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Modo: Corpus Pro

TESTIGOS DE CARGO. LA OMISIÓN DE ASENTARSE EN AUTOS QUE SE HUBIESEN IDENTIFICADO, NO ES SUFICIENTE PARA RESTARLES VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 328/2001. · Registro digital (IUS): 16911
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 721.

AMPARO EN REVISIÓN 328/2001.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los agravios que hacen valer los recurrentes ... ambos de apellidos ... son infundados, como más adelante se precisará, sin que este cuerpo colegiado advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por orden de método, en principio se procede a analizar las violaciones al procedimiento, así como las formales que hacen valer los inconformes, tanto por parte del Juez del proceso, como del Juez Federal, en sus agravios identificados con los números octavo, noveno, décimo y primero, respectivamente, ya que de ser fundados, haría innecesario el estudio del resto de los agravios que ven al fondo del asunto.

Los inconformes en su octavo agravio aducen que las copias certificadas de la sentencia constitucional que les fue expedida por la secretaria del juzgado federal a través de la persona que autorizaron para tal efecto, se encuentran incompletas y que por ello no pueden contestar el agravio correspondiente a lo sustentado en la foja cuatrocientos treinta y uno y que por ello solicitan a este Tribunal Colegiado la compulsa o cotejo de esa copia con las que remitió el Juez de Distrito.

A lo anterior cabe decir que tal aseveración es infundada y de carácter subjetivo, toda vez que no exhibieron la copia certificada del fallo constitucional y, por ende, no se está en aptitud legal de llevar a cabo compulsa o cotejo alguno, además de que su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo Zwinglio Miguel Morice Camacho, quien recibió dicha copia, debió percatarse de que las mismas se encontraban incompletas, y así haberlo hecho saber al Juez a quo, a fin de que se le entregaran completas; sin embargo, firmó de recibido de la entrega por tal documental y, por tanto, sólo ello es imputable a su autorizado, a más de que la recepción de esas copias se llevó a cabo el día treinta y uno de agosto de dos mil uno (foja 444 vuelta) teniendo tiempo más que suficiente para recabar dichas copias completas, en el supuesto de que no hubiese sido así, dado que el término para presentar el recurso de revisión feneció el día siete de septiembre del presente año, de ahí que tampoco exista la violación procesal alegada.

Respecto del noveno agravio que los recurrentes hacen valer y que consiste, según su dicho, en la omisión realizada por el Juez de Distrito y secretaria actuante, de firmar los oficios 1283 mil doscientos ochenta y tres, 1284 mil doscientos ochenta y cuatro, 1285 mil doscientos ochenta y cinco y 1286 mil doscientos ochenta y seis, por los que se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, lo que estiman una violación grave del procedimiento, por contravenir las formalidades establecidas por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles e invocan en su apoyo la tesis con rubro: "AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN EN QUE SE INCURRIÓ, SI SE ADVIERTE QUE FALTA LA FIRMA DEL JUEZ DE DISTRITO EN ÉL.".

