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Modo: Corpus Pro

POLICIA PREVENTIVA, AGENTES DE LA. ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XIII DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS, DEBEN REGULARSE POR SUS PROPIAS LEYES Y NO ESTAN SUJETAS A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 13/95. · Registro digital (IUS): 2376
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BERTOLDINO JAURES FUENTES.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, , Pág. 148.

AMPARO EN REVISION 13/95. BERTOLDINO JAURES FUENTES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los conceptos de agravio son fundados y suficientes para revocar el fallo recurrido.

En efecto, el artículo 145 de la Ley de Amparo textualmente dispone:

"ARTICULO 145. El Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado."

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar este precepto ha sostenido que su aplicación es de carácter excepcional, de manera, que los Jueces de Distrito no deben rechazar las demandas de amparo, sino que deben tramitarlas para dar oportunidad a que mediante los informes justificados y las pruebas rendidas puedan confirmarse o desvanecerse los motivos de improcedencia que pudieran haber aparecido, evitando, de esa manera, con el desechamiento de la demanda, perjuicios irreparables a los quejosos y que sólo en casos notorios e indudables de improcedencia, procede el desechamiento del escrito inicial de demanda, en términos del artículo antes transcrito.

El criterio anterior aparece publicado en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de mil novecientos cuarenta y uno, Segunda Sala, página seis, y sustancialmente dice:

"Dentro del mismo campo ha sido una tesis firmemente sostenida por la Sala de que salvo casos notorios e indudables de improcedencia los Jueces de Distrito no deben tramitarlas para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades y las pruebas que rindan, puedan confirmarse o desvanecerse los motivos de improcedencia que hubieran podido apreciarse desde la iniciación del juicio y de esa manera evitar perjuicios irreparables a los quejosos."

Este órgano colegiado, por su parte, en reiteradas ocasiones ha sostenido que para que opere la improcedencia de la demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable, hipótesis a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere que el motivo de improcedencia sea claro, evidente, del cual no pueda dudarse, en el entendido de que si éste puede ser materia de debate, entonces se debe admitir la demanda de garantías, sin perjuicio que en su momento proceda el sobreseimiento en el juicio constitucional, por ese u otro motivo.

Los razonamientos que anteceden aparecen en las tesis publicadas en el Informe de Labores de mil novecientos setenta y siete, páginas ciento noventa y uno y ciento noventa y dos, y en las páginas doscientos dieciséis y doscientos diecisiete, Tomo II, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte-Uno, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dicen:

"DEMANDA DE AMPARO, MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA.-Si para sostener la improcedencia de la demanda de amparo, por motivo manifiesto e indudable, se invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, puesto que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse."

"DEMANDA DE GARANTIAS. PUEDE DECRETARSE SU SOBRESEIMIENTO CON APOYO EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCION, SIEMPRE QUE SEA NOTORIA Y MANIFIESTA.-Las condiciones de aplicación del artículo 145 de la Ley de Amparo, que previene el desechamiento de plano de la demanda de garantías, pueden examinarse desde dos ángulos; por un lado la causal de improcedencia susceptible de invocarse y por otro su carácter notorio manifiesto. Como causales de improcedencia aparecen en forma enunciativa en las diecisiete fracciones del artículo 73 de la ley, a las cuales cabría agregar todas aquéllas relacionadas con otros requisitos de procedibilidad de la acción (falta de personalidad del promovente, error en la vía intentada, actos derivados de otros consentidos, actos de particulares o actos inatacables), cuya invocación se autoriza por la última de las fracciones del precepto citado. De entre las causales de improcedencia, no es posible elegir de manera previa y definitiva cuáles son susceptibles de dar origen al desechamiento de la demanda de amparo, pues el grado de su notoriedad para cada caso concreto generalmente depende de las características particulares del mismo. Es cierto, sin embargo, que puede afirmarse sin falta a la verdad que algunas causales dada su naturaleza y estructura normativa interna ofrecen mayores facilidades para su configuración al momento de analizar la demanda, de allí, que sean frecuentes en los autos de desechamiento, por ejemplo, la extemporaneidad de la acción, la reclamación de derechos políticos, de actos de particulares o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la improcedencia de la vía intentada; y que por lo contrario, existen otros supuestos que por lo general exigen la admisión a trámite de la demanda y la sustanciación del juicio, como son los de falta de personalidad, de actos consentidos expresamente, actos materia de otro juicio, de reclamación de leyes heteroaplicativas cuyo acto concreto de aplicación parece incierto, o inclusive la ausencia de interés público. Pese a lo anterior, se precisa reiterar que esta clasificación no es tajante ni puede aplicarse en todos los casos, pues las causales de improcedencia pueden ser más o menos notorias y manifiestas según las condiciones particulares de cada negocio. Por tanto, la decisión de aplicar una causal para fundar el desechamiento de una demanda supondrá que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, la considerare probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento, en particular la fase probatoria y la rendición de informes de las autoridades, no sean necesarios para configurarla en forma acabada ni tampoco puedan previsiblemente desvirtuar su contenido."

