ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. ES SUFICIENTE QUE LOS ARRENDADORES DE BIENES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE ALGUN CONTRIBUYENTE DE DICHO IMPUESTO EXHIBAN EL RESPECTIVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA ACREDITAR SU INTERES JURIDICO AL DEMANDAR AMPARO CONTRA LA LEY QUE LO ESTABLECE. ACTIVO DE LAS EMPRESAS, LEY DEL IMPUESTO AL. VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE NO ESTABLECE LA BASE DEL IMPUESTO PARA CONTRIBUYENTES ARRENDADORES NO EMPRESARIOS.
AMPARO EN REVISION 4853/90. CARLOS VAZQUEZ PIÑEIRO Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Por no haber sido recurrido por la parte a quien pudiera perjudicar, no es materia de la presente revisión, el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, en relación a los actos de aplicación reclamados del secretario de Hacienda y Crédito Público, coordinador de la Administración Fiscal Metropolitana y administrador Fiscal Federal del Norte del Distrito Federal.
QUINTO. Es infundado el primero de los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente.
En efecto, las documentales que obran a fojas dieciocho a treinta de autos, en las que se basó el juez de Distrito para considerar acreditado el interés jurídico, son las siguientes:
1) Testimonio del poder otorgado por Carlos Vázquez Piñeiro en favor de Luis González Pacheco, José Serrano Martínez y Antonio Villar Hernández, siendo este último quien promovió en representación de dicho quejoso (fojas 18 a 20).
2) Copia certificada del aviso de alta de obligaciones fiscales presentada por Carlos Vázquez Piñeiro el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho ante la Tesorería del Distrito Federal y en la que manifiesta como actividad preponderante el arrendamiento de inmuebles (foja 21).
3) Copia certificada de la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de Manuel Vázquez Arellano en el que se manifiesta como actividad preponderante el arrendamiento de inmuebles (foja 22).
4) Copia certificada de la declaración del impuesto al valor agregado por el período de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, presentada por Carlos Vázquez Piñeiro el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, en la que se asienta como giro o actividad preponderante el arrendamiento de inmuebles (foja 23).
5) Copia certificada de la declaración anual del impuesto al ingreso de las personas físicas por el ejercicio de mil novecientos ochenta y siete de Carlos Vázquez Piñeiro, en la que se declaró como actividad preponderante "ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HOTEL. ACTIVIDADES EMPRESARIALES", declarándose como total de ingresos en el capítulo III "ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES" la cantidad de 68,850 así como por el capítulo VI "ACTIVIDADES EMPRESARIALES" la cantidad de 21,334.750 en el que se especificó que eran "Datos proporcionales al 50% de la participación en el negocio de Hotel `Tacuba', ubicado en Golfo de Gabes 72, Col. Tacuba, del cual es rep. común el Sr. VAZQUEZ PIÑEIRO JOSE VAPJ-360911-7F9. Ejercicio 1987", haciéndose deducciones por inversiones en activos fijos y diferidos. Los demás capítulos de ingresos en dicha declaración se encuentran en blanco y sólo en la parte relativa a copropietarios se señala a Vázquez Arellano Manuel, con registro federal de contribuyentes VAAM-580616, con domicilio fiscal en Emerson 229-501 Chapultepec Morales, con 50% de participación y con ingresos que le corresponden de 68,850, así como a José Vázquez Piñeiro, con registro federal de contribuyentes VAPJ- 360911-7F9, con domicilio fiscal en Golfo de Gabes 72 Col. Tacuba, con 50% de participación y con ingresos que le corresponden de 21,334.750.
6) Contrato de arrendamiento, que obra a foja veintinueve, y que en la parte relativa, señala:
"R.F.C. VAPC-490822. CTA. PREDIAL 029-217-02-000-6. Casa núm. 323 de la calle de MELCHOR OCAMPO. CONTRATO de arrendamiento de PREDIO que celebran como arrendador CARLOS VAZQUEZ PIÑEIRO y como inquilino HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. y que se regirá por las condiciones siguientes: I. El inquilino pagará la renta mensual de $1'600,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) en moneda del cuño corriente mexicano y por mensualidades adelantadas que comenzarán a correr desde la fecha de este contrato. II. El término del arrendamiento será UN AÑO FORZOSO PARA AMBAS PARTES... VI. La localidad se destinará exclusivamente para (espacio en blanco) y si el inquilino hace otro uso distinto de ella, éste será motivo suficiente para obligarlo a que la desocupe, aun cuando todavía esté corriendo el plazo fijado en la cláusula II de este contrato... México, D.F., a 1o. DE JULIO DE 1988. INQUILINO. HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Carlos Vázquez (firmado). ARRENDADOR. CARLOS VAZQUEZ PIÑEIRO (firmado)".
