INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 132/98. CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son infundados en una parte e inoperantes en la otra los agravios aducidos por el recurrente, de acuerdo a los razonamientos siguientes.
El Juez de Distrito, sobreseyó en el juicio de amparo que se revisa, porque estimó que el impetrante debió, merced al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, agotar el recurso de apelación en contra de la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de intereses de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el juicio ejecutivo mercantil número 239/96, promovido por Carlos Vázquez García, en contra de Jesús Sánchez Góngora, atento a que en la especie, se actualizó la causal de improcedencia establecida en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo.
Ahora bien, por razón de orden se analizan los agravios que se consideran infundados.
Aduce el inconforme, que no debió el Juez de Distrito aplicar al caso concreto (resolución emitida en el incidente de liquidación de intereses), el Código de Comercio reformado, pues el juicio ejecutivo mercantil en el que se reclaman los referidos intereses se promovió el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis; esto es, antes de que entrara en vigor el decreto que reformó el artículo 1348 del citado ordenamiento jurídico; de ahí que sea inexacto, que para la procedencia del amparo indirecto hubiere sido necesario agotar el recurso de apelación, en razón de que si bien es cierto que por decreto de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que entró en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación se reformó dicho código, incluido, entre otros, el artículo 1348, en los términos siguientes: "Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo.", también lo es que en la parte final del decreto en comento, en los transitorios establece: "Primero. Las reformas previstas en los artículos 1o. y 3o., del presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto." por tanto, debía aplicarse el artículo 1348 anterior a la reforma en cuestión el cual establecía: "... De esta resolución no habrá sino el recurso de responsabilidad.".
Lo anterior es infundado.
En efecto, el a quo al dictar la sentencia constitucional consideró que se actualizó una causal de improcedencia, en tanto el acto reclamado lo constituyó la resolución interlocutoria que decidió un incidente de liquidación de intereses, y así, de acuerdo con el artículo 1348 del Código de Comercio reformado, era apelable.
Esta resolución, según tal precepto, será apelable en efecto devolutivo. De manera que, como el Juez de Distrito estimó que contra la resolución que decidió el incidente de liquidación promovido por el actor en el juicio principal, debió intentarse el recurso de apelación, a través del cual podía obtenerse su modificación o revocación, al no hacerlo así el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional.
Ahora bien, tales consideraciones se encuentran apegadas a derecho.
Ello es así, porque aunque el artículo primero transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establece que:
"Las reformas previstas en los artículos primero y tercero, del presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publicación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto."; no obstante ello, en la especie se observa de autos, que el ahora quejoso demandó del tercero perjudicado, en la vía ejecutiva mercantil, el cobro de un pagaré por la cantidad de noventa y siete mil doscientos ochenta y un pesos 08/100 M.N.; pago de intereses vencidos y los que se sigan venciendo; así como el pago de gastos y costas.
Por consiguiente, en el caso no se trata propiamente de la existencia de un crédito que se hubiere otorgado mediante algún contrato para establecer una serie de derechos y obligaciones, que como así debe entenderse de una sana interpretación lo dispuesto en el artículo primero transitorio aludido, pues ahí se enfatiza que la salvedad refirióse a créditos derivados de un contrato formal, por establecer, en su parte final, que las reformas del Código de Comercio no serán aplicables a persona alguna que hubiere celebrado contratos crediticios a una novación o reestructuración de créditos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis; de manera que, si en el caso, la acción ejercitada fue por el incumplimiento de pago de un solo título de crédito, entonces no se surte la hipótesis del artículo transitorio en mención y, por ende, el actor constitucional debió interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria reclamada, de conformidad con el artículo 1348 del Código de Comercio reformado, pues el numeral segundo transitorio de dicho ordenamiento refiere que la sustanciación de los negocios pendientes se sujetará al Código de Comercio reformado, según en el estado que se encuentre.
En tales condiciones, resultan infundados los agravios, que sobre el particular esgrime el recurrente.
Se comparte al respecto, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que se publica con el número II.2o.C.T.22 C, en las páginas doscientos cuarenta y tres y doscientos cuarenta y cuatro, Novena Época, Tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN.-Conforme a la actual redacción del artículo 1348 del Código de Comercio, la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación es apelable en el efecto devolutivo. Ahora bien, si se exige en la vía mercantil ejecutiva y en ejercicio de la acción cambiaria directa el pago de un pagaré y accesorios, no se trata de créditos otorgados mediante algún contrato celebrado con anterioridad al decreto de reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis y, por consiguiente, en esos casos no se aplican tales reformas, pues la acción ejercitada fue por el incumplimiento del pago de un título de crédito, no surtiéndose la hipótesis del artículo 1o., transitorio del decreto invocado. Así, el juicio de amparo resulta improcedente, acorde con lo establecido por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que debió intentarse el recurso de apelación a través del cual podía obtenerse su modificación o revocación y, al no hacerlo, se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo."
También se comparte en este sentido, por analogía, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que se publica en las páginas setecientos veinticuatro y setecientos veinticinco, Octava Época, Tomo IV, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PROCESAL.-Las partes de un juicio no adquieren el derecho a que se apliquen las normas procesales vigentes al momento del inicio de su tramitación durante todo su curso, toda vez que como el procedimiento judicial se compone de diversas etapas y de una serie de actos sucesivos, es inconcuso que los derechos adjetivos que concede la ley procesal sólo se van adquiriendo o concretando a medida en que se actualizan los supuestos normativos correspondientes, en el desarrollo de la secuela procesal, y con antelación sólo deben refutarse como expectativas de derechos las situaciones jurídicas abstractas; de modo que una ley de esta naturaleza entra en vigor de inmediato en los procedimientos en trámite, tocante a todos los actos ulteriores, respecto de los cuales no se haya dado esa actualización de los supuestos normativos, traduciéndose en un derecho adquirido específico o en una situación jurídica, concreta para las partes en el caso. De ahí que, es incuestionable que si la sentencia definitiva en el juicio natural se emitió algún tiempo considerable posterior a la fecha en que entró en vigor la reforma al artículo 426, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ello pone de manifiesto que el supuesto normativo esencial para adquirir el derecho a interponer el recurso de apelación contra dicho fallo, consiste precisamente en la existencia de éste, no se dio durante la vigencia de la norma anterior y por tanto, en ningún momento se constituyó un derecho adquirido o una situación jurídica concreta, por lo cual tampoco se vulneró el principio constitucional de irretroactividad de la ley en perjuicio del quejoso."
Ahora bien, los restantes motivos de inconformidad devienen inoperantes.
En efecto, como se advierte del resto de los agravios formulados por el inconforme, éste se dedica a realizar manifestaciones, empero, propiamente en contra del fondo del asunto, sin atacar la consideración del Juez Federal, en el sentido de que, en contra de la resolución interlocutoria reclamada debió interponer el recurso de apelación, por lo tanto, tales agravios devienen inoperantes, pues tal consideración debe seguir rigiendo el sentido del fallo impugnado.
Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica con el número treinta y seis, en la página veintitrés, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
En las anteriores condiciones, al haber resultado en una parte infundados, y en la otra, inoperantes los agravios aducidos por el inconforme, debe confirmarse la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, Raúl Solís Solís y Virgilio A. Solorio Campos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5376-fd2c1e76/incidente-de-liquidacion-de-intereses-contra-la-interlocutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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