DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 237/2001.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Son inoperantes por una parte e infundados por la otra los agravios que expresa el recurrente ... como más adelante se precisará, sin que se advierta materia para suplir en su favor la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
De inicio, es pertinente mencionar que el revisionista aduce que el Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, le causa agravios pues estima el impugnante que, en su perjuicio, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La manifestación anterior es inoperante por cuanto que, como lo ha establecido invariablemente la jurisprudencia, los Jueces de Distrito no violan preceptos constitucionales ni garantías individuales de los gobernados, por razón de que, cuando actúan como autoridades de amparo, por su investidura constitucional y en su calidad de titulares de los órganos primarios de control constitucional, técnica y jurídicamente, no es factible que transgredan el sentido de las disposiciones de la Ley Fundamental, toda vez que, por principio, sus actuaciones se encuentran reguladas en función del ordenamiento específico de la materia, esto es, por la Ley de Amparo, y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por mandato expreso del numeral 2o., in fine, de la propia ley reglamentaria de la protección constitucional, por lo que, en todo caso, podría únicamente atribuírseles violaciones a preceptos de la citada legislación secundaria, no así transgresiones directas de la Ley Suprema del país.
Ello es así, debido a que dentro del sistema constitucional que nos rige, y a la luz de los principios de la técnica del juicio de amparo, sería un contrasentido, fuera de toda lógica, admitir que los órganos jurisdiccionales, a quienes constitucionalmente está confiada la elevada responsabilidad de asegurar la observancia de los mandatos de la Carta Magna, ejercer el control de la constitucionalidad de los actos de toda autoridad, tutelar el respeto de las garantías individuales del gobernado, así como los derechos fundamentales del pueblo y de la propia nación, pudieran vulnerar directamente el orden constitucional establecido, cuya salvaguarda les confía la propia Constitución Federal.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 35, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas veintiocho y veintinueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 2000, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".
No pasa inadvertido para este cuerpo colegiado, el hecho de que el Juez a quo en la sentencia que aquí se recurre, haya precisado que no se violaba en perjuicio del quejoso el artículo 14 constitucional, dado que el auto de formal prisión se encuentra regido por el artículo 19 del Pacto Federal.
El anterior razonamiento del Juez de Distrito resulta incorrecto, dado que en el auto de término constitucional sí pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 de la Carta Magna, pues aquel criterio del a quo se encuentra superado en términos de lo establecido en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 20/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, página 79, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de dos mil, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL.-El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental.".
No obstante lo anterior, en el presente caso, previo estudio y análisis de las constancias de autos, es de expresarse que el auto de formal prisión impugnado a través del amparo indirecto no viola el artículo 14 constitucional, dado que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento y el mismo se emitió conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, dado que al momento de rendir su declaración preparatoria dentro del término legal, se le hizo saber el nombre de la persona que lo acusaba, el delito imputado por virtud de la acción penal ejercitada en su contra por el Ministerio Público (daño en propiedad ajena intencional, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla); el derecho de nombrar persona que lo defendiera, como lo hizo, la oportunidad de ofrecer pruebas y, en su momento, fue sometido a proceso una vez decretado en su contra el auto de formal prisión, mismo que se tilda de inconstitucional.
Por otra parte, es pertinente mencionar que estuvo en lo correcto el Juez a quo al estimar que se encontraron satisfechos los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para dictar el auto de formal prisión reclamado por el quejoso, aquí recurrente, ya que el mismo se encuentra ajustado a derecho, cuenta habida de que los medios de prueba que obran en la averiguación previa son suficientes para tener por acreditados los elementos del delito de daño en propiedad ajena intencional, cometido en agravio de Rosa Isela Varela Hernández, ilícito previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión, como más adelante se precisará.
En efecto, la existencia del delito de daño en propiedad ajena intencional, se acreditó en autos con la denuncia presentada por Rosa Isela Varela Hernández, ante la agencia del Ministerio Público, primer turno de la Cuarta Agencia Investigadora; la fe de documentos que practicara el Ministerio Público; documentales consistentes en la factura judicial expedida por el Juez Vigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, respecto del automóvil Tsuru II, modelo mil novecientos noventa y uno, copia del avalúo del mismo, que obran dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado en el expediente 1350/92, así como copia simple de los resolutivos de la sentencia de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, del referido expediente donde se aprobó el remate judicial del automóvil anteriormente referido; inspección ocular practicada por la misma autoridad investigadora, quien se constituyó en el inmueble ubicado en calle Gustavo Díaz Ordaz número quince, de la colonia Xonacatepec Dos, San Miguel, de esta ciudad de Puebla, el veintisiete de septiembre del año dos mil, donde dio fe de los daños causados a una ventana de ese inmueble que presentó un vidrio roto, del vehículo Tsuru II, modelo mil novecientos noventa y uno, color chicle, propiedad de la denunciante y a una lavadora automática marca Easy, color blanco que se encontraba a un lado del vehículo; dictamen de avalúo número mil quinientos sesenta y cinco, de fecha cuatro de octubre del año dos mil, emitido por el perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien concluyó que el monto de los daños causados a los bienes muebles descritos con anterioridad ascienden a la cantidad de nueve mil novecientos treinta pesos, y la declaración de los testigos de cargo presenciales de los hechos, Víctor Pérez Rojas y Valente Alvarado Carmona.
Los anteriores medios de prueba, valorados correctamente por la responsable en términos de lo dispuesto por los artículos 83, 108, 213, 214 y 215 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, concatenados entre sí demuestran que siendo aproximadamente las siete de la mañana, del día veinticuatro de septiembre del año dos mil, dos sujetos se constituyeron en las afueras del domicilio de la señora Rosa Isela Varela Hernández, ubicado en la calle Gustavo Díaz Ordaz número quince, de la colonia Xonacatepec Dos, San Miguel, en donde se encontraba estacionado un vehículo marca Tsuru II, modelo mil novecientos noventa y uno, serie 11-B-12-53754, motor E16-416344M, color chicle, con placas de circulación 211-GVH del Distrito Federal, propiedad de la denunciante, hoy agraviada, y dichas personas empleando un bat y piedras comenzaron a golpear el vehículo rompiendo en su totalidad el parabrisas trasero y estrellando el delantero, así como golpeando el cofre en su parte posterior izquierda, la salpicadera, la puerta delantera derecha, la puerta trasera derecha en su parte media, el poste trasero, provocando deterioros y hundimientos en los mismos, así también, golpeando con las piedras la lavadora automática marca Easy, color blanco, que se encontraba a un lado del automóvil, provocándole los daños que presentó, y ventana del inmueble que quebraron, causando probablemente dichos sujetos activos con sus acciones daños, destrucción y deterioros en las cosas ajenas antes descritas, al desplegar conductas y actos encaminados a causar daños al efectuar movimientos con sus extremidades superiores haciendo lanzamientos con piedras y utilizando un bat con la intención de causar el detrimento patrimonial a la ofendida; máxime que a sabiendas de que con su actuar causarían diversos daños a los bienes ajenos afectados, y aun así los ejecutaron, provocando con lo anterior un deterioro o menoscabo en el patrimonio de la pasivo, daños que como quedaron acreditados en el peritaje en avalúo rebasan a los cincuenta días de salario mínimo que establece el artículo 414, fracción III.
De igual forma, en autos quedó debidamente justificada la probable responsabilidad del hoy recurrente de garantías ... en la comisión del delito de daño en propiedad ajena, con los mismos medios de prueba que sirvieron para demostrar su existencia, resaltando el señalamiento que en forma directa realizó la agraviada, Rosa Isela Varela Hernández, en contra del quejoso, hoy recurrente, en su denuncia, precisando que fue uno de los sujetos que el día veinticuatro de septiembre del año dos mil, junto con otros, golpearon y apedrearon su domicilio, automóvil y lavadora, a los cuales les fueron causados diversos daños.
Lo expuesto se corroboró con la declaración de los testigos de cargo Víctor Pérez Rojas y Valente Alvarado Carmona, quienes fueron coincidentes en sus respectivas declaraciones y también señalan a ... como la persona que en unión de otros ocasionaron diversos daños al patrimonio de la señora Rosa Isela Varela Hernández, testimonial que cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, pues se está en presencia de personas que por su edad, capacidad, instrucción y probidad, tienen el criterio necesario para juzgar el acto y conocer el hecho de que se trata, ya que el mismo fue susceptible de conocerse a través de sus sentidos, y por ser éstos testigos presenciales de los hechos.
No es óbice para afirmar lo anterior, el hecho de que el indiciado ... al momento de declarar en preparatoria hubiese manifestado desconocer los hechos que le eran imputados, así como no conocer a la señora que lo denunciaba, ya que el mismo trabajaba todos los días, incluso domingos, negativa que por sí sola no es suficiente para desvirtuar las pruebas de cargo ya analizadas, por lo que su declaración es insuficiente para dejar de tenerlo como probable responsable de la comisión del ilícito que se le imputa.
Al caso, resulta aplicable la tesis aislada de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, clave TC065139.PE 1, que dice: "DECLARACIÓN DEL INCULPADO, NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN. INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: ‘El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho.’, la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas.".
Por otra parte, el recurrente aduce que le causa agravio lo que sostiene el Juez a quo, al no tomar en consideración que la agraviada en el ilícito de daño en propiedad ajena que se le imputa, no acreditó ser la legítima propietaria de la lavadora y automóvil a los cuales le fueron causados los daños, y que no demuestra con documentos idóneos la acreditación de propiedad legítima de los mismos.
Lo expuesto es infundado, en virtud de que como lo sostiene el Juez a quo, no es necesario para que se configure el delito de daño en propiedad ajena, que se acredite la propiedad de los bienes dañados, pues el bien jurídico tutelado en el tipo penal de daño en propiedad ajena, lo es el patrimonio de las personas y no el derecho de propiedad sobre las cosas, y por ello estuvo en lo correcto al invocar la tesis con el rubro: "DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, AUNQUE SE DESCONOZCA QUIÉN SEA EL PROPIETARIO DEL BIEN AFECTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".
A mayor abundamiento, dentro de las constancias generadoras del acto reclamado, sí quedó debidamente justificada la propiedad del vehículo marca Tsuru II, modelo mil novecientos noventa y uno, con documento idóneo, como lo es la factura judicial número catorce mil ciento ochenta y uno y demás anexos, con los cuales se demostró la propiedad del vehículo dañado, y en cuanto a la lavadora, aunque no fue acreditada su propiedad como se hizo en el caso del automóvil, esta circunstancia no influye para que no se den por demostrados los elementos materiales y objetivos del ilícito de daño en propiedad ajena, ya que basta con que dichos bienes dañados se encuentren en posesión o formen parte del patrimonio de la persona que haga del conocimiento de la autoridad los daños causados a los mismos, a más de que este delito es perseguible de oficio, ya que está contemplado por exclusión del artículo 416 del Código de Defensa Social para el Estado, que es la regla común de los delitos contra las personas en su patrimonio.
Por último, manifiesta el impetrante de garantías que la agraviada señaló, acusó y detuvieron a dos personas antes de que se le señalara y detuviera a él como presunto responsable del ilícito, lo cual la representante social, el Juez de primera instancia y el Juez de Distrito dejaron de valorar, ya que si son detenidas las dos personas culpables señaladas por la agraviada y "posteriormente les otorga el perdón y se desiste de que hayan sido culpables de los daños" (sic) y después lo señala a él como el responsable, circunstancias que constituyen violaciones hechas por las autoridades señaladas como responsables.
Nuevamente es infundado lo afirmado por el quejoso, en virtud de que de autos no se desprende que la agraviada, señora Rosa Isela Varela Hernández, al momento de presentar su denuncia de hechos ocurridos el día veinticuatro de septiembre del año dos mil, haya señalado a dos personas distintas de las que hoy se sigue un proceso penal en su contra, por el delito de daño en propiedad ajena, ya que desde un inicio, al momento de realizar formal denuncia por el delito que hoy nos ocupa, la agraviada es muy clara en señalar de manera directa y precisa a las personas que le ocasionaron diversos daños a su automóvil, lavadora y casa, ya que hace referencia en forma específica a los nombres y apellidos de los dos sujetos que al momento de suscitarse los hechos en las afueras de su domicilio, le ocasionaron diversos daños a los bienes que formaban parte del patrimonio de la pasivo, argumentando además que fueron en total tres sujetos los que ocasionaron dichos daños, pero sólo hace referencia a los nombres de dos de ellos, ya que manifiesta desconocer el nombre del otro sujeto que también intervino en la comisión de los hechos delictivos, es decir, la agraviada hace un señalamiento directo en contra del hoy quejoso, como una de las personas que realizó diversos actos que causaron daños al vehículo marca Tsuru, a la lavadora automática marca Easy, y a la ventana de su domicilio, por tanto no le asiste la razón al hoy inconforme, ya que no se desprende que la denunciante haya señalado a dos personas distintas como las que cometieron dichos ilícitos, como pretende hacer valer el impetrante de garantías, y aunque dentro de las constancias exista la manifestación por parte de uno de los testigos de cargo, de que al momento de la comisión de los hechos delictivos, la patrulla de la policía estatal detuvo a dos personas distintas de las que cometieron los hechos, esto no da lugar a que haya sido la agraviada, la que en forma equivocada señalara a dos personas distintas de las que cometieron dichos daños, esto es así, ya que no existe constancia alguna en la que la denunciante haya otorgado perdón expreso o se haya desistido en contra de otras personas distintas de las cuales hoy se sigue un proceso penal en su contra.
Tanto más que en el caso a estudio es de expresarse que para el dictado de un auto de formal prisión no se requiere de pruebas plenas acerca de la responsabilidad del inculpado, sólo que los datos que arroje la averiguación previa sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, lo que sucede en la especie, como ya se ha dejado establecido con antelación; al caso resulta aplicable la jurisprudencia número 440, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se comparte, consultable en la página 257, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917 a 1995, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD.-Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado.".
Bajo tal tesitura, al resultar inoperantes e infundados los agravios expresados por el recurrente, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y 35, 37, fracción IV y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra los actos que reclama del Juez Sexto de Defensa Social del Estado de Puebla, que hizo consistir en el auto de formal prisión decretado en su contra con fecha veintiséis de marzo del año dos mil uno, dentro de los autos del proceso número 433/2000, como probable responsable del delito de daño en propiedad ajena intencional, cometido en agravio de Rosa Isela Varela Hernández.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Vélez Barajas, Carlos Loranca Muñoz y Rafael Remes Ojeda, siendo ponente el primero de los nombrados.
Nota: La tesis de rubro: "DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, AUNQUE SE DESCONOZCA QUIÉN SEA EL PROPIETARIO DEL BIEN AFECTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número VI.1o.66 P en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 293.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7344-88f195c6/declaracion-del-inculpado-la-negativa-de-su-participacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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