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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DIFERIMIENTO POR FALTA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS AUTORIDADES. DEBE SOLICITARSE POR PARTE INTERESADA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 292/97. · Registro digital (IUS): 4873
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARIO RAMOS GÓMEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 352.

AMPARO EN REVISIÓN 292/97. MARIO RAMOS GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Por razón de método procede analizar en primer término la violación procesal que aduce el recurrente, y que hace consistir en la negativa del Juez de Distrito de diferir la audiencia constitucional respectiva, no obstante que la quejosa realizó la petición a efecto de que las responsables remitieran la documentación que les solicitó y que, en su concepto, resulta necesaria para acreditar la existencia de los actos de aplicación de la ley impugnada.

Este argumento de agravio es infundado, porque contrariamente a lo afirmado por el recurrente en este sentido, del análisis de las constancias que obran agregadas a los autos constitucionales de primera instancia, se advierte que el quejoso no solicitó oportunamente al Juez Federal el diferimiento de la audiencia constitucional, misma que fue celebrada el trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis; por lo que, el a quo no incurrió en transgresión al artículo 152, de la Ley de Amparo, ya que la violación procesal que se le atribuye resulta jurídicamente inexistente, dado que la solicitud de diferimiento la formuló con posterioridad a la celebración de la referida audiencia.

En efecto, si bien el artículo 152, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, prevén la facultad al juzgador de diferir la audiencia constitucional cuando la parte interesada le solicite que requiera a las responsables la remisión al juicio constitucional, de las pruebas o documentos que le hubiese solicitado con oportunidad y que no le han sido expedidos; para que proceda este diferimiento, es necesario que exista la petición expresa y oportuna y se acredite además que, efectivamente, se les solicitó a las responsables diversa documentación con la oportunidad necesaria para que éstas estén en posibilidad de exhibirla.

Sin embargo, si no existe petición expresa de la parte interesada, previa a la celebración de la audiencia o durante su celebración, el Juez de Distrito no está obligado a diferirla en los términos que precisa el referido artículo 152, de la Ley de Amparo, como sucede en el caso concreto, porque este precepto no establece esta facultad oficiosamente.

Al efecto, dicho precepto dispone:

"Artículo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Al interesado que informe al Juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán pedirse originales, a instancias de cualquiera de las partes."

Del análisis de la transcripción anterior se corrobora que el diferimiento de la audiencia constitucional para el efecto de que las responsables sean requeridas de la documentación que les solicitó la parte interesada, necesariamente procede a petición de la solicitante, no obstante que la documentación solicitada se relacione con los actos que expresamente fueron negados por las responsables al rendir sus respectivos informes con justificación, pues se trata de una facultad distinta de aquella que le ha sido conferida al Juez Federal en el artículo 78, de la ley de la materia.

Efectivamente, el artículo 78, de la Ley de Amparo, establece la facultad potestativa al juzgador de amparo, de recabar oficiosamente aquellas pruebas que rendidas ante las responsables resultan necesarias para la resolución del juicio, pero esta facultad oficiosa se refiere a un supuesto distinto del que contempla el artículo 152, de la propia ley, ya que esta facultad oficiosa no comprende el diferimiento de la audiencia constitucional sino sólo la facultad de recabación de pruebas dentro del procedimiento de garantías, que no requiere petición de la parte interesada.

Luego, si para que proceda el diferimiento de la audiencia constitucional, sin que se esté dentro del supuesto que prevé el artículo 78, de la Ley de Amparo, es menester que exista la petición expresa de la parte interesada, no puede atribuirse al Juez de amparo el que haya incurrido en inobservancia de lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, cuando no existe esa petición, pues de las constancias de autos se acredita que fue formulada después de celebrada la audiencia constitucional, razón por la cual sólo obran agregadas al expediente sin que hayan sido consideradas por el a quo.

