SOCIEDAD CONYUGAL, NO ES NECESARIA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA, CUANDO EL EMBARGO SE REFIERA A OPERACIONES QUIROGRAFARIAS.
AMPARO EN REVISIÓN 285/97. PEDRO JÁQUEZ RÍOS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los motivos de agravio propuestos por Pedro Jáquez Ríos, atento lo siguiente:
Aduce el inconforme que le causa agravio la sentencia de amparo, por inobservancia de los artículos 184 y 189, fracciones V, VI y VIII, del Código Civil del Estado de Coahuila, y los correlativos del ordenamiento jurídico del Estado de Zacatecas, argumentando, primeramente, que no es de admitirse que quede acreditada la voluntad de los cónyuges respecto a los bienes, porque el juicio tramitado ante la autoridad responsable es en contra de la señora Rita Lozano Martínez, y del acta de matrimonio que exhibió el tercero perjudicado, licenciado José Luis García Arteaga (parte actora del juicio ejecutivo mercantil), se desprende que la contrayente es Ma. Rita Lozano, tratándose de dos personas distintas, siendo inexacta e ilegal la sentencia del a quo.
En segundo término sostiene la recurrente que, suponiendo sin conceder, que la demandada y la contrayente sean las mismas personas, en ningún momento quedó acreditado que los bienes descritos por el actor del juicio natural en escrito presentado ante la autoridad responsable el trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, pertenezcan a la sociedad conyugal que supuestamente existe entre Ma. Rita Lozano y Pedro Jáquez Ríos, porque los bienes embargados y rematados son únicamente propiedad de éste, al no haberse comprobado con prueba alguna que se hubieren adquirido con el producto del trabajo de cada cónyuge y que formen parte de la sociedad conyugal, acorde a las tesis de jurisprudencia que invoca.
Analizadas las constancias de autos, a manera de antecedentes, se desprende que el licenciado José Luis García Arteaga demandó en la vía ejecutiva mercantil a la señora Rita Lozano Martínez, por el pago de la cantidad de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), en concepto de suerte principal e intereses vencidos hasta la terminación del juicio, a razón del 9% mensual, y el pago de gastos y costas que se originen.
Mediante escrito presentado por el mencionado actor el día trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, solicitó al Juez natural se embargara el 50% de siete inmuebles correspondientes a los gananciales de la sociedad conyugal para garantizar las prestaciones reclamadas, acordando dicha autoridad, por auto de diecinueve de febrero del citado año, tener al actor por señalando para embargo el cincuenta por ciento de los gananciales y derechos adquiridos por la demandada en su matrimonio con el señor Pedro Jáquez Ríos de los inmuebles ubicados en la ciudad de Río Grande, Zacatecas, habiendo ordenado girar exhorto al Juez competente de primera instancia, para el efecto de que el jefe del Registro Público de la Propiedad de dicha población inscribiera el embargo en cuestión y, seguido en rebeldía el juicio ejecutivo mercantil por no haber comparecido la demandada Rita Lozano Martínez a contestar ni oponer excepciones, se dictó sentencia definitiva que causó ejecutoria, celebrándose con fecha quince de enero de mil novecientos noventa y siete la diligencia de remate de los bienes reseñados en el acta correspondiente (hojas 38 y 39 del expediente).
Ahora bien, contrario a lo que afirma el recurrente, este órgano de control constitucional estima que la sentencia de amparo se ajusta estrictamente a derecho, toda vez que, respecto al primer motivo de agravio, cabe decir que si bien le asiste la razón al sostener que contrajo matrimonio con la señora Ma. Rita Lozano Martínez, como se desprende del acta de matrimonio existente en autos y la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 75/96, que promovió el licenciado José Luis García Arteaga, se refiere a una persona de nombre Rita Lozano Martínez; sin embargo, en concepto de este tribunal, no puede estimarse que se trate de dos personas distintas, ya que coincide uno de los nombres y los dos apellidos de la demandada y cónyuge de la parte inconforme, máxime que de las copias fotostáticas certificadas por el secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, relativas al juicio de divorcio necesario número 161/94, que promovió Ma. Rita Lozano Martínez en contra de Pedro Jáquez Ríos, que aportó el quejoso recurrente como prueba al juicio de amparo, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aparece que la actora en el juicio de divorcio en mención, Ma. Rita Lozano Martínez, en los escritos de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (hoja 104), de noviembre de mil novecientos y cinco (hoja 34), y de primero de diciembre del mismo año citado (hoja 107), que presentó ante el Juez de primera instancia y de lo familiar, firmó como Rita Lozano M.; por tanto, dicha circunstancia evidencia claramente que la demandada en el juicio ejecutivo mercantil del que se derivan los actos reclamados, y la cónyuge de Pedro Jáquez Ríos, son la misma persona, deviniendo, en tales condiciones, infundado el agravio propuesto.