7) Fotocopia de la boleta del impuesto predial a nombre de "VAZQUEZ PIÑEIRO CARLOS Y COPR" como "propietario o poseedor del predio Melchor Ocampo 323 Nueva Anzures Z.P. 06. Cod. Postal 11590. Ubicación del predio por el que se emite este recibo Herodoto 25 Anzures Z.P. 05", correspondiente al primer bimestre de mil novecientos ochenta y nueve (foja 30).
Asimismo, a fojas ciento veintiuno y ciento veintidós del expediente del juicio de amparo obran la copia certificada de la boleta del impuesto predial anteriormente referida y la copia certificada de la boleta del impuesto predial por el período del primer al cuarto bimestre de mil novecientos ochenta y ocho, a nombre de "VAZQUEZ PIÑEIRO CARLOS Y COPR" respecto del predio ubicado en Herodoto veinticinco, Anzures, Código Postal 11590, Zona Postal 05, cuenta 029 217 02 000, respectivamente.
De las anteriores documentales referidas deriva lo siguiente:
1) Que el quejoso, Carlos Vázquez Piñeiro en su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, declaró ingresos tanto por el Capítulo VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a los ingresos de las personas físicas por actividades empresariales, consistentes en "Hotel", en un porcentaje de un 50% de la participación del negocio de Hotel "Tacuba", ubicado en Golfo de Gabes setenta y dos, Colonia Tacuba, del cual es representante común el señor José Vázquez Piñeiro; como por el diverso Capítulo III, del mismo Título IV de las personas físicas, relativo a los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, siendo éstos los únicos conceptos de ingresos declarados, pues el total de ingresos declarados que asciende a la cantidad de 21'403,600 corresponde a la suma de los ingresos totales declarados por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles y por actividades empresariales que fueron por las cantidades de 68,850 y 21'334,750.
2) Que en la misma declaración, el quejoso Carlos Vázquez Piñeiro, señaló al diverso quejoso Manuel Vázquez Arellano, como partícipe en un cincuenta por ciento de sus ingresos por el Capítulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a los ingresos de las personas físicas por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles.
3) Que las boletas del impuesto predial correspondientes a los bimestres primero a cuarto de mil novecientos ochenta y ocho y primer bimestre de mil novecientos ochenta y nueve dirigidas al quejoso Carlos Vázquez Piñeiro y copropietario, se refieren al mismo predio, pues aun cuando la primera de ellas señala como ubicación del predio Herodoto veinticinco Anzures, Código Postal 11590 y Zona Postal 05, la segunda de ellas alude tanto a esta dirección como a Melchor Ocampo 323 Nueva Anzures Z.P. 06 C.P. 11590, conteniéndose el mismo número de cuenta 029-217-02-000.
4) Que el contrato de arrendamiento se refiere al predio, del cual se anexaron las boletas del impuesto predial referidas en el inciso anterior y dirigidas a Carlos Vázquez Piñeiro, y copropietario, aunque dicho contrato sólo aparece suscrito por Carlos Vázquez Piñeiro como arrendador y, como arrendatario, Hoteles Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, firmando en su representación el propio quejoso Carlos Vázquez Piñeiro.
Lo anterior permite concluir que, por lo que se refiere al quejoso Carlos Vázquez Piñeiro, se encuentra acreditado en autos, con las pruebas documentales a que se ha hecho referencia, y que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202, 203 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, su interés jurídico para reclamar la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, pues de tales pruebas deriva que, por una parte, dicho quejoso es una persona física que realiza actividades empresariales y que, por tanto, está obligado al pago del impuesto reclamado en términos de la primera parte del primer párrafo del artículo primero de la ley que regula dicho impuesto y, por la otra, que también es una persona física que otorga el uso o goce temporal de bienes que se utilizan en la actividad empresarial de otro de los contribuyentes mencionados en dicha parte del primer párrafo del artículo primero de la ley, pues con el contrato de arrendamiento acreditó que arrienda un bien inmueble a "Hoteles Mexicanos, S.A. de C.V."
