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Modo: Corpus Pro

DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD JUDICIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 161/98. · Registro digital (IUS): 5164
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RAMIRO ORTEGA RAMÍREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, , Pág. 1046.

AMPARO EN REVISIÓN 161/98. RAMIRO ORTEGA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Este tribunal considera parcialmente fundados los agravios esgrimidos por el defensor del quejoso; y con apoyo en el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, suple la deficiencia de los mismos.

En efecto, antes de abordar el examen de los agravios, cabe puntualizar que del análisis de la demanda de garantías se desprende que el quejoso reclamó:

a) Del agente del Ministerio Público Especial de la Zona Sur adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado la detención emitida el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete y ejecutada en esa misma fecha por agentes de la Policía Judicial del Estado.

b) Del Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, el auto dictado con fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete en el proceso 464/97, mediante el cual ratificó la detención de mérito.

c) De la autoridad señalada en el inciso anterior reclamó también el auto de formal prisión pronunciado en su contra con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dictado dentro de la causa penal 464/97.

Ahora bien, como se ha señalado el defensor particular del quejoso Ramiro Ortega Ramírez reclamó del agente del Ministerio Público Especial de la Zona Sur adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado la detención efectuada el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, sin embargo debe tenerse en cuenta que como lo reconoce el propio quejoso, la aludida detención ya fue calificada por el Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, quien la consideró legal.

Por tanto, al haberse hecho la ratificación de la detención por el Juez de la causa, el acto reclamado al agente del Ministerio Púbico Especial de la Zona Sur adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, cesó en sus efectos, pues es obvio que al haberse hecho la calificación de la misma, el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso por una determinación de éste y no de quienes lo detuvieron, cesando por tanto los efectos de la aludida detención.

En esas circunstancias, dado que la detención reclamada al agente del Ministerio Público Especial de la Zona Sur adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado y ejecutada por los agentes de la Policía Judicial, ha cesado en sus efectos; se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo; sin que obste para tal conclusión lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción X del mismo precepto, pues la misma se refiere a actos emanados de un procedimiento judicial cuando en un amparo se plantean violaciones a los artículos 16, 19 o 20 constitucionales, estableciendo que sólo la sentencia de primera instancia hace que se consideren irreparablemente consumadas dichas violaciones, hipótesis que en el caso no se surte porque el acto en cuestión es una detención ordenada por la autoridad administrativa. Tiene aplicación la tesis de este tribunal sostenida al resolver el amparo en revisión 632/97, el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "-Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de quienes lo detuvieron.".

Por consiguiente, como el juicio de garantías es improcedente en lo que se refiere al acto consistente en la detención reclamada, lo debido es sobreseer respecto de la misma con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.

En consecuencia del sobreseimiento decretado, no se abordan los agravios que esgrime el defensor del peticionario de garantías en relación al acto reclamado que se examina.

QUINTO.-Respecto al acto reclamado por el defensor del amparista consistente en el auto de trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, emitido por el Juez Cuarto de Defensa Social de esta capital, mediante el cual ratificó su detención, debe decirse que dicho auto es legal.

Ello es así, porque de las copias certificadas del proceso 464/97, de donde emana el acto reclamado, se desprende que en la fecha indicada el Juez Cuarto de Defensa Social de esta capital en relación a la detención del quejoso dijo lo siguiente: "En estas condiciones este tribunal procede al análisis del capítulo relativo a la detención del inculpado y como lo dispone el párrafo 6o. del artículo 16 de la Constitución General de la República, y el 8o. del mismo ordenamiento legal, en atención a que el día 13 de noviembre del año en curso, se recepcionó la averiguación número 110/996/D. y 019/997/ESP, mediante la cual se ejercitó acción penal persecutoria en contra de Ramiro Ortega Ramírez, como probable responsable en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y secuestro, cometido en agravio de Yuri Téllez Rojas y la sociedad, ilícito previsto y sancionado por los artículos 183 y 302, fracciones I, II, III y IV relacionados con el 21 del Código de Defensa Social. En virtud de lo anterior esta autoridad ratifica de legal la detención del indiciado, decretada por la autoridad ministerial, puesto que de las constancias de la averiguación previa fase ‘A’, consistentes en la declaración de Armando Martín de la Fuente Treviño, se desprende que el ahora indiciado le proporcionó información sobre la situación económica y actividades de la ahora plagiada a fin de que recibiera del secuestro que cometiera materialmente aquél y otras personas una gratificación de parte de Armando Martín de la Fuente Treviño. Por lo que las hipótesis previstas en el artículo 68 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en el Estado, se encuentran debidamente acreditadas con las constancias que tomó en consideración el Ministerio Público investigador toda vez que: 1. El indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo siguiente; 2. Que existe riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y, 3. Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no puede ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión. En la especie los ilícitos por los cuales ejercitó acción penal el representante social, están considerados como graves, y de autos se desprenden indicios suficientes que acreditan los elementos constitutivos de dichos tipos penales, y la probable responsabilidad penal, además de que por la hora el representante social esto es las 3:45 tres horas con cuarenta y cinco minutos del día trece de noviembre del año en curso (1997), acudió a solicitar la orden de aprehensión correspondiente y al encontrarse cerrado el inmueble que ocupan los Juzgados de Defensa Social de los de esta capital, y que existe riesgo fundado de que el indiciado pudiera sustraerse a la acción de la justicia al enterarse de los hechos que se le imputan, por todo lo anterior los requisitos del artículo antes mencionado han quedado debidamente cubiertos ...".