En relación con el segundo argumento que expresa el recurrente, de igual manera resulta infundado, en virtud de que no se inobservó lo establecido por los artículos 184 y 189, fracciones V, VI y VIII, del Código Civil del Estado de Coahuila que invoca, así como los preceptos correlativos del Código Familiar del Estado de Zacatecas, que en su capítulo sexto regula lo relativo a la sociedad conyugal y no del Código Civil del mismo Estado, que citó el inconforme al inicio de los agravios que, en esencia, se trata de lo que deben contener las capitulaciones matrimoniales que se establezcan en la sociedad conyugal, en su artículo 149, fracción III, incisos c), d) y f), que textualmente dice: "Capítulo sexto. De la sociedad conyugal.-Artículo 149. El régimen de la sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los consortes. La sociedad conyugal se rige por las capitulaciones matrimoniales que la constituyen y por las siguientes disposiciones: ... III. Las capitulaciones matrimoniales que se establezcan en la sociedad conyugal deben contener: ... c) La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, expresando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad. d) La declaración sobre si los bienes que adquieren ambos cónyuges o uno de ellos después de iniciada la sociedad, pertenecerán a ambos en copropiedad, si serán propios de cada uno de ellos o si entrarán a formar parte del patrimonio de la sociedad, así como la manera de probar su adquisición. Si se omite esta declaración, todos los bienes que existan en poder de cualquiera de ellos al concluir la sociedad se presumen gananciales mientras no se pruebe lo contrario. ... f) La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto a otro consorte y en qué proporción.".
Asimismo, los artículos 184 y 189, fracciones V, VI y VIII, del Código Civil del Estado de Coahuila, establecen:
"Artículo 184. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes."
"Artículo 189. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: ... V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes, o solamente de sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge; VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción. ... VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción."
De lo anteriormente transcrito se colige, como se hizo referencia tanto de los preceptos del Código Civil del Estado de Coahuila, como los relativos al Código Familiar del Estado de Zacatecas, que contemplan el capítulo de la sociedad conyugal, no se obtiene de las constancias de autos que la sentencia constitucional recurrida, resulte violatoria en perjuicio del promovente del recurso, por inobservancia de las disposiciones legales de mérito, pues carece de razón al sostener que los bienes inmuebles que fueron embargados y rematados dentro del juicio ejecutivo mercantil que promovió el licenciado José Luis García Arteaga, en contra de su cónyuge Rita Lozano Martínez, sean de su exclusiva propiedad, por el hecho de que de las documentales que acompañó y aportó al juicio de garantías, consistentes en copia certificada y una original de las escrituras relativas a los contratos de compraventa de los inmuebles agregados a hojas 131 a 167, aparezcan únicamente a nombre del inconforme, ya que al haber contraído matrimonio con la demandada bajo el régimen de sociedad conyugal, con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta (hoja 67), los bienes inmuebles adquiridos con fechas: catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y seis; trece de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro (dos escrituras); ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro; seis de febrero de mil novecientos sesenta y siete, y treinta de diciembre de mil novecientos setenta y dos, como correctamente lo señaló el Juez de Distrito, forman parte de la sociedad conyugal, aun cuando no se hayan pactado las capitulaciones matrimoniales en relación con los bienes del matrimonio, ya que la no existencia de dichas capitulaciones no implica que no le corresponda a la cónyuge el cincuenta por cierto de los gananciales con motivo de la sociedad conyugal, cuyo porcentaje del 50% fue el que ordenó el Juez natural se embargara a la demandada del juicio ejecutivo mercantil e inscribiera en el Registro Público de la Propiedad, como se demuestra del acuerdo de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y seis (hoja 21).