En este orden de ideas, puede concluirse, que la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales es de aplicación estricta, en virtud de que el desechamiento de la demanda puede ocasionar daños al quejoso al privarlo de su oportunidad de acreditar en el juicio constitucional el desvanecimiento de las causales de improcedencia que pudieran haberse apreciado. Tomando en consideración, además, que el auto de admisión no afecta a las demás partes en el juicio, pues tienen oportunidad de demostrar la existencia de la causal de improcedencia y por que el auto admisorio no impide al juzgador sobreseer por ese u otros motivos.

Asentado lo anterior, lo conducente es analizar si el motivo que dio origen al desechamiento de demanda que aquí se revisa es, manifiesto e indudable o si, la causa expuesta carece de sustento legal.

Por auto de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Tercero en Materia Administrativa en el Distrito Federal desechó la demanda promovida por BERTOLDINO JAURES FUENTES con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103 fracción I del citado ordenamiento y en la tesis bajo la voz: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.", y, para llegar a esa determinación se apoyó en las consideraciones que a continuación se precisan:

1o. La resolución reclamada se hizo consistir en la baja de su nombramiento en el puesto de policía adscrito a la Policía Preventiva del Distrito Federal, Sector Dos, Oriente de la Secretaría de Protección y Vialidad.

2o. Así las cosas, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 10/90, cuyo rubro es: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.", concluyó que la baja en el empleo de esta clase de trabajadores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación laboral que lo une con el Estado se equipara a la de un patrón sui géneris, carente de imperio.

3o. Consiguientemente, al no ser la resolución reclamada un auto de autoridad, resultaba notoriamente improcedente el medio de defensa intentado.

Los razonamientos que anteceden, se estima que no son acertados para desechar la demanda interpuesta porque exista un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia.

Para demostrar el aserto anterior, conviene transcribir la tesis de jurisprudencia que aplicó el Juez del conocimiento: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.-Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (compilación de mil novecientos ochenta y cinco, Quinta Parte), intitulada 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS.' y la tesis de la Segunda Sala (compilación de mil novecientos ochenta y cinco, Tercera Parte, página setecientos treinta y nueve), intitulada 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.', subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón puesto que se constituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad y el personal del servicio exterior, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución.".

Como se desprende de lo anterior, en caso de controversia derivada del cese o baja de un empleado de confianza al servicio del Estado, el afectado debe acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que dicho órgano jurisdiccional resuelva lo que conforme a derecho proceda, toda vez que la relación que existe entre el Estado y sus servidores se equiparará a una relación laboral, colocando a aquél en una posición jurídica similar a la del patrón, pero de este supuesto se encuentran exceptuados los trabajadores que se encuentren comprendidos en la fracción XIII, del apartado "B" del artículo 123 constitucional, es decir, militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad, así como el personal de servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes.

