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Modo: Corpus Pro

EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 382/95. · Registro digital (IUS): 3215
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARMEN CAHUANTZI VAZQUEZ Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, , Pág. 435.

AMPARO EN REVISION 382/95. CARMEN CAHUANTZI VAZQUEZ Y OTRO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son infundados los agravios antes transcritos.

Contrariamente a lo alegado por los recurrentes, debe decirse que las resoluciones que pronuncian los jueces de Distrito en materia de amparo, no pueden ser violatorias de garantías individuales, pues en todo caso los preceptos que pudiera llegar a infringir serían los relativos a la Ley de Amparo, por ser el ordenamiento legal al cual deben sujetar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 17 de este Tribunal Colegiado, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS.- El juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación".

Los recurrentes sostienen que es ilegal la sentencia impugnada, en virtud de que contra la resolución que constituye el acto reclamado ya no procede recurso ordinario alguno conforme al artículo 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, por lo que tal situación hace procedente el ejercicio de la acción de amparo.

Al respecto, debe decirse que el juez de Distrito a quo no decretó el sobreseimiento del juicio de garantías porque los quejosos, ahora recurrentes, no hubieran cumplido con el principio de definitividad que rige en la materia, sino porque el acto reclamado consistente en el auto pronunciado por la responsable el ocho de marzo del año en curso, en el que se requirió a las partes para que designaran sus peritos correspondientes a fin de dar cumplimiento al cuarto punto resolutivo de la sentencia dictada el diez de marzo de mil novecientos noventa y tres en el expediente número 309/992, relativo al juicio de servidumbre legal de paso promovido por dichos quejosos en contra de los ahora terceros perjudicados, no es la última resolución de ese procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que en términos del artículo 114 fracción III de la ley de la materia, el amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en esa fase del procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y visto así cabe sostener que no por el solo hecho de que el auto de que se trata fuera definitivo por no admitir recurso alguno, sea procedente este amparo si, como quiera que sea no es la última resolución correspondiente al procedimiento de ejecución.

Ciertamente, como correctamente lo consideró el juez de Distrito a quo, en dicho auto sólo se requirió a las partes para que designaran a sus peritos con la finalidad de que se diera cumplimiento a la sentencia respectiva, y si bien se tratara de la última que pronunció el juez responsable, para la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta requiere de que sea la última, es decir la culminatoria del período de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 218/91, 155/93, 23/95 y 227/95, que dice: "- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución. El juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo".

Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido.

Por otra parte, en contra de lo que alegan los recurrentes, debe decirse que el sobreseimiento decretado en la demanda de garantías de mérito, se funda en razones de improcedencia de la acción constitucional, por lo que es obvio que el juez de Distrito a quo no tenía que estudiar el fondo de la cuestión planteada, pues previamente a dicho estudio estaba obligado a analizar de oficio las causales de improcedencia por tratarse de una cuestión de orden público, sin que pueda involucrarse el examen de los conceptos de violación, porque de hacerlo atentaría contra la técnica que rige el juicio de amparo, además de que el referido sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6 sustentada por este Tribunal Colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".

Finalmente, contrariamente a lo afirmado por los recurrentes, debe decirse que estuvo en lo correcto el juez de Distrito a quo al haber sobreseído también el presente juicio de garantías con fundamento en el artículo 74 fracción III de la Ley de Amparo en relación con el 73 fracción XI del mismo ordenamiento legal, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el catorce de marzo del año en curso Carmen Cahuantzi Vázquez en su carácter de representante común de la parte actora en el juicio natural, expresamente manifestó que: "Mediante el presente escrito, y en cumplimiento al auto que antecede designo como perito valuador de la parte actora al ciudadano ingeniero arquitecto Arturo Hernández Maldonado..." (foja treinta), lo que hace evidente su consentimiento con el acto reclamado, ya que precisamente el auto que antecedió a dicho escrito lo fue el proveído del día ocho del mismo mes, en el que se requirió a las partes para que designaran sus peritos para dar cumplimiento al cuarto punto resolutivo de la sentencia dictada el diez de marzo de mil novecientos noventa y tres, en el expediente 309/992, relativo al juicio de servidumbre legal de paso promovido por los ahora recurrentes en contra de los aquí terceros perjudicados.

Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 35 y 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías promovido por Carmen y José de la Luz, ambos de apellidos Cahuantzi Vázquez, en contra de los actos que reclaman del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3215-ac104833/ejecucion-de-sentencias-amparo-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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