ACTOS RECLAMADOS EN MATERIA AGRARIA. NO DEBEN TENERSE COMO TALES POR EL JUZGADOR CUANDO SEAN FUTUROS E INCIERTOS.
AMPARO EN REVISION 162/96. ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRANO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Los agravios transcritos son jurídicamente ineficaces para revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos que se señalaron como reclamados en la demanda de garantías. Además, por las razones que luego se expondrán, este órgano colegiado no analizará los argumentos que el Juez de Distrito expresó para negar la Protección Constitucional con relación al acto que tuvo por probado durante el dictado de la sentencia recurrida.
En efecto, ante el Juez de Distrito, el ahora quejoso reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, el acuerdo de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual ordenó ejecutar la resolución de seis de junio del citado año, pronunciada en el expediente agrario número 133/15/94. Asimismo, reclamó del citado tribunal y de la actuaria adscrita, María Josefina Jiménez Carrillo, la ejecución que esta última dio a dicho auto el once de diciembre del propio año y las consecuencias de tales actos, consistentes en el desposeimiento de una superficie de 7-00-00 hectáreas, ubicadas en el potrero "Las Alfalfas", cuyas medidas y linderos describió en su libelo de garantías y que fueron materia de controversia en el citado expediente agrario.
Ahora bien, para la mejor compresión del asunto, se estima necesario hacer una relación cronológica de los hechos que aparecen probados tanto en el expediente agrario del que derivan los actos que se señalaron como reclamados, con el que se formó el cuaderno de pruebas relativo, como en el expediente relativo a la contienda constitucional.
a) Por escrito presentado el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, Teodora Luna Hernández, como apoderada de Cleofas Luna Cerna, demandó al ahora quejoso Antonio Rodríguez Zambrano por lo siguiente: "A).- Porque se reconozca en resolución firme que al ejidatario Cleofas Luna Cerna, le corresponde el pleno dominio de la parcela que describiré en los hechos de la demanda y la posesión de la misma. B).- Porque se condene al C. Antonio Rodríguez Zambrano a entregar la posesión material y legal de su parcela al C. Cleofas Luna Cerna, con todos sus usos, costumbres y servidumbres y se le conmine a que en lo futuro se abstenga de ejecutar actos que tiendan a obstaculizar la posesión reconocida al ejidatario, propietario de la parcela." (foja 1 del cuaderno de pruebas).
b) En auto de veintitrés de octubre del citado año, el titular del referido Tribunal Agrario, admitió la demanda como "controversia agraria" (foja 8).
c) En resolución de seis de junio de mil novecientos noventa y cinco, el propio Tribunal Agrario, emitió resolución, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "I.- Es procedente la acción planteada. II.- Es procedente reconocer un mejor derecho a poseer la parcela descrita al C. CLEOFAS LUNA CERNA, de conformidad con lo expuesto en el considerando segundo y tercero de este fallo. III.- Es improcedente reconocer un mejor derecho a poseer la unidad parcelaria controvertida al C. ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRANO, de acuerdo a los términos de los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. IV.- Entréguesele la posesión de la parcela materia de la litis, al C. CLEOFAS LUNA CERNA, de conformidad a lo expresado en el considerando tercero. V.- Apercíbase al C. ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRANO, para que respete la posesión, absteniéndose de realizar actos que la perturben..." (foja 97).
d) Inconforme con dicha resolución, Antonio Rodríguez Zambrano, promovió demanda de amparo directo, en la que señaló a J. Margarito Vargas Radillo como su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo y como domicilio para oír y recibir notificaciones la finca marcada con el número 1144 de la calle Pablo Valdez, Sector Libertad, de esta ciudad (foja 102 del expediente agrario). De dicha demanda conoció este Tribunal Colegiado, el que, por ejecutoria pronunciada el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio de amparo directo 159/95, le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 126 a 166).
