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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DERIVA DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1028/96. · Registro digital (IUS): 4686
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARLOS MENDOZA SANTOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 29.

AMPARO EN REVISIÓN 1028/96. CARLOS MENDOZA SANTOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la expedición, promulgación y aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales por estimarlo inconstitucional y subsiste el problema de fondo planteado.

SEGUNDO. Los considerandos del fallo recurrido dicen:

"PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 36 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo 1/1993, fracción XXXIV (sic), dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de enero de mil novecientos noventa y tres.

"SEGUNDO. De los informes justificados rendidos por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en ausencia del titular de dicha secretaría y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que dichas autoridades negaron los actos que el quejoso Carlos Mendoza Santos les atribuyó, consistentes en las consecuencias jurídicas y materiales que se deriven de la aprobación y la promulgación del Código Federal de Procedimientos Penales, expedido el veintitrés de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, publicado el treinta de agosto del citado año, en el Diario Oficial de la Federación; documentos que no fueron objetados ni desvirtuados por ninguna de las partes, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su artículo 2o., se les debe conceder valor probatorio pleno; consecuentemente, al no existir los actos que el quejoso reclamó de las referidas autoridades responsables, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, en los términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

"Sirve de apoyo a tal determinación, la jurisprudencia número 1002, visible en la página 1621 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es el siguiente:

"‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.’

"TERCERO. Respecto a los actos que el quejoso Carlos Mendoza Santos reclamó al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad de Matamoros, consistentes en la falta de notificación de los requerimientos para ordenar la revocación del beneficio de la libertad provisional bajo caución, debe indicarse que el Juez responsable no es la autoridad encargada de llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones emitidas por el titular de ese órgano jurisdiccional, toda vez que en todo caso el quejoso debió señalar como responsable de la ejecución de dicho acto reclamado al actuario adscrito a ese tribunal; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías por lo que hace a la falta de notificación legal de requerimientos para ordenar la revocación del beneficio de la libertad caucional, pues, al no haber señalado como autoridad responsable al citado actuario, no se le llamó a juicio a defender los actos citados que reclama el quejoso, surtiéndose de esa manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la referida Ley de Amparo, en relación con la tesis jurisprudencial publicada con el número 659, visible en la foja 442 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, de la compilación 1917-1995, que indica:

"‘AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal.’

"CUARTO. Por lo que hace al acto que el quejoso Carlos Mendoza Santos reclamó al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, consistente en la aplicación de los artículos 411, 412, 413, 414 y 416 del Código Federal de Procedimientos Penales, en la orden de revocación del beneficio de la libertad provisional bajo caución otorgada al nombrado quejoso, por parte del Juez responsable, cabe destacar que dicha autoridad revocó al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución mediante auto de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el que acordó lo siguiente:

"‘H. Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis.

"‘Vista la certificación con la que ha dado cuenta la secretaría, de la que se desprende que no fue posible desahogar la audiencia final del juicio señalada para esta misma fecha dentro del proceso penal 136/94, en virtud de que el inculpado Carlos Mendoza Santos no se presentó ante este recinto oficial, no obstante de estar debidamente notificado de la misma, en tal virtud, con fundamento en los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales, se revoca a Carlos Mendoza Santos el beneficio de la libertad provisional que venía disfrutando y se libra en contra del mencionado encausado orden de reaprehensión; debiéndose girar orificio (sic) con transcripción de este proveído al agente del Ministerio Público Federal adscrito para su conocimiento, a fin de que por los medios a su alcance dé cumplimiento al mandado privativo (sic) de libertad decretado en contra de Carlos Mendoza Santos, en la inteligencia de que una vez cumplimentada la orden de reaprehensión, el citado inculpado deberá ser internado de inmediato en el Centro de Readaptación Social Número Dos de esta ciudad, a disposición de este juzgado federal; asimismo y como consecuencia de lo anterior, se ordena que mediante oficio que se gire al C. administrador local de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta ciudad, se le remita el billete de depósito número H427731, de Nacional Financiera, valiosos, ambos (sic), por la cantidad de un mil pesos 00/100 moneda nacional, que el nombrado procesado exhibió para garantizar su libertad provisional bajo caución, a fin de que por los medios legales lo haga efectivo en favor del erario federal. Consecuentemente con lo anterior, con fundamento en el artículo 468 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta la suspensión del procedimiento de la presente causa, ordenándose por lo tanto se archive provisionalmente.’