Sirven de apoyo a esta consideración las tesis, cuyo texto es:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EL DIFERIMIENTO DE LA, DEBE SOLICITARSE POR EL QUEJOSO, EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO.-El artículo 152, de la Ley de Amparo sólo obliga a los Jueces de Distrito a diferir la audiencia constitucional cuando la parte interesada solicite se requiera a determinada autoridad para que expida con toda oportunidad los documentos o copias que le hayan sido solicitados, pero no los obliga a transferir de oficio la audiencia constitucional, con el fin de dar oportunidad a las autoridades de expedir a las partes los documentos o copias de referencia. Por el contrario, el citado precepto deja siempre a cargo del interesado solicitar la diferición de la audiencia y a criterio del juzgador conceder tal petición, por lo que, si la quejosa no solicita el diferimiento la celebración de la audiencia constitucional, no le produce agravio alguno."; visible en la página 17, Tomo 45, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación.

"-Cuando los funcionarios o autoridades sean omisos en expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ofrecerlas como pruebas en un juicio constitucional, sólo a solicitud de éstas el Juez Federal, con fundamento en el artículo 152, de la Ley de Amparo, requerirá a las autoridades respectivas para que con la debida oportunidad expidan las copias o documentos que se les hubieren solicitado, pues son las partes a las que corresponde allegar al juicio los elementos de convicción que pretenden ofrecer y no al a quo, quien únicamente podrá hacerlo de oficio cuando se trate de personas favorecidas por la suplencia de la quejosa."; visible en la pág. 30, Tomo 127-132-Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación.

Consecuentemente, la violación procesal que alega el recurrente consistente en la negativa del diferimiento de la audiencia constitucional carece de sustento legal alguno, ante la inexistencia de la petición correspondiente en el momento procesal oportuno, de ahí, el que este argumento de agravio sea infundado.

Ahora bien, analizada la violación procesal aducida, y procediendo al estudio de los agravios restantes, tendientes a combatir el sobreseimiento decretado, éstos resultan infundados.

En esencia, el recurrente alega lo siguiente:

a) Que el juzgador no analizó el acto reclamado tal y como le fue planteado en la demanda.

b) Que no analizó los conceptos de violación en relación a los actos reclamados cuya existencia él mismo reconoce en la sentencia recurrida.

c) Que no obstante que la totalidad de las responsables admitieron la existencia de los actos reclamados, en parte, pues niegan que la ley que se impugna sea autoaplicativa, ésta sí reviste este carácter, como se demuestra con los conceptos de violación formulados en la demanda respectiva, pues con ellos se demuestra que la Ley del Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, sí causa perjuicio a la quejosa y acreditan la inconstitucionalidad de dicha ley.

d) El Juez Federal está obligado a analizar el fondo del asunto, aun cuando tenga obligación de analizar, de oficio, las causales de improcedencia, mismas que deberán advertirse de forma manifiesta.

e) Si bien no todas las leyes autoaplicativas tienen su mismo origen y estudio, porque faltan de regular aspectos diferentes, la autoridad jurisdiccional se obliga a analizar todos aquellos fundamentos y razonamientos que aduzca el gobernado para no crearle estado de inseguridad o indefensión, pues aun cuando es cierto que la ley puede combatirse en el momento de su aplicación en perjuicio del gobernado, en el caso concreto, ya se está en presencia de actos consumados, porque la ley impugnada ya se aplicó, de ahí, el que se combata su inconstitucionalidad como autoaplicativa.

f) El informe que rindió el secretario general de Gobierno en nombre del gobernador del Estado de San Luis Potosí, es inexacto, ya que debe de atenderse a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, porque las autoridades responsables no podrán hacerse representar en el juicio de garantías, debiendo rendir sus informes con justificación por sí mismos y no en "representación", según se advierte de la tesis bajo el rubro de: "INFORMES EN EL AMPARO DE LOS JEFES DE UNA OFICINA A NOMBRE DE SUS SUBORDINADOS, VALOR DE LOS.".

Los argumentos de agravio precisados con los incisos b) y d), se analizan conjuntamente dada su relación.

Estos argumentos son infundados.