En efecto, el artículo 1o., de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas reclamado dispone:
"Las sociedades mercantiles y las personas físicas que realicen actividades empresariales residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo de las empresas, por su activo, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas, distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otro contribuyente de los mencionados en dicho párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes.
"También estarán obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las asociaciones o sociedades civiles que lleven a cabo actividades mercantiles".
Del precepto transcrito deriva que, entre otros, son contribuyentes del impuesto al activo de las empresas las personas físicas que realicen actividades empresariales residentes en México, así como las personas que, no siendo sociedades mercantiles ni personas físicas que realicen actividades empresariales, otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de alguno de ellos.
Ahora bien, en el caso del quejoso Carlos Vázquez Piñeiro, deriva de su declaración del impuesto sobre la renta por el ejercicio de mil novecientos ochenta y siete que, por una parte, realiza actividades empresariales consistentes en "Hotel" y, por la otra que, en forma independiente a estas actividades empresariales, arrienda, al menos, un bien inmueble a una sociedad mercantil "Hoteles Mexicanos, S.A. de C.V.", habiendo firmado como representante de dicha sociedad el contrato de arrendamiento en el que figura él mismo, como persona física, como arrendador. En este sentido debe advertirse que no se declaró como actividad empresarial realizada por el quejoso el arrendamiento de inmuebles, pues los ingresos derivados del arrendamiento se incluyeron en el capítulo III de la declaración del impuesto sobre la renta, que corresponde al Capítulo III del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se refiere a los ingresos de las personas físicas por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, declarándose en el diverso capítulo VI, referente a actividades empresariales, exclusivamente los ingresos obtenidos por la actividad empresarial consistente en "Hotel" "al 50% de la participación en el negocio de Hotel `Tacuba', ubicado en Golfo de Gabes 72, Col. Tacuba, del cual es rep. común el Sr. VAZQUEZ PIÑEIRO JOSE VAPJ-360911-7F9. Ejercicio 1987".
Lo anterior significa que se encuentra acreditado en autos que el peticionario de garantías, Carlos Vázquez Piñeiro, es contribuyente del impuesto que reclama en su doble calidad, es decir, como persona física que realiza actividades empresariales y como persona física que arrienda bienes a otro de los contribuyentes del impuesto. Esto deriva del hecho de que el bien inmueble que arrienda dicho quejoso no lo destina al desarrollo de sus actividades empresariales, sino al desarrollo de las diversas actividades empresariales que realiza la sociedad mercantil Hoteles Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, con independencia de que sea representante de dicha sociedad, pues con esta calidad sólo firma como arrendatario, pero como arrendador firma en lo personal.
Por lo que se refiere al diverso quejoso Manuel Vázquez Arellano, debe considerarse también acreditado su interés jurídico para reclamar la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas en su calidad de contribuyente arrendador de bienes a otro de los sujetos pasivos del impuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 1o. de dicha Ley.
En efecto, si bien el contrato de arrendamiento aportado como prueba no se encuentra suscrito por tal quejoso, sino sólo por Carlos Vázquez Piñeiro, del análisis relacionado de las diversas pruebas que obran en autos, deriva su calidad de contribuyente del impuesto reclamado, pues, por una parte, las boletas del impuesto predial del inmueble ubicado en Melchor Ocampo trescientos veintitrés o Herodoto veinticinco, Anzures, Código Postal once mil quinientos noventa, aparecen a nombre de Carlos Vázquez Piñeiro y copropietario, siendo dicho inmueble el objeto del contrato de arrendamiento que obra a fojas veintinueve de autos referido con anterioridad que sólo se encuentra firmado por la última persona citada como arrendador y, por la otra, en la declaración del impuesto sobre la renta por el ejercicio de mil novecientos ochenta y siete del quejoso Carlos Vázquez Piñeiro se asentó como copropietario, con un cincuenta por ciento de participación en los ingresos declarados por concepto de arrendamiento, al diverso quejoso Manuel Vázquez Arellano, de lo que deriva la presunción legal de que dicho peticionario de garantías es el copropietario de Carlos Vázquez Arellano y, por tanto, que también otorgó en arrendamiento a Hoteles Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, el inmueble a que se refiere el contrato relativo, máxime que también obra en autos la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Causantes de Manuel Vázquez Arellano en la que se manifestó como actividad el arrendamiento de inmuebles.
