QUERELLA, PRESCRIPCION DEL DERECHO PARA FORMULARLA EN LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS Y ABANDONO DE FAMILIARES.
AMPARO EN REVISION 115/96. APOLINAR MANUEL RODRIGUEZ MEZA.
CONSIDERANDO:
IV. Son infundados los agravios transcritos.
Deviene inexacto que el Juez de Distrito, viole en perjuicio del inconforme el artículo 19 de la Carta Magna, a virtud de que dado el texto del citado numeral, la naturaleza de las sentencias dictadas en materia de amparo y el fin al que las mismas tienden, las autoridades encargadas de la función de control de la constitucionalidad no pueden violar las garantías de seguridad jurídica, que tutela el numeral en cita, al dictar aquéllas, en apoyo de lo que cabe invocar la tesis de jurisprudencia emitida por este órgano colegiado bajo el número VII.2o.5 y epígrafe: "SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE LOS ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES" visible en la página ochenta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 46, editada en octubre de mil novecientos noventa y uno, cuya sinopsis reza: "Dado el texto de los artículos l4 y l6 constitucionales, la naturaleza de las sentencias dictadas en materia de amparo y el fin al que las mismas tienden, las autoridades encargadas de la función de control de la constitucionalidad no pueden violar las garantías de seguridad jurídica que tutelan esos numerales al dictar aquéllas."
No es verdad que el Juez de Distrito omitiera cumplir con la obligación que le impone la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues basta leer la sentencia en análisis para advertir que suplió la deficiencia de los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, pues en uso de ella concedió el amparo al quejoso contra el auto de formal prisión que lo estimó probable responsable del ilícito de abandono de familiares previsto por el artículo 202 del código punitivo.
Respecto a todo lo que arguye el quejoso acerca de que el ejercicio de la acción penal por el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos se encuentra prescrita, porque transcurrió con exceso el término de un año para formular la querella que prevé el artículo 95 del código punitivo, debe decirse que la regla establecida en este numeral no procede en casos como el que se trata, pues el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación de dar alimentos se genera cada vez que este deber se incumple, y de la misma manera se crea el derecho a querellarse, ya que se está en presencia de un delito permanente o continuo, según lo sostuvo este tribunal en la diversa tesis que con el número VII.P.1K y rubro: "QUERELLA, PRESCRIPCION DEL DERECHO PARA FORMULARLA EN LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS Y ABANDONO DE FAMILIARES" aparece publicada en la página ciento setenta y nueve y siguiente, del Tomo I, Novena Epoca, del propio Semanario, correspondiente a abril del año recién pasado, que a la letra dice: "Los delitos de incumplimiento de la obligación de dar alimentos y de abandono de familiares se actualizan por la omisión de cumplir con la obligación de dar tales alimentos, misma que se genera sucesiva y permanentemente pues los efectos que produce son eventualmente permanentes, es decir, se prolongan durante el tiempo en que el agente activo mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto en tanto están referidos a una conducta omisiva, lo que permite concluir que la regla establecida en el artículo 95 del código punitivo para los delitos de querella no opera en casos como el que se indica, pues el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación de dar alimentos se genera cada vez que esta obligación se incumple y de la misma manera se genera el derecho a querellarse por el incumplimiento de ella, es decir, el derecho se genera cada vez que la conducta omisiva se presenta, y por esta razón la prescripción no opera en esos delitos por mientras tal conducta no cese."
Independientemente de lo anterior, cabe puntualizar que tanto el cuerpo del delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, cuanto la probable responsabilidad del inconforme en su comisión, quedaron acreditados con la querella formulada ante el órgano acusador por Esma Falcón Loyo, en la que manifestó, en esencia, que por problemas con el quejoso tuvo necesidad de vivir con sus padres, ella y su menor hija Jaquelina Berenice Rodríguez Falcón, que toda vez que aquél no cumplía con su deber de proporcionarles alimentos a los que tienen derecho como esposa e hija del inconforme, éstos los solicitó al través del juicio civil número 744/994, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, en el que por sentencia de doce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro se condenó a aquél a pagar quince pesos diarios por concepto de pensión alimenticia, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada, y que en abril del propio año se requirió al inconforme para que pagara tal pensión, lo que no hizo, declaración que ratificó ante el Juez de la causa; con la copia certificada del aludido juicio civil número 744/994, visible a fojas de la catorce a la treinta y tres del juicio de amparo al que este asunto se contrae, y con la declaración preparatoria del peticionario del amparo en la que, en lo que interesa, aceptó que desde el mes de abril del año de que se habla, no le ha dado dinero a la querellante debido a que no le alcanza porque no tiene trabajo fijo y tiene que mantener a sus otros dos hijos que procreó con ella. Elementos de prueba que permiten deducir que probablemente el inconforme ha dejado de cumplir con su deber de proporcionar alimentos a su menor hija Jaquelina Berenice Rodríguez Falcón.
Sentado lo anterior y toda vez que no se advierte que exista queja que suplir, debe confirmarse, en su parte impugnada, la sentencia en análisis y negar el amparo.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma, en su parte combatida, la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Apolinar Manuel Rodríguez Meza contra los actos de la Juez Primero de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, que hizo consistir en el auto de formal prisión que le dictó el once de noviembre del año recién pasado en la causa penal número 46l/995, como probable responsable del delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: Gilberto González Bozziere, José Pérez Troncoso y Vicente Salazar Vera, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Fue ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3852-29ef7a5f/querella-prescripcion-del-derecho-para-formularla-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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