SUSPENSIÓN. LA GARANTÍA OTORGADA PARA LA PROVISIONAL ES INDEPENDIENTE DE LA DEFINITIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 801/98. CARLOS PALMA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son parcialmente fundados los agravios hechos valer por el inconforme.
En efecto, el recurrente aduce por una parte, que la interlocutoria impugnada es ilegal, en virtud de que la condición determinada por la Juez de Distrito a quo para que surta efectos la suspensión definitiva que se le concedió, consistente en el otorgamiento de una garantía por la cantidad de cincuenta mil pesos, resulta injustificada, pues aunque es cierto que tal condición tiene por objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse al tercero perjudicado con la concesión de tal medida cautelar; sin embargo, también lo es que tales posibles daños y perjuicios ya se encuentran garantizados desde la concesión de la suspensión provisional, pues como se observa de los autos del incidente, mediante escrito fechado el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, exhibió la póliza de fianza expedida por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima, por la suma determinada para garantizar, precisamente, esos daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la tercera perjudicada María Estela García Rojas de Llaguno, por lo que resulta ilegal, que la Juez de Distrito a quo establezca una doble garantía para la misma medida suspensional.
Al respecto, es de indicarse que carece de razón el inconforme, habida cuenta que la garantía otorgada con el objeto de que surta sus efectos la suspensión provisional, es totalmente independiente de la que se fije para la definitiva; esto es, en virtud de que la garantía otorgada para que surta sus efectos la primera, no garantiza los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, dado que aquélla únicamente cubre o garantiza los posibles daños y perjuicios que, en su caso, se le causen al tercero perjudicado hasta el momento en que se resuelva respecto de la suspensión definitiva.
Lo anterior es así, toda vez que la garantía de mérito trae igualmente aparejada la provisionalidad de la misma, como puede apreciarse de la propia póliza de fianza número 5276-0462-032545, con número de folio GQ 14276, expedida por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, que obra a fojas diecisiete de los autos del incidente, en la que se lee que es "para garantizar la suspensión provisional concedida a: Carlos Palma García ..."; de modo que es inexacto que ilegalmente se le haya fijado al quejoso una doble garantía, por encontrarse otorgada la que le fue fijada como condición de efectividad en la provisional.
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 8/89 y los juicios de amparo en revisión 637/92, 467/94 y 364/97, que aparece publicada en la página 569, Tomo XV-II, Octava Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "-La garantía otorgada con el objeto de que surta sus efectos la suspensión provisional, es completamente independiente de la definitiva, y no por el hecho de haberse cumplido con las condiciones exigidas para la suspensión provisional, exhibiendo la garantía respectiva, debe considerarse cumplimentado el requerimiento hecho por el a quo respecto de la definitiva en relación a la garantía solicitada.". Asimismo, resulta aplicable al particular, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a fojas 814, Tomo III, Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, criterio que esta potestad federal comparte y hace suyo, cuyo tenor literal es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS NO GARANTIZA LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL TERCERO PERJUDICADO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.-La garantía que señala el Juez de Distrito para que surta efectos la suspensión provisional únicamente cubre o garantiza los posibles daños y perjuicios que, en su caso, se le causen al tercero perjudicado hasta el momento en que se resuelva respecto de la suspensión definitiva. Lo anterior es así habida cuenta que la garantía de mérito trae igualmente aparejada la provisionalidad de la misma. En este sentido, es ajustado a derecho que el juzgador exija una nueva garantía para reparar los daños y perjuicios que con la suspensión definitiva se causen al tercero perjudicado, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio de amparo, toda vez que los daños y perjuicios que se causen con motivo de la concesión de esta última no se encuentran garantizados en los términos del artículo 125 de la Ley de Amparo.".
Siendo importante agregar, que la garantía a que se refiere la Ley de Amparo, no es única y con el solo propósito de garantizar los posibles daños y perjuicios por el tiempo que dure el juicio de garantías, pues basta con leer el capítulo III, de la suspensión del acto reclamado, del título segundo, del juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito, de la ley de la materia, para poder concluir que en esta ley reglamentaria no se alude a una garantía única, sino que hace mención de dos, es decir, a la garantía provisional a que se refiere el artículo 130 y a la garantía definitiva prevista en el diverso numeral 125; siendo que cada una de ellas persigue propósitos distintos, dado que la primera de ellas tiende a garantizar los posibles daños y perjuicios que, en su caso, se le causen al tercero perjudicado hasta el momento en que se resuelva sobre la suspensión definitiva, en tanto que la segunda, tiene por objeto garantizar también los posibles daños y perjuicios que con la suspensión definitiva se puedan causar al tercero perjudicado en el supuesto de que el quejoso no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo.
