PRUEBAS NO OBJETADAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PRECLUYE EL DERECHO PARA HACERLO EN LA REVISION.
AMPARO EN REVISION 410/93. FRANCISCO MARTINEZ LEON.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los agravios hechos valer, son infundados en parte e inatendibles en lo demás.
En las constancias que integran el expediente de amparo a que se refiere el presente toca, entre otras cosas aparece que:
a) La autoridad señalada como responsable ordenadora, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, en lo conducente manifestó: "Para acreditar la legalidad del acto reclamado, constante de cincuenta y dos fojas útiles, acompañó al presente informe copias certificadas del expediente de expropiación número 1/985 y setenta y una fojas útiles del expedientillo formado con motivo del recurso administrativo de revocación, radicado con el mismo número " (fojas 27 y 28 del expediente de amparo);
b) Las copias certificadas de referencia se encuentran agregadas de las fojas veintiocho a la ciento cincuenta y dos del expediente de amparo; y,
c) Por acuerdo de once de mayo de mil novecientos noventa y tres, se ordenó dar a conocer a las partes dicho informe, con el anexo que se acompañaba (foja 26), el cual se notificó el doce del mismo mes y año (foja 26 vuelta).
Por tanto, al haber acompañado la citada autoridad con su informe justificado, la copia fotostática certificada del expediente de expropiación, y del expedientillo formado con motivo del recurso administrativo, copia certificada con la cual se dio vista al ahora recurrente; resulta irrelevante que se hubiera omitido acordar su petición hecha en el escrito de la demanda de garantías, en el sentido de que se requiriera a la citada autoridad que remitiera el expediente original de expropiación, y del recurso que planteó.
En cuanto a que la copia certificada de mérito carece de valor, porque el director jurídico del Gobierno del Estado de Tlaxcala, no se encuentra facultado para certificarla, porque no existe precepto legal que lo autorice a ello.
Al respecto es de hacerse notar que el hoy recurrente debió comparecer a la audiencia constitucional en el momento en que relacionó el informe justificado rendido por el gobernador constitucional del Estado de Tlaxcala, a fin de impugnar la validez de las mencionadas copias que se exhibieron con ese informe; de manera que al no hacerlo así, tácitamente consintió su valor, por lo que su argumento no puede examinarse en esta vía al haber precluido su derecho para hacerlo. Sobre el particular tiene aplicación por analogía la tesis de este Tribunal Colegiado, aprobada en sesión del once de diciembre de mil novecientos noventa, al resolver el juicio de amparo en revisión 446/90, que dice: "PRUEBAS NO OBJETADAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, PRECLUYE EL DERECHO PARA HACERLO EN LA REVISION.-El procedimiento en el juicio de amparo está dividido en diversos períodos claramente distinguidos uno de otros, de tal manera que no puede iniciarse uno sin que haya terminado el que lógica y legalmente debe precederlo; esa división obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico, que de no ser atendidas producirían inseguridad jurídica; para que esa división tenga eficacia y sea respetada, debe ser aplicado el procedimiento del juicio constitucional el principio de eventualidad con la sanción correlativa de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, no ejercitada en tiempo oportuno. Por virtud del primero, las partes deben hacer valer y ejercitar en cada uno de los períodos los hechos o cuestiones sobre los que desean una decisión judicial, para el evento de que más tarde les pueda ser útil, aunque en el momento no lo sea. Les está prohibido hacerlo más tarde y en período distinto. Esta imposibilidad es la que se establece mediante el sistema de las preclusiones, o sea, la pena de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, que no fue ejercitada en tiempo oportuno. Así, por virtud del principio de eventualidad, quien pretenda impugnar la validez de los documentos aportados como pruebas debe hacerlo precisamente en la audiencia constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 153 y 155 de la Ley de Amparo, y si no lo hace perderá esa facultad procesal, que se extingue, sin que sea permitido su ejercicio en el recurso de revisión, porque ninguna disposición legal lo autoriza.".
Por otra parte, es inexacto que el Juez de Distrito se haya apartado de lo dispuesto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues de la lectura de la sentencia recurrida, aparece que en el resultando primero fija en forma clara y precisa los actos atribuidos a cada una de las autoridades señaladas como responsables; en el considerando primero, expresa los elementos con los cuales tuvo por ciertos dichos actos; en el considerando tercero, vierte los razonamientos pertinentes por los cuales estimó que no se violaban las garantías individuales señaladas por el quejoso; y, finalmente, en el único punto resolutivo, también con claridad y precisión fija a las autoridades señaladas como responsables y los actos por los que se negó el amparo.
Además, el propio recurrente reconoce que el Juez de Distrito se ocupó del acto atribuido al gobernador constitucional del Estado de Tlaxcala, y si bien no aludió a los demás actos de las restantes autoridades señaladas como responsables; no es menos cierto que éstos no se impugnaron por vicios propios, sino como consecuencia del reclamado al mencionado gobernador, de ahí que siguieran la misma suerte de aquéllos.
Por tanto, al encontrarse debidamente precisados los actos reclamados, así como los elementos con los que se tuvieron por acreditados, habiéndose vertido los elementos conducentes para desestimar los conceptos de violación y habiendo concluido que debe negarse el amparo contra la resolución impugnada y su ejecución, no puede decirse que la sentencia recurrida sea ilegal como lo pretende el recurrente.
También es importante señalar que el hecho de que se haya concedido valor a las documentales que acompañó el gobernador constitucional del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, consistentes en las copias fotostáticas certificadas por el director jurídico, y que se hayan relatado las constancias conducentes de dichas copias certificadas; ello no implica que el Juez de Distrito se haya convertido en transcriptor de los argumentos de la responsable, ya que se aludió a tales constancias únicamente para constatar que el procedimiento correspondiente se había ajustado a la Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala, y que por ello no se violaban los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, expresándose las razones conducentes para ello, en contestación a lo aducido en los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías.