Si bien el Juez Federal está obligado a analizar los conceptos de violación en la demanda de amparo correspondiente, esta obligación formal desaparece cuando se actualiza en el juicio de garantías una causal de improcedencia o sobreseimiento, pues éstas impiden el estudio de fondo del asunto y, por ende, el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley reclamada.

En efecto, toda vez que el decretamiento del sobreseimiento en el juicio constitucional, obstaculiza o imposibilita jurídicamente al juzgador pronunciarse respecto de la legalidad o constitucionalidad de los actos impugnados, porque las causales de improcedencia o de sobreseimiento contemplan hipótesis o supuestos tanto procesales como de forma y de fondo, que requieren de haberse satisfecho previamente a la promoción del juicio o durante la tramitación del mismo, y que por ser de orden público, su estudio es preferente a cualquier aspecto de fondo del asunto, esto es, al examen de los conceptos de violación expresados en el escrito de demanda respectiva, lo que significa, que al actualizarse alguna de ellas, se imposibilita el pronunciamiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos combatidos.

Por ello, si el sobreseimiento decretado en el juicio, por actualizarse una causal de improcedencia o de sobreseimiento, implica el obstáculo jurídico para que el juzgador analice cuestiones de fondo, la omisión de estudio de los conceptos de violación respectivos, ante este supuesto, no constituye violación de carácter formal dentro del juicio constitucional, pues se justifica esta omisión ante el sobreseimiento del juicio.

Sirven de apoyo a esta consideración, las tesis de jurisprudencia visibles en las páginas 335, 707 y 708, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dicen:

"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."

"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado."

"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por lo actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."

Por ende, si bien el Juez de Distrito tuvo por ciertos los actos reclamados a diversas autoridades, ello no significa que estaba obligado a analizar los conceptos de violación relativos, y que, por ello, no podía decretar el sobreseimiento en el juicio, toda vez que, el reconocimiento de la existencia de los actos reclamados, permite determinar y precisar, específicamente dentro del juicio, su acreditamiento jurídico, pero no impide al juzgador el que analice las causales de improcedencia o sobreseimiento a que está obligado oficiosa y previamente al estudio de los conceptos de violación tendientes a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto o actos controvertidos.

En esta tesitura y, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, si en el juicio constitucional se actualiza una causal de improcedencia o de sobreseimiento, no está obligado el juzgador a examinar los conceptos de violación respectivos y, consecuentemente, la inconstitucionalidad de la ley impugnada.

Por otra parte, la existencia de los actos reclamados, no puede acreditar la inconstitucionalidad de los mismos, no obstante que se hayan formulado los conceptos de violación que tiendan a demostrarlo, porque para ello se requiere del análisis en sí mismo de la norma reclamada o acto de aplicación concreto, en relación con las disposiciones que tutelan los derechos que se estiman transgredidos.

La formulación de los conceptos de violación, satisface sólo un requisito formal que exige el artículo 116, de la Ley de Amparo, sin que constituya un medio probatorio de los que prevé la ley de la materia, sino únicamente la oportunidad al quejoso de que manifieste los razonamientos de su dicho, o sea, el porqué considera que la emisión del acto impugnado transgrede en su perjuicio derechos que le tutela la Constitución.

Sirven de apoyo a esta consideración las tesis de jurisprudencia números 10 y 11, publicadas en las páginas nueve y diez, Tomo VI, Materia Común del Apéndice de jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, que precisan:

"ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.-El hecho de que un Juez de Distrito declare probado el acto reclamado no quiere decir que haya conocido ni aceptado, al hacer tal apreciación, la existencia de las violaciones alegadas por la parte quejosa en el juicio, ya que tal declaración sólo se refiere a precisar que se tiene por cierta la existencia de los hechos expuestos en la demanda."

"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.-Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos."

Los argumentos de agravio precisados en los incisos a), c) y f), son igualmente infundados.

De la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez Federal sí analizó el acto reclamado tal y como le fue planteado, pues decretó el sobreseimiento al considerar que la Ley del Transporte Público del Estado de San Luis, no reviste carácter autoaplicativo, porque desde su entrada en vigor no le causa agravio alguno, sino que requiere de un acto de aplicación, para que genere el perjuicio.