"Conforme a la anterior transcripción, se desprende que el Juez responsable únicamente invocó en su resolución reclamada los preceptos legales 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías por surtirse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del diverso artículo 73 del mismo ordenamiento legal, toda vez que no se da ninguna afectación jurídica en los intereses del quejoso, ya que no existe prueba de que hayan sido aplicados en su contra los artículos 413, 414 y 416 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que, como ya quedó precisado, el Juez responsable no hace referencia a tales preceptos legales en el indicado proveído que también reclama el promovente de amparo.

"QUINTO. Son ciertos los actos que Carlos Mendoza Santos reclamó al Congreso de la Unión, consistentes en la aprobación y expedición del Código Federal de Procedimientos Penales, de veintitrés de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, publicado el treinta de agosto del citado año en el Diario Oficial de la Federación; también son ciertos los actos atribuidos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la promulgación, la observancia y la orden de publicación del citado Código Federal de Procedimientos Penales; y asimismo, son ciertos los actos atribuidos al secretario de Gobernación, consistentes en el cumplimiento dado a las órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el refrendo del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que dichas autoridades así lo expresaron al rendir sus respectivos informes justificados.

"Asimismo, son ciertos los actos reclamados al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad de Matamoros, consistentes en la orden de revocación del beneficio de la libertad provisional bajo caución, otorgada al quejoso Carlos Mendoza Santos, dentro del proceso penal registrado en el índice de ese tribunal con el número 136/94, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, así como la orden de reaprehensión girada en contra del ahora quejoso, dentro del citado proceso penal.

"Los referidos informes justificados tienen valor de prueba plena por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en los términos de su artículo 2o., máxime que no fueron objetados ni desvirtuados por ninguna de las partes, no obstante que se les dio vista con tales documentos por el término de tres días.

"SEXTO. Acreditada la existencia de los actos reclamados por Carlos Mendoza Santos, señalados en el considerando que antecede y que atribuye al Congreso de la Unión, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Gobernación y al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad de Matamoros, y no habiendo causal de improcedencia por analizar, lo conducente es entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son:

"‘Conceptos de violación.

"‘Se violan en mi perjuicio las garantías individuales de previa audiencia, seguridad jurídica y de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque sin haber sido oído y vencido en juicio se me pretende privar de mi libertad personal dentro del procedimiento judicial del cual emanan los actos autoritarios reclamados; y porque el pretender privarme de libertad personal, se me molesta en mi persona sin existir el previo mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundado y motivado en una causa legal del procedimiento.

"‘Para una mayor claridad de estos conceptos de violación de garantías, en forma separada se argumentan conceptos atacando la inconstitucionalidad de la ley y el primer acto de aplicación de la misma, de la siguiente manera:

"‘En relación con los dispositivos legales.

"‘Los artículos 411, 412, 413, 414 y 416 del Código Federal de Procedimientos Penales, materia de esta demanda de amparo, establecen por su orden y en estrecha vinculación:

"‘Las obligaciones que contrae el inculpado al que se ha concedido el beneficio de la libertad caucional (artículo 411).

"‘Causas de revocación de la libertad caucional cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad o cuando un tercero la haya garantizado (artículos 412 y 413).

"‘Consecuencias de diversas causas de revocación a través de la reaprehensión judicial y de hacer efectiva la garantía otorgada (artículo 414).

"‘Obligación del tercero garante de presentar al inculpado (artículo 416).

"‘Resultan totalmente contrarios y violatorios de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, los preceptos legales antes reseñados, toda vez que el Congreso de la Unión omite establecer un procedimiento previo a la emisión de la orden de revocación del beneficio de la libertad caucional concedida al inculpado en un proceso penal en el que se cumplan sus formalidades esenciales, esto es, que antes de la afectación con la revocación de la libertad caucional se escuche al inculpado.

