PRUEBA EN EL AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. NO CAUSA AGRAVIO SI NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO.
AMPARO EN REVISION 613/95. JOSE LUIS TELLEZ MELENDEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son infundados en parte, inoperantes en otra e inatendibles en lo demás los agravios anteriores.
En el primero y tercero de ellos, el recurrente alega una violación al procedimiento que hace consistir en que el juez de Distrito a quo debió diferir la audiencia constitucional, en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo, porque en su concepto no se encontraba integrado el expediente, en virtud de que a pesar de haberle solicitado en tiempo y forma legales, que requiriera a la autoridad responsable a fin de que remitiera copia certificada del oficio circular número B00.0.7.017/93, acordó que tal prueba resultaba inconducente ya que en materia de notificaciones, es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Aguas Nacionales, pero que con esa prueba trataba de demostrar los lineamientos expedidos por la misma Comisión Nacional del Agua como normatividad interna para las notificaciones.
Este argumento es infundado, pues en primer lugar, cabe destacar que no existe controversia en relación a la supletoriedad invocada por el juez federal, de manera que sobre este aspecto no debe hacerse mayor consideración.
Ahora bien, es cierto que en tiempo y forma legales el quejoso ahora recurrente, solicitó al juez de Distrito a quo que requiriera a la autoridad responsable, esto es al gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que le expidiera las copias certificadas solicitadas, entre ellas el oficio circular de referencia, tal como se desprende de los escritos presentados el veintisiete de junio y veinticuatro de julio, ambos de mil novecientos noventa y cinco, pero también cierto es que por oficio número B00.723.0.2/134-3002 de siete de agosto del año en curso, el referido gerente estatal informó al juez federal que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en esa dependencia, no había sido posible la localización de tal documento. Por lo tanto, el hecho de que en la audiencia constitucional de veintisiete de septiembre del año en cita, el juez de Distrito a quo haya acordado en relación con la solicitud del quejoso que la prueba de que se trata resultaba inconducente porque no tiene relación con el asunto, puesto que en materia de notificaciones deben seguirse los lineamientos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Aguas Nacionales, no constituye una violación al procedimiento del juicio de amparo, que hubiese dejado en estado de indefensión al quejoso, puesto que independientemente de que se trate de una reglamentación interna, resultaba innecesaria para resolver en virtud de la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles sobre la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, por más que en esa circular se encontraran los lineamientos a seguir para las notificaciones, expedidos por la propia Comisión Nacional del Agua, no era necesario que obrara en autos porque en todo caso la legalidad de aquéllas tendría que examinarse a la luz del ordenamiento legal aplicable, esto es del Código Federal de Procedimientos Civiles y no con base en una circular interna, de ahí que aun cuando el juez federal hubiese incurrido en la omisión de no recabar la prueba en comento, no procedería la reposición del procedimiento porque dicho elemento probatorio no trasciende al resultado del fallo. Es aplicable sobre este aspecto la tesis que este Segundo Tribunal Colegiado ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 153/88, 211/91, 589/92 y 301/95, que dice: "- La resolución del juez de Distrito que niega la admisión de una prueba que no trasciende al resultado del fallo, no causa agravio a la parte que la ofrece; por otra parte, esa falta de influencia convierte en ocioso decretar la reposición del procedimiento del juicio para el solo efecto de que la prueba sea admitida."
En los mismos agravios (primero y tercero) e inclusive en el segundo, el recurrente alega en esencia que el juez de Distrito a quo debió tener por no rendido el informe justificado del gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, en cumplimiento de la resolución pronunciada por este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en el expediente de queja 40/95, por lo que tampoco debió conceder valor probatorio a las constancias adjuntadas a dicho informe y ante tal situación, tenía que aplicar lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, o sea tener por presuntivamente cierto el acto reclamado; e invoca en apoyo de sus aseveraciones la jurisprudencia del más alto tribunal de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE."
Este argumento resulta también infundado, pues sin dejar de reconocer que el juez federal incurrió en un error al acordar dentro de la audiencia constitucional, que se tuvieran por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, siendo que en términos de la resolución de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada por este mismo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, dentro de la queja 40/95, cuyo testimonio obra de la foja ciento veintidós a la ciento veintitrés, se desprende que el citado recurso interpuesto por el propio José Luis Téllez Meléndez en contra del auto de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco, fue declarado fundado y por virtud de tal ejecutoria el juez de Distrito a quo debió tener por no rendido el informe justificado del gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, por haber sido firmado por el encargado de la Unidad Jurídica de esa Comisión, quien además de no ser el titular del referido órgano administrativo desconcentrado en esta entidad, tampoco acreditó tener facultades para suplir al titular de esa dependencia; sin embargo, tal error no causa agravios al recurrente en virtud de que aun teniendo por no rendido el informe justificado de dicha autoridad, obra en autos el diverso informe del jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de la Comisión Nacional del Agua, que fue señalado como autoridad ejecutora del que se desprende la certeza de los actos reclamados y además remitió copias certificadas deducidas del procedimiento administrativo de origen, por lo que no se está en el caso de desestimar las constancias en cuestión.