Luego, si el quejoso reclamó la ley como autoaplicativa y el juzgador estudió la naturaleza de la misma, es obvio que sí analizó la ley en los términos en que fue reclamada, pues el que se haya impugnado con ese carácter no significa que necesariamente el Juez de Distrito la considere como tal, ya que corresponde a éste atender a lo dispuesto por lo previsto en sus normas, y determinar si se trata de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa.

Por tanto, no basta la afirmación del quejoso de que la ley que se combate es autoaplicativa, para que el Juez Federal la considere con ese carácter y deba analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, puesto que, corresponde al juzgador analizar las normas que la contienen y determinar si se trata de un ordenamiento que por su sola entrada en vigor causa perjuicio al gobernado, o necesariamente requiere de la realización de actos que actualizan los supuestos normativos que contiene para que depare el agravio.

En consecuencia, si de las consideraciones respectivas de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito analizó la naturaleza de la ley reclamada, para determinar si se trataba de un ordenamiento autoaplicativo o heteroaplicativo, no le asiste la razón al recurrente al precisar que la ley reclamada no se estudió en los términos en que fue planteada; pues precisamente al estudiarse la naturaleza de la misma, se permitió la actualización de la causal de improcedencia que rige el sobreseimiento recurrido.

Tampoco le asiste la razón al recurrente en cuanto afirma que la ley reclamada sí reviste carácter autoaplicativo porque a partir de su entrada en vigor le causa perjuicio, pues tal y como lo estimó el Juez de Distrito, la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis, es un ordenamiento de carácter heteroaplicativo.

Para determinar la naturaleza de la ley reclamada, es menester analizar el contenido de sus normas, las que son del tenor siguiente:

"LEY DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO.

"Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen como objetivo, regular la prestación del servicio de transporte público en el Estado y establecer las bases para la protección y la seguridad de la población en la materia.

"Artículo 2o. La prestación del servicio público de transporte corresponde al Estado, quien podrá prestarlo por sí mismo o concesionarlo mediante concurso a personas físicas y morales, de conformidad con lo establecido por la presente ley.

"Artículo 3o. El titular del Ejecutivo del Estado está facultado para emitir el Programa Estatal de Transporte, en donde se especificarán los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción en materia de transporte público. En el propio programa se establecerán los sistemas integrales de rutas de transporte colectivo de carácter municipal, intermunicipal y estatal, entendiéndose por éstos la definición de itinerarios que concreten un mejor servicio, atendiendo el origen y destino de los usuarios y coadyuven a una mejor rentabilidad del servicio de transporte urbano de pasajeros, así como a dar fluidez al tránsito en el área que involucren los sistemas y a disminuir la contaminación ambiental.

"Los sistemas a que se refiere el párrafo precedente serán operados por el Estado, a través de los organismos específicos que al efecto se constituyan o mediante concesión otorgada a terceros.

"Artículo 4o. El titular del Ejecutivo del Estado, por sí o a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, podrá establecer modalidades de uso de las concesiones y permisos del transporte público, fijando los itinerarios, tarifas, horarios, frecuencia, sitios, terminales, tipos de vehículos, desplazamiento de enlaces enrolamientos, funciones y escisiones o cualquier otra especificación del servicio, atendiendo al interés público.

"Artículo 5o. Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, el titular del Ejecutivo del Estado, dictará las disposiciones que considere necesarias para prestar el servicio y resguardar la seguridad de la población en materia de transporte.

"Artículo 6o. Para los efectos de la presente ley, se entiende por servicio público de transporte de personas, equipajes y cosas en que se efectúa por medio de vehículos autorizados que cubren itinerarios determinados por la propia autoridad en las calles y caminos de jurisdicción estatal y que se preste directamente a la población por el Ejecutivo o por personas físicas o morales a las que éste otorgue concesiones o permisos para tal efecto, mediante el pago de una retribución en numerario.