"‘En efecto, los dispositivos legales reclamados resultan violatorios en la parte que establecen: «se revocará» el beneficio de la libertad caucional (artículos 412, primer párrafo y 413, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales), lo que implica una violación flagrante y directa de (sic) contrariar las garantías de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque estos dispositivos legales reclamados arrogan a la autoridad aplicadora de los mismos una facultad omnímoda y arbitraria, para dar por revocada la concesión del beneficio de la libertad caucional, toda vez que conforme a los términos en que se encuentran redactadas estas disposiciones legislativas, tildadas de inconstitucionales, el inculpado afectado con la revocación unilateral de la libertad caucional, sin dar oportunidad de demostrar que no se ubica en los supuestos establecidos en las diversas causas de los artículos 412 y 413 del Código Federal de Procedimientos Penales, antes reseñados, como quiera se origina la revocación de la libertad caucional, pues las disposiciones legales que se controvierten no establecen ninguna salvedad para que el inculpado afectado tenga la oportunidad de demostrar que no ha incurrido en ninguna de las causas de revocación de la libertad caucional, siendo que estas disposiciones son totalmente determinantes al señalar que «se revocará» la libertad caucional en los supuestos que establecen, lo que implica que dichas disposiciones legales reclamadas son violatorias de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto que impide al inculpado afectado de poder demostrar (sic) que su situación no coincide (sic) en los supuestos para la revocación de la libertad caucional, a través de la aportación de las pruebas conducentes para seguir gozando del beneficio constitucional de la libertad caucional concedido, lo que redunda en un acto de privación al que no le precede la audiencia al inculpado afectado en defensa de sus intereses, puesto que gozar de la libertad caucional constituye un derecho adquirido del inculpado al constituir una resolución favorable, que indiscutiblemente no puede desconocer la autoridad legislativa, sin otorgar la previa audiencia.

"‘Conforme a nuestro régimen de legalidad y acordes a la piramidación jurídica kelseniana, tenemos que la Constitución Federal es la Ley Suprema, a pesar de disposición en contrario que se expida, según previene el artículo 133 constitucional, al consagrar el principio de la supremacía de la Ley Constitucional y que en relación con el artículo 128 de la Constitución tenemos que indiscutiblemente todo funcionario o servidor público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo debe rendir la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que, ante la falta de sumisión y respeto de las garantías de audiencia y legalidad, el Congreso de la Unión viola directa y flagrantemente estas garantías del gobernado por no ajustar los dispositivos legales combatidos a las invocadas garantías constitucionales, al abstenerse de establecer en la propia disposición legal un procedimiento en el que se escuche al gobernado y se le dé la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar antes de la revocación de la libertad caucional, causando el presente concepto de violación que se hace valer consistente en una violación directa al artículo 14 de Constitución Federal, ante la falta de obediencia a la garantía de previa audiencia que el Congreso de la Unión debió plasmar en la citada ley reclamada, sin contemplar (sic) cómo satisfacer la garantía de audiencia contra tal acto de afectación de la autoridad aplicadora de la ley reclamada, lo que redunda en la violación a esta garantía de seguridad jurídica en detrimento de la parte quejosa, teniendo aplicación en el caso concreto la jurisprudencia número 9, visible a página 29 en la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1985 y sus tesis relacionadas, en las que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta:

"‘«AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos.

"‘«Sexta Época, Primera Parte:

"‘«Vol. CXXXII, página 24. A.R. 1501/53. Leonardo Barrera Román y coags. Unanimidad de 20 votos.

"‘«Séptima Época, Primera Parte:

"‘«Vols. 97-102, página 42. A.R. 3708/75. José María Escobar Olivas. Unanimidad de 16 votos.

"‘«Vols. 97-102, página. 42. A.R. 6163/75. Juan Ramos Russell y otros. Unanimidad de 16 votos.

"‘«Vols. 103-108, página 75. A.R. 5847/76. Eduardo Roberto Cázares G. Cantón y otros. Unanimidad de 18 votos.

"‘«Vols. 157-162, página 237. A.R. 6408/76. María Fortes de Lamas y otro. Unanimidad de 16 votos.»

"‘«Tesis relacionadas.

"‘«AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SÓLO DE LAS JUDICIALES. No es verdad que el artículo 14 constitucional establezca la garantía de audiencia sólo para los juicios seguidos ante los tribunales, pues la establece contra cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio seguido ante tribunales o procedimientos ante cualquier autoridad, como se desprende, entre otras, de la segunda parte de la tesis jurisprudencial número 116, Tercera Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.