De la anterior transcripción se desprende que el Juez responsable al recibir la consignación respectiva, apreció que en la especie se trata de un caso de urgencia, de un delito grave así calificado por la ley (artículo 69 letra J del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla), y existiendo temor fundado de que el indiciado Ramiro Ortega Ramírez pueda sustraerse de la acción de la justicia. Ahora bien independientemente de que el Ministerio Público haya acudido o no al inmueble que ocupan los Juzgados de Defensa Social para solicitar la orden de aprehensión al Juez en turno, y de que la certificación en la que dicho representante hizo constar que siendo las tres horas con cuarenta y cinco minutos se constituyó al citado inmueble, y que no está firmada por el funcionario que la realizó, lo cierto es que en el caso el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 68 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen tres hipótesis para que el ministerio público decrete la detención del inculpado cuando no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión, que son: a) por razón de la hora; b) por razón del lugar y c) por cualquier otra circunstancia. En el caso independientemente de la hora, lo cierto es que el representante social para decretar la detención tomó en cuenta la hipótesis mencionada en último lugar, esto es que como del estudio de las constancias que integran la averiguación se desprende que el probable responsable quedó enterado de los hechos que se le imputan, que el delito de secuestro es calificado como grave, por lo que evidentemente el inculpado se iba a sustraer de la acción de la justicia. Además debe tenerse en cuenta que aun cuando se hubiese encontrado al Juez en turno de Defensa Social de Puebla, a las tres horas cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, no era fácil de que el Juez dictara la orden de aprehensión en un tiempo breve, pues es indudable que tiene que examinar las constancias y la propia ley concede al Juez diez días para liberar una orden de aprehensión conforme al artículo 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, consecuentemente todas estas circunstancias justifican la detención dictada por el Ministerio Público misma que quedó ratificada por el Juez responsable.

Asimismo, tomó en cuenta las pruebas con las que se acreditó lo anterior, por tanto, es legal la ratificación de la detención del quejoso, pues la misma cumple con lo establecido en el artículo 16 constitucional ya que en ella se señala el nombre del indiciado, el ilícito que se le imputa y se basó en el hecho de que se trata de un caso urgente y de un delito grave así calificado por la ley. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo criterio comparte este cuerpo colegiado, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de mayo de 1996, Tomo III, página 618, que dice: "DETENCIÓN, CALIFICACIÓN DE LA.-La obligación del Juez de la causa para calificar la detención del inculpado que le es puesto a su disposición por el agente del Ministerio Público, deriva de una reforma al artículo 16 de la Constitución General de la República, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el cual entró en vigor al día siguiente que entre otras cosas señala: ‘No podrá liberarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se puedan ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.’. De lo anterior se colige, que el juzgador, al recibir la consignación respectiva debe apreciar si la detención de la persona fue de manera flagrante o dentro de los casos de urgencia que la ley establece y de ser así, tendrá que precisar a qué indiciado o indiciados se refiere, qué ilícito o ilícitos se imputan, en qué consistió la flagrancia, o en su caso, la urgencia, así como las pruebas con las que se acredite lo anterior, para estar en aptitud de ratificar la detención, toda vez que será esta decisión la que restringirá la libertad personal del indiciado hasta en tanto se resuelva su situación jurídica.".