Por lo tanto, el análisis relacionado de las diversas probanzas, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202, 203 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o. de la Ley de Amparo, permite concluir que se encuentra acreditado el interés jurídico de Manuel Vázquez Arellano para promover el presente juicio de garantías.
En efecto, el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles referido, dispone que "Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor mientras no sean destruidas..." En el caso, la presunción legal de que Manuel Vázquez Arellano es contribuyente del impuesto al activo de las empresas por arrendar un bien a otro de los sujetos pasivos del tributo a los que se refiere la primera parte del artículo primero de la Ley controvertida, derivada de la relación concatenada de las diversas pruebas documentales aportadas y que fueron relacionadas con anterioridad, tiene pleno valor probatorio de conformidad con la parte transcrita del numeral citado por no haber sido destruida.
Además, sobre lo anterior, la autoridad recurrente no esgrimió agravio alguno, pues se limitó a argumentar que, contrariamente a lo señalado en la sentencia recurrida, no se había acreditado el interés jurídico de la parte quejosa porque el contrato de arrendamiento exhibido para tal efecto, no demostraba que el arrendatario fuera contribuyente del impuesto al activo y porque tal contrato, de conformidad con el artículo 302 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hace fe de la declaración mas no de los hechos declarados, es decir, no hizo planteamiento alguno en torno a que en el contrato de arrendamiento aportado como prueba sólo figura como arrendador uno de los quejosos.
Por otra parte, debe desestimarse lo aducido por la autoridad recurrente en torno a la necesidad de demostrar que el arrendatario es contribuyente del impuesto reclamado, pues este Tribunal Pleno ya ha determinado en la tesis XCIII/92 que los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de un bien que se utiliza en la actividad empresarial de otro contribuyente, para acreditar su interés jurídico en reclamar la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, basta con que exhiban el contrato de arrendamiento relativo. En efecto, la tesis relativa señala:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. ES SUFICIENTE QUE EXHIBAN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LAS PERSONAS QUE OTORGUEN EL USO O GOCE TEMPORAL DE UN BIEN QUE SE UTILIZA EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE OTRO CONTRIBUYENTE, PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA LEY QUE LO ESTABLECE. Para que las personas que se ubican en la hipótesis que describe el artículo 1o., párrafo primero, última parte, de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, acrediten su interés jurídico para promover el juicio de amparo en su contra, es suficiente con que aporten en la secuela del procedimiento el contrato de arrendamiento vigente en la fecha de entrada en vigor de la ley, en el que conste el otorgamiento del uso o goce temporal de uno o varios bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otro contribuyente del propio tributo cuestionado. Obligar a las personas que se ubican en la hipótesis anterior, a más extremos, sería tanto como exigirles la presentación de documentos que no tienen a su alcance, tales como las declaraciones del impuesto sobre la renta de sus arrendatarios, facturas, comprobantes de la posesión de activos de estos últimos, etcétera".
SEXTO. Debe advertirse que no pasa desapercibido para este Tribunal Pleno que, conforme a lo analizado en el considerando precedente, uno de los quejosos, Carlos Vázquez Piñeiro, promovió el presente juicio de amparo contra la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas en su doble calidad de contribuyente de dicho impuesto, por una parte, como persona física que realiza actividades empresariales y, por la otra, como arrendador de un bien que se utiliza en la actividad empresarial de otro de los sujetos pasivos del impuesto a que se refiere la primera parte del artículo primero de dicha Ley, y que, no obstante ello, en la sentencia recurrida el juez de Distrito otorgó el amparo a los peticionarios de garantías, en general, por estimar fundado un concepto de violación que se refiere exclusivamente a la calidad de contribuyentes arrendadores, a saber, la indeterminación de la base gravable del impuesto tratándose de este tipo de contribuyentes y que, por tanto, no abarca a otra especie de contribuyentes, como lo son las personas físicas que realizan actividades empresariales. Sin embargo, dado que lo anterior no fue impugnado por la parte a quien perjudica, este órgano colegiado se abstiene de hacer pronunciamiento alguno al respecto.