"‘«Séptima Época, Primera Parte:

"‘«Vol. 50, página 15. A.R. 2732/52. Guillermina Vergara de Elizondo. Unanimidad de 20 votos.»

"‘«AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Éste debe contener <etapas procesales>, las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto.

"‘«Séptima Época, Primera Parte:

"‘«Vols. 115-120, página 15. A.R. 849/78. Óscar Fernández Garza. Unanimidad de 18 votos.»

"‘Por ende, al abstenerse al (sic) Congreso de la Unión de insertar en los dispositivos legales reclamados una salvedad, limitación o condicionamiento previo a la revocación de la libertad caucional, dando la oportunidad al inculpado afectado de demostrar que no ha incurrido en ninguno de los supuestos de la revocación del beneficio otorgado, resulta violatoria, en este sentido, la ley reclamada de la garantía de la previa audiencia consagrada en el artículo 14, segundo párrafo, constitucional, ante el incumplimiento necesario para oír a los interesados y darles oportunidad de defenderse en los casos, como en el presente, en que resultan afectados sus derechos, ya que contra estos actos autoritarios se deja a la parte quejosa en un absoluto estado de indefensión frente a la ley, incurriendo el órgano legislativo federal en una franca violación a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, por esta otra razón, ya que existe un silencio en la ley acerca de la oportunidad que debe otorgarse al gobernado para que previamente al acto de afectación sea escuchado en defensa de sus intereses en cumplimiento con el invocado imperativo constitucional y no con posterioridad a la revocación de la libertad caucional, como sucede en la especie, toda vez que aun demostrado (sic) el inculpado afectado que no incurrió en ninguna de las causas de revocación, de antemano se le afecta y causa perjuicio en su esfera jurídica, constituyendo un acto de privación definitiva que tutela el artículo 14 constitucional, porque nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que no acontece en este caso concreto, en que de manera unilateral y coercitiva el Juez Sexto de Distrito en Tamaulipas, señalado como autoridad responsable, de motu proprio revoca la libertad caucional sin mediar procedimiento alguno que anteceda a dicha orden de revocación.

"‘En estas condiciones, es procedente concluir que los dispositivos legales reclamados al estar estrechamente vinculados, en la parte que se combate relativa a la revocación de la libertad caucional, resultan los actos de aprobación y expedición reclamados al Congreso de la Unión violatorios de las garantías de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de estos preceptos legales, con extensión a los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y Juez Sexto de Distrito en Tamaulipas. Sin embargo, se pasa al planteamiento de conceptos de violación por vicios propios que contienen los actos autoritarios reclamados al Juez Sexto de Distrito en Tamaulipas, señalado como autoridad responsable.

"‘En relación con el primer acto de aplicación.

"‘Al resultar inconstitucionales los dispositivos legales reclamados, también reporta el mismo vicio de inconstitucionalidad el primer acto de aplicación concreto y actual, consistente en la orden de revocación de la libertad caucional reclamada al Juez de Distrito señalado como autoridad responsable, por estar apoyado en un origen inconstitucional, solicitando que así se declare mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, amén de argumentar que se incurre en vicios propios desvinculados con la aplicación de los dispositivos legales reclamados, en el sentido de que sin requerir legal y formalmente al hoy quejoso previamente el cumplimiento de las obligaciones inherentes al goce del beneficio de la libertad caucional, se revoque el mismo en mi perjuicio, negando lisa y llanamente de haber recibido (sic) comunicación alguna en forma personal de la supuesta existencia de algún incumplimiento de mis obligaciones, con la finalidad de arrojar la carga probatoria a la citada autoridad responsable de que demuestre lo contrario. Por ende, resulta inconstitucional la orden de revocación de la libertad caucional, así como la falta de notificación de requerimiento previo alguno sobre mis obligaciones de reo bajo caución, con extensión a la orden de reaprehensión, de suspensión de procedimiento penal y a las consecuencias jurídicas y materiales que se deriven, tratándose del requerimiento a mi fiador y de hacer efectiva la garantía otorgada, cobrando vigencia los precedentes jurisdiccionales siguientes:

"‘Poder Judicial de la Federación 4o. CD-ROM, julio de 1994.

"‘«Instancia: Primera Sala

"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘«Época: 5a.

"‘«Tomo: CIV

"‘«Página: 581

"‘«RUBRO: LIBERTAD CAUCIONAL, REVOCACIÓN DE LA.

