SUSTRACCIÓN DE MENORES, DELITO DE. PARA SU INTEGRACIÓN BASTA QUE LA CUSTODIA O GUARDA SE TENGA DE HECHO O POR DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO EN REVISIÓN 337/2002.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios expresados por el recurrente son infundados, sin que se esté en el caso de suplirlos en alguna deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por no advertirse motivo manifiesto para ello, según se desprende del estudio integral del asunto.
En efecto, contrario a lo que se alega, la sentencia impugnada en esta vía se encuentra ajustada a derecho y no le causa agravio alguno que deba repararse por este órgano colegiado, ya que el Juez de Distrito apreció correctamente los hechos y valoró adecuadamente las pruebas que sirvieron de sustento al auto de formal prisión reclamado, por lo que válidamente determinó que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional.
Lo anterior es así, porque para negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del delito de sustracción de menores, previsto y sancionado por el artículo 206 del Código Penal del Estado, por el que se decretó el auto de formal prisión impugnado, el juzgador federal sostuvo, básicamente, que tanto los elementos que integran el cuerpo del delito de sustracción de menores, como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, se acreditaron con el material probatorio que cita, examina y valora adecuadamente en la sentencia recurrida, que ha quedado transcrita en el tercer considerando de esta ejecutoria, lo que hace innecesaria su reiteración.
En consecuencia, fue correcta la determinación de negar la protección constitucional solicitada, porque el auto de formal prisión reclamado se ajusta a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, ya que los hechos demostrados con esos elementos de convicción, adminiculados de manera lógica y natural, revelan clara y objetivamente que aproximadamente a las dieciséis horas del doce de febrero de dos mil dos, en el domicilio ubicado en la calle Ciruelo número cuarenta y siete esquina Tuna, colonia Los Laureles en Veracruz, Veracruz ... sustrajo de la guarda y custodia que de hecho tenía su madre, Blanca Estela González Alvarado, a su menor hijo Gibrán Aparicio González, de tres años de edad, sin el consentimiento de ella; configurándose así los elementos externos del cuerpo del delito de que se trata, con lo que se acredita la afectación al bien jurídico tutelado por la norma penal, consistente en la seguridad familiar; que dicha acción probablemente la realizó directamente el agente activo del delito, por lo que su conducta encuadra en lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, del Código Penal para el Estado; que la calidad específica del agente pasivo del delito quedó acreditada con el acta de su nacimiento que obra en autos, de la que se constata que al momento en que ocurrieron los hechos, Gibrán Aparicio González tenía tres años de edad; así también aparecen demostrados el resultado y la atribuibilidad de dicha acción ilícita al inconforme en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se justifican en autos, sin que esté comprobada en su favor ninguna causa que lo exima de responsabilidad o que extinga la acción penal.
Ahora bien, esos medios probatorios también son aptos y suficientes para justificar que ... es la persona que probablemente realizó la conducta ilícita que se le reprocha, pues ello se evidencia con: 1) La denuncia de trece de febrero de dos mil dos formulada por Blanca Estela González Alvarado ante el agente del Ministerio Público y ratificada ante el Juez de la causa, en la que manifestó que vivió en unión libre durante siete años con ... con quien procreó un hijo de nombre Gibrán Aparicio González, quien tiene tres años de edad; que desde hace aproximadamente un mes se separó del denunciado y desde esa fecha se fue a vivir con su hermana Antonia; que se llevó a su hijo con ella y aproximadamente a las ocho y media de la mañana del doce de febrero de dos mil dos llegó ... y le dijo que si podía llevar al niño al desfile y ella le contestó que sí; que regresaron aproximadamente a las cuatro de la tarde y el denunciado se puso a platicar con ella y le dijo que quería que regresara con él, que le contestó que no y por eso se molestó, agarró al niño y se lo llevó; que le llamó más tarde y le dijo que si quería al niño tenía que regresar con él a su casa, que la denunciante le contestó que no; que el acusado le dijo que si ponía denuncia en su contra se llevaría lejos al niño y que jamás lo volvería a ver (fojas 26 vuelta y 88); 2) La declaración ministerial de catorce de febrero de dos mil dos rendida por la testigo Antonia González Alvarado y ratificada ante el Juez de la causa, quien en relación con los hechos que se investigan dijo que su hermana Blanca vivió siete años con ... y que procrearon a Gibrán Aparicio González de tres años de edad; que desde hace un mes están separados y su hermana Blanca y su hijo se fueron a vivir a su casa; que el doce de febrero de dos mil dos ... fue por el niño para llevarlo de paseo porque su hermana le dio permiso y lo regresó por la tarde, pero como él le insistió a su hermana que regresara con él y ella no quiso, se enojó, se llevó al niño y dijo que no se lo iba a regresar a su hermana hasta que no regresara a vivir con él (fojas 27 vuelta y 89 vuelta); 3) La declaración ministerial de quince de febrero de dos mil dos, rendida por la testigo Rosa María Elvira Penera y ratificada ante el Juez del proceso, en la que dijo que tiene diez años de conocer a Blanca Estela y que hacía como un mes que se separó de ... con quien procreó a Gibrán Aparicio González, de tres años de edad; que aproximadamente a las dos de la tarde del doce de febrero de dos mil dos, cuando se encontraba en su domicilio, que está junto a la casa de Blanca Estela, escuchó una discusión, salió a ver qué pasaba y se pudo percatar de que ... le decía a Blanca que se iba a llevar al niño para que regresara con él, porque si no, no le iba a entregar al niño y desde esa fecha no le ha regresado al niño; que en el tiempo que han estado separados se percató de que Blanca cuida bien al niño, porque nunca lo deja solo ni lo maltrata (fojas 27 vuelta, 28, 89 vuelta y 90); 4) La declaración ministerial de quince de febrero de dos mil dos rendida por ... y ratificada ante el Juez de la causa, quien dijo que aproximadamente a las nueve o diez de la mañana del diez de febrero de dos mil dos fue a la casa de su cuñada Antonia, le preguntó por Blanca y por su hijo, y le contestó que no estaban, que habían ido a casa de una amiga; por lo que regresó el lunes siguiente y le dijo que tenía pensado llevarlos al desfile, que quedaron en verse a las nueve y media en las gradas; que el martes doce de febrero de dos mil dos el inculpado se fue a las siete y media de la mañana para apartarles el lugar en las gradas; que habló por teléfono a su casa y su hermano le informó que Blanca había hablado para decirle que fuera por el niño temprano, por lo que se trasladó a casa de su cuñada para ir por el niño y Blanca le dijo que iba a confiar en él y que se podía llevar al niño al desfile; que se llevó al niño y regresó con él como a las cuatro y media de la tarde; que Blanca en forma burlona le dijo al niño que le diera las gracias a su papá, pero que él le dijo que no se las diera porque era su obligación, que entonces Blanca le dijo "si quieres puedes llevarte al niño" y por eso se lo llevó; que su intención nunca fue quitarle el niño a Blanca y está en la mejor disposición de regresarlo con su mamá, siempre y cuando ella no se lleve al niño lejos (fojas 28 vuelta, 29, 90 vuelta y 91); 5) Las copias simple y certificada del acta de nacimiento folio 08450 expedida por el oficial del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, a nombre del menor Gibrán Aparicio González (fojas 31 y 93); 6) El certificado médico de lesiones de quince de febrero de dos mil dos expedido por el doctor Gustavo Amador Cerón, perito médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien certificó que a la revisión física practicada al inculpado ... no presentó huellas de lesiones externas recientes en la totalidad de su área corporal (fojas 37 y 99); 7) El certificado médico de lesiones de veintitrés de marzo de dos mil dos expedido por la doctora Catarina Díaz Moris, perito médico forense adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien hizo constar que ... es un sujeto masculino de veintiocho años de edad, consciente, tranquilo, bien ubicado en espacio, tiempo y persona, con lenguaje coherente y congruente, que a la exploración física practicada no presentó huellas objetivas de lesiones traumáticas externas recientes (fojas 41 y 101); 8) La declaración preparatoria de veinticuatro de marzo de dos mil dos rendida por ... quien ratificó su declaración ministerial y exhibió copia del convenio 295/2002 que suscribió el veintiuno de febrero de dos mil dos con la denunciante ante la agente del Ministerio Público. A la pregunta que le formuló el defensor de oficio adscrito, contestó que cuando le regresó el niño a la denunciante estaban presentes la licenciada ante quien firmaron el convenio y su abogada defensora (fojas 44, 48, 106 y 110); 9) La copia simple del convenio 295/2002 de veintiuno de febrero de dos mil dos, celebrado entre ... y Blanca Estela González Alvarado, ante la agente del Ministerio Público especializada en delitos contra la libertad, seguridad sexual y contra la familia, en Veracruz, Veracruz (fojas 45, 107 y 109); 10) La declaración judicial de veintiséis de marzo de dos mil dos rendida por la denunciante Blanca Estela González Alvarado, quien ratificó su declaración ministerial y agregó que el inculpado no ha cumplido con el acuerdo que celebraron; que la molesta y le habla por teléfono, que no la ha dejado tranquila, que la espía. A preguntas que le formularon el defensor del acusado y el representante social adscrito respondió que el día en que se llevó el inculpado al niño lo hizo con el consentimiento de su madre; que el menor Gibrán Aparicio González se encuentra en poder de ella, quien no tiene la custodia del niño, pues no le ha sido otorgada por ningún Juez Civil de primera instancia; que en el convenio que celebró ante la representante social se establecieron cláusulas que autorizan al inculpado para que vea a su hijo y lo saque a pasear; que cuando el inculpado pasó por el niño para llevarlo al desfile el doce de febrero de dos mil dos estuvieron presentes su hermana y el esposo de ésta; que ese mismo día ... regresó al niño y se lo volvió a llevar, porque ella no quiso platicar con él, por lo que lo hizo sin su consentimiento; que fueron testigos de estos hechos su hermana y una vecina; que cuando dice que "... no le ha cumplido", se refiere a que no la ha dejado tranquila, pues la espía (fojas 50 frente y vuelta y 112).
La justipreciación de los anteriores medios de prueba que sirvieron de base para que la autoridad responsable tuviera por acreditada la materialidad del delito de sustracción de menores, llevan a este órgano colegiado a convenir con el Juez de Distrito hasta el momento procesal en que se actúa, en que tienen fuerza convictiva suficiente para justificar la probable responsabilidad de ... en su comisión, al quedar evidenciado que fue él quien probablemente realizó los hechos delictivos que se le reprochan, en virtud de los cuales sustrajo al menor Gibrán Aparicio González de la custodia de hecho que tenía su madre; lo que se corrobora con el señalamiento firme, directo y categórico que en su contra realiza la querellante Blanca Estela González Alvarado, en el sentido de que tiene aproximadamente un mes que se separó de su concubino ... con quien vivió en unión libre durante siete años y procrearon un hijo; que el día de los hechos el inculpado se presentó en su domicilio para llevar al niño a ver el desfile del carnaval, que confió en él y permitió que se lo llevara y regresaron aproximadamente a las dieciséis horas; que ... se puso a platicar con ella y le pidió que regresara con él y como ella no aceptó se llevó al menor sin su consentimiento; lo que se corrobora con las declaraciones de las testigos Antonia González Alvarado y Rosa María Elvira Penera, quienes se condujeron en forma coincidente con los hechos relatados por la denunciante, pues manifestaron que después de haber sostenido una discusión con Blanca Estela González Alvarado ... se llevó al menor Gibrán Aparicio González, pues le pidió que regresara con él y ella no accedió, por lo que se llevó al niño; los anteriores elementos de prueba se robustecen con la confesión calificada divisible del sujeto activo, quien se ubicó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, pues al declarar ante la agente del Ministerio Público y posteriormente en preparatoria ante el Juez del proceso, admitió expresamente que se llevó al niño, porque la madre del menor dio su consentimiento para hacerlo, pues le dijo "si quieres puedes llevarte al niño", motivo por el que se lo llevó, pero no fue su intención quitarle el niño a Blanca y está en la mejor disposición de regresarlo con su mamá, siempre y cuando ella no se lo lleve lejos; confesión de la que sólo se toma en consideración la parte que le perjudica y no la parte que le beneficia, ya que es verosímil y encuentra apoyo en los demás elementos de prueba antes relacionados y no la parte que le beneficia, pues no aportó prueba alguna para acreditar que la madre del menor le otorgó su consentimiento para llevarse al niño, ya que los datos de convicción antes precisados ponen de manifiesto que el inconforme sustrajo de la guarda y custodia que de hecho tenía su concubinaria Blanca Estela González Alvarado a su menor hijo Gibrán Aparicio González, de tres años de edad, sin su consentimiento; de modo que el material probatorio existente en autos hasta el momento procesal en que se actúa, es apto y suficiente para acreditar la materialidad del delito y la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión; máxime que para motivar el dictado de un auto de formal prisión no se requiere de pruebas plenas, por lo que las existentes tienen valor probatorio suficiente para acreditar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del hecho delictivo que se le reprocha.
Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 98, publicada en la página 69, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. La confesión calificada con circunstancias excluyentes o modificativas de responsabilidad es divisible si es inverosímil, sin confirmación comprobada o si se encuentra contradicha por otras pruebas fehacientes, en cuyos casos el sentenciador podrá tener por cierto sólo lo que perjudica al inculpado y no lo que le beneficia."
También es aplicable al caso el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 55, publicada en las páginas 40 y 41 del Tomo II, Materia Penal, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, que los datos arrojados por la averiguación, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado."
No obsta a lo anterior lo aducido por el inconforme en el sentido de que el juzgador federal incurre en la misma violación de garantías constitucionales que la autoridad responsable ordenadora, pues al dictar el auto de formal prisión reclamado no consideró que no se comprobaron los elementos materiales del cuerpo del delito, ni su probable responsabilidad en su comisión, pues omitieron valorar la declaración de la denunciante Blanca Estela González, cuando al ser examinada al tenor del interrogatorio que le formuló su defensor voluntario, respondió que sí le había dado su consentimiento para que se llevara a Gibrán, lo que demuestra que él se llevó al niño porque así lo había permitido la denunciante; que si al declarar manifestó que sí tenía al niño, fue porque la denunciante así lo había aceptado y que si las supuestas testigos presenciales (hermana y vecina de la denunciante) se dieron cuenta de que se llevaba a su hijo a la fuerza y no lo evitaron, fue porque se lo llevó con el consentimiento de su madre y no a la fuerza como lo tratan de hacer creer.
Los anteriores alegatos resultan inoperantes. Lo anterior es así, en razón de que, en primer término, los Jueces Federales no pueden incurrir en violación de garantías individuales, pues su función es precisamente velar por su cumplimiento, en la medida en que al conocer de los juicios de amparo ejercen la función de control constitucional y dictan resoluciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su criterio y bajo su estricta responsabilidad, por lo que si bien a juicio de las partes pueden infringir derechos subjetivos públicos y en contra de esas decisiones procede el recurso de revisión, que no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación de los artículos fundamentales que consagran las garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, donde el tribunal de alzada vuelve a examinar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su resolución, limitándose a los agravios expuestos. Por consiguiente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el juzgador federal vulneró garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el Juez a quo ejerce, ya que si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos autoritarios, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Resulta aplicable en este aspecto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 35, publicada en las páginas 28 y 29 del Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.".
El alegato que el quejoso hace consistir en que el Juez Federal no valoró la declaración rendida por la denunciante, Blanca Estela González Alvarado, cuando fue examinada al tenor del interrogatorio que le formuló su defensor voluntario, es fundado pero inoperante. En efecto, asiste razón al inconforme, pues el Juez Federal sí incurrió en esa omisión; sin embargo, lo anterior no ocasiona agravio alguno al recurrente que deba ser reparado en esta vía, pues a fojas 50 y 112 de autos, obra la declaración judicial rendida en ampliación por la denunciante Blanca Estela González Alvarado, en la que se le preguntó: "que diga la declarante si el día que se llevó el acusado a su menor hijo de nombre Gibrán fue con el consentimiento de ella o no" a lo que respondió que sí; también lo es que en la misma diligencia cuando el representante social formuló la pregunta: "que diga la declarante si ese mismo día a que se ha hecho referencia (doce de febrero de dos mil dos), cuando regresó de haber llevado al niño al carnaval ... se molestó porque no quiso platicar con él, por lo que se volvió a llevar al niño, si en esta ocasión fue con su consentimiento" respuesta: "que no". Ahora bien, de lo anterior se constata que el alegato que se examina es infundado, pues contrariamente a lo que aseveró, lo cierto es que la denunciante sólo le otorgó su consentimiento para que el niño fuera con él a ver el desfile del carnaval, mas no para que se lo llevara después, pues ello ocurrió sin su consentimiento, cuando se negó a restablecer el vínculo marital, pues el menor se encontraba bajo su guarda y custodia; de modo que resulta incuestionable que la conducta que desplegó el acusado encuadra en la hipótesis delictiva por la que se le sujetó a la formal prisión, máxime que no aportó prueba alguna para demostrar la afirmación que hace valer cuando refiere que se llevó al menor, porque su madre así lo consintió.
Tampoco asiste razón al quejoso cuando argumenta que las testigos presenciales pudieron impedir que se llevara al niño supuestamente a la fuerza, lo que evidencia que se lo llevó con consentimiento de su madre y no a la fuerza como lo hacen notar. Lo anterior es así, pues cuando declaró ante la agente del Ministerio Público aceptó expresamente que: "mi intención no fue quitarle el niño a Blanca y estoy en la mejor disposición de regresarle al niño, siempre y cuando ella no se lleve al niño lejos, pues ella me dijo que se iba a llevar al niño lejos y no lo iba a volver a ver y también me amenazaba que si le quitaba al niño me iba a dar en donde más me doliera", con lo que se pone de manifiesto que actuó motu proprio, pues la querellante no otorgó su consentimiento para que el acusado se llevara a su menor hijo, máxime que las testigos de cargo Antonia González Alvarado y Rosa María Elvira Penera se condujeron en forma coincidente con los hechos denunciados, pues dijeron que después de haber sostenido una discusión con Blanca Estela González Alvarado ... se llevó al menor Gibrán Aparicio González, después de que le pidió a Blanca que regresara con él y como no accedió, se llevó al niño de su lado; datos que permiten otorgar pleno valor jurídico a sus dichos.
El impetrante de garantías alega que la jurisprudencia establece que al llevarse consigo a alguno de los hijos, ninguno de los padres comete el delito de sustracción de menores, pues tienen un derecho que no ha sido privado o prohibido por autoridad judicial, como en el caso a estudio, en el que la denunciante no tiene a su menor hijo en calidad de depósito, porque ningún juzgado civil lo ha decretado en su favor; por tanto, se le pretende condenar injustamente por un delito que no cometió. No asiste la razón al recurrente, pues con independencia de que no aporta los datos de identificación del criterio de interpretación jurisprudencial a que alude, debe precisarse que este tribunal ha establecido criterio en relación con el tema en estudio, en atención a las últimas reformas ocurridas al precepto legal 206 del Código Penal del Estado, que establece el delito en comento, con el fin de ajustarse al texto vigente, en el sentido de que para que se actualice el delito en mención, no se requiere que el sujeto pasivo u ofendido deba tener la custodia o guarda del menor legítimamente y menos que sea necesario un mandamiento judicial, sino basta que esa custodia o guarda se tenga de hecho o por derecho; de modo que para la integración de la hipótesis delictiva que nos ocupa, resulta irrelevante que la ofendida tenga la custodia o guarda del menor otorgada por autoridad judicial competente, pues el ilícito se actualiza aun en el caso de que la guarda o custodia del menor se tenga de hecho o por derecho.
Es aplicable al caso el criterio emitido por este tribunal en la tesis VII.1o.P.133 P, visible en la página 1437, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"-Si bien es cierto que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito sustentó la tesis publicada a fojas 3618, Tomo XI, 1969-1987, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘MENORES, SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE. INEXISTENCIA DEL CUERPO DEL DELITO TRATÁNDOSE DE LOS PROGENITORES.-Los padres de menores de doce años no incurren en la comisión del delito de sustracción o retención previsto por el artículo 206 del Código Penal del Estado de Veracruz, salvo que la guarda o custodia se decrete judicialmente a favor del otro o de un tercero.’, también lo es que ya no es aplicable, si se tiene en consideración que ese criterio se sustentó con base en el mencionado precepto legal, antes de sus reformas ocurridas, la primera, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y uno y, la segunda, el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de febrero y el ocho de septiembre, de los años citados, respectivamente, cuyo texto original establecía: ‘Artículo 206. Al familiar de un menor de doce años de edad o de un incapacitado de comprender, o al que por instrucciones de aquél, lo sustraiga de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, o bien lo retenga sin la voluntad de éste, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos.’. El precepto legal vigente dice: ‘Artículo 206. Al familiar de un menor de doce años de edad o de un incapacitado de comprender, o al que por instrucciones de aquél lo sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien lo retenga sin la voluntad de éste, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de cuarenta veces el salario mínimo.’. Como se advierte, el texto actual establece que para que se actualice el delito en mención, no se requiere que el sujeto pasivo u ofendido deba tener la custodia o guarda del menor legítimamente y menos que sea necesario un mandamiento judicial, sino basta que esa custodia o guarda se tenga de hecho o por derecho."
Finalmente, el alegato que el quejoso hace consistir en la falta de valoración que el juzgador federal realizó del convenio 295/2002 de veintiuno de febrero de dos mil dos, celebrado entre él y la denunciante ante el órgano ministerial resulta infundado. Lo anterior es así, pues contrario a lo que afirma el quejoso, el Juez de Distrito no incurrió en la omisión que se le atribuye, toda vez que al analizar la referida documental advirtió que dicho acuerdo fue celebrado con posterioridad a la comisión de los hechos delictuosos, es decir, fue posterior a la sustracción del menor y que el delito en estudio se consumó en el momento justo en el que el inculpado ... sustrajo a su menor hijo de la custodia que de hecho venía ejerciendo sobre él la denunciante Blanca Estela González Alvarado.
En esas condiciones, al resultar infundados los agravios analizados y toda vez que el auto de formal prisión reclamado no es violatorio de garantías, procede confirmar la sentencia que se revisa y negar la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 90 de la Ley de Amparo, y 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... en contra de los actos y por las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese como corresponda; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Gilberto González Bozziere, Heriberto Sánchez Vargas y Sofía Virgen Avendaño, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y firman el primero de los nombrados como presidente y la última como ponente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17489-525154ef/sustraccion-de-menores-delito-de-para-su-integracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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