A mayor abundamiento, debe decirse que aun cuando las autoridades responsables no hubiesen rendido su informe justificado, o bien que debiera tenerse por no presentado, la única consecuencia sería que en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, se presumirían ciertos los actos reclamados, pero ello de ninguna manera implicaría que fuesen inconstitucionales. Es aplicable sobre esta cuestión la jurisprudencia 263 de este Tribunal Colegiado, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. FALTA DE.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."
Por otra parte, el juez de Distrito a quo decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, porque en su concepto se surtió la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso reclamó la orden dictada por el gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, por la que se pretendía fijar sellos de clausura en un pozo-noria de su propiedad, pero que al constar en autos que la clausura y fijación de sellos se llevó a cabo desde el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, hicieron que cesaran los efectos del acto reclamado, consistente en la probable fijación de sellos, puesto que con ello se logró la finalidad de la orden.
Sobre este aspecto, el recurrente insiste en que el juez federal no debió tomar en cuenta las constancias adjuntadas al informe justificado rendido por la autoridad responsable señalada como ordenadora; que no existen elementos legales y fehacientes para decretar el sobreseimiento; y que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no apoyarse en presunciones.
Ante tal situación, los agravios de referencia resultan inoperantes pues como es fácil advertir de lo antes narrado, el recurrente omite expresar razonamientos jurídicos concretos tendientes a rebatir y destruir la consideración por la que el juez federal decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, es decir, que el recurrente no combate la razón por la que el juez de Distrito a quo consideró que habían cesado los efectos del acto reclamado, por lo que al no encontrarse en ninguno de los supuestos en que debe suplirse la deficiencia de la queja, este Tribunal Colegiado no puede legalmente abordar el análisis de tal cuestión, puesto que no se proporcionan las bases para ello y en consecuencia el sobreseimiento decretado debe quedar firme. Es aplicable sobre esta cuestión la jurisprudencia 117 de este Tribunal Colegiado, que dice: "AGRAVIOS. EXPRESION DE.- La expresión de agravios es la base de la controversia en la revisión y si no se aducen se juzgaría oficiosamente sobre derechos que no están en tela de juicio, lo que está en abierta pugna con el sistema establecido de la revisión a instancia de partes."
En el mismo sentido, es aplicable la diversa jurisprudencia 38 de este propio tribunal, que dice: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.- Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa."
Por lo demás, los diversos agravios que se refieren a la falta de análisis de algunos conceptos de violación, y sobre todo a que la notificación de la orden de clausura, no se llevó a cabo de acuerdo con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Aguas Nacionales; que la interposición del recurso de revisión en contra de ese tipo de resoluciones es optativa, que no existió acuerdo delegatorio de facultades para que la autoridad ejecutora procediera a fijar los sellos de clausura y que ésta es violatoria del artículo 21 constitucional, que solamente faculta a la autoridad administrativa para aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernamentales y de policía, consistentes en multa o arresto hasta por treinta y seis horas mas no otro tipo de sanción como la clausura; resultan inatendibles en virtud de que sobre la falta o ilegal notificación de la orden referida, este Tribunal Colegiado advierte una causal de improcedencia que hace valer de oficio en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 5 de este propio Tribunal Colegiado, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."
En efecto, respecto del principal acto reclamado por el quejoso ahora recurrente, que se hizo consistir en la falta o ilegal notificación de la resolución de nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada por el gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, que dicho quejoso identificó como la orden por la que se pretendía fijar sellos de clausura en un pozo-noria de su propiedad y que según consta en autos se notificó el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y en esa misma fecha se ejecutó, por el jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de la misma dependencia, sin que se siguiera "el procedimiento administrativo de notificaciones respectivo" debe indicarse que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo.
Para así estimarlo, conviene precisar que el artículo 183, fracciones IX y X del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece: "Las visitas de inspección que se efectúen por `La Comisión' para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se efectuarán conforme a lo siguiente: ...IX.- Una vez escuchado al visitado, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreció, o en caso de que no haya hecho dentro del plazo mencionado uso de derechos que le conceden las fracciones VI y VII de este artículo, `La Comisión' dictará la resolución administrativa que corresponda, debidamente fundada y motivada, misma que se notificará al interesado; y, X.- Las notificaciones para estos fines serán personales y cumplirán con lo que establece el presente reglamento."