Consecuentemente como se dijo la ratificación de detención es legal, por lo que debe desestimarse por infundado lo aducido por el quejoso en el sentido de que no se acreditó que se tratara de un caso urgente, pues contrario a lo sostenido por el amparista, en la especie sí se demostró tal extremo, pues existía temor fundado de que Ramiro Ortega Ramírez, se sustrajera de la acción de la justicia, habida cuenta que al declarar ante el Ministerio Público se enteró de los hechos delictivos que se le imputan que son secuestro y asociación delictuosa, siendo considerado el primero de ellos como delito grave, en términos del artículo 69, letra J del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se advierte que Ramiro Ortega Ramírez fue presentado por elementos de la Policía Judicial a las dos horas con treinta minutos del día trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en cumplimiento a lo ordenado por el agente del Ministerio Público investigador, en su proveído pronunciado esa misma fecha, declarando ante el representante social quien además dio fe de la integridad física del presentado. Enseguida el agente investigador hizo constar que después de obtener la declaración del presentado Ramiro Ortega Ramírez, se le permite que se retire de la oficina en que se actúa.

Posteriormente el agente del Ministerio Público dicta un acuerdo en el sentido de que toda vez que existen indicios suficientes y que se reúnen exigencias del artículo 68 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, y al estar demostrados los elementos de los tipos penales del secuestro y asociación delictuosa, así como la probable responsabilidad de Ramiro Ortega Ramírez, en la comisión de los mismos, ordena que se desglosen copias certificadas de las constancias para solicitar al Juez de Defensa Social en turno, que libre a la brevedad orden de aprehensión en contra de aquél, como probable responsable en la comisión de los delitos antes citados, previstos y sancionados por los artículos 183 y 302, fracciones I, II, III y IV del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público a las tres horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, hizo constar que se constituyó al inmueble que ocupan los Juzgados de Defensa Social, para solicitar la orden de aprehensión informándole el vigilante que sólo laboran de ocho a quince horas incluso el de guardia, por lo que procedió a ordenar la detención a las cuatro horas con treinta minutos del mencionado trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, misma que ratificó el Juez del conocimiento, la que es legal, pues como se dijo se trata de un caso urgente precisamente por la gravedad del ilícito además de que existía el temor fundado de que se sustrajera de la acción de la justicia porque ya sabía que se le instruía una averiguación previa en su contra por el delito de secuestro previsto por el artículo 302 fracciones I, II y IV del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, que se le imputó y que había sido identificado y señalado por el coprocesado Armando Martín de la Fuente Treviño, por lo que se dieron los supuestos contenidos en el artículo 16 constitucional y 68 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por ende como se indicó resulta apegada a derecho la notificación de la detención ordenada por el agente del Ministerio Público, además de que dicha representación fundó y motivó su determinación.

En cuanto a lo alegado por el peticionario de garantías, en el sentido de que el agente del Ministerio Público aparentó dejarlo en libertad, pues es absurdo que después de rendir una confesión de la naturaleza que emitió, le haya permitido que se retirara de la agencia del Ministerio Público, como si nada hubiera pasado y después lo detienen a las afueras de la procuraduría.

Al respecto debe decirse que existe constancia en autos de que el inconforme fue presentado ante el agente del Ministerio Público en esa calidad, es decir atendiendo a una orden de presentación y no de detención, por lo que legalmente no tuvo ese carácter en ningún momento, hasta que se ejecutara la orden de detención dictada por el Ministerio Público, quien giró oficio al director de la Policía Judicial del Estado para que ordenara a los elementos correspondientes el cumplimiento de dicha orden y el hecho de que se le hizo una comunicación formal de que estaba en libertad y después con motivo de la orden dictada por el Ministerio Público, lo detuvieron a las afueras de la procuraduría, ello no es absurdo como lo dice el recurrente, pues es evidente que antes de que se le decretara la detención, sólo tenía la calidad de presentado, lo que implicaba ponerlo en libertad como lo hizo el Ministerio Público.

Consecuentemente si del resultado de la investigación realizada por la Policía Judicial se desprendían datos que hacían probable la responsabilidad del quejoso en la comisión del delito por el que fue acusado, ello justificaba que el representante social ante la imposibilidad de obtener una orden de aprehensión de inmediato, dada la gravedad del delito que se le imputaba y del riesgo fundado de que éste se sustrajera de la acción de la justicia, se considera justificado que haya emitido la orden de detención misma que como se indicó se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que la serie de argumentos expuestos en su contra por el inconforme resultan infundados.

Cabe agregar que el hecho de que el Juez del conocimiento haya recibido la consignación a las veintidós horas del día trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ello no implica ninguna violación, pues lo cierto es que el Ministerio Público hizo la consignación en menos de las cuarenta y ocho horas a que se refiere el artículo 16 constitucional y 69 bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, término máximo (48 horas) para que un indiciado pueda ser retenido por el Ministerio Público, haciéndose notar que dicha representación social, actuó con la premura y urgencia que el caso ameritaba.

