EMPLAZAMIENTO. EFICACIA DEL, AUN CUANDO LAS PERSONAS CON QUIEN SE HAGA NO HAYAN FIRMADO EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). EMPLAZAMIENTO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. NO ES NECESARIO QUE EL NOTIFICADOR IDENTIFIQUE AL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
AMPARO EN REVISIÓN 21/96. FLORIBERTO RODRÍGUEZ CARBAJAL.
CONSIDERANDO:
V.-Los agravios son por una parte infundados y por otra, fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida.
Son infundados en cuanto el recurrente alega que, en el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones X y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo; al respecto aduce que, en lo referente a la primera, como en el juicio ejecutivo se dictó sentencia y ésta causó estado, ha cambiado la situación jurídica y por tanto, las violaciones constitucionales hechas valer en el juicio de amparo, deben considerarse irreparablemente consumadas; y, por lo que ve a la segunda, que los actos reclamados, deben tenerse como consentidos por el quejoso, porque éste tuvo conocimiento de ellos, desde el trece de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por medio de la diligencia de emplazamiento, la cual se entendió con el propio quejoso y no con su hermano como aquél pretende.
A lo anterior cabe decir que el artículo 73, en su fracción X, de la Ley de Amparo, establece en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente: "X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica ...".
En la especie, no puede afirmarse que, por el hecho de haberse dictado sentencia en el juicio generador de los actos reclamados, y que la misma haya causado ejecutoria, opere la causal de improcedencia contenida en la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque lo que aquí se reclama, es el emplazamiento practicado en dicho juicio, aduciendo que es violatorio de garantías; es decir argumenta el quejoso, que el juicio se siguió en su contra, sin haber sido legalmente emplazado; por tanto es preciso, para que proceda el juicio de amparo, que se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de ahí se sigue, precisamente, que existe un juicio seguido en contra del quejoso; y la sentencia pronunciada, no cambia la situación jurídica, creada por la falta de emplazamiento, porque ésta subsiste, o sea, no quedan irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque sigue subsistente el hecho, de haberse seguido un juicio en contra del quejoso, en el cual, según alega, no se le emplazó legalmente; y en todo caso, será materia de estudio, en cuanto al fondo del juicio de amparo, determinar si el quejoso fue o no debidamente emplazado; por tanto no opera dicha causal.
En lo que corresponde a la segunda causal que invoca el recurrente, tampoco opera en este asunto, en virtud de que, no puede tenerse por tácitamente consentido el acto reclamado, porque el quejoso sustenta su demanda en no haber sido emplazado legalmente, ya que la persona con quien se entendió la diligencia lo fue su hermano Asael Rodríguez Carbajal; esto es, alega, que la diligencia de emplazamiento, no es jurídicamente válida, así que, la causal invocada, no puede configurarse, pues la circunstancia planteada por el quejoso, amerita la ulterior comprobación de la validez de la diligencia, es decir, tal cuestión, es inherente al fondo del asunto.
Sentado lo anterior y pasando al estudio de los demás agravios, éstos se consideran esencialmente fundados, en cuanto aduce el inconforme, que el Juez a quo inobservó lo establecido en los artículos 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, porque se desentiende de la jurisprudencia número 34/90 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la diligencia de embargo y emplazamiento que practicó el actuario, quedó salvaguardada la garantía de audiencia, pues así se demuestra del enlace jurídico de los elementos de convicción del procedimiento.
En efecto, se considera que no estuvo en lo correcto el Juez Tercero de Distrito, al conceder al quejoso Floriberto Rodríguez Carbajal, el amparo y protección de la Justicia Federal, estimando que es defectuoso el emplazamiento, toda vez que, para ello sostiene por una parte, que el actuario responsable omitió por completo asentar cuáles fueron los medios por los que se cercioró de la identidad del demandado, al que pretendía emplazar, y que por ello no se cuenta con la convicción de que esa diligencia se efectuara en la forma y términos que prevén los artículos 109, fracción I y 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, supletorio del Código de Comercio; y por otra parte, que no hizo constar el actuario, en forma expresa, que el quejoso, con quien afirma entendió la diligencia, hubiera estampado su firma al calce de la cédula levantada, ni precisa que lo haya requerido para que firmara la constancia de emplazamiento, pues aunque asentó que firmaron el acta "... los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo.", no menciona quiénes quisieron y supieron hacerlo.
