CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CUANTO A LOS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS Y SÓLO RESTA EL ANÁLISIS DE LOS DE LEGALIDAD POR PARTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO CORRESPONDIENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 422/97. MARCO V. ARMIENTA GÁMEZ Y COAGRAVIADOS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Previamente al examen de los agravios correspondientes, cabe señalar que aunque mediante proveído de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presente toca fue turnado inicialmente al entonces Magistrado relator, para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo, y el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho se returnaron los autos al actual Magistrado ponente, para los propios efectos, sin que en ese lapso superior a trescientos días naturales se practicara acto procesal alguno ni la parte quejosa promoviera en el mismo, no procede decretar la caducidad de la instancia; en virtud de que en el presente caso, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la nación resolvió primeramente sobre los agravios de su competencia, atinentes a la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, planteada en el juicio de garantías, y por razón de ese presupuesto procesal reservó el estudio y jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, de los agravios que aquí interesan, relativos a la legalidad del acuerdo reclamado.
Sobre el tema indicado, al resolver el amparo en revisión 493/96, este Tribunal Colegiado de Circuito sustentó la tesis publicada en la página 833 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, en el sentido de que no opera la caducidad de la instancia establecida en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, porque el recurso de revisión ya estaba en etapa de resolución, desde el instante en que se listó en la Suprema Corte de Justicia, y sólo restaba su conclusión, en la parte de su competencia, por el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que no puede considerarse que se trata de dos recursos diferentes, tan sólo por los diversos aspectos que se plantean.
La propia tesis se sostuvo en las ejecutorias de los amparos en revisión números 498/96, 352/97 y 281/97, cuyo tenor literal dice:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO DE REVISIÓN HA SIDO RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUANTO A LOS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS Y SÓLO RESTA EL ANÁLISIS DE LOS DE LEGALIDAD POR PARTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO CORRESPONDIENTE.-Cuando en el recurso de revisión el inconforme simultáneamente esgrime cuestiones de constitucionalidad y de legalidad, si nuestro más Alto Tribunal ya resolvió sobre el aspecto que corresponde a su competencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo, remitió el recurso al Tribunal Colegiado correspondiente para que se abocara al estudio de los agravios que legalmente debía conocer, es irrelevante que en este último órgano jurisdiccional hubieren transcurrido más de trescientos días naturales sin que el recurrente presentara promoción alguna y sin que el Tribunal Colegiado se hubiese pronunciado sobre la materia de su competencia; por ser inconcuso que en ese caso en particular, no opera la caducidad de la instancia, establecida en la fracción V del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, en atención a que el recurso ya se encuentra en etapa de resolución, misma que fue iniciada desde que el asunto fue listado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo resta su conclusión por el Tribunal Colegiado, sin que jurídicamente sea permisible considerar que se trata de dos recursos diferentes por los diversos aspectos que se plantean."
CUARTO.-Son inoperantes los agravios que se hacen valer en los apartados segundo y tercero del escrito en que se contienen, respecto de los que, como ya se expuso, por razón de competencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reservó su estudio y jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, después de resolver sobre los agravios propios de su competencia, referentes a la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, planteada en el juicio de garantías por los quejosos.
Del análisis de la sentencia impugnada en esta vía (considerando quinto), se aprecia que el Juez de Distrito abordó, en lo que interesa, el estudio de los conceptos de violación que plantearon los quejosos y que se circunscribieron a los aspectos de fundamentación y motivación del acuerdo reclamado, que autoriza la reestructuración, ajuste y modificación de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público.
En primer término, al analizar los motivos de inconformidad expuestos por los ahora recurrentes, en el sentido de que el acuerdo citado fue suscrito sólo por el secretario de Hacienda y Crédito Público, sin la "participación, consentimiento y aprobación" de los secretarios de Comercio y Fomento Industrial y el de Energía, Minas e Industria Paraestatal, como lo ordena el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y que la expresión "participación" que se consigna en ese precepto legal, implica la obligación de las citadas secretarías de Estado, de externar su voluntad de modificar o ajustar las tarifas; el a quo señaló en la sentencia que esos argumentos eran infundados, porque de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración, por lo que, precisó el resolutor, las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, sólo podían tener participación en el procedimiento para fijarlas, lo cual no implicaba, según el Juez, que tuvieran facultades para aprobarlas; deduciendo así que el acuerdo de mérito no era violatorio de la garantía de legalidad.
