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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSIÓN. LA POSIBLE CONTRADICCIÓN EN LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS DE CARGO, ES IRRELEVANTE PARA DICTARLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 711/99. · Registro digital (IUS): 6584
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, , Pág. 1081.

AMPARO EN REVISIÓN 711/99.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son infundados los agravios expresados por los quejosos ... y ... sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja en su favor, en términos de la fracción II, del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Previo análisis de los agravios expuestos por los recurrentes, es pertinente mencionar que fue correcta la resolución pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, que en el considerando tercero de su fallo, sostuvo que se demostró la existencia del tipo penal de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracciones II y IV, 329 y 331 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, con la diligencia ministerial de inspección, descripción y levantamiento del cadáver de la persona que en vida respondió al nombre de Alfonso Alonso Aguilar; la diligencia de identificación del cuerpo del occiso, a cargo de Hipólita Aguilar Gallardo y Guadalupe Alonso Aguilar; el dictamen de autopsia emitido por el médico legista Jorge J. López Mendoza, en el que concluyó que la causa de la muerte se debió a "shock hipovolémico producido por proyectil de arma de fuego con lesión demostrable con 13 heridas en parénquima pulmonar izquierdo y tres en derecho, se encontraron y extrajeron dos proyectiles del parénquima pulmonar izquierdo compatibles con postas. El tiempo del fallecimiento en este caso es menor a los quince minutos"; y la declaración de los testigos Hermenegildo Margarito Falcón Barrales y Julio Falcón Barrales; concluyendo que los citados medios probatorios que valoró en términos de los artículos 199, 200 y 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, vinculados entre sí, acreditaron de manera plena que aproximadamente a las cero horas con treinta minutos del uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la población de Santa Catarina Tlatempan, Tepexi de Rodríguez, Puebla, cuando Fulgencio Alonso Espinoza, junto con sus hijos Adán y Alfonso, de apellidos Alonso Aguilar, entre otros, atravesaban la calle Cinco de Mayo, en ese momento llegó una camioneta blanca, propiedad de ... de la que se bajó ... con un arma en la mano, de las llamadas "chaqueteras", e hizo un disparo a los pies de Alfonso Alonso Aguilar, quien trató de correr, y por ello el segundo disparo que le hizo ... le pegó en la espalda; que bajó de la camioneta ... accionando un arma chica, pegándole en el brazo al occiso; que Fulgencio Alonso Espinoza trató de desarmar a ... al momento que Adán Alonso Aguilar, entró a la camioneta para tratar de desarmar a ... con quien forcejeó, cayendo al suelo; que Adán se echó a correr, cayó al suelo, al levantarse y dar la vuelta ... le disparó con una escopeta "chaquetera", dándole en la cabeza, por lo que cayó hacia atrás, y que al forcejear ... y Fulgencio Alonso Espinosa, ... le disparó a quemarropa a este último, quien herido corrió, para finalmente retirarse los activos del lugar de los hechos, a bordo de la camioneta.

Agregó el Juez Federal que de los datos en mención, llegó al conocimiento de que los quejosos ... y ... accionaron sus respectivas armas en contra de Fulgencio Alonso Espinoza, Alfonso y Adán, ambos de apellidos Alonso Aguilar, causándoles diversas lesiones, mismas que determinó y clasificó el médico legista, y a consecuencia de las cuales falleció Alfonso Alonso Aguilar; que los activos por su número, eran superiores a los pasivos, además de que el ahora occiso y los lesionados se encontraban caídos, y los activos, armados y de pie, por lo que no corrieron riesgo alguno de ser heridos o privados de la vida.

Este Tribunal Colegiado, considera acertada tal conclusión a la que arribó el a quo, ya que la demostración de los elementos del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de Alfonso Alonso Aguilar, efectivamente se colmó con los elementos probatorios de referencia, que fueron eficaces para ello, así como correctamente valorados en términos de las disposiciones invocadas, con lo que se evidenció que los activos privaron de la vida a la persona que en vida respondió al nombre de Alfonso Alonso Aguilar.

Por otra parte, el juzgador de amparo, también de manera acertada, sostuvo que la probable responsabilidad penal de los aquí recurrentes ... y ... en la comisión del ilícito, cuya existencia quedó demostrada, se evidenció con el señalamiento que hicieron en su contra los testigos de cargo Hermenegildo Margarito y Julio, ambos de apellidos Falcón Barrales; corroborado con el dictamen médico emitido por el médico legista, de uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, concluyendo al efecto que con esos elementos de prueba, se encontraban reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, ya que precedió denuncia de un hecho determinado que la ley señala como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y además los datos existentes acreditaron tanto los elementos del tipo penal de homicidio con calificativa de ventaja, como la probable responsabilidad de los quejosos en su comisión, como autor material y copartícipe, respectivamente, refiriéndose en este punto con el carácter de autor a ... y de copartícipe, a ... .