El anterior motivo de inconformidad deviene infundado, cuenta habida que en primer lugar no consta fehacientemente que la petición de los informes justificados a las autoridades responsables a través de los oficios 1284 mil doscientos ochenta y cuatro y 1285 mil doscientos ochenta y cinco, signados al Juez Noveno de Defensa Social de esta ciudad y director de la Policía Judicial del Estado, no hayan sido firmados por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito "B" en el Estado, y en segundo lugar la copia o minuta de los oficios por los que se pidió ese informe, no necesariamente debe estar firmada por la secretaria actuante, dado que se trata de una minuta, y en tercer lugar la ausencia de firma o rúbrica de esa minuta no trae aparejada la circunstancia de que los oficios dirigidos a las responsables no se encuentren firmados, a más de que tal minuta no se trata de una resolución para que se dé el supuesto previsto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, para estar en la hipótesis de que no cumplieron con las formalidades del procedimiento. En relación con los oficios mil doscientos ochenta y tres y mil doscientos ochenta y seis, dirigidos al agente del Ministerio Público de la Federación y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Noveno de Defensa Social de esta ciudad, respectivamente, debe decirse que a tales autoridades no se les pidió informe justificado, pues a la primera de ellas se le dio la intervención que legalmente le corresponde con relación al juicio de garantías y a la segunda de ellas se le comunicó la admisión de la demanda para que formulara alegatos si a sus intereses convenía, además de que tampoco consta que los oficios relativos a la minuta aludida no estuvieran firmados por la secretaria del Juzgado Federal. En el supuesto no concedido de que los oficios por los que se pidió informe justificado a dichas autoridades responsables no estuviera firmado por la secretaria del juzgado a quo, se ve desvirtuado con la rendición de los informes emitidos tanto por la ordenadora como por la ejecutora, mismos con los que se dio vista a la parte quejosa según consta de los sellos de notificación relativos a los proveídos de seis y trece de julio de dos mil uno (fojas 16 y 417, respectivamente), y tan es así que al no haber transcurrido el término que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran de los informes justificados de mérito, por proveído de dieciocho de julio de este mismo año, se difirió la audiencia constitucional, auto que fue notificado a las partes el día diecinueve siguiente (foja 418), por tanto, es indudable que no se dejó en estado de indefensión a los promoventes del amparo y, por tanto, no les causa agravio el hecho de que se haya ordenado agregar a los autos del juicio de garantías los informes justificados de las autoridades responsables, puesto que tuvieron la oportunidad legal en su momento procesal, de impugnarlos o de ofrecer las pruebas para desvirtuarlos. Por cuanto hace a la tesis que citan los inconformes, la misma no resulta aplicable al caso, dado que el auto admisorio de la demanda de garantías sí se encuentra firmado tanto por la Juez Federal como por la secretaria que autoriza y da fe, lo que se puede apreciar a foja nueve del juicio de garantías; por tanto, es inexacto que en ese auto se advierta que falta la firma del Juez o de la secretaria.

En el décimo agravio los inconformes aducen que las copias certificadas que en apoyo a su informe justificado remitió el Juez Noveno de Defensa Social de esta ciudad, se encuentran ilegibles e inentendibles al estimar, por una parte, que en el acto reclamado las fojas no se encuentran completas, ya que del folio doscientos treinta y ocho, no obran las fojas doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y uno y doscientos cuarenta y dos, reanudándose en el folio doscientos cuarenta y tres y, por otra parte, aducen que es ilegible el oficio mil doscientos uno que se dirigió al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla donde se comunica la orden de aprehensión.

Con relación a lo anterior debe expresarse que es inexacto lo aducido por los recurrentes, pues contrariamente a lo que afirman, de la simple lectura de la orden de aprehensión reclamada se advierte que lleva un orden cronológico y una secuencia en sus fojas, misma que no obstante que tiene dos folios, el primero de ellos abarca del folio doscientos cincuenta y cinco al doscientos ochenta y tres y el segundo del doscientos treinta y seis al doscientos sesenta y tres, sin que aparezca la incongruencia que apuntan los recurrentes, en el sentido de que en la foja doscientos treinta y ocho vuelta finaliza en los siguientes términos: "... descubierto que fue se trata del cadáver de un adulto del sexo masculino de" y que al decir de los inconformes en la foja doscientos cuarenta y tres se empieza con: "equimosis azul en ángulo externo ojo derecho de un centímetro por ocho milímetros ..." , pues como ya se dijo de la foja doscientos treinta y ocho vuelta le sigue la foja doscientos treinta y nueve que empieza: "aproximadamente veintiséis años de edad ...", y la foja doscientos cuarenta y dos vuelta finaliza con: "... descripción de lesiones: 1.", y continúa empezando la foja doscientos cuarenta y tres, con: "equimosis azul en ángulo externo ...", de donde se advierte lo infundado del agravio propuesto. En relación al oficio mil doscientos uno por el que se comunicó al procurador general de Justicia del Estado de Puebla la orden de aprehensión para su debido cumplimiento y ejecución y que los inconformes aducen se encuentra ilegible, debe decirse que independientemente de que ello no les causa agravio alguno, por no estar dirigido a ellos, el mismo se trata de una copia y no del original, a más de que el mandamiento de captura sí se encuentra completo y legible, por lo que tampoco se puede hablar de una violación procesal como lo pretenden los recurrentes.

Ahora bien, en cuanto al primer agravio los recurrentes aducen que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, dado que el Juez de la causa no analizó ni valoró el historial clínico número 5532/01 de José Francisco Valencia Acevedo, del Hospital Universitario de la "BUAP".

El anterior argumento resulta infundado, por razón de que la orden de aprehensión dictada con fecha veintiocho de mayo de dos mil uno por el Juez responsable en el proceso 179/2001, en contra de los aquí inconformes como probables responsables en la comisión del delito de homicidio, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de José Francisco Valencia Acevedo, que constituye el acto reclamado, al igual que como lo consideró el resolutor federal, en tal determinación se citan los preceptos legales específicamente aplicables al caso (artículos 312, 313 en relación con el 316 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla), con lo cual se satisface el requisito formal de fundamentación; asimismo, se expresan los razonamientos pertinentes mediante los cuales se llega a la conclusión de que, en la especie, tienen aplicación exacta las prevenciones normativas, contenidas en los preceptos legales invocados, con lo cual se cumple el requisito de motivación, como se constata de la simple lectura del acto reclamado y sentencia constitucional, y se corroborará en párrafos subsecuentes, de ahí que sí se cumpla con la garantía de fundamentación y motivación inmersa en el artículo 16 del Pacto Federal. Y si bien es cierto que en tal mandamiento de captura el Juez del proceso no analizó ni valoró el historial clínico a que aluden los inconformes, también lo es que ello no evidencia una violación formal, cuenta habida que la orden de aprehensión impugnada se libró el veintiocho de mayo de dos mil uno y el expediente clínico aludido le fue remitido a la autoridad judicial responsable mediante pedimento número noventa y nueve del agente del Ministerio Público adscrito, fechado y presentado el día seis de junio de este mismo año, el cual se ordenó agregar a sus autos a través del proveído del día diecinueve siguiente (foja 298), por tanto, es indudable que no se trata de una omisión por parte del Juez de la causa, al no tomar en consideración dicho expediente al momento de analizar la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por el representante social, pues en todo caso esa anomalía sólo es atribuible al agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa, el cual no fue señalado como autoridad responsable en el juicio de garantías y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sostener que: "Por lo que hace a las manifestaciones de los quejosos en relación con las violaciones procesales y omisiones cometidas por el representante social en la indagatoria, debe decirse que no pueden estudiarse los actos realizados por una autoridad que no ha sido llamada a juicio ...", por lo que resta expresar que en cuanto a la omisión del agente del Ministerio Público de adjuntar el expediente o historial clínico de referencia al Juez responsable con la oportunidad debida, esto es, antes de que se librara la orden de aprehensión, quedan expeditos los derechos de los inconformes para que los hagan valer en la vía y forma legal que consideren procedente.

Precisado lo anterior debe expresarse que el artículo 16 constitucional en su segundo párrafo dice: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.".

Los extremos mencionados, al igual que como lo consideró el Juez de Distrito, se encuentran satisfechos dado que la orden reclamada fue dictada por una autoridad judicial, existiendo una denuncia previa de un hecho que la ley señala como delito y sanciona con pena privativa de libertad, además existen datos que acreditan el cuerpo del delito de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 312 y 313, en relación con el 316 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, mismos que hacen probable la responsabilidad de los indiciados, aquí recurrentes, en su comisión, como enseguida se verá.

En efecto, la concatenación del acervo probatorio descrito, analizado y valorado por el Juez del proceso conduce a estimar acreditada la corporeidad del ilícito de homicidio, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de José Francisco Valencia Acevedo, previsto y sancionado por los artículos 312, 313 y 316 del Código de Defensa Social para el Estado; probanzas que demuestran, tal y como acertadamente lo consideraron tanto el Juez de la causa, como el Juez Federal, que el día veinticinco de marzo de dos mil uno, aproximadamente a las cuatro horas, cuando el ahora occiso circulaba conduciendo un vehículo automotor sobre la avenida Once Sur a la altura del Boulevard Valsequillo, fue alcanzado por los tripulantes de otro vehículo automotor, quienes al darle alcance en su marcha comenzaron a proferirle algunas frases con la finalidad de molestarlo, continuando en persecución del pasivo hasta la Once Sur a la altura del club de golf, lugar en el cual cerró el paso al vehículo del ofendido y después de obligarlo a descender de la unidad procedieron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, con puñetazos y patadas que ocasionaron lesiones en el agraviado de consecuencias irreparables, ya que días después y derivadas de ellas se produjo el deceso de la víctima, con lesión al bien jurídico protegido por la ley que es la vida de las personas.

Hechos que se acreditan con las diligencias de levantamiento, inspección y descripción de cadáver de quien en vida respondió al nombre de José Francisco Valencia Acevedo, identificación del mismo a cargo de los testigos María de Lourdes Acevedo Niño de Rivera y José Francisco Valencia Robles, así como con el dictamen médico legal de necropsia practicado al cadáver de la persona antes mencionada, en el que se expresa el estado que guarda el mismo, se describen las lesiones que presentó en el exterior, cráneo (masa encefálica edematizada, en proceso de lisis, con aplanamiento de circunvoluciones), se concluye que el nombrado falleció por edema cerebral difuso, infarto agudo al miocardio y neumonía bilateral purulenta y se precisa que el tipo de la muerte fue violenta, a las dieciocho horas quince minutos, del día siete de abril de dos mil uno. Probanzas, con la que se acreditó la existencia de una vida humana y la privación de la misma por causas externas, como lo fueron precisamente las lesiones que le fueron inferidas por sus agresores producidas a través de puñetazos y patadas, tal y como se advierte de las declaraciones tanto del propio ofendido como de los testigos de cargo y presenciales de los hechos Jhaciel Rebolledo Barrera y Lizbeth Rebolledo Barrera y se corrobora tanto con la fe ministerial de lesiones, como con el dictamen médico legal en el que se describen y clasifican las lesiones que presentó el pasivo el día de su agresión (veinticinco de marzo de dos mil uno), siendo éstas: 1. Traumatismo craneoencefálico moderado; 2. Equimosis y hematoma de dos centímetros de diámetro en región frontal; 3. Equimosis del párpado superior del ojo derecho; 4. Fractura parasinfisiaria del maxilar inferior del lado izquierdo; y 5. Fractura de rama ascendente de maxilar inferior lado derecho y se concluye que tales lesiones son de las que no ponen en peligro la vida y sanan en más de quince días.

Dictamen pericial de lesiones, que independientemente de que se precisa que las lesiones que presentó el agraviado no ponen en peligro su vida, corrobora la opinión asentada en el dictamen médico legal de necropsia, del que se desprende como primera causa de la muerte una lesión interna en el cerebro (edema cerebral difuso), lesión interna que fue omitida en el dictamen primeramente citado, en virtud de que para declarar la existencia de tales lesiones internas era menester practicar estudios clínicos y de laboratorio, sin embargo, el legista señaló entre otros un traumatismo craneoencefálico moderado, lo que de alguna manera indica golpes en la cabeza del pasivo, los que a la postre le produjeron la muerte.

Por cuanto hace a la probable responsabilidad de los inculpados ... aquí recurrentes, en la comisión del delito que se les atribuye, debe decirse que ésta igualmente se acredita en autos, como correctamente lo estimaron el Juez responsable y Juez a quo, con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos Jhaciel y Lizbeth, de apellidos Rebolledo Barrera, quienes coinciden en señalar las características de la unidad móvil en que viajaban los autores materiales del ilícito, así como en los rasgos fisonómicos de éstos y de manera acorde señalan que anotaron el número de placas de circulación de dicho vehículo, en un celular y en el automóvil en que ellos viajaban junto con el ahora occiso, cuyo número es TRF-6034, placas de circulación que de acuerdo al informe de registro o padrón vehicular, corresponden al automóvil marca Renault 12 doce, color gris, características estas, de dicha unidad, que coinciden con las proporcionadas por las mencionadas atestes, aunado a lo anterior el hecho de que la propietaria de esa unidad automotriz lo es Lilia Islas de Luna o Lilia Islas Loranca, ello aun cuando manifestó la antes nombrada que dicho vehículo fue vendido en el mes de septiembre de dos mil y que se pretendió corroborar su dicho con las declaraciones ministeriales de los inculpados así como la de Martín Luna Zamora, sin embargo, ello no se encuentra fehacientemente demostrado en autos, pues no existe documentación que avale la operación de compraventa, sobre todo cuando existen pruebas que permiten identificar probablemente a los aquí recurrentes como dos de las personas que en su calidad de coautores materiales intervinieron en el hecho delictivo.

Se afirma lo anterior partiendo de la base que las indicadas testigos de cargo, en diligencia ministerial de identificación de manera concatenada, con las impresiones fotográficas tomadas a los coinculpados ... y los retratos hablados que sobre los presuntos responsables del evento delictivo que nos ocupa, efectuado por las atestes de referencia, arrojan datos suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal de los inculpados, aquí recurrentes, en su comisión, pues en principio, como bien lo señala el Juez de la causa, las características aportadas por los testigos presenciales de los hechos, al formularse el retrato hablado de los activos, guardaban rasgos de coincidencia y similitud con las que presentan los coinculpados en las fotografías que se les realizaron, circunstancia esta que se ve corroborada con la identificación plena que los testigos realizan de los aquí inconformes, mediante la observación de esas fotografías, probanza eficaz, por el momento, para acreditar esa probable responsabilidad.