Puntualizó que de conformidad con los artículos 10, primer párrafo, 11 y 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad se rige por una Junta de Gobierno, que se integra por los secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; de Agricultura y Recursos Hidráulicos (en su denominación anterior) y de Energía, Minas e Industria Paraestatal; que a dicha Junta de Gobierno compete aprobar las propuestas y ajuste a las tarifas de energía eléctrica, por lo que, dijo el a quo, si la participación implica dar parte y comunicar, y en autos obraba el acta de sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que se advierte que los integrantes de la Junta de mérito, y previa presentación de la propuesta tarifaria por parte de la Comisión Federal de Electricidad, emitió el acuerdo 54/95, atendiendo a las bases generales, criterios y lineamientos en materia de tarifas eléctricas para su adecuación, así como a los estudios y propuestas efectuadas por la Dirección General de la propia Comisión Federal de Electricidad y con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó (la Junta de Gobierno) la propuesta de reestructuración tarifaria y, posteriormente, en oficio de uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, signado por el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, resaltó el Juez de garantías, solicitó al secretario de Hacienda y Crédito Público que fijara las tarifas impugnadas, concluyó el juzgador que con ello se cumplieron las exigencias que prevé el artículo 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que "la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a que alude dicho precepto, únicamente es en función del conjunto de acciones que anteceden al procedimiento de la fijación, ajuste o reestructuración de tarifas de energía eléctrica", y que, insistió, sólo compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fijar las referidas tarifas.
Por otra parte, en el mismo considerando quinto de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito estableció que eran desacertados los conceptos de violación que se hicieron valer, en el sentido de que en el acuerdo reclamado se omitió precisar el alcance y consecuencias del incremento tarifario en los estados financieros del organismo que suministra el servicio de energía eléctrica, como lo estatuye el artículo 51 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Basó tal desestimación en que si bien de ese numeral se advierte que será el suministrador Comisión Federal de Electricidad, quien deberá anexar, a su propuesta de fijación, ajuste o reestructuración de las tarifas, el estudio justificativo de la misma, en que se consigne el alcance y consecuencia de la propia propuesta en el estado financiero del suministrador (Comisión Federal de Electricidad), en la aplicación de las tarifas o en cualquier otro aspecto, también lo es, razonó, que de la lectura del acta relativa a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se patentiza que el suministrador presentó a su consideración y aprobación (de la Junta) la propuesta tarifaria que contenía la reestructuración, ajuste y modificación de la tarifa de energía eléctrica, cuyos alcances y contenido fueron presentados a sus integrantes en anexos respectivos, según la lectura de esa sesión (sic). Entonces, según el juzgador federal, si la Junta de Gobierno es la encargada de aprobar la propuesta presentada por la Comisión Federal de Electricidad, "y hacer alusión el secretario de Hacienda y Crédito Público en los considerandos del acuerdo impugnado tales extremos, se cumplió con lo que prevé el artículo 51, fracción I, del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica".
Asimismo, el Juez de amparo precisó en la sentencia a revisión, que el secretario de Hacienda y Crédito Público, al emitir el acuerdo materia de censura, satisfizo las disposiciones contenidas en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, puesto que, señaló, de su parte considerativa se advierte que tomó en cuenta los alcances y consecuencias del incremento tarifario en los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, derivada de la propuesta tarifaria aprobada por la Junta de Gobierno, pues, puntualizó el a quo, en forma previa constató bases, criterios y propuestas de adecuación tarifaria sometidas a la consideración según el secretario con las certificaciones correspondientes; la importancia que representa para el país la prestación del servicio público de energía eléctrica; el desempeño de las funciones; y, el estudio y análisis sobre la materia y elementos de juicio que posee, con lo que, refirió, justificaron la solicitud de reestructuración, ajuste y modificación de las tarifas de energía eléctrica, tomando en cuenta, asentó, las condiciones socio-económicas, la distribución social de los costos generales de la producción y el racional consumo de energía eléctrica que se requiera para el desarrollo de dicho servicio.
Finalmente, el Juez de Distrito determinó que el multicitado acuerdo no carecía de fundamentación y motivación, sino que contrariamente a lo sostenido por los amparistas, de los considerandos del acuerdo impugnado se apreciaba que en él se expusieron las razones y motivos inmediatos y particulares, por los que los incrementos tarifarios aplicados desde marzo y abril del año en curso (sic) cubrían las necesidades financieras y la ampliación del servicio, así como el racional consumo de energía eléctrica, en concordancia con el artículo 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como los artículos 48, 50 y 51 del reglamento de dicha legislación.
Ahora bien, en los agravios que son objeto del presente estudio, se argumenta sustancialmente lo siguiente:
A) Que el Juez de Distrito infringió en perjuicio de los impetrantes, lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, por haber determinado que era constitucional el acuerdo reclamado; no obstante que en contravención a las disposiciones contenidas en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no se demostró que las autoridades denominadas Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hubieran participado en los términos del citado precepto, en atención a que el acuerdo reclamado no tiene las firmas de los secretarios de Estado de las dependencias antes señaladas.
B) Que el a quo violó las disposiciones contenidas en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, al determinar que era constitucional el acuerdo, no obstante que no se cumplió por las autoridades el extremo que establece el artículo 51, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que señala que a la propuesta del suministrador para fijación, ajuste y reestructuración de las tarifas, deberá anexarse, cuando menos, la información relativa al alcance y consecuencias de la propuesta en el estado financiero del suministrador en la aplicación de las tarifas o en cualquier otro aspecto, porque las responsables no demostraron que hayan anexado la información que exige dicho artículo, previamente a la emisión del acuerdo reclamado, por lo que, aseguran, resulta inconcuso que dicho acto no está debidamente fundado ni motivado, desde la perspectiva material y formal que exige el artículo 16 de la Carta Magna.
C) Señalan que tampoco se aludió en el acuerdo reclamado, a la información relativa al alcance y consecuencia de la propuesta en el estado financiero del suministrador en la aplicación de las tarifas o en cualquier otro aspecto, aunado a que tampoco se formularon en concreto las razones, motivos y circunstancias derivadas de la información a que alude el artículo citado; y,
D) Remarcan que el Juez de Distrito infringió las disposiciones contenidas en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, en atención a que declaró constitucional el acuerdo reclamado, no obstante que no se encuentra fundado ni motivado, porque en su concepto no indica de qué manera el incremento a los cargos tarifarios a partir de los meses de marzo y abril y subsecuentes de mil novecientos noventa y seis, cubrirán las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía, así como tampoco se señalan con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, atinentes a que el incremento a los cargos tarifarios a partir de los meses de marzo y abril de mil novecientos noventa y seis, toman como referencia las necesidades financieras y ampliación de servicio y el racional consumo de energía eléctrica.
Hechas las precisiones que anteceden, debe insistirse en la inoperancia de los agravios expuestos por la parte recurrente, básica y fundamentalmente, porque en ellos en momento alguno controvierten ni se expresan razones lógico-jurídicas, que desvirtúen las consideraciones que esgrimió el juzgador al declarar que el acuerdo reclamado no es violatorio de las garantías de fundamentación y motivación, por lo siguiente.
Como se acaba de ver, en el primero y segundo de los agravios reseñados, los inconformes precisan e insisten, tal como lo hicieron al expresar los conceptos de violación, que el acuerdo reclamado fue emitido en contravención a lo establecido por el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como por lo dispuesto por el artículo 51, fracción I, inciso a), de su reglamento, ya que por una parte, dicen que no se demostró que el citado acuerdo tuviera las firmas de los secretarios de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y por otra, que no se demostró que las responsables hayan anexado la información relativa al alcance y consecuencias de la propuesta en el estado financiero del suministrador en la aplicación de las tarifas o en cualquier otro aspecto, previamente a la emisión del acto impugnado, de conformidad con lo establecido por el segundo de los preceptos legales invocados, ni que en dicho acuerdo se aludió a dicha información; sin embargo, es fácil advertir que en los citados agravios no controvierten los argumentos que al respecto emitió el a quo, en los que sostuvo, cabe reiterar, que de acuerdo con los artículos 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración, por lo que las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, sólo podían tener participación en el procedimiento para fijar las tarifas, lo cual no quiere decir, enfatizó, que tengan facultades para su aprobación; de ahí que, concluyó, el acuerdo de mérito no era violatorio de la garantía de legalidad como lo afirman los quejosos. Es decir, abundó, que de conformidad con los artículos 10, primer párrafo, 11 y 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad está regida por una Junta de Gobierno, que se integra por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos (en su denominación anterior) y de Energía, Minas e Industria Paraestatal; y que a dicha Junta de Gobierno compete aprobar las propuestas y ajuste a las tarifas de energía eléctrica, por lo que, si la participación implica dar parte y comunicar, en autos obra el acta de sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que se advierte que los integrantes de la Junta de mérito, y previa presentación de la propuesta tarifaria por parte de la Comisión Federal de Electricidad, emitió el acuerdo 54/95, atendiendo a las bases generales, criterios y lineamientos en materia de tarifas eléctricas para su adecuación, así como a los estudios y propuestas efectuadas por la Dirección General de la propia Comisión Federal de Electricidad y la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; autorizando (la Junta de Gobierno) la propuesta de reestructuración tarifaria y, posteriormente, en oficio de uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, signado por el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, solicitó al secretario de Hacienda y Crédito Público fijar las tarifas impugnadas, por lo que, quedaron satisfechas las exigencias que prevé el artículo 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues, en su opinión se derivaba de ello que la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a que alude dicho precepto, únicamente era en función del conjunto de acciones que anteceden al procedimiento de la fijación, ajuste o reestructuración de tarifas de energía eléctrica, y que, sólo compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijar las referidas tarifas. Agregando que del artículo 51 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se advierte que corresponde al suministrador Comisión Federal de Electricidad, anexar a su propuesta de fijación, ajuste o reestructuración de las tarifas, el estudio justificativo de la misma, en que se consigne el alcance y consecuencia de la propia propuesta en el estado financiero del suministrador (Comisión Federal de Electricidad), en la aplicación de las tarifas o en cualquier otro aspecto, también lo es, que de la lectura del acta relativa a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se patentiza que el suministrador presentó a su consideración y aprobación (de la Junta) la propuesta tarifaria que contenía la reestructuración, ajuste y modificación de la tarifa de energía eléctrica, cuyos alcances y contenidos fueron presentados a sus integrantes en anexos respectivos, según la lectura de esa sesión (sic).
