y cinco días hábiles a que se refiere el artículo 686 de la ley procesal en cita, sin que se haya acreditado la existencia del representante, para que proceda el llamamiento a juicio mediante edictos.
Por otra parte, tampoco es indispensable que se designe un albacea definitivo para que se pueda estimar que la sucesión cuenta con representante, ello es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1316, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que textualmente establece: "Artículo 1316. Son aplicables al albacea provisional, las siguientes disposiciones: ... VI. Defenderá judicialmente los bienes de la sucesión.", el albacea provisional cuenta con legitimación pasiva para que en representación de la sucesión pueda defender judicialmente los bienes que conformen el caudal hereditario y, por otro lado, el albacea provisional es nombrado desde el primer auto que dicte el Juez, según preceptúa el artículo 1354, fracción I, que señala: "Artículo 1354. El Juez, en el primer auto que dicte: I. Nombrará albacea provisional, prefiriendo a alguno de los presuntos herederos, y hará saber la existencia del juicio al Ministerio Público.". Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que, contrario a lo sostenido por la Juez de Distrito, no es estrictamente indispensable que exista albacea definitivo para que pueda darse la defensa judicial de los bienes de la sucesión.
Sin embargo, aunque fundado el agravio en estudio debe declararse inoperante habida cuenta que el otro argumento esgrimido por la Juez Federal es suficiente por sí mismo para sostener la ilegalidad del emplazamiento a juicio de la sucesión intestamentaria a bienes de ... consistente en que de la literalidad del edicto de que se trata, se desprende que se llamó al procedimiento natural al representante legal del autor de la herencia y no así al de la sucesión intestamentaria a bienes de éste.
En relación con este punto, el recurrente esgrimió como agravio que no era "procedente" lo manifestado por la Juez de amparo, en el sentido de que debió llamarse al representante legal de la sucesión y no al representante legal de ... ya que toda sucesión tiene un representante legal, que es quien debe representar a todos los herederos que tengan derecho a la misma y el único facultado para representar al autor de la herencia, por lo que no se viola ninguna garantía individual al llamar a juicio al representante legal de ...
Es infundada la anterior alegación, pues de ella claramente se desprende la confusión en que incurre el inconforme en cuanto al representante legal de la sucesión y al representante legal del de cujus, en tanto que en algunas ocasiones reconoce expresamente que el albacea de la sucesión es el representante legal de ésta, apoyándose incluso en la tesis intitulada: "SUCESIONES. REPRESENTACIÓN LEGAL.", y en otras afirma que el albacea representa al autor de la herencia.
Al respecto, debe decirse que tomando en consideración que herencia es la sucesión en los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con la muerte, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3020 del Código Civil en vigor para el Estado y, por otra parte, que la capacidad jurídica del autor de la herencia se extingue a su muerte, de conformidad con lo que establece el artículo 33 del mismo ordenamiento legal, debe afirmarse que el ente susceptible de ser representado legalmente es la sucesión, en virtud de que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que subsisten a la muerte de su autor, en tanto que éste al fallecer ha dejado de tener capacidad jurídica, por ende, no puede ser representado legalmente; así las cosas, a quien debió emplazársele mediante edictos fue a la sucesión intestamentaria correspondiente por conducto de su representante legal, que es la albacea de la misma, no así al representante legal de una persona que ha fallecido.
Así las cosas, aun cuando se estimó fundado el agravio aducido por la parte recurrente, lo cierto es que subsiste el segundo motivo de ilegalidad del emplazamiento vertido por la juzgadora de distrito; en consecuencia, el mismo debe continuar rigiendo el sentido del fallo impugnado.
Por otro lado, con respecto al argumento del disidente relativo a que el punto resolutivo único que concedió la protección constitucional a la parte quejosa le causa agravio por los motivos que expresó con anterioridad, debe decirse que los agravios que vertió en torno a las consideraciones sostenidas por la Juez de Distrito para conceder el amparo a la parte quejosa no prosperaron, en virtud de que unos fueron declarados inoperantes, otros fundados pero inoperantes y los últimos infundados, por tanto, lo mismo debe decirse acerca de esta manifestación.