En esta tesitura, aun cuando el quejoso que pertenece a la Policía Preventiva del Distrito Federal sea un trabajador de confianza en términos del artículo 5o., fracción II, inciso L, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es incuestionable que es miembro de un cuerpo de seguridad pública de aquéllos a que se refiere la fracción XIII del artículo 123 constitucional, en su apartado "B", por lo que la actividad que realiza es de interés social y la prestación de sus servicios no puede equipararse a una relación laboral, dada su propia naturaleza, esto es, desarrolla actividades de vigilancia, mantenimiento del orden y seguridad de los gobernados, así como de orientación al público en cuestiones de su competencia.

Consiguientemente, si la propia Constitución excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública de la relación equiparable a la laboral que se especifica en el primer párrafo de la fracción XII y fracción XIII bis, procede el juicio de amparo en contra del cese o baja de esta clase de trabajadores.

Similar criterio ha sostenido este órgano colegiado al resolver los amparos en revisión números RA-2713/93, RA-1443/93, RA-83/93, el recurso de queja 203/94, RA-1343/94, y RA-2653/94, resueltos en sesiones de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, trece de enero, dieciséis de marzo y dos de junio, siete de julio y diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, e incluso del antepenúltimo precedente antes citado se elaboró la siguiente tesis publicada en el Tomo XIV, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, páginas trescientos noventa y uno y trescientos noventa y dos, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"-Aun cuando los agentes de la policía preventiva son trabajadores de confianza en términos del artículo 5o. fracción II, inciso L, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dada la actividad que desempeñan como auxiliares de la vigilancia y previsión del orden público, actividad que está encomendada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, es incuestionable que estos servidores públicos son miembros de cuerpos de seguridad pública a los que se refiere la fracción XIII del artículo 123 constitucional en su apartado B (que se refiere a los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública), porque la actividad que realizan es de interés público y social, por lo que, la prestación de sus servicios no puede equipararse a una relación laboral, dada su propia naturaleza, que es de aquellas que están encomendadas a vigilar y proteger el orden público en favor de los gobernados, de ahí el que debe regularse este tipo de prestación de servicios por sus propias leyes y no sujetarlas en caso de controversia, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque se ubica claramente dentro de las excepciones que prevé la citada fracción XIII del precepto constitucional antes invocado. En consecuencia, si la propia Constitución excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública de la relación equiparable a la laboral que se especifica en el primer párrafo de las fracciones XII y XIII bis, del artículo 123, luego entonces, procede el juicio de amparo en contra del cese de este tipo de trabajadores de confianza que se constituyen en servidores públicos del Estado. Lo anterior resulta así, atendiendo a que si bien la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que los miembros de las policías preventivas son trabajadores de confianza, ello no significa que deban sujetarse necesariamente a la aplicación de este ordenamiento federal pues precisamente por integrar cuerpos de seguridad sus conflictos con el Estado deben dirimirse conforme a sus leyes como lo ordena la ya citada fracción XIII del precepto constitucional invocado, por tratarse de organismos o cuerpos especiales que por su propia naturaleza desempeñan una actividad especial y distinta a los trabajadores de confianza a que se refiere la fracción XII del propio artículo."

En consecuencia, no puede considerarse que el juicio de amparo sea improcedente porque el acto reclamado versaba sobre el cese o baja de un trabajador de confianza, ya que como anteriormente se ha mencionado el caso planteado en la acción constitucional encuadra, en uno de los casos de excepción previstos en la Constitución.

Por tanto, es de concluirse que en la especie se revoca el auto desechatorio del juicio de garantías ya que las consideraciones del a quo en que se basó para su emisión, no constituyen un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé motivo al desechamiento de la demanda que en esta instancia se revisa.

En tales condiciones, lo procedente es revocar el auto que aquí se combate, para que con plena jurisdicción el Juez de Distrito analice la demanda de garantías y, de no existir alguna otra causa de improcedencia, la admita.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 83, 85, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.-SE REVOCA el auto de fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictado por el Juez Tercero en el expediente A.238/94-D.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Genaro David Góngora Pimentel, Carlos Alfredo Soto Villaseñor y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, siendo relator el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2376-d2a3afd9/policia-preventiva-agentes-de-la-atendiendo-a-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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