El artículo 190 del citado ordenamiento legal señala: "La tramitación del recurso de revisión que establece el artículo 124 de la `Ley', se sujetará a las disposiciones de este `Reglamento' y, en lo no previsto, a las del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Si se interpone recurso de revocación o de nulidad de notificaciones contra actos y resoluciones que emita `La Comisión' en materia fiscal, conforme a la presente `Ley' los mismos serán resueltos por ésta en los términos del Código Fiscal de la Federación."
Por último, el artículo 197 del ordenamiento legal en cita, indica: "Las notificaciones que deban hacerse a los recurrentes y a los terceros perjudicados se practicarán en forma personal, en el domicilio que hubiesen señalado para tal efecto, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su parte relativa."
De la interpretación armónica de las disposiciones legales antes transcritas, se deduce que las resoluciones administrativas pronunciadas por la Comisión Nacional del Agua, que de alguna manera afecten a los particulares, deberán notificarse en forma personal a los interesados, en los términos de las disposiciones correspondientes del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el ordenamiento legal que tiene aplicación en forma supletoria a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; asimismo, que en contra de la falta o ilegal notificación de aquellas resoluciones, procede el recurso de nulidad de acuerdo con las disposiciones del mismo código adjetivo civil federal, siempre y cuando la resolución que deba notificarse no se refiera a la materia fiscal, como sería la imposición de multas, en cuyo caso, el recurso que en contra de la misma se interponga deberá ser resuelto conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en su parte relativa.
En el caso, la orden de clausura definitiva del pozo-noria propiedad al parecer del quejoso, no puede considerarse de carácter fiscal en virtud de que se trata de una sanción adicional impuesta, por la explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguas nacionales a través de infraestructura hidráulica, sin contar con la autorización correspondiente, con apoyo en el artículo 122 de la Ley de Aguas Nacionales, aun cuando también en dicha resolución se hayan impuesto al quejoso diversas multas.
De acuerdo con lo anterior y toda vez que, como consta en autos el quejoso tuvo intervención en el procedimiento administrativo de origen, ya que con él se entendió la visita domiciliaria y al final de la misma expresó lo que a su interés convino, como que estaba dispuesto a regular el pozo y así lo solicitó en un diverso escrito de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dirigido al gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua (foja cuarenta y siete), debe concluirse que antes de promover el juicio de garantías debió agotar el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la ilegal notificación, previsto por el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Aguas Nacionales en términos de su artículo 183, fracción X y los diversos artículos 190 y 197 de su Reglamento, pues a través de dicho medio de defensa legal ordinario, puede revocarse o nulificarse la notificación hecha indebidamente u omitida de la orden de clausura a que se ha venido haciendo referencia. Sirve de apoyo a lo anterior la primera tesis relacionada con la jurisprudencia 134 visible en la página 240 de la Primera Parte, Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.- La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas." Asimismo, es aplicable la diversa jurisprudencia 1577 visible en la página 2523 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice en consulta, que dice: "RECURSO. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común."
Sobre la causal de improcedencia invocada, cabe señalar que este Tribunal Colegiado ya ha expresado criterio al resolver el diverso amparo en revisión número 405/95, con motivo del cual se sustentó la tesis que dice: "LEY DE AGUAS NACIONALES, NOTIFICACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DEBEN SER PERSONALES A LOS INTERESADOS, SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE Y CUANDO NO CORRESPONDA A LA MATERIA FISCAL.- De la interpretación armónica de los artículos 183, fracciones IX y X, 190 y 197 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, se sigue que las resoluciones administrativas que pronuncie la Comisión Nacional del Agua, deben notificarse en forma personal a los interesados, conforme a las disposiciones relativas, previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es el ordenamiento legal que debe de aplicarse supletoriamente a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y que en contra de la falta o ilegalidad de la notificación que deba efectuarse, procede el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del precitado código adjetivo civil federal, siempre y cuando la resolución que debe notificarse no corresponda a la materia fiscal, como sería la imposición de multas, en cuyo caso, el recurso que en contra de la misma se interponga deberá ser resuelto conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en su parte relativa."