Sin embargo, debe decirse que le asiste razón al recurrente, al aducir que es incorrecta la primera condición de efectividad de la suspensión definitiva que le fue concedida, pues la Juez de Distrito a quo, determinó que dicha medida cautelar surtirá efectos siempre y cuando el inmueble cuya desposesión reclama no haya sido adjudicado; pero que esto resulta injustificado, puesto que tanto en su escrito inicial de demanda, como en el de aclaración de la misma, estableció con toda precisión que ya se había otorgado la escritura de adjudicación a la tercera perjudicada, María Estela García Rojas de Llaguno, por lo que la condición en comento resulta indebida, pues al no tomar en cuenta la Juez Federal de mérito la circunstancia anterior; esto es, que el bien inmueble cuya desposesión reclama, ya fue adjudicado, hace ilusoria la concesión de la suspensión definitiva.
En efecto, como bien lo esgrime el inconforme, la condición de efectividad de referencia se estima incorrecta. Esto es así, en virtud de que como bien se alega, tanto en el escrito de demanda de amparo, como en el de aclaración de la misma, el amparista precisó que el bien inmueble de su propiedad y que le fue embargado, ya había sido adjudicado a la actora en el juicio de origen, por auto de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, ordenándose además, el tiraje de la escritura pública correspondiente, misma que en rebeldía, firmó el Juez responsable. Siendo importante destacar, que del escrito aclaratorio de la demanda de garantías, se advierte claramente que el quejoso, además de combatir el ilegal emplazamiento al juicio natural, reclamó el acuerdo de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictado en el juicio generador por el Juez responsable, en el que se le requería para que en el término de tres días hiciera entrega a la actora, del bien inmueble que le había sido embargado, apercibiéndole que de no hacerlo, se entregaría la posesión del mismo a la referida demandante con el auxilio de la fuerza pública, así como la ejecución de dicho acuerdo.
Por ello, como atinadamente se esgrime, al haber determinado la Juez de Distrito a quo, como una de las condiciones de la suspensión definitiva concedida al quejoso respecto del acto reclamado consistente en la orden de desposesión del bien inmueble afecto y su ejecución, que la misma sólo surtiría efectos siempre y cuando el bien inmueble ubicado en Circuito Guadalupe Norte, número treinta y tres, de la colonia Guadalupe, de esta ciudad, no hubiere sido adjudicado; tal condición de efectividad de la medida cautelar concedida, ciertamente hace inútil la misma, habida cuenta, que tal adjudicación del inmueble, fue la consecuencia del embargo trabado sobre éste en el juicio natural, el cual sostiene el quejoso que no fue legalmente emplazado y la orden de desposesión reclamada, deriva precisamente de dicha adjudicación; de ahí que no se estima adecuada la condición de que se habla, para que pueda surtir efectos la suspensión definitiva concedida en relación a la orden de desposesión reclamada y su ejecución.
En las condiciones anotadas, lo que procede en la especie es modificar el segundo punto resolutivo de la interlocutoria recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción II, 85, fracción I, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se modifica la interlocutoria sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carlos Palma García, contra los actos reclamados del Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad de Puebla y diligenciaria adscrita al anterior, encargada de los expedientes pares, consistentes en la falta de emplazamiento y subsiguientes actuaciones, sentencia, trance y remate de los bienes embargados, en el expediente número 800/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por María Estela García Rojas de Llaguno, en contra del hoy quejoso.
TERCERO.-Se concede la suspensión definitiva solicitada a Carlos Palma García, en contra de los actos reclamados del Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad de Puebla y diligenciaria adscrita al anterior, encargada de los expedientes pares, consistentes en la orden de desposesión del inmueble ubicado en el Circuito Guadalupe Norte, número treinta y tres, de la colonia Guadalupe, de esta ciudad de Puebla, dictada por dicho Juez en contra del hoy quejoso, en el expediente número 800/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por María Estela García Rojas de Llaguno; así como la ejecución de dicha orden.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo a la Juez a quo; envíese copia simple autorizada de la misma para la autoridad responsable ordenadora, y en su oportunidad archívese este toca.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Antonio Meza Alarcón, Gustavo Calvillo Rangel y Carlos Loranca Muñoz, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5513-51c50e88/suspension-la-garantia-otorgada-para-la-provisional-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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