SEPTIMO. Es infundado el segundo agravio hecho valer por la autoridad recurrente en el que, substancialmente, aduce que en la sentencia recurrida indebidamente se considera que la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas viola la garantía de legalidad tributaria por no contener la forma o procedimiento para determinar la base de la contribución, pues el artículo 2o. determina, de manera general, cómo se calculará el impuesto por ejercicios fiscales, aplicando al valor del activo en el ejercicio una tasa del 2% y en su fracción II, se determina el procedimiento a seguir para establecer el promedio de los activos fijos con el propósito de actualizar el saldo por deducir conforme a lo dispuesto en el apartado respectivo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en los términos del artículo 3o. de la Ley reclamada. Se sostiene que, por lo que se refiere a construcciones, éstas quedan comprendidas dentro de la definición que el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los activos fijos, lo que se corrobora por el hecho de que el artículo 44 de dicha Ley determina un 5% anual de porcentaje de deducción para las construcciones, por lo que los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otra persona, determinarán así la base del impuesto y estarán en aptitud de fijar el saldo o valor del activo por deducir, al cual le aplicarán la tasa del dos por ciento; y, por lo que respecta a terrenos, dado que éstos no se demeritan por su uso, ni por el paso del tiempo, sino que aumentan su valor, la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas no remite a la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que en su artículo 2o., fracción III, prevé la forma en que deberá calcularse su valor al inicio del ejercicio al señalar que se considerará el monto original de la inversión actualizado conforme al artículo 3o. de la propia Ley, el cual, en su última parte, indica que el período de actualización a considerar será el transcurrido desde el primer mes del ejercicio hasta el último mes de la primera mitad del mismo, por lo que una vez realizadas estas operaciones se tendrá el monto original de la inversión actualizado del terreno, que es la base o valor al cual se le deberá aplicar la tasa del dos por ciento.
Como se señaló, el anterior agravio se considera infundado por este Tribunal Pleno, variándose el anterior criterio que se había venido sosteniendo en atención a las siguientes consideraciones.
Al resolver, entre otros, el amparo en revisión 1156/90 en sesión de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por mayoría de once votos, este Tribunal Pleno sostuvo, en relación a la cuestión debatida, lo siguiente:
"La tercera expresión es infundada. Contrariamente a lo argumentado, en la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas sí se encuentra previsto el procedimiento a seguir para valuar los bienes inmuebles que se otorgan en arrendamiento a otro contribuyente y así obtener la base del tributo cuestionado, atentas las consideraciones que se pasan a exponer: En primer término es de hacer notar, que los bienes inmuebles otorgados en arrendamiento pueden estar constituidos sólo por el terreno o bien, éste con las construcciones que tenga, por ello, es necesario invocar los dispositivos aplicables a los terrenos y a las construcciones, tanto de la Ley reclamada como de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 2o., fracciones II y III de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas a la letra dicen: `Art. 2o. El contribuyente determinará el impuesto por ejercicios fiscales aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 2%. El valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de los activos previstos en este artículo, conforme al siguiente procedimiento... II. Tratándose de activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calculará el promedio de cada bien, actualizando su saldo por deducir en el Impuesto sobre la Renta al inicio del ejercicio en los términos del artículo 3o. de esta Ley. El saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción de inversiones en el ejercicio, determinada conforme a los artículos 41 a 47 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El resultado se dividirá entre el número de meses que comprende el ejercicio y el cociente se multiplicará por el número de meses, que el bien de que se trate se utilizó en el ejercicio. En el caso de activos fijos por los que se hubiera optado para efectuar la deducción inmediata a que se refiere el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la parte no deducible actualizada en los términos del artículo 3o. de esta Ley, se dividirá entre el número de meses que comprende el ejercicio y el cociente se multiplicará por el número de meses, que el activo fijo de que se trate se utilizó en el ejercicio. Los bienes a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán activos para efectos de este impuesto, únicamente durante los años en que el monto original de la inversión se hubiera deducido en los términos del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. III. El monto original de la inversión de cada terreno al inicio del ejercicio actualizado en los términos del artículo 3o. de esta Ley, se dividirá entre el número de meses que comprende el ejercicio y el cociente se multiplicará por el número de meses, que el terreno se tuvo en dicho ejercicio.'