Ahora bien, la jurisprudencia que invoca el tercero perjudicado, aquí recurrente, emitida por la anterior Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 34/90 en la Gaceta número 36, del Semanario Judicial de la Federación, página 15, dice lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda, señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad de que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que deba observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia, esto es habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia.".
Los artículos de la ley procesal civil del Estado, relativos a las cuestiones debatidas, aplicables supletoriamente, de acuerdo con el artículo 1051 del Código de Comercio, son los siguientes: "111. La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto.".-"112. Si se tratare de notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente y si no espera se la hará la notificación por cédula.-La cédula en los casos de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la casa, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive la persona que deba ser citada; de todo lo cual se asentará razón de la diligencia.".-"119. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hacen. Si éstas no supieren o no quisieren firmar, lo hará el secretario, notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se notifique, si lo pidiere.".
Como puede verse de las disposiciones transcritas, en la ley procesal civil de este Estado, no se establece que en la diligencia de emplazamiento, el actuario cuando efectúe ésta, con quien dice ser el propio demandado y en el domicilio designado, deba cerciorarse de la identidad de aquél, así que tal formalidad, no se halla contemplada en las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado; de ahí deviene, que la apreciación del Juez, en el sentido de que existió de parte del actuario esa omisión es incorrecta, y como lo argumenta el recurrente, se aparta de la citada tesis de jurisprudencia, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte, la cual se adecua al caso.
El a quo invocó en apoyo a su criterio, la ejecutoria consultable en la página 414 del Tomo III, Primera Parte, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO PRACTICADO DIRECTAMENTE CON EL INTERESADO. EL ACTUARIO DEBE CERCIORARSE QUE SE TRATA DEL MISMO.-Cuando la diligencia de emplazamiento se practica directamente con la parte interesada, el encargado de hacerla debe cerciorarse, a través de medios idóneos, de que efectivamente con quien entiende la diligencia es la persona que busca, expresando en el acta relativa las razones objetivas que lo llevaron a ese convencimiento, ello para que tenga formalidad el llamamiento a juicio a fin de evitar suplantación de personas.".
Cabe expresar, que tal criterio no rige sobre la jurisprudencia antes señalada, tanto porque se trata de una ejecutoria aislada, como porque se refiere a la materia laboral, ya que fue sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte; es decir, debe entenderse, que constituye interpretación de la Ley Federal del Trabajo, y no de la procesal civil. No escapa a la consideración de este tribunal, que en el último Apéndice al Semanario invocado, que comprende los fallos emitidos, de 1917 a 1995, páginas 516 a 517, del Tomo IV, relativo a la Materia Civil, se incluye dicha tesis jurisprudencial con el número 703, y se ubica en la Tercera Parte, denominada "Tesis Históricas Obsoletas". Pero de ahí no se sigue, que la aludida tesis jurisprudencial, ya no deba seguir aplicándose, o que haya perdido su vigencia, pues en la "nota", que aparece al calce de la tesis jurisprudencial, se asienta: "Esta tesis interpreta, esencialmente, los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales fueron reformados por decreto número 15766 de veintitrés de diciembre de 1994, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno siguiente, cuyo texto exige que ‘cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo’, en contra de lo sostenido en la tesis de jurisprudencia en comento.". Como puede verse, lo obsoleto de la tesis jurisprudencial, sólo obedece a la reforma de los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; pero tal jurisprudencia, sigue teniendo aplicabilidad, en cuanto se refiere a las disposiciones que se analizaron, del código adjetivo del Estado de San Luis Potosí, porque éstas no han sido reformadas, y en la propia tesis jurisprudencial, se hace alusión a que el criterio es aplicable, con relación a las leyes procesales de entidades federativas, de redacción semejante a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, antes de ser reformado, entre las cuales se encuentra la del Estado de San Luis Potosí pues la codificación de este Estado, no ha sufrido modificación al respecto; todo esto, tomando en cuenta además, que no aparece en la publicación de la tesis, que ésta haya sido interrumpida o modificada, en los términos señalados por el artículo 194 de la Ley de Amparo.