Tampoco es verdad que el Juez de Distrito al afirmar que los conceptos de violación eran infundados y exponer después el por qué de tal afirmación, implique que haya actuado con perjuicio al definir primero su postura; puesto que con antelación, es decir en los períodos respectivos de la audiencia constitucional, se dio cuenta con las constancias de autos y los informes de las autoridades señaladas como responsables, para normar su criterio, en relación a los motivos de inconformidad.
Finalmente, este tribunal no pasa inadvertido que el Juez de Distrito para negar el amparo solicitado, básicamente sostuvo que en los conceptos de violación de la demanda de garantías, ya no se hacía manifestación alguna acerca de la existencia y comprobación de la utilidad pública que sirvió de apoyo para la expropiación y que analizó el gobernador responsable en la resolución impugnada y que en los restantes conceptos de violación no se combatían las consideraciones vertidas en esa resolución reclamada, sino más bien tienden a impugnar el decreto expropiatorio, lo que hacía que tales conceptos de violación sean ineficaces, al quedar firmes las consideraciones contenidas en la resolución reclamada.
Sobre el particular el recurrente manifiesta que la afectación de que fue objeto al quitársele la posesión del predio de su propiedad denominado "El Cerro", es inconstitucional, porque no se cumple con los requisitos del artículo 27 constitucional, ya que en calidad de propietario de una fracción del inmueble expropiado, se le debió de considerar para los efectos de indemnización, en el mismo decreto expropiatorio, y en todo caso fijarse una cantidad líquida en la resolución que recayó al recurso administrativo de revocación, ya que se encuentra inscrito como propietario del inmueble en el Registro Público de la Propiedad, en las oficinas fiscales municipales y dado de alta en catastro desde antes de que se iniciara el procedimiento expropiatorio; agregando que la Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala, no preve el supuesto de dictar un decreto en contra de quien se crea con derecho, máxime que el artículo 5o., inciso d), de la citada ley, menciona como requisito del decreto, el señalamiento del nombre del propietario; que en su concepto no se ha estudiado por las responsables la necesidad de afectar su predio sino el de su vecino Martín Reyes Morales; que el resolutor afirma que al ser propietario de los inmuebles expropiados, tiene derecho a ser indemnizado, olvidándose que no se fijó una cantidad líquida en el decreto expropiatorio, omisión que tampoco "fue atendida en la resolución relativa al recurso", por lo que no se cumplió con el requisito de que la afectación de que es objeto se lleve a cabo mediante indemnización; que en la demanda de garantías expresó los requisitos de la ley, para la formulación de la misma, por lo que considera inaplicable lo sostenido por el Juez de Distrito, por lo que el fallo combatido fue incorrectamente apoyado en dispositivos inaplicables; y, que la resolución dictada por el gobernador del Estado de Tlaxcala, pretende convalidar la expropiación de que fue víctima, empeñándose en sostener la legal desposesión de que fue objeto por parte de las responsables, teniendo aplicación los criterios jurisprudenciales invocados en la demanda de garantías, solicitando se tengan por transcritas, ya que su estudio fue evadido por el Juez de Distrito.
De lo anterior se desprende que lo alegado por el recurrente no desvirtúa el razonamiento del Juez de Distrito contenido en la sentencia recurrida que le sirvió de apoyo para negar el amparo solicitado, consistente que en los conceptos de violación ya no se controvertía la existencia y comprobación de la utilidad pública en que se basó la expropiación, y que en los restantes conceptos de violación se impugnaba el decreto expropiatorio, mas no la determinación reclamada que resolvió el recurso administrativo de revocación.
En este orden de ideas, al no combatirse en los agravios de que se trata los razonamientos del Juez de Distrito que esgrimió para negar el amparo; este cuerpo colegiado se encuentra imposibilitado para examinar su legalidad, pues de hacerlo implicaría suplir la queja deficiente, lo que es improcedente al no estarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. De ahí que, tales agravios resulten inatendibles. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia de este propio tribunal que con el número 67 aparece publicada en la página 61 de la Gaceta número 50 del Semanario Judicial de la Federación, del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos, cuyo sumario dice: "AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO.-Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido.".
Finalmente, tampoco es verdad que en la sentencia recurrida se hayan violado los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, en virtud de que las sentencias que pronuncian los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, no pueden ser consideradas violatorias de las garantías que en favor de todo individuo consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino sólo transgresoras de leyes secundarias. Sirve de apoyo a esta consideración la jurisprudencia número 16 de este tribunal, publicada en la página 804, de la Tercera Parte, Volumen Segundo, del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO, NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE GARANTIAS.-Las sentencias que pronuncian los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, no pueden ser consideradas violatorias de las garantías que en favor de todo individuo consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino únicamente transgresoras de leyes secundarias atento a que sólo se limitan a determinar si el acto reclamado conculca o no dichas garantías, o bien, a sobreseer en el juicio cuando se actualiza una causal para ello.".
En estas condiciones al ser infundados en parte e inatendibles en lo demás los agravios expresados se impone confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a FRANCISCO MARTINEZ LEON, contra los actos y por las autoridades que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Eric Roberto Santos Partido, Enrique Dueñas Sarabia y Norma Fiallega Sánchez, siendo relator el primero de los nombrados y firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1046-a97f549d/pruebas-no-objetadas-en-la-audiencia-constitucional-precluye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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