SEXTO.-Por lo que se refiere al tercer acto reclamado marcado con el inciso c), que se hizo consistir en el auto de formal prisión dictado en contra del peticionario de garantías por el Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, en la causa penal 464/97, por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, debe decirse que en relación al primero de los mencionados ilícitos, éste reúne los requisitos que prevé el artículo 19 constitucional que en la parte conducente dice: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de éste.".

En efecto los extremos que señala el precepto constitucional antes transcrito, se encuentran acreditados en el sumario.

En relación al ilícito de secuestro para analizar los elementos configurativos del mismo, es pertinente transcribir el siguiente precepto legal del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla.

"Artículo 302. Se impondrán de dieciocho a cincuenta años de prisión y multa de cien a mil días de salario, cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes: I. Cuando se trate de obtener rescate, o de causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas relacionadas con éste; II. Cuando, al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la detención arbitraria, se haga uso de amenazas graves, de maltrato y de tormento; III. Cuando la detención se haga en camino público o en paraje solitario; IV. Cuando los plagiarios obren en grupo o banda; y..."

Los elementos constitutivos del ilícito en estudio se encuentran acreditados:

Con la denuncia presentada el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete por el padre de la ofendida; con la declaración de Mario Antonio Morales Baqueriza, Alejandro Morales Flores y Armando Martín de la Fuente Treviño, quienes coincidieron en señalar que los tres planearon llevar a cabo el secuestro de Yuri Téllez Rojas el cual verificaron el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuando la agraviada se dirigía a su domicilio al circular sobre la calle Treinta y Cuatro Poniente de esta ciudad, a bordo de su vehículo Volkswagen tipo Golf Cabriolet, subiéndola a una camioneta y después, la llevaron, con los ojos vendados al domicilio del mencionado en último lugar, agregando Armando Martín de la Fuente Treviño, que quien proporcionó los datos acerca de la posibilidad económica del papá de la agraviada es el individuo Ramiro Ortega Ramírez a quien conoce desde hace varios años cuando laboraba en la institución Bancomer, que pidieron como rescate cuatro millones de pesos, cantidad recibida el doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, y de esa suma le dio doscientos mil pesos a Ramiro Ortega Ramírez; aunado a lo anterior se encuentra el dicho de uno de los policías auxiliares de San Felipe Hueyotlipan, quien vio el momento en que tuvo lugar el secuestro; con la declaración de la ofendida Yuri Téllez Rojas; con las diligencias ministeriales en las que el fiscal acompañado de la agraviada Yuri Téllez Rojas se constituyó en el inmueble ubicado en la cerrada El Barrial número uno colonia de San Andrés Cholula, Puebla, lugar en donde permaneció en cautiverio por dieciséis días; con la declaración ministerial de Ramiro Ortega Ramírez, emitida después de que se ejecutó la orden de detención, en la que ratificó la deposición ministerial que emitió en su carácter de presentado, manifestando que contiene la verdad de los hechos y en la que aceptó su participación en el secuestro, dando los informes a Higinio Téllez León, con su primera comparecencia ante el fiscal cuando fue presentado por la Policía Judicial del Estado cuando estaban vigilando el inmueble donde estuvo secuestrada la ofendida.

De los anteriores medios de convicción debidamente entrelazados y confiriéndoles el valor probatorio que establecen los artículos 195, 198, 199, 200 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, ponen de manifiesto que el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete como a las cero horas los activos del delito privaron arbitrariamente de su libertad a Yuri Téllez Rojas cuando se dirigía a su domicilio al circular sobre la calle Treinta y Cuatro Poniente de esta ciudad a bordo de su vehículo, fue interceptada por una camioneta de la cual descendieron dos de los activos del delito, le sacaron violentamente de su vehículo para subirla al que ellos traían y con los ojos vendados la llevaron al inmueble ubicado en la cerrada del Barrial número uno de San Andrés Cholula, Puebla, introduciéndola a una de las recámaras de dicho inmueble y generalmente la tenían adentro de un closet esposada con una mano colgada al tubo que se encuentra en dicho closet, que pidieron como rescate la cantidad inicial de un millón de dólares, y finalmente les dieron a los activos la suma de cuatro millones de pesos, pidieron como rescate cuatro millones de pesos, siendo más de tres los que intervinieron en el delito.