e) El veintidós de noviembre del año próximo pasado, el Tribunal Agrario señalado como responsable emitió el acuerdo que como acto reclamado se señaló en la demanda de garantías que dio origen al presente recurso, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "...Téngase por recibido el oficio 3801, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 159/95 promovido por ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRANO, y el expediente agrario 133/15/94, nos solicita le acusemos el recibo correspondiente. De lo anterior se da cuenta a la C. Magistrada quien tiene a bien acordar y acuerda: tómese nota en la libreta que al efecto se tiene, por consiguiente queda firme la sentencia de este tribunal de fecha seis de junio del año en curso, la que ordena entregar la posesión de la parcela en disputa al C. CLEOFAS LUNA CERNA; por consiguiente túrnense los presentes autos a la unidad de actuarios para que la cumplimenten en sus términos..." (foja 167).
f) El acuerdo anterior fue notificado el treinta de noviembre siguiente, en el domicilio que el ahora quejoso señaló para tal efecto en la demanda de garantías a que se hizo referencia en el inciso d) que antecede, mediante instructivo que se dejó en poder de Hermelinda Radillo Villegas, quien dijo ser madre de Margarito Vargas Radillo -autorizado designado por el peticionario de garantías en el juicio de amparo 159/95- (fojas 169 y 170 del juicio agrario).
g) El once de diciembre del citado año, la actuaria del aludido Tribunal Unitario Agrario, licenciada Josefina Ramírez Camarillo, se constituyó en la unidad de dotación materia de la controversia agraria y puso en posesión de la misma a Teodora Luna Hernández, apoderada de Cleofas Luna Cerna, otorgando al aquí quejoso, un plazo de tres meses -que según se asentó en el acta relativa, era "hasta el día veintiocho de febrero del año de mil novecientos noventa y seis"- para efecto de que levantara la cosecha de maíz y avena que tenía sembradas en las superficies en controversia (fojas 173 a 175 del expediente natural).
h) El veintiuno de febrero del año que transcurre, el propio quejoso, promovió, ante el Tribunal Agrario responsable, "INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO T.U.A. 133/15/94, A PARTIR DEL AUTO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995; por inobservancia, en mi perjuicio, de lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 191 de la Ley Agraria." En dicho incidente, el ahora quejoso hizo derivar sus pretensiones, en concreto, en que "a partir del auto de fecha 22 de noviembre de 1995, el suscrito no ha sido notificado en forma personal o en el domicilio señalado para oír notificaciones, del día y hora en que se debería llevar a cabo la diligencia de ejecución de la referida resolución definitiva de fecha 6 de junio de 1995"; que al haberse ejecutado la sentencia sin su conocimiento, no se le dio oportunidad de proponer la forma de ejecución, ni se procuró un avenimiento entre las partes, como lo establecen las fracciones I y II del artículo 191 de la Ley Agraria y que además, la ejecución se llevó a cabo con Teodora Luna Hernández, como apoderada del actor Cleofas Luna Cerna, no obstante que éste falleció el treinta de noviembre del año próximo pasado, es decir con anterioridad a la diligencia de ejecución, por lo que, dijo el poder que otorgó en favor de la mencionada, "quedó nulo de pleno derecho" (fojas 183 y 184).
i) En escrito presentado el veintitrés de febrero del año en curso, el ahora quejoso Antonio Rodríguez Zambrano, promovió la demanda de amparo que dio origen a la resolución que en esta instancia se revisa, en la que señaló como actos reclamados los que quedaron precisados en el segundo párrafo de este considerando (foja 1 del cuaderno de amparo).
j) En auto de veintiocho de febrero del año en curso, el citado Juez Federal desechó la demanda de garantías, aduciendo al respecto que, en el caso se concretaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en razón de que, ante el Tribunal Agrario señalado como responsable, el peticionario de amparo interpuso incidente de nulidad contra el auto de veintidós de noviembre del año próximo pasado, que ordenó la ejecución de la resolución pronunciada en el expediente 133/15/94 y sus consecuencias, -actos estos que, dijo, eran los mismos impugnados en la vía constitucional- mediante el cual, de proceder, podrían ser nulificados los actos reclamados, sin que hasta esa fecha hubiere sido resuelto (fojas 25 y 26 del expediente de amparo).