Por lo que se refiere a la estimación del Juez de Distrito, en el sentido de que el actuario omitió ceñirse al artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles de este Estado de San Luis Potosí, porque no hizo constar expresamente que el quejoso estampó su firma al calce de la cédula o que requirió a éste para firmar la constancia de emplazamiento, debe señalarse que en tal diligencia se asentó: "Con lo anterior doy por terminada la presente diligencia, de la cual levanto esta acta que se autoriza en la forma legal, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo."; con ello queda satisfecho, lo prevenido en el citado artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que este dispositivo no exige para la validez formal del emplazamiento, que el actuario tenga que asentar la fórmula textual y sacramental de que determinada persona que aparece en la diligencia "no quiso", o "no pudo" firmar, es decir, basta la expresión genérica que abarca a todos los intervinientes, por lo que no es indispensable la específica, que se refiere a las razones que cada uno de ellos tuvo para no firmar; aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el actuario se encuentra investido de fe pública al llevar a cabo sus actuaciones y si asentó que entendió la diligencia con el propio demandado, de ello deviene que, como lo apunta el recurrente, éste estuvo presente en esa diligencia y como no asentó su firma, ello significa que se reservó ese derecho, de cualquier manera, quedó salvaguardada su garantía de audiencia, pues le llegó directamente la noticia de la demanda entablada en su contra.
El Juez de Distrito, invocó además, en apoyo de su fallo, una ejecutoria emitida por este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Al respecto, debe señalarse que el criterio constante en esa ejecutoria, fue modificado por este propio tribunal en ejecutoria posterior, emitida el tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, al resolver el juicio de amparo en revisión número 74/95, materia civil, que en lo conducente dice: "Por otra parte, son fundados aun cuando inoperantes los agravios del tercero perjudicado recurrente en cuanto se refieren a que no es correcta la consideración de la Juez de Distrito, en el sentido de que, en el caso, al practicarse el emplazamiento se dejaron de cumplir los requisitos exigidos por el artículo 119 que con antelación se invoca y que ello se traduce en violación a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En efecto, son fundados dichos agravios, porque en el acta relativa al emplazamiento reclamado, se asienta que dicho emplazamiento, se entendió con una persona de nombre Juan Ramírez, quien dijo ser vecino del departamento ‘A’.", y literalmente se anota por el notificador, lo siguiente: "... con lo anterior doy por terminada la presente diligencia, levantando para constancia la presente acta, firmando en ella las que en la misma intervinieron, quisieron y supieron hacerlo ..." (foja 178 del juicio de amparo expediente número 800/94).-De lo que se advierte, que el actuario que practicó esa diligencia, en realidad no omitió referirse a la circunstancia a que alude el artículo 119 del código adjetivo civil del Estado, en el sentido de que, debe quedar precisado en el acta relativa el motivo o causa por la que no firmó la persona con quien se entendió el emplazamiento, pues como se alega en los agravios, se precisa que firmen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, por lo cual, debe considerarse, contrariamente a lo argumentado en la sentencia recurrida, que si no obra la firma con quien se entendió dicha diligencia, esto es, la de Juan Ramírez, que según constancia es vecino de los quejosos, fue precisamente, porque no quiso hacerlo, sin que dicho dispositivo legal exija para la validez formal del emplazamiento, que el actuario tenga que asentar la fórmula textual y sacramental de que determinada persona que aparece en la diligencia "no quiso" o "no pudo" firmar, es decir, basta la expresión genérica que abarca a todos los intervinientes, por lo que no es indispensable la específica que se refiera a las razones que cada uno de ellos tuvo para no firmar, además no se puede desconocer la fe pública con que se encuentra investido el actuario al llevar a efecto sus actuaciones. Es verdad que este Tribunal Colegiado, por mayoría de votos, sostuvo el criterio contenido en la tesis que invoca la a quo, la que dice: "EMPLAZAMIENTO. PARA SU VALIDEZ, DEBEN SATISFACERSE ÍNTEGRAMENTE LAS FORMALIDADES LEGALES."; pero a virtud de un estudio más detenido del problema, este propio tribunal estima que es procedente cambiar tal criterio y por ende, queda sin efecto la aludida tesis. Es en cambio aplicable al caso, el criterio sustentado por este propio Primer Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión civil expediente número 1/95, en sesión del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Por consecuencia, no debió el Juez de Distrito considerar fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, que en sustancia se concretaron a que el actuario responsable no se ajustó a las prevenciones de los artículos 109 y 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Por lo anterior, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y negar al quejoso el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 82, 83, fracción IV, 85, fracción II de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Floriberto Rodríguez Carbajal, contra los actos que reclama del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, Juez Segundo de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, actuario adscrito al propio juzgado y director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria y que aquí se dan por reproducidos.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el juicio de amparo al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Guillermo Baltazar Alvear, Enrique Arizpe Narro y Carlos Chowell Zepeda, lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5283-854272cc/emplazamiento-eficacia-del-aun-cuando-las-personas-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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