De lo expuesto se evidencia que contrariamente a lo aseverado por los recurrentes, la orden de aprehensión reclamada sí satisface los requisitos de fundamentación y motivación legal, inmersos en el artículo 16 de la Carta Magna y, por ende, el Juez a quo estuvo en lo correcto al no suplir la queja deficiente, al no advertir motivo alguno para ello.

Por consiguiente, lo procedente es avocarse al análisis de sus agravios, en cuanto ven al fondo del estudio del asunto.

Los recurrentes sustancialmente en sus agravios identificados como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto aducen que la orden de aprehensión reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el historial clínico del occiso modifica en su totalidad el cuerpo del delito, cuyo análisis y valoración fue omitido por el Juez de Distrito; que ese historial clínico contraviene el dictamen médico de autopsia, dado que al ingresar el nosocomio el agredido José Francisco Valencia Acevedo, no presentaba daño neurológico alguno y consideran, de acuerdo al historial clínico, que el pasivo por su herencia genética, su abuso al consumo del alcohol, tabaquismo, drogas (anabólicos) y alergias al polvo, plantas, perros y vapor de agua, fueron las causas que le provocaron la muerte, así como a su precaria situación médica, ya que al reanimarlo y ponerle el ventilador artificial, saturaron de oxígeno al paciente, motivo por el cual se le provoca la muerte, por lo que estiman que se debe de aplicar el artículo 315 del Código de Defensa Social para el Estado, que establece: "... o cuando la lesión se hubiere agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo asistieron.".

Los anteriores motivos de inconformidad devienen infundados, toda vez que no obstante que los quejosos al formular sus conceptos de violación en su demanda de garantías no hicieron valer la omisión del análisis y valoración del historial clínico del agraviado, hoy occiso, por parte de la autoridad responsable, y que ahora le imputan al Juez de Distrito, debe expresarse que tal omisión por el momento no les causa agravio, toda vez que ese historial clínico no se trata de un dictamen pericial que conlleve a determinar la negligencia de los facultativos que atendieron al pasivo, o al exceso o imprudencias del paciente o de los que lo asistieron en la operación quirúrgica desgraciada, como lo pretenden los inconformes y en cuanto a las causas de la muerte que señalan los revisionistas, debe decirse que se trata de meras apreciaciones subjetivas sin ningún sustento legal, cuenta habida que como ya se dijo no existe dictamen pericial médico que así lo determine y sí, por el contrario, obra el dictamen médico legal de necropsia que indica las causas del fallecimiento del pasivo, siendo éstas: 1. Edema cerebral difuso; 2. Infarto agudo al miocardio; y, 3. Neumonía bilateral purulenta, determinándose que el tipo de muerte fue violenta, el que, como ya se dijo, se ve corroborado con el certificado médico legal de lesiones y fe ministerial de las mismas en donde consta, entre otras lesiones que presentó la víctima, traumatismo craneoencefálico moderado, equimosis y hematoma de dos centímetros en región frontal; probanzas que por el momento son suficientes para acreditar la muerte violenta de la víctima, al no estar desvirtuadas con prueba pericial médica alguna que contravengan aquéllos, por tanto, los inconformes están en aptitud legal de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, tanto en el término constitucional, como en su caso, en el periodo de instrucción, dado que no lo hicieron en el juicio de amparo indirecto, y así desvirtuar su probable responsabilidad en la comisión del delito que se les atribuye.

En cuanto a lo expresado por los recurrentes en su quinto agravio en el sentido de que se debió desestimar el valor probatorio al dictamen de autopsia, en virtud de que no se determina si las lesiones propiciadas a José Francisco Valencia Acevedo fueron la causa de su muerte, además de que no se puede determinar que el tipo de muerte fuera violenta, debe expresarse que ello es inexacto, dado que en el dictamen de necropsia se precisa que a la apertura del cráneo se encontró la masa encefálica edematizada, en proceso de lisis, con aplanamiento de circunvoluciones, lo que denota la muerte violenta, aunado a las declaraciones de las testigos de cargo y presenciales de los hechos quienes refieren que el día, hora y lugar en que ocurrieron los hechos, los activos a puñetazos y patadas golpearon al hoy occiso en diferentes partes de su cuerpo.

