NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO.
AMPARO EN REVISION 23/95. BERNARDO TELLEZ MENESES Y OTRO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios anteriores.
De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, esto es que el juicio de garantías únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno; este principio sufre una excepción en el caso de personas extrañas a juicio que pueden solicitar el amparo sin tener que agotar los recursos ordinarios procedentes, y la razón de ser de esto es que si el quejoso no ha tenido intervención en el procedimiento del cual emanan los actos reclamados, y en dicho procedimiento se ha dictado sentencia, es incuestionable que no ha estado en posibilidad de agotar los recursos ordinarios procedentes contra ese fallo. Esta situación se encuentra prevista en los artículos 107 fracción VII constitucional y 114 fracción V de la ley reglamentaria del juicio constitucional.
En el caso, Bernardo Téllez Meneses y Enedino Téllez Bernardino, reclaman concretamente la resolución de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en el expediente 1284/993, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Bancomer, S.A., por conducto de su apoderado Carlos Roberto Brito Varela en contra de los quejosos y otra, por la cual se declaró ejecutoriada la sentencia, se tuvo por presentado al actor nombrando a su perito valuador y por exhibida la planilla de liquidación de sentencia; y como argumentos esenciales para demostrar la ilegalidad de la resolución reclamada, alegan que el juicio de origen se ha seguido "prácticamente a sus espaldas", que no les fue notificada la sentencia en forma personal a pesar de que previamente habían señalado domicilio para recibir notificaciones, y que es incorrecta la consideración que el Juez responsable externó en la sentencia definitiva, por cuanto que su contestación de demanda haya sido extemporánea, ya que por los motivos que expresan dicha contestación fue presentada en tiempo y forma legales.
De acuerdo con lo anterior, debe decirse que Bernardo Téllez Meneses y Enedino Téllez Bernardino, no se encuentran en el caso de excepción relacionado con el principio de definitividad que rige en amparo, sino que por haber tenido intervención en el procedimiento de origen, se encontraron obligados a agotar los recursos ordinarios procedentes antes de acudir en demanda de amparo.
Ahora bien, es cierto que reclaman la resolución de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en el referido expediente 1284/993, por la cual, entre otros aspectos, se declaró que la sentencia dictada en ese procedimiento había causado ejecutoria, por lo que, pudiera decirse que la ley del acto no concede recurso alguno; pero también cierto es que la razón por la que afirman que tal resolución es ilegal, estriba en que, según dicen, no les fue notificada legalmente la sentencia definitiva de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Por ello, se considera acertado el sentido del fallo que se revisa, pues por lo que respecta a la supuesta ilegalidad de la notificación de la sentencia de primera instancia, los quejosos debieron agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, tanto para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, como para tener opción (de resultar fundado el incidente), de hacer valer el recurso ordinario procedente en contra del fallo de primer grado y dentro del mismo, alegar tanto las violaciones de procedimiento como de fondo que hubiesen podido cometerse en dicho fallo.
No es obstáculo para esta consideración, el hecho de que ya se hubiese dictado sentencia y que por virtud de la resolución reclamada se haya declarado ejecutoriada, porque si como los quejosos lo alegan, con motivo de la notificación de la multicitada resolución, se percataron de que la diversa notificación de la sentencia se había realizado en forma diversa a la prevista por la ley, fue en ese momento en que debieron interponer el incidente de nulidad referido, porque el hecho de que la resolución reclamada declare en un aspecto que la sentencia dictada en ese procedimiento ha causado ejecutoria y por consecuencia, que dé por concluido el juicio, no los exime de cumplir con el principio de definitividad, es decir, que debieron agotar el medio de defensa procedente contra la supuesta notificación ilegal de la sentencia, pues sólo de esa forma y de resultar fundado el incidente, podrían recurrirla en tiempo, alegando tanto violaciones de procedimiento como de fondo; y es evidente que de resultar fundado el incidente de nulidad mencionado, traería como consecuencia la revocación o anulación de la notificación reclamada.
Tampoco es óbice para la interposición del incidente de nulidad, el hecho de que se hubiese dictado sentencia de primera instancia y que inclusive se haya declarado ejecutoriada, en virtud de que la nulidad de una actuación, como en la especie la constituye la supuesta ilegal notificación de la sentencia, sólo se obtiene mediante el incidente respectivo, que generalmente debe ejercitarse durante el juicio; sin embargo, cuando se trata de actuaciones practicadas con posterioridad al fallo de primer grado, puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de actuaciones. Es aplicable sobre este aspecto la tesis que este Tribunal Colegiado ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 295/92, 215/93, 366/93 y 543/94, que dice: "-Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnan las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones.".
En relación con las otras dos cuestiones que se proveyeron en la resolución reclamada, es decir, por cuanto que se tuvo al actor nombrando a su perito valuador y por presentada su planilla de liquidación de sentencia, debe decirse lo siguiente:
El artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo, establece: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: I, II, III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.".
En la especie, se reclamó una resolución que únicamente proveyó sobre la designación de perito del actor y presentación de su planilla de liquidación de sentencia, por lo que, es claro que no se trata de la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, porque esa resolución sólo ordenó correr traslado a los demandados ahora quejosos, tanto para que nombraran a su perito como para que expresaran su conformidad o inconformidad con la planilla presentada.
Así las cosas, se considera correcto el sentido de la sentencia recurrida, siendo aplicable sobre el punto, la tesis que este Tribunal Colegiado sustentó al resolver el amparo en revisión 24/90, que dice: "AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL, TRATANDOSE DE ACTOS EN EJECUCION DE SENTENCIA.-Si la resolución reclamada, confirmó el auto por el cual se tuvo al actor presentando su planilla de liquidación de sentencia y se ordenó correr traslado a la contraparte, debe concluirse que se trata de actos pronunciados en ejecución de sentencia, por lo que, no siendo la última resolución de aquel procedimiento, resulta improcedente el juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 114 fracción III párrafo primero del mismo ordenamiento legal.".
Asimismo, resulta también aplicable sobre el tema en comento, la tesis que este propio Tribunal Colegiado, sustentó al resolver los amparos en revisión números 218/91 y 155/93, que dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.-Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.".
Finalmente, debe decirse que como las causales de improcedencia invocadas por el Juez Federal, se encuentran plenamente probadas, fue correcto que se haya decretado el sobreseimiento del juicio de garantías y en consecuencia, que no haya abordado el estudio de los conceptos de violación, puesto que el sobreseimiento impide entrar al estudio de fondo del asunto. Es aplicable sobre este punto la jurisprudencia 6 de este Tribunal Colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.".
En las condiciones anteriores procede confirmar el fallo que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Bernardo Téllez Meneses y Enedino Téllez Bernardino de los actos que reclaman de la Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad de Puebla, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y Humberto Cabrera Vázquez, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2330-205bc630/nulidad-de-actuaciones-practicadas-concluido-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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