PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1997, POR ESTABLECER MULTAS FIJAS.
AMPARO EN REVISIÓN 660/99. CARLOS ROMERO ARANDA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Debe desecharse el recurso de revisión interpuesto.
En efecto, según se advierte de la transcripción de los actos reclamados, hecha en el primer resultando de esta ejecutoria, la quejosa promovió el presente juicio de amparo contra el artículo 87 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y su aplicación consistente en el acta de infracción con número de folio 423191, de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y ocho, que en original obra a fojas 13 del expediente del juicio de amparo.
Ahora bien, dicho reglamento fue expedido por el presidente de la República el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, siendo, con posterioridad, reformado en su artículo 87, segundo párrafo, por decreto expedido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día veintitrés siguiente y entrando en vigor, de acuerdo con su artículo primero transitorio, el día siguiente al de su publicación, es decir, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
Los preceptos reclamados, en su texto vigente a la fecha de su aplicación, son del tenor literal siguiente:
"Artículo 87. Las sanciones previstas en este reglamento podrán aplicarse cuando al conductor se le sorprenda en flagrancia, sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos que puedan tipificarse debido a las conductas en que incurran los infractores.
"Las infracciones a este reglamento sancionables con multa son las siguientes:
Ver tablas
"El primer párrafo del artículo 87 anteriormente transcrito fue, por tanto, expedido por el presidente de la República y refrendado por el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, los párrafos restantes del referido artículo 87, que son los que establecen los montos de las sanciones que corresponden a las infracciones cometidas, en su texto actualmente en vigor, fueron expedidos por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en virtud de las reformas, entre otros, al artículo 122 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Según se advierte de las consideraciones de la sentencia recurrida que sustentan el otorgamiento del amparo a la quejosa, tal concesión se fundó en que el artículo 87 del reglamento reclamado es violatorio del artículo 22 constitucional al establecer multas en un monto fijo para sancionar las infracciones cometidas, impidiendo así que la autoridad facultada para imponerlas tome en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o no del hecho infractor.
Deriva de lo anterior, que la concesión de la protección constitucional se fundó en la determinación de inconstitucionalidad de la parte del artículo 87 reclamado que establece la tabla de sanciones pecuniarias y que, por tanto, se refiere al segundo párrafo de dicho precepto que fue el reformado mediante el decreto expedido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Consecuentemente, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión porque aun cuando se concedió el amparo al quejoso contra el artículo 87 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, cuyo primer párrafo fue expedido por él, tal concesión se fundó en la inconstitucionalidad de la parte del precepto que no fue expedida por dicha autoridad, sino por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y, por tanto, no puede defender la constitucionalidad de un acto que le es ajeno. En efecto, el artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone:
"Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparo contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso."
Conforme al anterior precepto transcrito, el recurso de revisión debe interponerse por la autoridad responsable directamente afectada por la sentencia y, en amparo contra leyes, por los titulares de los órganos de Estado a quienes les está encomendada su promulgación o quienes los representan, lo que en el caso a estudio significa que no es el presidente de la República la autoridad responsable legitimada para interponer recurso de revisión contra una sentencia que concede el amparo contra un precepto legal por ser inconstitucional un párrafo del mismo cuya promulgación se encuentra encomendada a otra autoridad, a saber, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que, por tanto, no afecta directamente al acto que de él fue reclamado, consistente en el primer párrafo de dicho artículo reglamentario, porque la concesión del amparo en contra del mismo sólo fue en vía de consecuencia.
Resultan aplicables, por analogía, las siguientes tesis de jurisprudencia del Pleno y de la anterior Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen:
"REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.-Tratándose de un amparo contra ley y habiéndose concedido el amparo por el Juez de Distrito por considerarla inconstitucional, las autoridades ejecutoras carecen de legitimidad para interponer el recurso de revisión."
Séptima Época, Apéndice de 1995, Tomo I, página 288.
"REVISIÓN INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD EJECUTORA. INEFICACIA DE LA MISMA CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL ACTO.-Si la revisión se interpone únicamente por la autoridad ejecutora respecto del acto que se reclama de la autoridad que lo ordenó, debe desestimarse, cualesquiera que sean los agravios que invoque, puesto que la única parte que podría expresar agravios sería la autoridad de quien emanó el acto. Y como, en la actualidad, el problema relativo a la inconstitucionalidad de una ley, dejó de ser de la competencia de la Segunda Sala, por corresponder todo lo que con ese problema se refiere al Pleno de este Alto Tribunal, debe precisarse que cuando el presidente de la Corte admite en trámite el recurso de revisión interpuesto por una de las autoridades ejecutoras, únicamente por lo que atañe a los actos de ejecución, desechándolo en relación con el problema de inconstitucionalidad de la ley del acto, por estimar que la recurrente no está legitimada para hacerlo valer, sin que se haya interpuesto el recurso de reclamación en contra de dicho acuerdo, debe tenerse el mismo como firme y, en consecuencia, procede estudiar por la Segunda Sala los agravios respectivos; y si éstos no se enderezan en contra de los actos de ejecución sino que se refieren al problema de inconstitucionalidad de la ley, deben estimarse inoperantes y, por ello, debe confirmarse el otorgamiento del amparo."
Sexta Época, Apéndice de 1995, Tomo I, página 287.
Las anteriores tesis de jurisprudencia transcritas resultan aplicables analógicamente al caso, en cuanto sostienen la falta de legitimidad de una autoridad para defender la constitucionalidad de un acto que no le es propio, como en el caso sucede, pues el otorgamiento del amparo respecto del artículo 87 se fundó en la determinación de inconstitucionalidad de su segundo párrafo, que no es un acto del presidente de la República.
En atención a lo anterior, esta Segunda Sala determina que procede desechar el recurso de revisión que se hizo valer en representación del presidente de la República, por carecer esta autoridad de legitimación para combatir la concesión del amparo porque aun cuando ésta abarca un acto que le es propio, como es el primer párrafo del artículo 87 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, al haberse otorgado el amparo contra este precepto en su integridad, tal concesión se hizo derivar de la inconstitucionalidad atribuida al segundo párrafo de dicho precepto, cuya reforma fue expedida por el jefe de Gobierno del Distrito Federal en virtud de las reformas constitucionales del artículo 122 de la Carta Magna, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, autoridad esta a quien correspondía defender, por tanto, la constitucionalidad del precepto y no al presidente de la República por ser un acto que le es ajeno.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis número 2a. CXLVIII/98, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 439, que dice:
"-Si en la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo se otorga la protección constitucional a la quejosa contra el artículo 87 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en su texto vigente a partir del 24 de diciembre de 1997, por considerarse violatorio del artículo 22 constitucional al establecer multas fijas, el presidente de la República carece de legitimación para interponer recurso de revisión contra dicho fallo porque de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerse por la autoridad directamente afectada por la sentencia y, en amparo contra leyes, por los titulares de los órganos del Estado a quienes les esté encomendada su promulgación o quienes los representen, y el artículo 87 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal fue modificado, en su segundo párrafo, que es el que establece la tabla de sanciones pecuniarias, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal con base en las reformas al artículo 122 constitucional publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, y si bien el presidente de la República expidió con anterioridad el primer párrafo de dicho precepto, que no fue modificado, el amparo respectivo se otorgó sólo en vía de consecuencia."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el presidente de la República contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo 406/98 promovido por Carlos Romero Aranda.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán, y presidente y ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6401-fee1cfd2/presidente-de-la-republica-carece-de-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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