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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REPOSICIÓN IMPROCEDENTE, NO INTERRUMPE EL TÉRMINO DEL AMPARO AUNQUE SE HAYA SUSTANCIADO Y RESUELTO EL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 3577/99. · Registro digital (IUS): 6457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARLOS CORTÉS ROMERO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, , Pág. 869.

AMPARO EN REVISIÓN 3577/99. CARLOS CORTÉS ROMERO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-No obstante que se transcribieron las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida así como los agravios que en su contra se expresan, no se está en el caso de hacer el estudio correspondiente, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que debe dejarse insubsistente la sentencia del Juez de Distrito y decretar el sobreseimiento en el juicio, atentas las consideraciones que enseguida se exponen.

El acto reclamado de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo hizo consistir el quejoso en el auto de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y proveído, dictado en el toca número 4240/97, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario promovido por Multibanco Mercantil Probursa, Sociedad Anónima, contra Carlos Cortés Romero, que textualmente dice: "A sus autos el escrito de cuenta de la parte apelante en el que interpone el recurso de reposición en contra del auto que deja indicado y que declaró desierto el recurso interpuesto en contra de la sentencia definitiva y no ha lugar a ordenar su sustanciación, toda vez que en contra de la citada resolución que decreta la deserción del recurso no es procedente el recurso interpuesto. Sirve de fundamento la jurisprudencia 1990 comparada 1917-1985 (sic), libro 30 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Mayo Ediciones, foja 934. Notifíquese.".

Sin embargo, este tribunal estima que el auto que realmente causa perjuicio al quejoso fue el proveído que declaró desierto el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia declarándola firme, pues contra esa resolución no procede recurso alguno, como lo estableció la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 10/91, y que dio origen a la tesis de jurisprudencia 3a./J. 4/92, publicada en la página 13, del tomo 52, abril de 1992, de la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECLARA DESIERTA NO PROCEDE RECURSO.-Atendiendo a que el Código de Comercio es un ordenamiento especial que se estima privilegiado, entre cuyos propósitos figura el de la celeridad de los juicios mercantiles, simplificando trámites, limitando o suprimiendo recursos, se concluye que no puede hacerse valer un recurso en contra del auto que declara desierto el recurso de apelación si no está expresamente regulado en la ley para el caso concreto. Por tanto, resulta claro que el recurso de revocación contenido en el artículo 1334 de dicho Código de Comercio, es improcedente para impugnar el auto que declara desierta la apelación, más aún si se toma en cuenta que el legislador no estableció el recurso de denegada apelación ni el de queja, pues su intención fue la de suprimir en el Código de Comercio la procedencia de recurso ordinario alguno contra dicha determinación. En tales condiciones, al no existir recurso ordinario alguno o medio de defensa legal establecido en el Código de Comercio, mediante el cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse el auto que declara desierta la apelación en materia mercantil, y teniendo en cuenta que en los términos de lo establecido por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, la consecuencia de dicha declaración de deserción es la conclusión del juicio mercantil, dejando firme la sentencia recurrida, resulta claro que la vía procedente para impugnarlo es el juicio de amparo directo, de conformidad con lo establecido por los artículos 46, 158, 159, fracción IX y 161 de la Ley de Amparo.".

Por lo tanto, atendiendo a la tesis de jurisprudencia antes transcrita, el auto que declaró desierto el recurso de apelación que interpuso el quejoso tiene efectos definitivos, porque su consecuencia es la conclusión del juicio seguido en su contra, es decir, que sin decidirlo en lo principal, puso fin al mismo, pues contra ese acuerdo no procede recurso alguno por el que pueda ser revocado o modificado. Es por ello que en el caso, se actualiza el supuesto establecido en la fracción V, del artículo 107 constitucional, en relación con el 158 de la Ley de Amparo, en cuanto establecen que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

Además, el artículo 46 de la propia Ley de Amparo, establece que para los efectos del artículo 44 de ese mismo ordenamiento, se entenderán por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas y aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido.

De todo lo anterior, y de lo que disponen los preceptos legales aludidos, se advierte que de la presente demanda debe conocer un Tribunal Colegiado de este circuito, en virtud de que como ya se dejó asentado, el auto que verdaderamente ocasiona perjuicios al quejoso y que se debe tener como acto reclamado, es el proveído que declaró desierto el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia definitiva dictada en el juicio seguido en su contra, pues contra esa resolución no procede recurso alguno por el que pueda ser revocada o modificada.

En esa tesitura y atento al principio de economía procesal, este Tribunal Colegiado considera procedente dejar insubsistente la sentencia recurrida y abocarse al estudio del acto reclamado como amparo directo, en virtud de que cuenta con todas las constancias de autos y elementos necesarios para resolver.

No obsta a lo anterior, que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil de este propio circuito, por resolución de siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el juicio de amparo número DC. 2890/98, se haya declarado legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por el ahora quejoso Carlos Cortés Romero, bajo el argumento de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, porque no resolvió el juicio especial hipotecario en lo principal, y tampoco se trata de una sentencia que haya puesto fin al mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la mencionada ley, sino que se trata de un acto procesal emitido después de concluido el juicio y durante el trámite de un recurso de apelación ante el tribunal de alzada, por lo que su conocimiento correspondía a un Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 fracción III, de la multicitada Ley de Amparo. Este Tribunal Colegiado no comparte el referido criterio del Noveno Colegiado, porque como ya se precisó, el proveído que realmente ocasiona perjuicio al quejoso y que se debe tener como acto reclamado, es el auto que declaró desierto el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia dictada en el juicio seguido en su contra, mismo que por las razones también ya dadas, se trata de una resolución definitiva, que puso fin al juicio.

Sentado lo anterior, debe decirse que este órgano federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, se debe sobreseer en el juicio de garantías.

En efecto, el artículo 73, fracción XII del ordenamiento legal en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. ...".

Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el acto reclamado, consistente en el proveído de siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, fue consentido tácitamente al no haberse promovido la acción constitucional directa, en el término de quince días que señala el artículo 21 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, término que se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

Se advierte de autos que el acuerdo de siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que es el que realmente constituye el acto reclamado, se notificó al ahora quejoso por Boletín Judicial de ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho; por lo tanto, surtió sus efectos el día nueve, por lo que el término de quince días para promover el juicio de amparo directo, empezó a contar el doce del citado mes de enero, por ser el día hábil siguiente, feneciendo el treinta de ese mismo mes de enero, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de enero, por haber sido inhábiles. De modo que si la demanda de amparo se presentó el trece de marzo del propio año de mil novecientos noventa y ocho, según se advierte del sello fechador que obra a fojas cuatro de los autos, es inconcuso que su presentación es extemporánea, ya que transcurrió en exceso el término señalado en el artículo 21 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, del citado ordenamiento legal.

No obsta a lo anterior, que por escrito presentado el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, el ahora peticionario de garantías hubiere interpuesto recurso de reposición en contra del auto que declaró desierto el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia definitiva, pues tal medio de impugnación, como ya se dejó asentado, es notoriamente improcedente, porque contra el auto que declara desierta la apelación no procede recurso alguno y por ello, no interrumpe el término legal para la promoción del juicio de garantías.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia que con el número 448, aparece publicada en la página 298, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENTES.-La interposición de recursos ordinarios improcedentes, no interrumpe el plazo para pedir amparo contra el fallo respecto del cual se hicieron valer aquellos recursos.".

También es aplicable al caso, la tesis de este Tribunal Colegiado, publicada en la página 901, del Tomo VIII, agosto de 1998, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "-Toda vez que contra la resolución que declara desierta la apelación hecha valer en contra de una sentencia definitiva, no procede recurso ordinario alguno, debiendo por ende, combatirse por la vía de amparo directo, y no obstante ello, dicha resolución se impugna mediante el recurso de reposición que admitió, sustanció y resolvió la alzada, por ser improcedente dicho medio ordinario de impugnación, no interrumpe el término legal para el juicio de garantías, puesto que jurídicamente no es posible que el órgano de control constitucional se pronuncie con base en una resolución emitida mediante la sustanciación de un recurso notoriamente improcedente, y sería tanto como convalidar una actuación contraria a las leyes del procedimiento, además de que atento al principio de estricto derecho que rige en materia civil en el juicio constitucional, los interesados deben saber cuáles son los recursos legalmente procedentes.".

En esa tesitura, lo procedente es dejar insubsistente la sentencia recurrida y en su lugar decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de ese mismo ordenamiento legal.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara insubsistente la sentencia recurrida, por carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Cortés Romero, por su propio derecho, contra los actos de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, remítase testimonio de esta resolución al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y también con testimonio de la misma resolución, devuélvanse los autos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos de los señores Magistrados Manuel Ernesto Saloma Vera, presidente, Adolfo Olguín García y Mercedes Rodarte Magdaleno, secretaria en funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6457-74ff7e7b/recurso-de-reposicion-improcedente-no-interrumpe-el-termino · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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