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Modo: Corpus Pro

ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO. REPRESENTANTES LEGALES DE LAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 320/98. · Registro digital (IUS): 5430
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AUGUSTO ITURRALDE PATRÓN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, , Pág. 409.

AMPARO EN REVISIÓN 320/98. AUGUSTO ITURRALDE PATRÓN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-No es materia de la presente revisión, el resolutivo primero de la sentencia recurrida, que se rige por el considerando segundo de la misma, mediante los cuales el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías, respecto a los actos que el quejoso reclamó de los Jueces, Primero, Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, del director del Registro Público de la Propiedad, del registrador de los libros primero, tercero, cuarto y noveno del Registro Público de la Propiedad, del registrador de los libros segundo y sexto del Registro Público de la Propiedad y del registrador de Comercio del Registro Público de la Propiedad, todos del Estado de Yucatán; toda vez que, con tales determinaciones no fue enderezado agravio alguno por la parte a quien pudiera causarle perjuicio y por lo tanto, deben permanecer firmes.

QUINTO.-En la parte que sí se impugnó, los agravios antes transcritos hechos valer por la apoderada del quejoso Augusto Iturralde Patrón, son fundados en lo esencial y dada la íntima vinculación que guardan entre sí, se examinarán en forma conjunta por así permitirlo el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En primer término, debe puntualizarse que es inatendible lo aducido por los disconformes, en el sentido de que el Juez Primero de Distrito en este Estado de Yucatán, al resolver en los términos en que lo hizo, violó sus garantías individuales establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en mérito a que la función de los Jueces de Distrito al actuar como órganos de control constitucional, se rigen por las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna; por consiguiente, cuando incurren en alguna violación durante la tramitación del juicio de garantías o al dictar sentencia, su proceder sólo puede analizarse a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 76, 77 y 78 de la invocada ley de la materia; habida cuenta, que no es admisible que se le impute al Juez Federal alguna violación de garantías, si actúa como órgano encargado de tutelarlas. Sobre el particular encuentra exacta aplicación la tesis jurisprudencial sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que este órgano de control constitucional comparte, registrada bajo el número 859, en la página 586 del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTÍAS CON SUS FALLOS.-El Juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación.".

Precisado lo que antecede, procede determinar que asiste razón al inconforme, cuando aduce que el Juez Primero de Distrito en este Estado de Yucatán, al dictar la sentencia que se revisa apreció equivocadamente los requerimientos practicados por el notario público número setenta del Estado de Yucatán, abogado Fernando A. Castilla Patrón, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis y dos de enero de mil novecientos noventa y siete, a la Unión de Crédito de Servicios Empresariales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Organización Auxiliar del Crédito, considerando que éstos no satisfacen los requisitos establecidos por el segundo párrafo del artículo 1166 del Código de Comercio, porque el aludido fedatario, omitió asentar la cláusula relativa al mandato o representación legal de las personas físicas (Manuel Joaquín Ponce Patrón y José Antonio Barea Novelo), con quienes entendió las citadas interpelaciones; lo que según el nombrado resolutor federal, impide tener la certeza de que tal diligencia se hubiera practicado efectivamente, con los representantes legales de la unión de crédito y así poderles otorgar a los documentos reconocidos, el carácter de títulos con aparejada ejecución; consideración que el recurrente estimó incorrecta, debido a que el a quo, interpretó erróneamente el invocado artículo 1166 párrafo segundo del Código de Comercio, pues dicho numeral, sólo exige asentar la cláusula relativa al mandato, cuando el reconocimiento lo haya efectuado un mandatario con poder bastante, mas no se exige cuando el reconocimiento lo hace un representante legal, como ocurrió en el caso de que se trata, en el que el reconocimiento lo hizo el gerente de la unión de crédito Manuel Joaquín Ponce Patrón y el contador de dicha organización José Antonio Barea Novelo, quienes por ser funcionarios de la misma, tienen la representación de la sociedad, en términos del artículo 74 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Ahora bien, se dice que lo anterior es fundado, en virtud de que opuestamente a lo considerado por el Juez del amparo y como atinadamente lo señala el recurrente, la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 1166 del Código de Comercio a los notarios o corredores públicos, de hacer constar al pie del documento objeto del reconocimiento, la cláusula relativa del mandato, opera solamente cuando quien realiza el reconocimiento es el apoderado del obligado directo; mas no cuando lo efectúa el representante legal del obligado, en cuyo caso, no es indispensable la demostración de su carácter, toda vez que la representación legal en ocasiones, no deriva de un acuerdo de voluntades, sino que procede directamente de la ley que rige la materia; hipótesis que al actualizarse, debe llevar al juzgador a examinar si el precepto legal citado que otorga dicha representación, en el caso específico (artículo 74 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito) le confiere a los funcionarios requeridos (gerente o contador) de la unión de crédito, el carácter de funcionarios y por ende, la representación legal de la misma.