"Artículo 7o. El Ejecutivo del Estado deberá llevar a cabo y coordinar, en los términos de esta ley, programas de información, orientación y asesoría a transportistas, permisionarios, concesionarios y usuarios del transporte público, en relación con el servicio del transporte, así como sobre los derechos y obligaciones de unos y otros; así mismo, llevará a cabo campañas de orientación y de concientización a usuarios y prestadores del servicio para la prevención de accidentes.

"TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES.

CAPÍTULO ÚNICO.

"Artículo 8o. Son autoridades en materia de transporte:

"I. El titular del Ejecutivo del Estado;

"II. El secretario general de Gobierno;

"III. El secretario de Obras y Servicios Públicos; y

"IV. El director general de Comunicaciones y Transportes.

"Artículo 9o. Compete al titular del Ejecutivo del Estado:

"I. Definir la política y los programas en materia de transporte;

"II. Emitir el Programa Estatal de Transporte;

"III. Otorgar, cancelar, modificar, suspender o declarar la nulidad de las concesiones o permisos para la prestación del servicio público de transporte, en cualquiera de sus modalidades;

"IV. Otorgar los permisos temporales y emergentes, de prestación del servicio público de transporte;

"V. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, las entidades federativas y Municipios, así como con los sectores social y privado para la mejor prestación de los servicios de transporte en el Estado;

"VI. Convocar a concurso para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades; y

"VII. Las demás atribuciones que le otorga la ley.

"Artículo 10. Es atribución del secretario general de Gobierno observar que se cumplan los acuerdos y disposiciones que de conformidad con la presente ley, dicte el titular del Ejecutivo en materia de transporte.

"Artículo 11. Compete al secretario de Obras y Servicio Públicos:

"I. Aplicar la política general sobre materia de transporte urbano;

"II. Formular el proyecto del Programa Estatal de Transporte;

"III. Participar en la celebración de convenios en materia de transporte público con los Gobiernos Federal y Municipal así como con el sector social y privado;

"IV. Emitir opinión técnica, previa al otorgamiento de concesiones que realice el titular del Ejecutivo;

"V. Autorizar, con acuerdo del titular del Ejecutivo, las tarifas, rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia, terminales, paraderos y todo aquello relacionado con la operación eficiente del servicio de transporte público en las vías de comunicación de jurisdicción estatal.

"VI. Coordinar los servicios de transporte público de jurisdicción municipal, intermunicipal y estatal y proponer las modalidades que se estimen convenientes;

"VII. Tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión del servicio de transporte público y aplicar las sanciones que le competan de conformidad con lo establecido por la presente ley;

"VIII. Presentar las denuncias y querellas ante el Ministerio Público en los casos en que proceda, respecto a la materia;

"IX. Organizar los servicios emergentes de transporte público, cuando las circunstancias lo ameriten;

"X. Tramitar por sí o a través de la Dirección General de Comunicaciones y Transportes, lo referente al otorgamiento, cancelación, nulidad, suspensión, refrendo o modificación de las concesiones o permisos otorgados por el Ejecutivo;

"XI. Autorizar los convenios que los concesionarios celebren entre sí, fijando las bases para la unión, combinación y enlace entre los distintos medios de transporte;

"XII. Revisar el proyecto de las actas constitutivas de sociedades de transportistas para la prestación del servicio público de transporte, así como las modificaciones a las mismas.

"XIII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte; y

"XIV. Imponer las sanciones que le competan de conformidad con el artículo 84, de la presente ley.