k) En la misma fecha, el citado Tribunal Agrario, con relación al incidente de nulidad que le fue planteado, proveyó: "... Por recibidos los escritos registrados con números de entrada 446 y 447 signados por ANTONIO RODRIGUEZ ZAMBRANO, parte demandada; el primero, referente a la interposición del incidente de nulidad de actuaciones, aduciendo que no le fue debidamente notificado el auto de fecha veintidós de noviembre de 1995, y que además por haber fallecido el actor en relación a esto, la C. Magistrada dispone que no ha lugar a lo peticionado, toda vez que dicho auto fue oportunamente notificado y además porque este Unitario Agrario está actuando en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 159/95, de no hacerlo así, incurriríamos en las sanciones contempladas por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, 202 y 208 de la Ley de Amparo..." (foja 187).
l) Inconforme con el desechamiento de la demanda de amparo a que se hizo referencia en el inciso j), el ahora quejoso Antonio Rodríguez Zambrano interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que, en resolución de veintiséis de marzo siguiente, pronunciada en el toca de improcedencia 54/96, revocó el auto recurrido. Dicha determinación, en lo conducente dice: "...si bien es cierto que Rodríguez Zambrano intentó un incidente de nulidad en contra de esos actos, también lo es que la autoridad ante quien lo interpuso resolvió al respecto que '...no ha lugar a lo peticionado...', lo cual debe indudablemente entenderse como su desechamiento, de ahí que no se esté tramitando ningún recurso, situación en la que sustentó su actuación el Juez de Distrito.- Luego, resulta sano revocar el auto recurrido, para el efecto de que se provea de nueva cuenta sobre la admisión o rechazo de la demanda, con la sola limitación de no hacer lo último, con apoyo en el motivo aducido en el auto de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis." (foja 45 vuelta del juicio de amparo).
m) Con motivo de lo anterior, en auto de doce de abril del año en curso, el Juez de Distrito admitió la demanda de garantías (foja 47). Seguido el procedimiento, el catorce de junio último, emitió la resolución que por esta vía se recurre (fojas 92 a 98).
Precisado lo anterior, debe señalarse que este órgano colegiado no se ocupará del análisis de los razonamientos que esgrimió el Juez de Distrito, para negar al peticionario de amparo la Protección Constitucional respecto del acto consistente en el auto de veintiocho de febrero del año en curso -inciso k)-, pronunciado por el Tribunal Unitario Agrario responsable, mediante el cual, según señaló el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la resolución a que se hizo referencia en el inciso l) de esta determinación, desechó el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso, ahora recurrente, interpuso ante dicho tribunal, contra los mismos actos que señaló como reclamados en la demanda de garantías, ni de los agravios conducentes, toda vez que se estima incorrecto que el a quo hubiera tenido tal acto como probado durante el dictado de la sentencia que se recurre.
Ello es así, por lo siguiente:
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 3/94, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, sostuvo lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA.- La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja."
La jurisprudencia antes transcrita permite concluir que si la demanda de garantías que dio origen a la resolución que por esta vía se recurre, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, el veintitrés de febrero del año en curso, según se advierte del sello de recepción impreso a foja 4 vuelta del expediente de amparo, en tanto que la determinación que recayó al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el quejoso -inciso k)-, fue emitida por el Tribunal Agrario responsable, el veintiocho de febrero del citado año, es inconcuso que indebidamente el resolutor del amparo, durante el dictado de la sentencia que se revisa, tuvo dicho acto como probado, dado que éste se generó en fecha posterior a la en que se presentó la demanda de garantías.
No se desatiende por este órgano colegiado, que el artículo 225 de la Ley de Amparo, en que se apoyó el Juez de Distrito para tener como probado el acto antes mencionado, establece que en los juicios de garantías en materia agraria, se resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, empero, tal precepto evidentemente se refiere a actos cuya existencia es anterior a la presentación de la demanda de garantías y que con motivo de las pruebas aportadas por las partes aparecen demostrados, pues estimar lo contrario, es decir, que se deban tener por probados actos posteriores a la presentación de la demanda de amparo, provocaría grave inseguridad entre las partes, por las modificaciones de la litis.