- Por otra parte, de conformidad con el artículo 10 de la Ley en comento, en la parte que interesa, dice que se considera monto original de la inversión y activo fijo, los que la Ley del Impuesto sobre la Renta define o considera como tales. Por otro lado, de acuerdo con los artículos 42 y 44de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las construcciones constituyen activos fijos, al decir en el primer artículo citado, que: `Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de actividades empresariales y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo'; y en el segundo precepto invocado, se expresa que `los porcientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes: I. 5% para construcciones'. Por otro lado, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó jurisprudencia en el sentido de que la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas sí prevé el procedimiento para obtener el valor del monto original de la inversión en lo que se refiere a terrenos, que es la número 10/1991, aprobada en sesión privada del veinte de marzo del año en curso, y que a la letra dice: `ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR INDEFINICION DEL CONCEPTO `MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION' POR LO QUE SE REFIERE A TERRENOS, PUES AL RESPECTO ES APLICABLE LA DEFINICION CONTENIDA EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El principio de legalidad tributaria, contenido en la fracción IV del artículo 31 constitucional, exige que todo impuesto se establezca en una ley en la que se consignen de modo expreso sus elementos esenciales, a fin de evitar que su señalamiento quede al arbitrio de la autoridad exactora. El artículo 10o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas hace remisión expresa a la Ley del Impuesto sobre la Renta a efecto de establecer la definición, entre otros, del concepto `monto original de la inversión', que de conformidad con la fracción III del artículo 2o. de la primera Ley mencionada, le es aplicable a los terrenos para la determinación del valor sobre el que deberá pagarse el impuesto del 2% que este último dispositivo prevé. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define el contenido del concepto de referencia, por lo que el solo hecho de hacer suya esa definición la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas por virtud de la remisión contenida en su artículo 10o., tiene precisadas la base del gravamen en cuando a ese tipo de bienes se refiere, cumpliendo en ese aspecto con el principio de legalidad tributaria consagrado por la fracción IV del artículo 31 constitucional. No es óbice para así estimarlo el que el diverso artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se refiere expresamente en su definición de activos fijos a los terrenos, toda vez que sólo obedece a que el objeto del precepto es el de regular bienes que se caracterizan por ser susceptibles de depreciación, lo que no sucede con los terrenos cuando constituyen activos fijos, porque tienden a incrementar su valor conforme transcurre el tiempo. Expuesto lo anterior y, como ya se dijo, los bienes inmuebles otorgados en arrendamiento para la actividad empresarial pueden estar constituidos sólo por el terreno o bien, por éste y por las construcciones que tenga, por ello, es de concluir que, contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas sí prevé el procedimiento a seguir para valuar los bienes inmuebles otorgados en arrendamiento y así obtener la base del impuesto a la que se le aplicará la tasa del 2%, pues se advierte que la Ley reclamada dice que se considera monto original de la inversión y activo fijo lo que la Ley del Impuesto sobre la Renta define como tales y si en los artículos 42 y 44, ambos de la antes citada Ley, están consideradas las construcciones como activos fijos y el monto original de la inversión de los terrenos lo define el artículo 41 de la repetida Ley, es evidente que para obtener el valor de una construcción se debe aplicar el procedimiento previsto en la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas y para los terrenos hay que aplicar el procedimiento previsto en la fracción III del artículo 2o., ya citado. Luego, si el bien inmueble arrendado, está constituido solamente por el terreno, el contribuyente tendrá que obtener la base del impuesto a la que le aplicará la tasa del 2%, siguiendo el procedimiento que señala la fracción III del artículo 2o. de la Ley cuestionada, para obtener así el valor del mismo y si tal terreno tiene construcciones, deberá atender, aparte del procedimiento antes mencionado, el previsto en la fracción II del citado artículo y la suma de ambos será el valor del inmueble para efectos de dicha Ley. Por lo anterior, la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas no viola el principio de legalidad que en materia tributaria establece la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, porque sí prevé el método para obtener la base del impuesto, por las razones antes señaladas".
El anterior criterio dio lugar a la tesis XXXVI/92 de este Pleno, que textualmente dice:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, LEY DEL IMPUESTO AL. EN EL ARTICULO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3345-980d8d6a/activo-de-las-empresas-impuesto-al-es-suficiente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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