Finalmente, suponiendo sin conceder que a pesar de la causal de improcedencia invocada debieran examinarse los argumentos relativos a la ejecución de la clausura, es decir, lo alegado por el recurrente en el sentido de que la interposición del recurso de revisión en contra de ese tipo de resoluciones es optativa, que no existió acuerdo delegatorio de facultades para que la autoridad ejecutora procediera a fijar los sellos de clausura y que ésta es violatoria del artículo 21 constitucional, porque tal disposición sólo faculta a las autoridades administrativas para aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, consistentes en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; debe decirse que la circunstancia de que la interposición del recurso de revisión en contra de esa clase de resoluciones que emite la Comisión Nacional del Agua, sea optativa, no implica que también lo sea la promoción del incidente de nulidad de notificaciones a que se ha hecho referencia pues son cuestiones diferentes las consistentes en que la resolución se notifique legalmente al afectado y éste opte por interponer el recurso de revisión o bien el juicio de amparo, para impugnar las consideraciones y fundamentos en que se apoyó el acto de molestia; y otra cosa es que en amparo se reclame la falta o ilegal notificación de aquella resolución, pues sobre este aspecto, como se ha visto existe un medio de defensa ordinario que debe hacerse valer a fin de que de resultar procedente, el afectado tenga oportunidad de promover ya sea el recurso de revisión o el juicio de amparo.
Por cuanto a la falta de acuerdo delegatorio de facultades, el juez de Distrito a quo consideró que no era obstáculo para que la autoridad señalada como ejecutora impusiera los sellos de clausura, porque del oficio número B00.723.2.PSH.070/95-985, advertía que únicamente se comisionó al ingeniero Vicente Muñoz Luna para proceder a la fijación de sellos de clausura, es decir que no se le delegaron facultades de funcionario sino que sólo se le comisionó para llevar a cabo una resolución, esto es la fijación de sellos.
Sobre este aspecto, el recurrente afirma que en el oficio invocado por el juez de Distrito se desprende que se facultó a la autoridad ejecutora para proceder a la fijación de los sellos de clausura, sin que se haya cumplido con lo dispuesto por los artículos 12 y 14 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
Con base en lo anterior, se advierte la inoperancia de la afirmación expresada por el recurrente, pues carece de argumento lógico jurídico tendiente a rebatir la consideración del juez de Distrito a quo; y por otra parte, este Tribunal Colegiado comparte el argumento del juez federal en el sentido de que para la ejecución de una resolución en que se contenga una orden de clausura, emitida por una autoridad administrativa, no se requiere de un acuerdo delegatorio de facultades que deba publicarse en el Diario Oficial de la Federación, pues a lo que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en relación con el artículo 12 de esa propia Ley, es a la delegación de facultades del director general de la Comisión Nacional del Agua, pues así lo establece la fracción V del citado artículo 14, lo que implica que puede delegar las facultades señaladas en ese artículo en los demás servidores públicos o unidades administrativas de esa dependencia, como pueden ser las Delegaciones Estatales, caso en el cual tendrán que publicarse los acuerdos respectivos en el Diario Oficial de la Federación, pero esto es innecesario en casos como el de la especie, en que el gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, emitió la resolución de clausura y única y exclusivamente comisionó al jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de la misma dependencia, para que la ejecutara.
Finalmente, respecto de lo alegado por el quejoso ahora recurrente, en el sentido de que la orden de clausura infringe lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, debe decirse que tal argumento resulta infundado porque en primer lugar sólo se trata de la reiteración de un concepto de violación, pero no precisa si el juez de Distrito a quo se ocupó o no de tal cuestión o por qué la reitera; y en segundo lugar, cabe señalar que en términos del artículo 122 de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua puede imponer adicionalmente la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los pozos, en tratándose de las infracciones previstas en las fracciones I, IV, VIII, IX y XII del artículo 119 de esa misma Ley. Por lo que si la ley de la materia prevé ese tipo de sanción es de concluirse que no existe violación al artículo constitucional citado.
En las condiciones anteriores, procede modificar el fallo que se revisa, dejando firme el sobreseimiento decretado y revocando la negativa del amparo, para sobreseer en general el juicio de garantías.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por José Luis Téllez Meléndez, de los actos que reclama del gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua y jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de la misma dependencia, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo al juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María EugeniaEstela Martínez Cardiel, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3424-307fceb1/prueba-en-el-amparo-desechamiento-de-la-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTICULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL QUE LO CREO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES QUE CONSAGRA EL ARTICULO 49 CONSTITUCIONAL. TRABAJADORES DE (AMPARO EN REVISIÓN)
- QUERELLA, PRESCRIPCION DEL DERECHO PARA FORMULARLA EN LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS Y ABANDONO DE FAMILIARES. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis