FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 328/2002.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Por razón de técnica jurídica, se procede al examen de los agravios expresados por la autoridad judicial recurrente en contra de la parte de la sentencia que concedió el amparo a los quejosos, los que resultan infundados en parte, e inoperantes en otra, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
Lo anterior es así, porque para conceder la protección constitucional solicitada respecto del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 141, fracción II, del Código Penal para el Estado, la Jueza de Distrito se apoyó en el material probatorio que cita, examina y valora en la sentencia recurrida, y válidamente consideró que las pruebas y los argumentos que sustentan el acto reclamado son insuficientes para acreditar que al privar de la libertad al ofendido, los sujetos activos tuvieran la pretensión de causarle daño o perjuicio, ya que además de que no existe prueba que así lo demuestre, la alteración en la salud que presentó el ofendido constituyó un medio para cometer el secuestro, ya que opuso resistencia en el momento en que fue privado de su libertad, por lo que dicha conducta no fue desplegada con la expresa pretensión de causar daño o perjuicio al secuestrado. La anterior conclusión es legal, habida cuenta que la juzgadora federal apreció el acto reclamado tal como apareció probado ante la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, mientras que la autoridad responsable pretendió justificar la hipótesis del artículo 141, fracción II, del Código Penal para el Estado, con base en que: "... independientemente por (sic) lo declarado por el señor ... de que fue golpeado en la cara con una pistola por parte de uno de los agresores y secuestradores, contamos con el certificado médico que ya presentó el ofendido y, aún más, en el dictamen pericial desahogado por el perito en materia de balística, dictaminó que la pistola de nueve milímetros y demás características que constan en actuaciones y que es la misma que ocuparon los secuestradores, contenía huellas de sangre; porque a criterio del suscrito se considera que queda demostrada plenamente la corporeidad material del ilícito de secuestro contemplado en el artículo 141, fracciones I y II del Código Penal vigente en el Estado, al haberse reunido los elementos materiales que lo constituyen.".
Contrariamente a lo expuesto por el Juez recurrente, con las anteriores consideraciones no se comprueba la hipótesis consistente en que los sujetos activos tuvieran la pretensión de causar daño o perjuicio al secuestrado, con independencia de que se tratara de causar un daño patrimonial, sino lo que se demuestra es que ante su resistencia a ser privado de la libertad, que era la finalidad que los sujetos activos pretendían para obtener el rescate, utilizaron la violencia y le causaron lesiones para llevar a cabo el secuestro; en esas condiciones, procede desestimar los argumentos que se hacen valer sobre este aspecto, al ser infundados, pues, como se dijo, las pruebas existentes en autos ponen en evidencia que los acusados tenían la intención de realizar el secuestro con el fin de obtener un rescate, en perjuicio patrimonial del ofendido, y si bien es cierto que para lograr su cometido lo golpearon en la frente con una pistola, ocasionándole las lesiones que se hicieron constar en el certificado médico emitido por el perito legista y en la fe ministerial de lesiones de dieciséis de febrero de dos mil dos, también lo es que utilizaron la violencia como medio comisivo del delito de secuestro, con el fin de obtener un rescate, y no precisamente para causarle lesiones al secuestrado, de modo que no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 141, fracción II, del Código Penal para el Estado, cuyo núcleo no requiere que se acredite la existencia de alteraciones en la salud del secuestrado, sino sólo la pretensión de causarle daño o perjuicio, que no se demostró en el caso; de modo que dichas lesiones deben ser consideradas en forma independiente del tipo penal de secuestro, de acuerdo con las pruebas existentes en el sumario penal, en los términos y para los efectos señalados por la Jueza de Distrito en la sentencia recurrida.
El Juez revisionista aduce que el auto de formal prisión dictado en contra de los inculpados por el delito de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 114, fracción III, del Código Penal para el Estado, no es violatorio de garantías en perjuicio de los quejosos, pues para su dictado se basó en el certificado médico expedido el dieciséis de febrero de dos mil dos por el médico legista, en el que hizo constar que presentó escoriaciones y herida en la región supraciliar que interesó piel y tejido, así como en la fe ministerial de lesiones en la que se dio fe de la existencia de escoriaciones y equimosis en región supraciliar derecha y hematoma, razones por las que consideró aplicable la fracción III del artículo 114 del Código Penal para el Estado. Por su parte, para conceder la protección constitucional respecto de tal delito, la Jueza de Distrito partió de la base de que la autoridad responsable adujo que "dichos elementos se encuentran debidamente probados en actuaciones, a través de: 1) La fe ministerial de lesiones practicada por el personal actuante de ésta representación social al agraviado ... de fecha dieciséis de febrero de dos mil dos; 2) El certificado de lesiones practicado por el médico legista adscrito a esta agencia del Ministerio Público investigador, de fecha dieciséis de febrero del mismo año, a través del oficio número 088, por tanto, se establece que existió una alteración en la salud del pasivo ... misma que fue producida por una causa externa.". La juzgadora federal consideró que con dichos medios de prueba no se acreditó que la alteración causada en la salud del ofendido, sea de aquellas que dejan cicatriz perpetua y notable en la cara, ya que las pruebas en cuestión no hacen referencia a dicha circunstancia, ni existe en autos diverso elemento de prueba que lo acredite. En esas condiciones, los agravios del revisionista son insuficientes para revocar la determinación de la Jueza de Distrito, pues no contienen los razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, consistentes en que ninguna de las pruebas referidas por la autoridad responsable establecen que las lesiones sufridas por el agraviado le dejen cicatriz perpetua y notable en la cara, sin que sea procedente suplir la deficiencia de la queja porque la ley no la permite en beneficio de la autoridad recurrente.
En este aspecto compartimos el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis jurisprudencial 681, publicada en la página 564 del Tomo II, Materia Penal, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, y es aplicable el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 38, publicada en la página 25 del Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen:
"REVISIÓN PENAL. ES DE ESTRICTO DERECHO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA HACE VALER. El recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, aun cuando derive de un juicio de naturaleza penal, es de estricto derecho, por no estarse dentro de ninguno de los supuestos, que de conformidad con el artículo 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, permiten suplir la deficiencia de la queja; en consecuencia, los agravios de dicha autoridad deben combatir expresa y directamente todas y cada una de las violaciones a las leyes de fondo y forma en que se hubiese incurrido en el fallo impugnado, sin que el Tribunal Colegiado pueda subsanar ninguna irregularidad o deficiencia de esos agravios."
"AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."
En otro aspecto, la autoridad recurrente aduce que le causa agravios la parte de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del auto de formal prisión dictado en contra de ... por el delito de encubrimiento por favorecimiento, previsto y sancionado por el artículo 281 del Código Penal para el Estado, pues respecto del primer indiciado, la Jueza de Distrito argumentó que no existe señalamiento directo en su contra y, en relación con el segundo, dijo que la acreditación del delito se basó en el hecho de que tenía conocimiento de quiénes eran los autores intelectuales y materiales del secuestro, pues comentó con algunas personas que el sujeto pasivo tenía mucho dinero y andaba solo, que tal hipótesis se actualiza porque ... en una forma u otra, ayudó a ... para que llevara a cabo el secuestro, pues en forma voluntaria le proporcionó su número de cuenta bancaria y, como tenían cierta amistad, es posible que haya tenido conocimiento del secuestro; luego entonces, ocultó a la autoridad los hechos que conocía, impidiendo la investigación, pues no es creíble que no supiera cómo lo obtuvieron, ya que cuando era trasladado en helicóptero, reconoció la voz de ... como la de la persona a la que anteriormente vendió un vehículo, de modo que existía cierto conocimiento y amistad entre ellos, y puede entenderse que tenía conocimiento de los hechos delictivos.
Los anteriores argumentos son infundados porque para conceder la protección constitucional solicitada, la juzgadora federal se apoyó en el material probatorio que cita, examina y valora en la sentencia recurrida, por lo que determinó que no son aptos ni suficientes para acreditar la existencia de los elementos del tipo penal del delito de encubrimiento por favorecimiento, previsto y sancionado por el artículo 281 del Código Penal para el Estado, cuya comisión se atribuye a ... toda vez que con ellos no se demuestra que dichos inculpados, después de la ejecución del secuestro y sin haber participado en éste, hubiesen ayudado en cualquier forma a sus coinculpados a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u ocultaren, alteraren, destruyeren o hicieren desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o que aseguraren para los inculpados el producto o provecho del mismo. Lo anterior se encuentra ajustado a derecho, pues como correctamente lo estimó la Jueza Federal, los hechos demostrados en la causa penal en relación con ... permiten acreditar, sin lugar a dudas, que sí proporcionó voluntariamente a ... su número de cuenta bancaria para que la utilizara e hiciera un depósito, pues de otra manera no se explica cómo ... obtuvo dicho número, ni cómo pensaba retirar el dinero una vez hecho el depósito; sin embargo, tales hechos son insuficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que ... tuviera conocimiento de que el dinero a depositar provendría del pago de un rescate por secuestro, ya que no existe ninguna prueba que conduzca a esa conclusión, en la inteligencia de que si bien es cierto que ... negó haber proporcionado su número de cuenta, ello es lógico y se explica porque fue trasladado de su domicilio sito en la calle Salto del Agua número 446, colonia Revolución y Benito Juárez, de Netzahualcóyotl, Estado de México, a la ciudad de Ozuluama, Veracruz, por agentes de la Policía Judicial o Ministerial, por ser el titular de la cuenta en cuestión; máxime que su cliente ... afirmó que dicho inculpado ignoraba lo relacionado con el secuestro, a pesar de que sabía que fue quien guió las investigaciones hasta su persona, al reconocer su voz en las grabaciones; además, el hecho de que entre ... existiera una relación de vendedor a comprador, no significa necesariamente que el primero supiera el origen del dinero que se pretendía depositar, por lo que al no existir señalamiento directo en contra de ... ni confesión de su parte, no se configura la prueba circunstancial para tener por acreditados los elementos típicos del delito de encubrimiento por favorecimiento, ni la probable responsabilidad de ...
En esas condiciones, procede desestimar por ser infundados, los agravios en que la autoridad recurrente aduce que en una forma u otra ... ayudó a ... para que llevara a cabo el secuestro, al proporcionarle voluntariamente su número de cuenta bancaria, y como tenían cierta amistad, es posible que haya tenido conocimiento del secuestro; luego entonces, ocultó a la autoridad los hechos que conocía, impidiendo la investigación, pues no es creíble que no supiera cómo obtuvieron el número de cuenta, ya que cuando era trasladado en helicóptero, reconoció la voz de ... como la de la persona a la que había vendido un vehículo, de modo que existía cierto conocimiento y amistad entre ellos, y puede entenderse que tenía conocimiento de los hechos delictivos, pues tales hechos no actualizan el delito de encubrimiento por favorecimiento, que se refiere a circunstancias acontecidas después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, de donde se sigue que si la autoridad judicial responsable sostiene que ... de una forma u otra ayudó a ... para que llevara a cabo el secuestro de ... ello implicaría participación en los términos señalados por el artículo 28, fracción VI, del Código Penal para el Estado, hipótesis que proscribe al encubrimiento, ya que la autoría y la participación no coexisten con este último delito.
En relación con ... el Juez recurrente alega que la sentencia impugnada le causa agravios, porque afirma que es indudable que dicho inculpado tenía conocimiento de la comisión de los hechos delictivos, al decir que sabía quiénes eran los autores intelectuales y materiales del secuestro, lo que mencionaron en igual forma ... al decir que el sujeto pasivo era una persona que tenía mucho dinero; que ... se enteró posteriormente que lo habían secuestrado, pero no lo puso en conocimiento de la autoridad porque había comentado con diversas personas que el agraviado tenía mucho dinero, por lo que es indudable que sin haber participado en el delito ... ocultó lo que había comentado con diversas personas y pudo dar lugar a que los acusados se pusieran de acuerdo para realizar el secuestro, ocultando datos que podrían impedir la comisión del ilícito si los hubiese puesto en conocimiento de la autoridad. Los anteriores agravios son infundados, ya que de la interpretación jurídica del artículo 281 del Código Penal para el Estado, se concluye que para que se actualice, es necesario que exista la prestación de auxilio o la cooperación de cualquier especie de las que señala dicho precepto legal, consistentes en que el encubridor realice alguna conducta o acto de naturaleza positiva que se manifieste en la realidad exterior, con el fin de que el inculpado eluda las investigaciones de la autoridad, por lo que no basta la conducta pasiva desplegada por el inculpado, hoy quejoso, consistente en no denunciar el hecho delictuoso del que tuvo conocimiento después de que hizo el comentario de que el ofendido tenía mucho dinero. De modo que, si en el caso no se acreditó en autos que ... a quien se imputa la comisión del delito de encubrimiento por favorecimiento, hubiese ocultado, alterado, destruido o desaparecido los rastros, pruebas o instrumentos del delito, es claro que no se acreditaron los elementos materiales del delito, pues no se justificó que el activo en cuestión haya tenido la dañada intención de cometer dicho ilícito, ni mucho menos que existiera un nexo causal entre la conducta atribuida a quienes llevaron a cabo el secuestro y la desplegada por el aquí quejoso. En esas condiciones, fue correcto que la Jueza de Distrito concluyera que con las pruebas relacionadas por la autoridad responsable, tampoco se puede integrar la prueba circunstancial, ni es posible afirmar, sin lugar a dudas, que ... tuviera pleno conocimiento de quiénes fueron las personas que cometieron el secuestro, ni que al no denunciarlos haya cometido el delito de encubrimiento por favorecimiento que se le atribuye.
Es aplicable en este aspecto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 285, publicada en la página 150, del tomo relativo a Precedentes Relevantes, Materia Penal, Séptima Época, que dice:
"ENCUBRIMIENTO, REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL DELITO DE. Para que se configure el delito de encubrimiento, no basta que el imputado tenga conocimiento de que se va a cometer un hecho delictuoso, omitiendo el deber legal de impedir su consumación, sino que tal conocimiento debe fundarse en datos reales, perceptibles, y no en el simple enunciado de una conducta futura de la que se haga confidente a una persona, pero que no tiene para ésta ningún viso de probabilidad en cuanto a su realización."
De acuerdo con las anteriores consideraciones, no asiste razón al Juez recurrente, cuando argumenta que el auto de formal prisión se encuentra ajustado a derecho, porque como ya se dijo, los datos arrojados por la averiguación previa son insuficientes para tener por comprobados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los acusados por el delito de encubrimiento por favorecimiento, con independencia de que la ley no exija que se tengan pruebas claras para establecer su culpabilidad.
Por último, el Juez revisionista alega que la sentencia impugnada es incongruente, porque después de valorar los argumentos esgrimidos por los quejosos, les negó la protección constitucional en el primer resolutivo y, en el resolutivo segundo, les concede el amparo. Los anteriores alegatos son infundados, pues de la lectura de la sentencia sujeta a revisión, se constata que fue dictada en estricto cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que la juzgadora de distrito fijó en forma clara y precisa los actos reclamados y apreció en forma adecuada las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados; también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para declarar su constitucionalidad e inconstitucionalidad, respectivamente, con base en la relación y valoración de las pruebas que le sirvieron de sustento para emitirla, es decir, apreció los actos reclamados tal como aparecieron probados ante la autoridad responsable, por lo que al concluir que el acto reclamado por ... dictado en su contra por el delito de secuestro previsto por el artículo 141, fracción I, del Código Penal para el Estado, cumple con los requisitos que exige el artículo 19 constitucional, válidamente les negó la protección constitucional y, por otra parte, también fue correcto que les concediera el amparo a ... por los delitos de secuestro y lesiones, previstos y sancionados por los artículos 141, fracción II, 113 y 114, fracción III, del Código Penal para el Estado y, a ... por el delito de encubrimiento por favorecimiento, previsto y sancionado por el artículo 281 del citado código.
En consecuencia, al resultar inoperantes, por insuficientes e infundados, los agravios analizados, procede confirmar la sentencia en la parte que se revisa y conceder la protección constitucional solicitada para los efectos precisados por la Jueza de Distrito.
OCTAVO. Los agravios que expresaron los quejosos, hoy recurrentes, en contra de la parte de la sentencia que les negó la protección constitucional, resultan infundados, sin que se esté en el caso de suplirlos en alguna deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por no advertirse motivo manifiesto para ello, según se desprende del estudio integral del asunto.
En efecto, contrario a lo que alegan ... la sentencia que les negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión se encuentra ajustada a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, y no les causa agravio alguno que deba repararse por este Tribunal Colegiado, ya que la Jueza de Distrito fijó en forma clara y precisa los actos reclamados, y apreció en forma adecuada las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados; también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para declarar su constitucionalidad, con base en la correcta valoración de las pruebas que sirvieron de sustento al Juez responsable para emitir el acto reclamado, es decir, apreció dicho acto como apareció probado ante la autoridad responsable, por lo que al cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional, válidamente negó la protección constitucional solicitada por los quejosos.
Lo anterior es así, porque para negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del auto de formal prisión dictado en contra de ... por considerarlos probables responsables en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 141, fracción I, del Código Penal para el Estado, en agravio de ... la juzgadora federal sostuvo, básicamente, que tanto los elementos que integran el cuerpo del delito, como la probable responsabilidad de los inculpados en su comisión, se acreditaron con el material probatorio que obra en la causa penal 40/2002 que cita, examina y valora adecuadamente en la sentencia recurrida, que ha quedado transcrita en el tercer considerando de esta ejecutoria, lo que hace innecesaria su reiteración; determinación que es legal, pues el auto de formal prisión reclamado cumple con los requisitos de forma y fondo que exigen los artículos 19 constitucional y 164 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, ya que los hechos demostrados con esos elementos de convicción, adminiculados de manera lógica y natural, revelan en forma clara y objetiva que el catorce de febrero de dos mil dos, varias personas, entre las que participaron los inconformes, privaron de su libertad a ... cuando se encontraba en el rancho Tres Hermanos, del Municipio de Tantima, Veracruz, con la finalidad de obtener rescate, por lo que se configuraron los elementos materiales del delito de secuestro, ya que es incuestionable la existencia de acciones ilícitas llevadas a cabo por varias personas, entre las que coparticiparon ... consistentes en haber privado de su libertad al sujeto pasivo, con el fin de obtener rescate, con lo que se acredita la afectación del bien tutelado por la norma penal consistente en la libertad personal del ofendido; que su realización es de naturaleza dolosa, pues conociendo las circunstancias que integran la descripción legal, los aquí quejosos quisieron y aceptaron la realización de los hechos ilícitos hasta sus últimas consecuencias, al haber coparticipado en su ejecución, por lo que sus conductas encuadran en lo dispuesto por el artículo 28, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado; también aparecen demostrados el resultado y la atribuibilidad de dichas acciones ilícitas, entre otros, a ... en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se justifican en autos, sin que esté comprobada en su favor ninguna causa que los exima de responsabilidad o que extinga la acción penal.
Ahora bien, esos medios probatorios revelan que los inconformes son las personas que probablemente coparticiparon en la ejecución de las conductas antijurídicas que se les reprochan, pues ello se evidencia con: 1) El reporte vía fax enviado al agente del Ministerio Público investigador de Ozuluama, Veracruz, por Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de agentes de la Policía Ministerial de Naranjos, Veracruz, en donde informa que ... notificó que su padre ... fue secuestrado a las diecinueve horas del catorce de febrero de dos mil dos, cuando iba acompañado por su chofer Alberto Valdez Martínez (foja 19); 2) La declaración ministerial rendida el quince de febrero de dos mil dos por Alberto Valdez Martínez, quien dijo que es chofer de ... por lo que el día anterior conducía una camioneta de su propiedad, cuando salieron del rancho "Tres Hermanos", del Municipio de Tantima, Veracruz, y al llegar a un guarda ganado ubicado en la última división del rancho, estaba estacionada una camioneta marca Ford, color blanco, que les impedía el paso, y estaban dos individuos afuera; que uno se acercó a preguntarles si traían cables para pasar corriente, que les dijo que iba a buscarlos y se bajó de la camioneta para buscar atrás del asiento, y no los encontró, aunque sabía que sí los llevaban; que el individuo le preguntó "si sabía algo de camionetas" y le contestó que no; que le dijo que se metiera a su camioneta para que la arrancara, pero le dijo que iba ver la batería, pues podría traer algún cable roto; que al llegar al lugar donde estaba la camioneta se asomó para ver la batería, percatándose de que abajo del vehículo estaban acostados dos individuos más del sexo masculino, tirados sobre el guarda ganado, sin que dijera nada, pero sospechando algo, quiso caminar hacia la camioneta de su patrón, cuando los dos primeros individuos lo quisieron agarrar por atrás, pues lo rodearon con sus brazos, sólo que de un codazo se zafó y echó a correr rumbo al rancho y ... se quedó en la camioneta que estaba en el sitio donde fueron interceptados, pero ya se había bajado de la misma; que cuando corría escuchó dos disparos de arma de fuego; que alcanzó al trabajador Francisco Avilés Pérez quien conducía un tractor del rancho, a quien le comentó lo que había sucedido y se fueron rápidamente para el rancho; que una vez que llegó habló con el encargado del rancho, quien es su hermano Andrés Barrera, y éste se comunicó por radio a Naranjos y habló con ... hijo del agraviado; que de los dos individuos que lo interceptaron uno era de complexión delgada, "altito", color moreno, cara delgada, rasurado de barba y bigote, y fue el que habló con el declarante, por lo que le notó acento como del rumbo de Poza Rica, Veracruz; que el otro era medio "chaparrón", color "blanquito", gordo, sin barba, ni bigote; que a los dos que estaban tirados en el guarda ganado no los podía describir, aunque vio que estaban boca arriba e inmediatamente sospechó que era un asalto. Asimismo, al contestar las preguntas que le hizo el agente del Ministerio Público, entre otras cosas, dijo que salieron del rancho como a las dieciocho horas con veinte minutos, y cuando llegaron al lugar donde los interceptaron eran como las seis y media de la tarde, pues ya había oscurecido y llevaba las luces encendidas; que ... le ordenó que buscara los cables que le pidió uno de los individuos; que cuando salió corriendo, uno de esos sujetos ayudó al otro para agarrar al agraviado y cuando iba como a cien metros escuchó dos disparos de arma de fuego, y luego escuchó que arrancaron la camioneta y salieron rápido; que después de haber informado de los hechos a su hermano, ambos regresaron al lugar donde dejó estacionada la camioneta de su patrón y se fueron a Naranjos a las oficinas de ... que no sabe si su patrón tenía amantes ni enemigos, ni tampoco si prestaba dinero o si tenía deudas por ganado, que no gastaba mucho dinero, pues es una persona que cuidaba lo suyo; que sólo conoce a algunos amigos de su patrón; que el rancho que tiene es de mil setecientas hectáreas y maneja como ochocientas cabezas de ganado; que en los dieciséis años que tiene de trabajar para él, nunca había tenido un problema similar (fojas 19 vuelta, 23 a 27); 3) La diligencia ministerial de inspección ocular llevada a cabo en el rancho Tres Hermanos, Municipio de Tantima, Veracruz, en las que se especificaron las características de dicho predio rústico, así como las del lugar donde fueron interceptados por los secuestradores; el dictamen de inspección pericial y secuencia fotográfica a cargo del arquitecto Roberto Rendón Hernández, perito de la Dirección Regional de Servicios Periciales en Ozuluama, Veracruz (foja 29); 4) El oficio 124 de quince de febrero de dos mil dos, signado por el jefe de grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado, Noé Hernández Santa Rosa, quien informó al agente del Ministerio Público investigador que al iniciar las indagaciones se trasladaron al domicilio de ... que es el lugar donde se están recibiendo las llamadas telefónicas mediante las cuales los secuestradores piden la cantidad de diez millones de pesos a cambio de la libertad de ... donde se entrevistaron con el licenciado Luis Mario Villasana Cano, quien les indicó que desde el día anterior se encarga de contestar el teléfono ... que está acondicionado con grabadora portátil, tipo reportero e identificador de llamadas; que las llamadas recibidas corresponden a los teléfonos celulares ... que al escuchar las grabaciones identificó la voz de la persona que responde al nombre de Jesús David Alejandre Hernández, con quien la familia ... ha tenido problemas judiciales; que iniciaron la búsqueda del negocio en donde se vendieron los teléfonos celulares, y en Naranjos, Veracruz, encontraron la tienda Comunicaciones Telcel donde se entrevistaron con la encargada Adriana Elizabeth Cruz Torres, quien les informó que el día anterior se presentaron tres hombres a quienes les vendió los números telefónicos antes indicados; que dichas personas le indicaron que los aparatos quedaran a nombre de Juan Pacheco Gómez (fojas 49 y 50); 5) La declaración ministerial rendida el quince de febrero de dos mil dos por Adriana Elizabeth Cruz Torres, quien corroboró lo expuesto por Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado, en relación con la venta de los teléfonos celulares folios ... de donde salían las llamadas de los secuestradores (fojas 51 y 58); 6) Los tres retratos hablados (fojas 55 a 57); 7) La declaración ministerial rendida el quince de febrero de dos mil dos por el licenciado Luis Mario Villasana Cano, quien dijo que aproximadamente a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de febrero de ese año, fue con el ingeniero ... a las o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17431-1160c782/fundamentacion-y-motivacion-caso-en-el-que-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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