Al respecto, se comparte el criterio visible en la página 17, Volumen 157-162, Sexta Parte, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AGRARIO. ACTOS SOBREVENIDOS. NO SE DEBEN INTEGRAR A LA LITIS CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO EN LA MATERIA.- La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la existencia del acto reclamado debe estimarse con relación a la fecha en que se presente la demanda respectiva, pues sería absurdo que la sentencia se ocupe de actos posteriores a los que dieron origen a la queja (cuarta tesis relacionada con la jurisprudencia número 1, visible en la página 2, Octava Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación); de ahí que, no obstante que el artículo 225 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios de garantías en materia agraria se resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal como se haya probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, no por ello se pueden integrar a la litis actos de autoridad posteriores a la fecha de presentación de la demanda, porque de hacerlo así, se provocaría grave inseguridad entre las partes, que quedarían expuestas a constantes modificaciones de la litis, y se prolongarían en términos imprecisos los procedimientos de amparo con grave quebranto de la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal."
Asimismo, es aplicable al caso, por las razones que la informan, la tesis sustentada por este órgano colegiado, publicada en las páginas 46 y 47, del Tomo IV, julio-diciembre de 1989, Octava Epoca, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "- Del examen de los artículos 223, fracción II, y 225, segunda parte, de la ley reglamentaria del amparo, se concluye que la autoridad que conozca de un juicio de amparo en materia agraria sólo podrá, legalmente, tener como reclamados en el juicio, aunque no se hayan señalado en la demanda, si quedaron probados en autos, aquellos actos que en la fecha de la presentación de la demanda ya se hayan producido, o bien aquellos que aunque no se hayan dado, sean de inminente realización como consecuencia de los que ya existían cuando se presentó la demanda de garantías, dado que la fracción II del referido artículo 223, alude a la declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda, o si se han realizado otros similares o distintos de aquéllos, que tengan o pudieran tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso; esto es, el precepto se refiere a actos ya realizados y a sus consecuencias o a sus futuras consecuencias, pero no contempla el caso de actos propiamente futuros e inciertos. Además, las particularidades de la materia agraria no pueden desvincularse de las bases fundamentales que rigen el juicio de garantías, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aclarado cuáles son los actos futuros, precisando que lo son aquellos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pero que no lo son en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego o mediante determinadas condiciones. Cuando se instaura un procedimiento que la autoridad agraria debe resolver oficiosamente, aun en este caso esa resolución tiene el carácter de futura, porque podría no dictarse debido a múltiples circunstancias; pero fundamentalmente porque el sentido de la resolución dependerá de las pruebas que se aporten al procedimiento y de la propia decisión de la autoridad al resolver lo conducente; de manera que si no hay certeza sobre el sentido de la resolución, y únicamente en el caso de que fuera adverso a los intereses jurídicos del quejoso se daría la procedencia del juicio de amparo, es indudable que se trata de un acto futuro."
Sentado lo anterior, ahora se procede al análisis de los motivos de inconformidad expresados con relación al sobreseimiento decretado por el a quo en el punto resolutivo primero de la resolución recurrida, que se rige por el considerando segundo de dicha determinación, mismos que se consideran parcialmente fundados, empero, ineficaces para revocar dicha determinación.
De lo transcrito en el considerando segundo de esta resolución, se pone de manifiesto que el Juez de Distrito, en la sentencia reclamada, sobreseyó en el juicio de garantías, respecto de los actos consistentes en la orden de ejecución de la resolución pronunciada en el juicio agrario 133/15/94, contenida en el auto de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y la ejecución de dicha orden, aduciendo al respecto, que el acuerdo reclamado fue debidamente notificado al quejoso Antonio Rodríguez Zambrano "por conducto de su autorizado licenciado Margarito Vargas Radillo", el treinta de noviembre del año próximo pasado, según constancias agregadas a fojas 167 a 170. Que de lo anterior, se concluía que el quejoso tuvo conocimiento del acto combatido desde el citado día treinta de noviembre y que como en el caso, la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de febrero del año en curso, era obvio que el término de treinta días que para interponer el juicio de garantías establece el artículo 218 de la Ley de Amparo, concluyó el quince de enero último, por lo que la presentación del libelo constitucional resultaba extemporáneo, de ahí que, dijo, se concretaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo y ello daba lugar a sobreseer con apoyo además en la fracción III del artículo 74 del ordenamiento legal invocado.