En el sexto agravio, los recurrentes aducen que las declaraciones de las testigos Jhaciel Rebolledo Barrera y Lizbeth Rebolledo Barrera, son contradictorias, que no reúnen los requisitos del artículo 201 del código procesal de la materia, que de la primera de ellas no consta la veracidad de que se haya identificado puesto que no corre agregada su identificación y la segunda no se identificó, por lo que estiman que no se les puede otorgar valor probatorio por no tener la certeza de la existencia real en cuanto a su nombre y dirección, que ocultaron la verdad en cuanto a las bebidas que dijeron haber ingerido tanto ellas como el agraviado, que la primera de ellas trata de proteger a su esposo Sergio García Ayala, quien al ser engañado, éste pudo provocar las lesiones al pasivo quien era amante de aquélla, que cuando ingresa al hospital Francisco Valencia Acevedo manifestó que fue golpeado por un amigo, por lo que pudo ser su agresor Luis Antonio Sanabria, que al referir la primer ateste que Paco se bajó del lado izquierdo del vehículo que conducía, se contradice ya que de la inspección del vehículo Volare K y dictamen pericial en criminalística número 87, se advierte que la puerta del lado izquierdo está descompuesta, que Jhaciel oculta la verdad, pues menciona con suma precisión la descripción de los agraviados sin embargo no sabe la dirección de su hermana, la cual la da en forma incorrecta, que conoce a Luis y no sabe dónde vive; y en cuanto a la segunda testigo los recurrentes aducen que se trata de un ateste anónimo, que aun cuando presenta un celular, en el que según ella guardó el número de las placas del vehículo que los agredió, no acredita que dicho celular sea de su propiedad; que dice dicha testigo que se pusieron de acuerdo para ir a bailar a la disco "Prehispanic", por lo que los cuatro abordaron el vehículo Volare K, pero su hermana declara que fueron a "Prehispanic" porque Paco le dijo que lo acompañara a su casa para ir a dejar a Luis a "Prehispanic", lo que estiman es contradictorio, además de que Jhaciel menciona una discusión, entre tanto Lizbeth aduce que hubo común acuerdo, que también existe contradicción en el tiempo, pues Jhaciel refiere que fueron a Amalucan para dejar a Omar, que ambas refieren que tomaron la recta a Cholula, y Lizbeth dice que llegaron en un cuarto de hora, lo que consideran imposible, dada la distancia existente entre Cholula y la unidad habitacional Amalucan, que Lizbeth al señalar al sujeto que se parece a ... no se percató de una huella visible que tiene en el brazo derecho, de aproximadamente seis centímetros, que el señalamiento que hacen en su contra se debe dejar sin efecto por ser idénticas las declaraciones de los referidos testigos, dado que usan las mismas palabras en forma literal, por lo que consideran que se trata de testigos inducidos y aleccionados.

Al respecto debe decirse que no les asiste la razón a los recurrentes, pues la falta de identificación de las testigos de cargo, por sí sola, no basta para restarle valor probatorio a esa prueba, misma que contrario a lo afirmado por los inconformes sí reúne los requisitos del artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, al haberse desahogado con dos testigos de cargo que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, conllevan a determinar su imparcialidad en relación a los hechos sobre los que declararon, los cuales fueron susceptibles de apreciarse a través de los sentidos, los que conocieron por sí mismas y no por inducciones o referencia de otras personas, además de corroborarse con la declaración ministerial del agraviado, hoy occiso, pero más aún, las testigos de cargo declararon bajo protesta de decir verdad por tanto la falta de identificación de la segunda de ellas Lizbeth Rebolledo Barrera y el hecho de que no obre en autos la de Jhaciel Rebolledo Barrera, no es razón fundada para restarles valor a sus testimonios, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada número VI.P.46 P, del entonces único Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 1825, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de marzo de dos mil uno, que dice: "-De conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la prueba testimonial adquirirá valor probatorio en la causa penal, si se desahoga por lo menos a cargo de dos testigos que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tengan completa imparcialidad en relación a los hechos sobre los que declaren, los cuales sean susceptibles de apreciarse a través de los sentidos y que los conozcan por sí mismos y no por inducciones o referencias de otra persona, sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no conste que los testigos no se hubieren identificado ante la autoridad que recabó dicha probanza, ya que además de no ser un requisito necesario, es insufi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16911-787f5923/testigos-de-cargo-la-omision-de-asentarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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