Del resumen que antecede, se aprecia con claridad, que los agravios a estudio eluden controvertir estas consideraciones en que el juzgador sustentó el rechazo de los conceptos de violación que examinó, provocando que aquéllos se tornen inoperantes.
De igual manera, en el tercer agravio los recurrentes reiteran sustancialmente lo que ante el Juez del conocimiento hicieron valer, en el sentido de que el acuerdo reclamado no se encuentra fundado ni motivado, formal y materialmente, al no indicarse en el mismo de qué manera el incremento a los cargos tarifarios a partir de los meses de marzo y abril y subsecuentes de mil novecientos noventa y seis, cubrirán las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y racional consumo de energía; empero, debe decirse al respecto, que esos argumentos tampoco controvierten debidamente las consideraciones que en este renglón sostuvo el Juez de Distrito, al estimar que el acuerdo reclamado sí cumple con la debida fundamentación y motivación, puesto que ello se evidencia de la sola lectura de su parte considerativa (misma que transcribe), de la que emerge que el secretario de Hacienda y Crédito Público, al emitir el acuerdo impugnado satisfizo las disposiciones contenidas en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, puesto que, resaltó, de su parte considerativa se advierte que sí tomó en cuenta los alcances y consecuencias del incremento tarifario en los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad, derivada de la propuesta tarifaria aprobada por la Junta de Gobierno, pues, vale la pena volver a mencionar, el a quo puntualizó que ésta en forma previa constató bases, criterios y propuestas de adecuación tarifaria sometidas a la consideración, según el secretario, con las certificaciones correspondientes; la importancia que representa para el país la prestación del servicio público de energía eléctrica; el desempeño de las funciones; y, el estudio y análisis sobre la materia y elementos de juicio que posee, con lo que, refirió, se justificó la solicitud de reestructuración, ajuste y modificación de las tarifas de energía eléctrica, tomando en cuenta, asentó, las condiciones socio-económicas, la distribución social de los costos generales de la producción y el racional consumo de energía eléctrica que se requiera para el desarrollo de dicho servicio.
Luego, al no controvertir los inconformes los argumentos en que se basó el Juez de Distrito, para dictar la sentencia en el sentido apuntado, deben mantenerse firmes rigiendo el sentido del fallo en lo que concierne a su parte en estudio, dado que, por otra parte, el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no contempla la suplencia de los agravios en un caso como el presente.
Al respecto, cobran aplicación las tesis de jurisprudencia veintinueve y treinta y ocho, sustentadas por el máximo órgano jurisdiccional del país, visibles, respectivamente, en las páginas diecinueve y veinticinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, que son del tenor literal siguiente:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes."
"AGRAVIOS INSUFICIENTES.-Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."
Consiguientemente, se impone confirmar la sentencia recurrida, en la parte que corresponde.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia que es competencia de este Tribunal Colegiado, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco V. Armienta Gámez, Julieta Ballesteros S., María García Lozoya, Ofelia Lozoya de Núñez, Manuel A. Coronado Lepro, Miguel de la Garza Sedano, Mario I. Gastelum Murguía, Armando G. Pablos, Trinidad Pacheco Lugo, Carlos Pérez A., Alberto Sánchez G., Emma Luz C. de Benítez, Felícitas Ojeda, Juana Ojeda, Bertha A. Rivera de Aldana, Gabino Murillo Miranda, Guadalupe Zárate R. y Esperanza Flores O., contra los actos que reclamaron del secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal y secretario de Comercio y Fomento Industrial, todos con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Carlos Arturo Lazalde Montoya, Víctor Jáuregui Quintero y José Elías Gallegos Benítez. Fue ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5651-a819fb8b/caducidad-de-la-instancia-no-opera-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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