Finalmente, debe destacarse que el recurrente no vertió argumento alguno encaminado a desvirtuar las consideraciones y fundamentos legales esgrimidos por la Juez Federal consistentes en que en atención a la naturaleza y concesión del amparo, se desprendía que: 1. El juicio natural consistió en un juicio de otorgamiento de escritura; 2. Existe una actora y dos demandados, que lo fueron simultáneamente; 3. Se les reclamaron las mismas prestaciones; y, 4. Se trató de un procedimiento que se decidió formalmente en una sola sentencia; que visto lo anterior se surtían las condiciones necesarias para estimar que ... viuda de ... y el señor ... son litisconsortes, que por litisconsorcio debía entenderse un estado entre varias personas que ocupan una misma posición en el proceso como actores o como demandados, pero en forma autónoma, que por ello, era conducente que la concesión del amparo a la sucesión intestamentaria a bienes de ... para el efecto de que fuera legalmente emplazado a juicio, debía hacerse extensiva a ... viuda de ... por su propio derecho, por encontrarse en un estado de comunidad jurídica respecto a la cosa controvertida con su litisconsorte, por lo que el litigio debía resolverse de modo uniforme para ambos, habida cuenta que el efecto que llegare a producir la sentencia de amparo es el mismo y, por ende, dicha autoridad judicial federal concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado a partir de los edictos publicados en el mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, apoyándose en la tesis de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. EN EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO NATURAL, POR DEFECTO EN EL EMPLAZAMIENTO, DEBE EXTENDERSE A TODOS LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO.". En este tenor, resulta incuestionable que los agravios del recurrente devienen inoperantes, dado que en ellos no se controvierten, de manera directa e inmediata, los argumentos antes sintetizados; por consiguiente, dichos razonamientos se mantienen firmes e intocados.
Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 36, en las páginas 23 y 24, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.".
No pasa inadvertido para esta potestad federal el error en que incurrió la Juez de Distrito a quo al señalar que había quedado acreditada la ilegalidad de la notificación del proveído de siete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, pues lo que resultó ilegal fue el emplazamiento a juicio de la sucesión intestamentaria a bienes de ... mediante edictos publicados los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil, y el acuerdo aludido por la Juez de Distrito, consistió en la determinación de la juzgadora de origen de interrumpir el procedimiento en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla; sin embargo, la citada equivocación no tiene trascendencia, en virtud de que con motivo de la concesión del amparo deberá reponerse el procedimiento a partir del emplazamiento por edictos publicados en el mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, por ende, el acuerdo de siete de diciembre del mismo año, también quedará insubsistente.
En las condiciones anotadas, al resultar inoperantes en una parte, fundados pero inoperantes en otra e infundados en una más los agravios aducidos, y no advertirse que se haya cometido en contra del recurrente alguna violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa y que este tribunal debiera reparar de oficio, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia impugnada.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia recurrida la Justicia de la Unión ampara y protege a ... viuda de ... y a la sucesión intestamentaria a bienes de ... en contra de los actos que reclaman del Juez de lo Civil, diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito al mismo y registrador público de la Propiedad y del Comercio, todos del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17639-699d825f/agravios-inoperantes-lo-son-aquellos-que-argumentan-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN. PARA DECRETARLA EN FAVOR DE UN TERCERO EXTRAÑO, DEBE PROBAR SU INTERÉS JURÍDICO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- LIBERTAD PREPARATORIA, NEGATIVA DE LA, EN MATERIA DE JUSTICIA MILITAR. (AMPARO EN REVISIÓN)
- PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL NO ADVERTIRSE LA URGENTE NECESIDAD DE LOS ALIMENTOS, PROCEDE DECRETAR SU CANCELACIÓN CON BASE EN LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL RECURSO DE RECLAMAC (AMPARO EN REVISIÓN)
- DESPOJO, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, SI NO SE ACREDITA EL ÁNIMO DE APROPIACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (412)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis