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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 249/2000. · Registro digital (IUS): 6588
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROGELIO ROMUALDO MARTÍNEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, , Pág. 1035.

AMPARO EN REVISIÓN 249/2000. ROGELIO ROMUALDO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son inoperantes en parte e infundados en lo demás los agravios hechos valer por el recurrente.

Por cuanto hace a lo aducido por el inconforme, respecto de que en la sentencia recurrida la Juez de Distrito viola en su perjuicio las garantías individuales de procedimiento y seguridad jurídica, cabe señalar que tal alegato deviene inoperante, en virtud de que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie no puede jurídicamente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte de la Juez de Distrito a quo, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la legalidad de la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 507 y 508, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de 1996, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hacer valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.".

Por otra parte, asevera el recurrente que la a quo al emitir la sentencia que se revisa de dos de mayo de dos mil, no valora los conceptos de violación que formuló en su demanda de garantías, ya que en su opinión es falso que la diligenciaria responsable haya realizado el emplazamiento en los términos establecidos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en virtud de que, del informe rendido por el Juez de origen se aprecia claramente que la funcionaria de que se trata se constituyó el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve "... en el domicilio bien conocido de la sección La Parma", pero manifiesta que su domicilio correcto para todos los efectos legales, es la calle General Joaquín Osorio, número veintinueve, sección La Palma, de Acatlán de Osorio, Puebla, por lo que es evidente que dicha diligenciaria se constituyó en un lugar distinto al del recurrente, lo que no fue atendido por la juzgadora federal, emitiendo una resolución ilegal, que de confirmarse le causaría un daño patrimonial, por lo que debe concedérsele el amparo que solicita, puesto que no se cumplió con lo previsto por las fracciones I y II del referido precepto, toda vez que la diligenciaria responsable no se cercioró de que el sitio en que se constituyó correspondía al del quejoso.

Son infundados los anteriores agravios, porque contrario a lo aducido por el inconforme, la a quo sí analizó los conceptos de violación que formuló en su demanda de garantías, ya que señaló que el emplazamiento impugnado es legal, pues al desahogarlo la diligenciaria responsable cumplió con lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, lo que se desprende del acta respectiva, en la que se asentó que esa funcionaria se constituyó en el lugar señalado en los autos del juicio de origen, es decir "... en el domicilio bien conocido en la sección La Palma, de Acatlán de Osorio, Puebla", y que se cercioró de que ese es el que corresponde al demandado, porque así se lo manifestó el propio Rogelio Romualdo Martínez, con quien personalmente entendió la diligencia, corriéndole traslado con copia de la demanda, de los documentos fundatorios de la acción y del auto admisorio; que siendo el interesado a quien halló en ese sitio, es lógico que al preguntársele sobre el particular, respondió afirmativamente, y así la diligenciaria no tenía por qué asentar en esa acta ningún otro medio de cercioramiento, ni requerir al demandado que se identificara, porque en la legislación procesal civil local no hay dispositivo que así lo determine; además de que el quejoso no desvirtuó esa actuación, pues no ofreció prueba con la que justificara que esa diligencia no se llevó a cabo con él personalmente; en cambio, ante la fe pública de que está investida la diligenciaria, da mayor firmeza a ese emplazamiento; con lo cual la juzgadora federal concluyó, que carecen de eficacia los argumentos del quejoso, porque la diligencia multicitada se realizó conforme a los lineamientos legales antes detallados, al haberse entendido la misma con el interesado; que la jurisprudencia invocada por el peticionario de garantías no es aplicable, porque la deligenciaria se constituyó en el domicilio ya indicado, y se cercioró de que era el domicilio del demandado, por así habérselo manifestado este último, quien no obstante que no se identificó, la diligenciaria describió sus características físicas y le corrió traslado con los documentos antes especificados.

Como se desprende de lo anterior, la juzgadora federal sí analizó y dio contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, pues los declaró infundados, consideración con la que este tribunal de garantías coincide, porque en efecto, basta que la diligenciaria entienda el emplazamiento directamente con el demandado para estimar cumplido el cercioramiento del exacto domicilio, tal y como ocurrió en la especie y como ha sido determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis que más adelante se detallará.