Asimismo, tocante al argumento que sostiene el recurrente en el sentido de que debió acreditarse ante la autoridad responsable que los inmuebles se adquirieron con el producto del trabajo de cada cónyuge, acorde a la tesis de jurisprudencia que invoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, al caso cabe decir que si bien tanto el artículo 189, fracción VI, del Código Civil del Estado de Coahuila, como el 149, fracción III, inciso f), del Código Familiar del Estado de Zacatecas, transcritos con anterioridad, se refieren en esencia a lo mismo, esto es, que las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal deben contener la declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde, exclusivamente, al que lo ejecutó, o si se debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción, también lo es que, en la especie, por una parte, no se estipularon capitulaciones matrimoniales y, por otra, el criterio jurisprudencial que cita y transcribe el recurrente en el escrito de expresión de agravios, se refiere a los bienes adquiridos con anterioridad a la sociedad conyugal, no teniendo aplicación al caso planteado en la demanda; además, la ausencia de capitulaciones matrimoniales no trae consigo la inexistencia de la sociedad conyugal, toda vez que este régimen nace cuando así lo pactan los contrayentes en el acto de celebrarse el matrimonio, aunque se omitan o no se hayan concertado las capitulaciones matrimoniales.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 73 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 57, septiembre de 1992, que textualmente dice:
"SOCIEDAD CONYUGAL. NO ES NECESARIA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA, CUANDO EL EMBARGO SE REFIERA A OPERACIONES QUIROGRAFARIAS.-Aun cuando el bien embargado no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal, pero aparece que fue adquirido durante la vigencia del matrimonio, la cónyuge puede reclamar que se le respete su derecho del 50% de dicho bien, porque el embargante sólo adquiere un derecho personal que no puede oponerse frente al derecho real de la cónyuge; y por lo tanto, en este supuesto no tiene aplicación la tesis jurisprudencial No. 1816, visible en la página 2919, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que aparece publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, bajo la voz de: ‘SOCIEDAD CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA. PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO.’; por referirse dicha jurisprudencia al caso en el que el cónyuge a cuyo nombre aparece inscrito el inmueble celebra un contrato con un tercero en relación al bien, y no al supuesto de que el embargo derive de un crédito quirografario."
También es aplicable la jurisprudencia número 370, sustentada por la Tercera Sala del Alto Cuerpo judicial, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 249, que dice:
"SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA CELEBRACIÓN DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES.-Para que exista la sociedad conyugal no es necesario que se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, sino basta con la expresión de que el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal. La falta de capitulaciones matrimoniales no puede ser motivo para que se deje de cumplir la voluntad de las partes, ni para que se considere que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separación de bienes, lo que sería contrario al consentimiento expresado por las partes, quienes quedan obligadas, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley."
Finalmente, tampoco resulta aplicable al caso analizado, la tesis jurisprudencial sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 1996, Tomo IV, página 598, sobre la insuficiencia del acta de matrimonio para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo sobre el bien que asegura forma parte de la sociedad conyugal, en atención a que el contenido de dicho criterio de ninguna manera le beneficia al quejoso recurrente, dado que la parte demandada, Rita Lozano Martínez, no es la que reclama que le pertenezca el 50% de los gananciales de la sociedad conyugal, para estimar que deben aportarse las pruebas conducentes para acreditar que los inmuebles embargados y rematados en el juicio ejecutivo mercantil pertenezcan a la sociedad conyugal; sin embargo, con las pruebas que el propio quejoso inconforme ofreció en el juicio de amparo, consistentes en las documentales sobre adquisiciones de los inmuebles, demostró plenamente que éstos forman parte de la sociedad conyugal.
En mérito de lo anterior, al resultar infundados los agravios invocados por el recurrente Pedro Jáquez Ríos, procede confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 83, fracción IV y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Jáquez Ríos, en contra de los actos que reclamó del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de la ciudad de Torreón, Coahuila, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; publíquese y anótese, con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Elías H. Banda Aguilar, Elías Álvarez Torres y Pablo Camacho Reyes, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17220-d89120a2/sociedad-conyugal-no-es-necesaria-la-inscripcion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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