Con relación a lo anterior, el inconforme, expresó como agravios lo siguiente: "Pues bien, desde que comparecí ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, con el propósito de dar contestación a la demanda agraria 133/15/94, designé como mi único asesor al LIC. GABRIEL GUILLERMO ZERMEÑO MARQUEZ, sin que hasta la fecha se le haya removido de su nombramiento; todo esto lo sabe el Juez Federal pues analizó las actuaciones del citado expediente 133/15/94. Es verdad que en el amparo directo número 159/95 que promoví ante el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia Administrativa designé como mi autorizado para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, al LIC. J. MARGARITO VARGAS RADILLO; pero, como es obvio, la función de ese profesionista terminó en el momento en que se dictó sentencia ejecutoriada sobre la acción constitucional intentada, que por cierto fue el día 31 de octubre de 1995.- Así las cosas, si por equivocación el Tribunal Agrario notificó, por error, el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 1995 al LIC. J. MARGARITO VARGAS RADILLO, cuando debió ser al LIC. GABRIEL GUILLERMO ZERMEÑO MARQUEZ, entonces es falso que haya una evidente causal de improcedencia porque 'el quejoso tuvo conocimiento del acto combatido.'"
Asiste la razón a la parte quejosa, pues contrario a lo estimado por el a quo, en el caso no se concreta la causal de improcedencia en que fundó el sobreseimiento que se revisa.
Lo anterior es así, por lo siguiente:
En el punto "VI" de su demanda de garantías, el ahora quejoso, asentó: "FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: 13 de febrero de 1996." (foja 1 del expediente de amparo).
Asimismo, en los puntos 2 y 3, del capítulo de "HECHOS" de dicho libelo constitucional, señaló: "2.- Como se desprende de lo actuado en el expediente 133/15/94, el suscrito no ha sido notificado, en forma personal o en el domicilio señalado para recibir notificaciones, del día y hora en que se debe de llevar a cabo la diligencia de ejecución de la multicitada resolución definitiva de fecha 6 de junio de 1995.- 3.- El día 13 de febrero de 1996 me enteré que con fecha 22 de noviembre de 1995, el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 15 dictó un acuerdo mediante el cual ordena entregar la posesión de la parcela descrita en autos del expediente 133/15/94 a favor del actor CLEOFAS LUNA CERNA.- También ese día, 13 de febrero de 1996, me enteré que la ejecución de la resolución dictada en autos del expediente 133/15/94, tuvo verificativo a las 11:00 horas del día 11 de diciembre de 1995, por conducto de la LIC. MARIA JOSEFINA JIMENEZ CARRILLO, en su carácter de actuario ejecutor del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15..." (foja 2 del juicio de amparo).
Luego, de lo precisado en el inciso h), de esta determinación, se desprende que el ahora quejoso, el veintiuno de febrero del año que transcurre, promovió, ante el Tribunal Unitario Agrario señalado como responsable "INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO T.U.A. 133/15/94, A PARTIR DEL AUTO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995", en el que, entre otras cosas, adujo que el auto de veintidós de noviembre del año próximo pasado, que es precisamente el reclamado en la vía constitucional, no le fue notificado.
Lo anterior permite establecer que fue incorrecta la determinación del a quo de sobreseer en el juicio de amparo con relación a los actos que se señalaron como reclamados en la demanda de garantías, pues si en su demanda de garantías el ahora quejoso expresó que tuvo conocimiento del acuerdo reclamado el trece de febrero del año en curso y que dicho auto no le fue notificado e incluso este último señalamiento también lo hizo en el incidente de nulidad de actuaciones que ante el Tribunal Agrario señalado como responsable interpuso, es evidente que al haberse cuestionado la legalidad de la notificación practicada al quejoso, el Juez de Distrito, para efectos del cómputo de la presentación de la demanda de garantías, no podía basarse en ella para establecer que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados en la fecha en que se practicó, máxime que, como ya se dijo en párrafos precedentes, la resolución que recayó al citado incidente de nulidad de actuaciones en el que se cuestionó, entre otras cosas, dicha notificación, no puede ser analizada en esta instancia constitucional. Consecuentemente, si el conocimiento de los actos reclamados en el juicio de amparo, para efecto del cómputo de la interposición de la demanda de garantías, debe constar probado de modo directo, es evidente que, por resultar dudoso ese aspecto, no se puede estimar actualizada la causal de improcedencia a que aludió el a quo.