"‘«TEXTO: Si bien es cierto que esta Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la obligación que se impone a los reos, que disfrutan de libertad bajo fianza, de presentarse en determinados días al juzgado o tribunal donde radica su causa, es violatoria del artículo 19 constitucional, cuando esta obligación no está determinada por las leyes locales que reglamentan este beneficio, no lo es menos que dicha libertad, consagrada por el artículo 20 constitucional, entraña, una vez concedida, un derecho del reo del que ya no puede privársele sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, como lo estatuye el artículo 14 de la Carta Fundamental del país, independientemente de las modalidades que sobre ese aspecto fijen las leyes reglamentarias, porque éstas, aun estableciendo determinadas obligaciones a cumplir por el reo beneficiado, no pueden contrariar la garantía aludida que, en su forma más amplia, protege los derechos del hombre y fija normas a seguir para poder privársele de ellos. De aquí que, aun cuando el Código de Procedimientos Penales aplicable prevenga que la libertad de un reo puede ser revocada cuando éste no cumpla con las obligaciones contraídas al concedérsele tal beneficio, deben estimarse vulnerados los derechos adquiridos por un reo en libertad bajo fianza, cuando no se le oiga previamente antes de revocarle su libertad, para apreciar si fue justa o injusta, comprobada o incomprobada, la causa que motivó el incumplimiento de esas obligaciones, lo contrario sería anteponer una ley reglamentaria a la Constitución y supeditar las garantías que establece, a modalidades creadas por leyes secundarias, que no pueden tener fuerza legal bastante a contrariar el espíritu amplio, proteccionista, de las garantías que la Constitución ha consagrado como invulnerables.

"‘«Precedentes:

"‘«Amparo penal en revisión 2462/49. Pérez Manuel. 20 de abril de 1950. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.»

"‘«Instancia: Primera Sala

"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘«Época: 5a.

"‘«Tomo: CIII

"‘«Página: 1968

"‘«RUBRO: LIBERTAD CAUCIONAL, REVOCACIÓN DE LA.

"‘«TEXTO: Si bien la obligación que se impone a los reos que disfrutan de libertad bajo fianza, de presentarse determinados días al juzgado o tribunal donde radica su causa, es violatoria del artículo 19 constitucional, cuando esta obligación no está determinada por las leyes locales que reglamentan este beneficio, dicha libertad, consagrada por el artículo 20 constitucional entraña, una vez concedida, un derecho del reo, del que ya no puede privársele sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, como lo estatuye el artículo 14 de la Carta Fundamental del país, independientemente de las modalidades que sobre ese aspecto, fijen las leyes reglamentarias, porque éstas, aun estableciendo determinadas obligaciones a cumplir por el reo beneficiado, no pueden contrariar la garantía aludida que, en su forma más simple, protege los derechos del hombre y fija normas para poder privársele de ellos. De aquí que, aun cuando algún Código de Procedimientos Penales prevenga que la libertad de un reo puede ser revocada, cuando éste no cumpla con las obligaciones contraídas al concedérsele tal beneficio, deben estimarse vulnerados los derechos adquiridos por un reo en libertad bajo fianza, cuando no se le oiga previamente antes de revocarle su libertad, para apreciar si fue justa o injusta, comprobada o incomprobada, la causa que motivó el incumplimiento de esas obligaciones. Lo contrario, sería anteponer una ley reglamentaria a la Constitución y supeditar las garantías que establece, a modalidades creadas por leyes secundarias, que no pueden tener fuerza legal bastante a contrariar el espíritu amplio, proteccionista, de las garantías que la Constitución ha consagrado como invulnerables.

"‘«Precedentes:

"‘«Amparo penal en revisión 4941/48. Jarquín Robles José y coagraviados. 1o. de marzo de 1950. Cuatro votos.»

"‘«Instancia: Primera Sala

"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘«Época: 5a.

"‘«Tomo: XCIII

"‘«Página: 2083

"‘«RUBRO: LIBERTAD CAUCIONAL, REVOCACIÓN DE LA.

"‘«TEXTO: La libertad caucional consagrada por el artículo 20 constitucional entraña, una vez concedida, un derecho del reo, del que ya no puede privársele sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, como lo estatuye el artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4686-94ee3bba/prision-preventiva-es-una-excepcion-a-las-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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