Sentado lo anterior, resultan infundados los agravios propuestos por los aquí recurrentes, quienes sostuvieron que el a quo al negar el amparo solicitado, no tomó en cuenta ninguna de las pruebas que obran en autos y que les favorecían, y por el contrario, se inclinó a favor de la responsable, puesto que efectuó apreciaciones sin base legal alguna y consecuentemente, su resolución les causó agravio, en virtud de que no cumplió con lo establecido en los artículos citados como leyes violadas.

La anterior afirmación es incorrecta, puesto que como puede verse del contenido del fallo pronunciado por el juzgador de amparo, concretamente en las fojas veinte, último párrafo y veintiuno frente, éste sí efectuó el estudio de todas las pruebas que obraban en el expediente, así como de las que hipotéticamente les favorecían, y al efecto precisó que existía indicio en el sentido de que ... era autor material, y ... partícipe en la comisión del delito de homicidio con calificativa de ventaja, sustentando su afirmación con el testimonio de Hermenegildo Margarito Falcón Barrales y Julio Falcón Barrales, quienes los señalaron como las personas que junto con Willebaldo Ortiz Espinoza, en la calle Cinco de Mayo de la población de Santa Catarina Tlatempan, Puebla, aproximadamente a las cero horas con treinta minutos del uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, dispararon sus armas de fuego sobre la persona que en vida respondió al nombre de Alfonso Alonso Aguilar; de igual forma agregó que si bien era cierto, lo anterior pudiere contener una contradicción con el dictamen emitido por la perito criminalista de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, y las declaraciones del coinculpado ... era también cierto que el grado de participación en la comisión del hecho delictuoso en mención, no podía fijarse de manera definitiva al dictar una orden de aprehensión, ya que tal apreciación era materia de la sentencia que se dictara en el proceso de origen, después de la debida valoración de todas y cada una de las pruebas que aportaran las partes, en la causa penal en mención.

En consecuencia, fue evidente que el Juez de Distrito, sí analizó las pruebas que obraban en autos, así como las que mencionaron los quejosos, y también precisó la intervención que desplegó cada uno de los aquí recurrentes, e incluso le atribuyó el carácter de autor material a ... y de partícipe a ... ; de lo que resulta indudable que no les asiste la razón en sus afirmaciones, y por ende, tampoco existió violación alguna a los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en el caso concreto se observaron en su favor las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que el juicio constitucional se sustanció con observancia de todas y cada una de las disposiciones legales aplicables, puesto que la demanda de amparo oportunamente fue admitida; como consecuencia de lo anterior, se requirió a las responsables a fin de que rindieran sus informes justificados, lo cual llevaron a cabo; se les admitieron las pruebas que oportunamente ofrecieron y rindieron en su favor; se celebró la audiencia constitucional, y finalmente, se emitió una sentencia, que estuvo correctamente fundada y motivada, puesto que se invocaron las disposiciones legales aplicables en la especie, y de igual forma, se esgrimieron los razonamientos de orden lógico-jurídico, que justificaron su aplicación.

Tampoco existió violación alguna a los artículos 76, 76 bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo; 312, 326, fracciones I y IV, 329 y 331, en relación con el diverso 21 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, y 83 y 88 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en perjuicio de los aquí recurrentes, toda vez que la sentencia pronunciada por el Juez de amparo, únicamente se ocupó de los quejosos que lo solicitaron, a quienes negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin haber efectuado una declaración general respecto de la ley o acto que la motivó; no suplió la deficiencia de la queja a favor de los aquí recurrentes, en virtud de que no existió materia sobre la cual aplicarla en la especie, como se advierte del estudio de las constancias que integran el expediente de amparo; la sentencia recurrida contiene la fijación clara y precisa del acto reclamado, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados, los fundamentos legales en que se apoyó para declarar la constitucionalidad del acto reclamado, y el punto resolutivo, en el que concretó con claridad y precisión, el acto por el que negó el amparo solicitado; y por último, para emitir su fallo, el a quo apreció el acto reclamado tal como apareció probado ante la autoridad responsable; y con base en lo anterior, señaló que en los autos del juicio natural, se demostraron los elementos del tipo penal de homicidio, así como la probable responsabilidad de ... y ... en su comisión.