En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia número 5, publicada en lapágina 6, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del texto: "ACTO RECLAMADO. CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones."
También, al respecto, se comparte, por analogía, la tesis XVIII. J/7, visible en la página 59, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 66, correspondiente al mes de junio de 1993, Octava Epoca, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA SU EXTEMPORANEIDAD, SI SE RECHAZA LA NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO.- Como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de la demanda de garantías sólo es procedente si se advierte de manera clara y evidente, de su sola lectura o de los documentos que se exhiban, sin necesidad de ulterior comprobación, la existencia de alguna causal de improcedencia y si se tiene la plena certidumbre y convicción de que opera en el caso concreto de un modo tal que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el juicio, no habría manera de llegar a una convicción distinta; no es posible desechar una demanda de amparo por estimarla extemporánea con apoyo en la fecha de notificación del acto reclamado, si no se practicó personalmente con el quejoso y éste manifiesta que tomó conocimiento de él en fecha distinta, pues ante estos hechos, es evidente que la causal de improcedencia de que se trata no es manifiesta e indudable, en razón de que para determinar la oportunidad de la demanda, ante el rechazo de la notificación, es necesario analizar su validez y para ello son insuficientes la demanda de amparo y los documentos que se exhiban con la misma."
No obstante lo anterior, no se está en el caso de proceder al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que este órgano colegiado, de oficio, advierte que, en el caso, se concreta una causal de improcedencia diversa a la estimada por el Juez de Distrito, que da lugar a confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo, aunque por otra razón.
El artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "Art. 73. El juicio de amparo es improcedente: ...XVII. Cuando, subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo."
En el caso, como ya quedó precisado, el quejoso reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, el acuerdo de veintidós de noviembre del año próximo pasado, pronunciado en el expediente agrario 133/15/94, en el que, según quedó evidenciado en el inciso e), se ordenó ejecutar la sentencia dictada por dicho tribunal, el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco, que determinó entregar la posesión de la parcela materia de la litis al actor Cleofas Luna Cerna y apercibir al ahora quejoso Antonio Rodríguez Zambrano para que respete dicha posesión, así como la diligencia que en cumplimiento a dicho proveído se llevó a cabo el once de diciembre del propio año, por la actuaria de dicho tribunal y las consecuencias de ello, que se traducen en el desposeimiento de la superficie de aproximadamente siete hectáreas que fueron materia de la controversia agraria relativa.
De lo reseñado en el inciso g), se pone de manifiesto que la ejecución del acuerdo reclamado, se llevó a cabo el once de diciembre del propio año y, que en dicho acto, la actuaria responsable, otorgó al quejoso un plazo de tres meses, que según se asentó en el acta relativa, vencía el veintiocho de febrero del año en curso, para que levantara la cosecha de maíz y avena que tenía sembradas en la superficie en controversia.
Como en el caso, el plazo de tres meses que se otorgó al quejoso en la diligencia de ejecución del acuerdo reclamado, para que entregara la posesión de la parcela controvertida, ya feneció, debe estimarse que aun cuando los actos reclamados, consistentes en el proveído de referencia y su ejecución, siguen subsistiendo, ya no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia, pues si el objeto de los actos reclamados era la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio agrario, en la que se condenó al peticionario de garantías a entregar la posesión de la parcela en controversia al actor Cleofas Luna Cerna, misma que, con motivo de la ejecutoria pronunciada por este órgano colegiado en el juicio de amparo directo 159/95, en la que se negó al quejoso la Protección Constitucional, quedó firme y en la ejecución relativa, se otorgó al peticionario de amparo el citado término de tres meses para que desocupara la unidad de dotación materia de la litis, el cual a la fecha ya transcurrió con exceso, es evidente que la sentencia que en este juicio de amparo llegare a dictarse en cuanto al fondo, aun cuando fuere favorable al quejoso, no podría retrotraerse en sus efectos a la fecha en q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4049-0cf93aa3/actos-reclamados-en-materia-agraria-no-deben-tenerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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