Por otra parte, debe decirse que aunque no lo combate el recurrente, este cuerpo colegiado advierte y estima pertinente hacer notar, que en la demanda del juicio generador y en el auto admisorio de la misma, dictados el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que obran a fojas de la setenta y siete a la noventa y siete del expediente de amparo, al haber sido adjuntados en original, por el Juez responsable a su informe justificado, se señaló que Rogelio Romualdo Martínez tiene su domicilio "... bien conocido en la sección de La Parma", de la ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla; mientras que la diligenciaria responsable en el acta de emplazamiento desahogado el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, asentó que se constituyó en "... domicilio bien conocido en la sección La Palma"; lo cual es insuficiente para estimar ilegal el emplazamiento de que se trata, y por ende, para revocar la sentencia recurrida, toda vez que como correctamente lo consideró la a quo, la funcionaria multicitada especificó que entendió la diligencia directamente con el interesado Rogelio Romualdo Martínez, lo que basta para estimar cumplido el cercioramiento del exacto domicilio de esa persona, puesto que en el acta de que se trata existe únicamente error en una sola letra, es decir, se asentó "La Parma", pero se debió anotar "La Palma", anomalía que en todo caso queda subsanada por el hecho concerniente a que fue el propio demandado quien atendió al llamado de la diligenciaria tantas veces referida, lo que revela que queda satisfecho el principio de certidumbre, desde el momento en que el notificador logró comunicarse directamente con el interesado; máxime que esa funcionaria está investida de fe pública, la que como bien estimó la a quo, no fue desvirtuada por el quejoso a través de pruebas suficientes, puesto que no justificó lo que alega, tanto en sus conceptos de violación como en sus agravios, respecto a que tiene su domicilio en lugar diverso a aquel en que se desahogó el emplazamiento.

Se invoca por ser aplicable sobre el particular, la jurisprudencia número 786, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el cual ya especializado en materia civil, ahora resuelve, publicada en la página 532, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el epígrafe: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO.-Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario.".

Cabe agregar, que es inaplicable la tesis que invoca el recurrente, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 721, Tomo VI, agosto de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "EMPLAZAMIENTO. RESULTA INDISPENSABLE QUE EL DILIGENCIARIO PREVIAMENTE SE CERCIORE DE LA AUTENTICIDAD DEL DOMICILIO, NO OBSTANTE QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."; puesto que la misma ha sido superada por la jurisprudencia por contradicción de tesis 55/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 33 y 34, del Tomo VIII, noviembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada.".

Esta jurisprudencia por contradicción de tesis, fue aplicada correctamente por la juzgadora federal, puesto que la misma es obligatoria, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, y es importante destacar que en la ejecutoria que dio origen a la misma, publicada en las páginas de la 34 a la 48 del tomo del Semanario Judicial de la Federación en consulta, fue analizada la sentencia del juicio de amparo en revisión 9/97, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dio origen a la tesis invocada por el recurrente; así como también fueron estudiadas las ejecutorias de los juicios de amparo directo y en revisión 358/91, 249/89, 471/92, 250/92 y 401/91, del anteriormente denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que como se ha dicho, actualmente se encuentra especializado en materia civil y que conoce de la presente revisión; ahora bien, en la aludida ejecutoria relacionada con la contradicción de tesis de que se trata, se determinó lo siguiente: "Así entonces, esta Primera Sala, con las adecuaciones que se plasman, estima correcto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo y también en revisión, cuyos datos quedaron especificados en párrafos precedentes; y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, establece que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, la tesis que se redacta de la siguiente manera ...", para posteriormente detallar la jurisprudencia antes reproducida, por lo que es incuestionable que en la especie resulte inaplicable el criterio invocado por el recurrente, ya que el mismo fue superado y dejado sin efecto por la multicitada jurisprudencia por contradicción de tesis, la que como se ha visto es de aplicación obligatoria.

En tal virtud, resultan infundados los agravios en los que el recurrente alega que lo resuelto por la juzgadora federal lo deja indefenso, ya que como se ha visto, la misma se ajustó estrictamente, como estaba obligada a hacerlo, a la jurisprudencia por contradicción de tesis antes especificada, por lo que en la especie no existe violación al artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, ya que en el caso, la diligencia de emplazamiento se entendió directamente con el demandado, hoy recurrente, lo que es suficiente para estimar cumplido el cercioramiento del exacto domicilio, con lo que queda satisfecho el principio de certidumbre, porque hace evidente que la funcionaria que lo practicó logró comunicar al interesado la existencia del juicio seguido en su contra, máxime que en la especie no fue ofrecida prueba alguna que desvirtúe tal actuación, ni este tribunal de garantías advierte anomalía alguna que debiera estudiar de oficio la suplencia de la queja.