En relación a la probable responsabilidad de Ramiro Ortega Ramírez en la comisión del delito de secuestro, se encuentra acreditada en la causa penal con los medios de prueba antes mencionados, siendo pertinente señalar que para esta etapa procesal no se requieren pruebas indubitables sino sólo datos que la hagan probable, destacando la imputación directa que en su contra formula el coinculpado Armando Martín de la Fuente Treviño en el sentido de que Ramiro Ortega Ramírez le proporcionó el nombre de una persona con liquidez económica en este caso el de Higinio Téllez León para secuestrarlo a fin de que pagaran un rescate dándole datos personales y económicos de esta persona y de su hija Yuri Téllez, que incluso le aconsejó que mejor secuestrara a esta última porque Higinio Téllez León era el de los negocios y así lo hicieron y en una ocasión ya estando la agraviada en el domicilio del declarante fue a verlo Ramiro Ortega Ramírez, quien no entró pero el deponente le comentó que Higinio Téllez León no quería dar el dinero contestando que le insistiera porque tenía mucho dinero, que el dicente le entregó la cantidad de doscientos mil pesos, a Ortega Ramírez por su participación. Deposición que se encuentra corroborada por la propia declaración ministerial de Ramiro Ortega Ramírez quien aceptó haber proporcionado datos a Armando Martín de la Fuente Treviño de Higinio Téllez León a fin de que lo secuestraran, dándole informes personales que sólo conocía el quejoso con motivo del trabajo que desempeñó en Bancomer, sugiriendo mejor secuestrar a la hija de aquél; del monto del rescate recibió la cantidad de doscientos mil pesos. De lo que se sigue que Ramiro Ortega Ramírez admitió su participación en la preparación del delito de secuestro, pues proporcionó los datos de la víctima a Armando Martín de la Fuente Treviño, a sabiendas de que éstos iban a ser utilizados para llevar a cabo el secuestro, siendo autores materiales De la Fuente Treviño y otros. Desprendiéndose de los medios de prueba examinados que existía un lazo de unión entre los delincuentes esto es entre Ramiro Ortega Ramírez y Armando Martín de la Fuente Treviño, dando en el caso su consentimiento el quejoso para la comisión del delito, pues su participación consistió en proporcionar los datos a De la Fuente Treviño para llevar a cabo el secuestro. Desprendiéndose que hubo acuerdo previo entre el quejoso y Armando Martín De la Fuente Treviño, pues sabía que los datos que proporcionaba era para secuestrar a Yuri Téllez Rojas y que le darían dinero del rescate, concluyéndose que el amparista intervino en la preparación del ilícito de secuestro, formando parte de una asociación de más de tres personas organizada para delinquir; lo que se desprende de los medios de convicción examinados y que quedaron reseñados en el considerando que antecede.

En las condiciones apuntadas el auto de formal prisión reclamado reúne los requisitos que establece el artículo 19 constitucional, respecto del delito de secuestro.

Ahora bien como agravio el defensor de Ramiro Ortega Ramírez aduce que en el cuarto considerando de la sentencia impugnada el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla "se atreve a declarar infundados conceptos de violación que en ningún momento se expresaron en mi demanda de garantías, porque en la misma no se entró al fondo del análisis del tipo penal y de la presunta responsabilidad atribuida a mi defendido", que dicho auto sólo fue señalado como acto reclamado por ser consecuencia obvia y directa de las violaciones al procedimiento; que es ilegal que el Juez de Distrito declare infundados conceptos de violación que no existen, pues para que proceda al análisis de dicho auto de término es obvio que debió existir alegación expresa al respecto en vía de conceptos de violación, pero si en el presente caso no se hizo valer ninguno, es evidente que el Juez de Distrito carece por un lado de las facultades legales para adentrarse al estudio de una cuestión no impugnada y planteada en forma expresa, pues de manera absurda declara infundado algo que no existe, lo que le parece una violación a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo; si no se formularon conceptos de violación dirigidos a combatir el auto de término, carece de legitimación el Juez de Distrito para abordar cuestiones no planteadas pues al hacerlo suple la deficiencia pero de la autoridad responsable en perjuicio del quejoso.

Sobre el particular debe decirse que, es cierto que al iniciar el cuarto considerando de la sentencia impugnada, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla literalmente asentó "por otra parte son infundados los conceptos de violación relacionados con el auto de formal prisión impugnado ...". Que el peticionario de garantías en su demanda de amparo señaló entre otros como acto reclamado el auto de término dictado en su contra el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, no esgrimiendo planteamientos que tiendan a controvertir dicho acto, sin embargo el Juez de Distrito a quo estuvo en lo correcto al abordar dicho acto reclamado, toda vez que conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a fijar en forma clara y precisa el acto o actos reclamados y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; expresar los fundamentos legales en que se apoye para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto en los puntos resolutivos en que deben concretizar los actos por los qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5164-d3731353/detencion-practicada-por-autoridades-administrativas-cesacion-de-sus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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