Por otra parte, lo aseverado por los aquí recurrentes al afirmar en esencia que la prueba testimonial no fue correctamente valorada e incluso se contradijo con el contenido de la diversa constituida por el peritaje en criminalística emitido por Lilia Meneses Romero, en su carácter de perito oficial de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, es igualmente infundado, ya que como se precisó en líneas anteriores, el juzgador de amparo sí analizó dichos medios de prueba, y de igual forma concluyó que el grado de participación en la comisión del hecho delictuoso, no podía fijarse de manera definitiva al dictar una orden de aprehensión, puesto que ello era materia de la sentencia que oportunamente se dictara, después de la debida valoración de todas y cada una de las pruebas que aportaran las partes.

A mayor abundamiento, esta potestad federal ha sostenido el criterio en el sentido de que tratándose de una orden de aprehensión, las posibles contradicciones que pudiesen existir entre las declaraciones de los testigos de cargo, en todo caso deben ser motivo de examen al resolverse la situación jurídica, y en su caso en la sentencia definitiva, una vez que el inculpado ocurra ante el órgano jurisdiccional que ha ordenado su comparecencia, como se advierte de la tesis aislada publicada en la página número 747, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Novena Época, diciembre de 1999, que a la letra dice: "-De conformidad con el texto vigente del artículo 16 constitucional, para dictar una orden de aprehensión, se requiere que ésta sea precedida de una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, por lo que si de la apreciación de las declaraciones de los testigos de cargo existen posibles contradicciones de los hechos delictivos que se atribuyen, éstas resultan irrelevantes, por estar en presencia de datos suficientes que hacen probable la responsabilidad del inculpado, dado que dichas apreciaciones, en todo caso deben ser motivo de examen al resolverse la situación jurídica y, en su caso, en la sentencia definitiva, una vez que acuda ante el órgano jurisdiccional que está ordenando su comparecencia.".

Sentado lo anterior, resulta indudable que para emitir el mandamiento reclamado en contra de ... y ... fue suficiente el señalamiento efectuado por Hermenegildo Margarito y Julio, ambos de apellidos Falcón Barrales, unido al que efectuaron los ofendidos Fulgencio Alonso Espinoza y su hijo Adán Alonso Aguilar, y por ende, la jurisprudencia que invocaron con el rubro: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.", es inaplicable, máxime que la misma alude a la valoración de la prueba testimonial que efectúa el juzgador, pero al momento de pronunciar la sentencia definitiva, y no al obsequiar una orden de aprehensión.

Finalmente, ... sostuvo, sin admitirlo, que aun aceptando el dicho de los testigos multicitados, resultaría probable responsable del delito de lesiones en agravio de Adán Alonso Aguilar, por lo que el fiscal debió ejercitar acción penal en su contra por ese ilícito, y al no haberlo hecho, se debió negar por parte del Juez natural la orden solicitada, circunstancia que implica violación a sus garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

Indudablemente lo afirmado por el aquí recurrente ... es inexacto, y al efecto, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que a pesar de que el a quo, consideró a ... con el carácter de copartícipe en la comisión del evento delictivo que se ha analizado, con base en lo establecido por la fracción I del artículo 21 del Código de Defensa Social para el Estado, indudablemente que también resulta probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de Alfonso Alonso Aguilar, toda vez que fue evidente que tomó parte en la ejecución del ilícito, en vista de que trasladó en la camioneta de su propiedad a ... hasta el lugar de los hechos, con la intención de que ambos le ocasionaran un daño a los agraviados, como en efecto ocurrió, sin que sea válido establecer en el presente caso, que Adán Alonso Espinoza, le hubiese impedido disparar al forcejear con él, toda vez que sí se obtuvo el resultado que buscaba en unión del citado ... puesto que causaron con su actuación lesiones tanto a Fulgencio Alonso Espinoza, como a su hijo Adán Alonso Aguilar, y privaron de la vida al occiso.

En las condiciones apuntadas, al ser infundados los agravios expresados por los quejosos, lo procedente es confirmar el fallo sujeto a revisión.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 89 y 90 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el fallo sujeto a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos ... y ... en contra de los actos que reclamaron del Juez de Defensa Social, agente del Ministerio Público, y comandante de la Policía Judicial, todos del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, consistentes en la orden de aprehensión dictada por el referido Juez el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en los autos del proceso número 15/99, como probables responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de Alfonso Alonso Aguilar; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a dichos Ministerio Público y comandante.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen, y en su oportunidad archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Carlos Loranca Muñoz, José Manuel Vélez Barajas y Alfonso Gazca Cossío, este último secretario de tribunal en funciones de Magistrado de Circuito, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6584-15b09b96/orden-de-aprehension-la-posible-contradiccion-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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