Asimismo, alega el inconforme que se violó lo establecido por la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, la cual señala que la persona que haga la notificación debe cerciorarse previamente, que en la casa designada, se halla el domicilio del interesado y que asentará en la razón correspondiente los medios de que se valió para ese efecto, pero en el acta respectiva no se manifestaron esos medios de cercioramiento, porque en opinión del recurrente, dándole una interpretación jurídica al acta efectuada por la diligenciaria responsable, se puede apreciar que ésta se constituyó en domicilio "... bien conocido, de la sección La Parma, del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, y como ya lo manifesté mi domicilio lo es en la calle General Joaquín Osorio, número veintinueve, de la sección La Palma, de ese distrito judicial, por lo que se concluye que la C. Diligenciaria nunca pudo constituirse en mi domicilio, por lo que es pertinente se revoque la sentencia emitida por el Juez responsable, y se dicte una nueva en la que se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal.".

Son inoperantes los anteriores razonamientos, en virtud de que en los mismos el recurrente se limita a reiterar casi de manera textual los argumentos que planteó como conceptos de violación en su demanda de garantías, pero olvida impugnar las consideraciones de la a quo que dieron respuesta a esos planteamientos, tales como: que el emplazamiento practicado el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, es legal en virtud de que se cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, porque en el acta respectiva se demostró que la diligenciaria responsable se constituyó en el domicilio bien conocido de la sección La Palma, de Acatlán de Osorio, Puebla, y que se cercioró plenamente de ser éste el domicilio del demandado, por así manifestarlo el propio Rogelio Romualdo Martínez, hoy quejoso, con quien entendió la diligencia, con lo que debe considerarse satisfecho el requisito de cercioramiento a que alude la fracción II del precepto antes citado, y así, esa funcionaria no tenía por qué asentar en esa acta ningún otro medio diverso de cercioramiento, ni requerir que el demandado se identificara, porque en el aludido ordenamiento legal no hay dispositivo alguno que lo establezca, insistiendo en que como el propio demandado indicó que ese era su domicilio, ello por sí mismo es suficiente para considerar legalmente practicado el emplazamiento reclamado, dado que esa circunstancia no fue desvirtuada por el peticionario de garantías, ya que no ofreció ningún medio de prueba con el que justificara que esa diligencia no se entendió con él personalmente, además de que la fe pública de que está investida la diligenciaria da mayor firmeza a su actuación; que por lo tanto, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el amparista, ya que era necesario que demostrara mediante prueba idónea que en la fecha en que se practicó el multicitado emplazamiento, el quejoso tenía su domicilio en la casa marcada con el número veintinueve de la calle General Joaquín Osorio, del barrio de La Palma, en Acatlán de Osorio, Puebla, que según él es su verdadero domicilio, sin que en la especie haya aportado medio de convicción alguno que acreditara ese hecho y que además se describieron las características físicas del aludido Rogelio Romualdo Martínez a quien se le corrió traslado con copias simples de la demanda, documentos fundatorios de la acción y auto de radicación, con lo que se satisfacieron los requisitos que prevén las fracciones I y II del preinvocado artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.

En efecto, al no controvertir el inconforme a través de razonamientos jurídicos concretos las consideraciones antes resumidas realizadas por la juzgadora federal en la sentencia que se revisa, las mismas deben quedar firmes para continuar rigiendo el sentido de dicho fallo, ya que como se ha visto, lejos de impugnar lo resuelto por la a quo, el recurrente se limita a reiterar lo que expuso en su demanda de garantías.

Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia número 583, emitida por el tribunal de garantías antes mencionado, visible en la página 388, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.-Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el Juez responsable; si no expone argumentación alguna para impugnar la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido.".

Asimismo, como sustento a lo antes razonado, se cita la tesis emitida por el tribunal federal ya mencionado, consultable en la página 410, Tomo XIV, julio de 1994, Primera Parte, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "-Cuando no se advierta una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis fracción VI de la Ley de Amparo, los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal motivo, se impone confirmar en todas sus partes.".

Por consiguiente, al ser inoperantes en parte e infundados en lo demás los agravios esgrimidos y no advertirse que se haya cometido en contra del recurrente, alguna violación manifiesta de la ley que lo hubiese dejado sin defensa y que este tribunal debiera reparar de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho y ello autoriza a confirmarla.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rogelio Romualdo Martínez, en contra de los actos que reclama del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, y diligenciaria encargada de los expedientes nones de su adscripción, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Antonio Meza Alarcón y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6588-5c44f7d4/agravios-inoperantes-en-la-revision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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