En tal orden de ideas, debe decirse que de la interpretación de la norma legal en comento, se desprende que al disponer que tanto las casas de cambio como las organizaciones auxiliares del crédito, realizan su objeto social a través de los funcionarios designados especialmente para el efecto, de cuyos actos responderán directa e ilimitadamente; evidentemente, quiere decir que el mismo no solamente crea un marco de responsabilidades hacia la unión de crédito, respecto a los actos realizados por sus funcionarios, sino que les otorga también la representación de la propia organización auxiliar del crédito, en la medida de que es a través de sus propios funcionarios y no de cualquier empleado de la misma que realiza su objeto social.

Adoptada esta postura, es importante destacar que aun cuando es verdad que por imperativo legal, las uniones de crédito deben constituirse como sociedades anónimas de capital fijo o variable, requiriendo previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria, no menos cierto es, que en cuanto a su organización y funcionamiento, se rigen por su ley especial; esto es, por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; consecuentemente, su representación no únicamente corresponde como en las sociedades mercantiles a su administrador o administradores, sino que comprende también a los funcionarios a quienes se autorice expresamente para realizar operaciones inherentes a su objeto social, lo que implica lógicamente que el funcionario legalmente nombrado, adquiere el carácter de representante de la persona moral, ya que con su firma obliga a la organización auxiliar del crédito (pero sólo dentro de los límites que se derivan del objeto social); esto con independencia de que adicionalmente al mismo funcionario, se le otorguen como en el caso (en cuanto al contador referido), facultades para administración de bienes y asuntos judiciales comprendiendo pleitos y cobranzas; pues tales atribuciones, son sin menoscabo de la representación que la propia ley le concede, ya que no debe perderse de vista que sus facultades de representación, como ya se dijo y aquí se reitera, proceden del precitado artículo 74 de la ley especial y no de la voluntad del consejo de administración.

En el presente asunto, la parte actora basó su acción en la vía ejecutiva, en dos interpelaciones notariales practicadas por el notario público número setenta del Estado de Yucatán, la primera correspondiente al dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se advierte que se entendió con Manuel Joaquín Ponce Patrón quien dijo ser gerente de la unión y Fernando Cásares Narváez quien también labora en dicha organización, quienes fueron los que respondieron los requerimientos formales por el aludido fedatario; señalando este hecho en el punto tercero de la demanda al precisar: "El día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el suscrito Augusto Iturralde Patrón se apersonó a las oficinas de la unión de crédito demandada, a fin de cobrar el capital e intereses generados con motivo de las inversiones que había realizado en esa institución, respecto del documento descrito en el hecho primero que antecede, que ya había vencido en esa propia fecha, informándole (sic) el señor Manuel Joaquín Enrique Ponce Patrón, funcionario de esa Unión de Crédito de Servicios Empresariales, S.A. de C.V., que no podía hacerme el pago." (foja 36).

Por su parte, al contestar la demanda la parte demandada en cuanto al hecho tercero previamente transcrito, expresó: "En lo que respecta al tercer punto, es también cierto, aclarando que el funcionario citado en la actuación, indicó que no podía hacer el pago en ese momento, esto es, que en ese momento no se podía entregar la suma de dinero." (foja 73).

Ahora bien, de la interpelación notarial, en la que Manuel Joaquín Ponce Patrón, mencionó ser gerente de la institución y del reconocimiento expreso de la parte demandada, en el sentido de que aquél es funcionario de la citada unión; y aún más, aclarando que el funcionario citado, expresó que en ese momento no se podía entregar la suma de dinero que se le requería, se llega a la conclusión que es un hecho aceptado por la parte demandada que el mencionado Manuel Joaquín Ponce Patrón entendió la aludida diligencia en su carácter de gerente de la institución.

En lo que respecta a la interpelación notarial de fecha dos de enero de mil novecientos noventa y siete, practicada por el notario público número setenta del Estado del Yucatán, en la que se advierte que se entendió la diligencia con José Antonio Barea Novelo, en su carácter de contador de la organización demandada, según se menciona en el hecho séptimo de la demanda, debe decirse que de nueva cuenta, la parte demandada al contestar ese hecho lo admitió como cierto y además se refirió al referido Barea Novelo, como el funcionario citado; lo que significa un reconocimiento de que aquél es contador de la unión de crédito demandada.

Advirtiéndose a mayor abundamiento, que la asamblea general de accionistas que es el órgano supremo de la sociedad, en sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres, nombró como su contador, para el mejor desarrollo de los negocios sociales, a José Antonio Barea Novelo (fojas 126 y 127), por lo que es incuestionable que mediante dicho nombramiento le confirió implícitamente facultades de representación, pues sería absurdo que por un lado se le haya nombrado a dicha persona contador de la unión para realizar el objeto social de la persona moral y por otra parte, no se le hubiera concedido la representación de la misma, para los efectos de la realización de dicho objeto.

Consiguientemente, habiéndose llegado a la convicción de que el precepto legal analizado, sí le otorga facultades de representación a los funcionarios de las organizaciones auxiliares del crédito, como lo es la aquí tercera perjudicada, Unión de Crédito de Servicios Empresariales, Sociedad Anónima de Capital Variable; es inconcuso que las interpelaciones notariales que se le hicieron a la indicada persona moral el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis y el dos de enero de mil novecientos noventa y siete, por conducto de su gerente Manuel Joaquín Ponce Patrón la primera y de su contador José Antonio Barea Novelo la segunda (quienes como ya se dijo son representantes de la misma dada su calidad de funcionarios), debe entenderse practicada con el representante legal de la unión de crédito aludida; y al no haberlo considerado así la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, al confirmar en grado de apelación la sentencia interlocutoria, dictada por la Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que declaró procedente la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil, opuesta por la demandada aquí tercera perjudicada Unión de Crédito de Servicios Empresariales, Sociedad Anónima de Capital Variable; ni el Juez de Distrito, al declarar la constitucionalidad de dicho fallo, con su proceder sí le causó agravios al recurrente, pues dejó de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, al incurrir en una inexacta interpretación del precitado artículo 1166 del Código de Comercio y dejó de aplicar en perjuicio de los impetrantes del amparo, el artículo 74 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; por lo que en reparación de los mismos, deberá revocarse la sentencia revisada y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita para el efecto de que la Sala responsable, deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria; en la inteligencia de que la citada concesión, se hace extensiva a los actos de simple ejecución que el quejoso reclamó del Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuarios de su adscripción, por ser los mismos de estricto cumplimiento.

Al caso concreto es de exacta aplicación la tesis sustentada por este órgano de control constitucional, publicada en la página 1184 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, cuyo tenor literal es el siguiente: "-Conforme al artículo 74 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, tanto las casas de cambio como las organizaciones auxiliares del crédito, realizan su objeto social por conducto de los funcionarios designados especialmente para tal efecto, de cuyos actos responderán directa e ilimitadamente; infiriéndose de dicho precepto, que el mismo no solamente crea un marco de responsabilidades hacia dichas casas de cambio u organizaciones, respecto de los actos realizados por sus funcionarios, sino que les otorgan también a éstos, la representación legal de dichas personas morales, en la medida de que sus propios funcionarios y no cualquier empleado de las mismas realizan su objeto social. En consecuencia, la representación legal de estas personas morales no corresponde como en las sociedades mercantiles únicamente a su administrador o administradores, sino que comprende también, a los funcionarios a quienes se autorice expresamente para realizar operaciones inherentes a su objeto social, lo que implica que el funcionario legalmente nombrado adquiere el carácter de representante legal de la persona moral, ya que con su firma la obliga, esto con independencia de que adicionalmente al mismo funcionario se le otorguen facultades para administración de bienes y asuntos judiciales, pues tales atribuciones son sin menoscabo de la representación que la propia ley le concede.".

Similar criterio al anterior, se sostuvo en los amparos en revisión 185/98, 180/98, 24/98 y 198/98, fallados el veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho, los dos primeros y el nueve de julio y nueve de septiembre del mismo año, respectivamente, los dos restantes.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Queda intocado el resolutivo primero del fallo recurrido.

SEGUNDO.-En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida.

TERCERO.-Para los efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Augusto Iturralde Patrón en contra de la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y siete, en el toca 320/98, protección que se hace extensiva respecto de los actos de simple ejecución que el quejoso reclamó del Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuarios de su adscripción.

Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Paulino López Millán, Pablo V. Monroy Gómez y Raquel Aldama Vega, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5430-ecb69e65/organizaciones-auxiliares-del-credito-representantes-legales-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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