"Artículo 12. Al director general de Comunicaciones y Transportes, le compete:

"I. Participar en la aplicación política y de los programas en materia de transporte;

"II. Coadyuvar con el secretario de Obras y Servicios Públicos, en la formulación del proyecto del Programa Estatal de Transporte;

"III. Proporcionar la información o la cooperación técnica que le sea requerida internamente o por las otras dependencias, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto;

"IV. Coordinarse con los titulares de las demás direcciones generales para el mejor despacho de los asuntos de su competencia:

"V. Controlar los servicios de transporte público de jurisdicción municipal, intermunicipal y estatal y proponer las modalidades que se emiten convenientes;

"VI. Revisar con acuerdo del secretario de Obras y Servicios Públicos, rutas, itinerarios, horarios, terminales, paraderos, o tablas de distancia y formular los trabajos técnicos correspondientes;

"VII. Someter a revisión periódica las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte público;

"VIII. Fijar y aprobar las especificaciones de las unidades destinadas al transporte público y, previa consulta y opinión de la Junta Estatal de Caminos, otorgar los certificados y autorizaciones especiales o provisionales que sean necesarios;

"IX. Exigir a los concesionarios y permisionarios de transporte público, la constitución de los fondos de garantía o la contratación del seguro que cubra la responsabilidad objetiva en que pudiera incurrir el transportista;

"X. Aprobar los formatos relativos a los boletos, recibos, porte o factura que con motivo de la prestación de los servicios de transporte público, expidan los concesionarios a los usuarios;

"XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en materia de medicina preventiva en el transporte;

"XII. Establecer y desarrollar los programas de capacitación para el personal que interviene en la operación del transporte público;

"XIII. Atender y resolver los asuntos relacionados con la protección a los viajeros y sus pertenencias, así como de los riesgos y daños que pudiera sufrir con motivo de su traslado en los distintos medios de transporte;

"XIV. Atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios en contra de los prestadores del servicio y transporte público;

"XV. Llevar el registro de los operadores y unidades del servicio de transporte público y verificar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la presente ley; y

"XVI. Imponer las sanciones que le competan de conformidad con la presente ley.

"TÍTULO TERCERO

DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

CAPÍTULO ÚNICO

"Artículo 13. Para efectos de la presente ley, el servicio de transporte público se ordenará bajo los siguientes sistemas:

"I. Urbano. Servicio sujeto a rutas regulares de circulación con paradas, terminales, horarios y frecuencias fijos y tarifas autorizadas, con las modalidades siguientes:

"a) Servicio colectivo. Es el que se presta con vehículos de una capacidad de diez hasta cuarenta asientos, pudiendo admitir en estos últimos, únicamente hasta quince pasajeros adicionales al número de asientos con que cuente la unidad;

"b) Servicio de alquiler en sitio. Se presta a través de vehículos con capacidad hasta de cinco pasajeros incluido el operador, a tarifas autorizadas según distancia de recorrido, obligados a iniciar su servicio a través de su base sin que puedan aceptar pasaje distinto al que solicitó el servicio; y

"c) Servicio de ruletero. Se presta a través de vehículos con capacidad hasta de cinco pasajeros incluido el operador, a tarifas autorizadas según distancia, sin aceptar pasaje distinto hasta el término convenido.

"II. Interurbano. Servicio sujeto a rutas regulares de circulación dentro de dos o más poblaciones o zonas conurbadas, con paradas, terminales y horarios fijos, pudiendo ser servicio de primera o de segunda clase, según la clasificación señalada en la fracción II de este artículo.

"III. Foráneo. Servicio sujeto a rutas regulares de circulación por vías de jurisdicción estatal de una población a otra, con paradas, terminales y horarios fijos, pudiendo ser;

"a) Servicio de primera clase. El que se presta con vehículos de una capacidad de hasta cuarenta asientos, quedando prohibido admitir mayor número de pasajeros que los correspondientes al número de asientos con que cuenta la unidad, contando la misma con asientos acojinados y reclinables, servicio sanitario y aire acondicionado, cubriendo rutas de central a central sin hacer paradas intermedias;

"b) Servicio de segunda clase. El que se presta con vehículos de una capacidad de hasta cuarenta y dos asientos pudiendo admitir hasta quince pasajeros adicionales en la unidad, permitiéndose paradas intermedias, que queden fuera de las zonas urbanas y suburbanas de la población de origen; y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4873-689a0828/audiencia-constitucional-diferimiento-por-falta-de-expedicion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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