INVASION DE ESFERAS. NO INCURREN EN ELLA LOS CODIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO DE 1983 Y 1985, RESPECTIVAMENTE. LEYES PENALES. SU DEROGACION NO NECESARIAMENTE PRODUCE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISION 438/94. ALEJANDRO FRANQUEZ GARCIA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Se argumenta en el segundo agravio esencialmente que el Juez de Distrito indebidamente sobreseyó en el juicio de amparo por lo que toca a las leyes reclamadas porque a la fecha de la sentencia recurrida ya habían sido derogadas cuando que debió examinar los conceptos de violación con relación a la fecha en que se inició la ejecución de los actos reclamados, pues de lo contrario se ocuparía de actos posteriores y distintos; además de que la promulgación de nuevas leyes no puede purgar la inconstitucionalidad de los actos reclamados dado que la orden de aprehensión se apoya en las disposiciones legales derogadas.
El artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, constriñe a las autoridades que conocen del juicio de amparo, a suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda y de los agravios formulados en los recursos, de manera absoluta a favor del reo en la materia penal. En acatamiento al dispositivo legal citado, este órgano colegiado suple la deficiencia del agravio formulado por el recurrente para determinar que en el caso no se presenta la causal de improcedencia en que se fundó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo por lo que toca a las leyes reclamadas.
Efectivamente, el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."
En el caso, el quejoso reclamó el Código Penal de mil novecientos ochenta y tres y el Código de Procedimientos Penales de mil novecientos ochenta y cinco, ambos para el Estado de Durango, específicamente los artículos 1o., 186, 187, 192, 208, 210 y 213 del primero, y 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 189 y 222 del segundo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio consistente en la orden de aprehensión y extradición dictada en su contra por el Juez Quinto del Ramo Penal de Primera Instancia de Durango, Durango, el treinta de abril de mil novecientos noventa y uno, dentro del proceso penal 74/91.
Es cierto que el Código Penal para el Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno, y el Código de Procedimientos Penales para el mismo Estado, publicado en dicho Periódico el treinta de enero de mil novecientos noventa y dos, derogaron expresamente en sus artículos segundo transitorio y cuarto transitorio, respectivamente, el Código Penal de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y tres y el Código de Procedimientos Penales de veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y cinco.
No obstante lo anterior, no han cesado los efectos de las leyes impugnadas pues habiéndose reclamado con motivo del primer acto de su aplicación, a saber, la orden de aprehensión y extradición, a través de ésta siguen surtiendo efectos en perjuicio del agraviado.
Tratándose de amparo contra leyes que se reclaman con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio del agraviado, esta Suprema Corte ha establecido como regla general aplicable, cuando el ordenamiento legal es derogado, la de que tal circunstancia no produce el sobreseimiento en el juicio de garantías ya que el ordenamiento sigue surtiendo efectos en perjuicio del quejoso a través del acto de su aplicación, según deriva de la jurisprudencia publicada con el número 110 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Primera Parte, página 203, que establece:
"LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACION. Si la ley combatida ha sido derogada, sus efectos han cesado. Y aunque se señalen en la demanda actos de aplicación, si éstos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicación se relacione a una prohibición in generis, esta situación prevalece durante la vigencia de la ley, pero resulta ya de imposible modificación de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protección de la Justicia Federal, que ningún efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por lo tanto, con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente y debe sobreseerse con apoyo además en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento antes citado."
Conforme a la jurisprudencia transcrita resulta improcedente el examen sobre la constitucionalidad de una ley derogada cuando no existen actos concretos de aplicación en perjuicio del quejoso, de lo que se sigue que cuando tales actos existen a través de éstos la ley derogada sigue produciendo efectos en perjuicio del quejoso y, por ende, no procede el sobreseimiento en el juicio de garantías.
La Segunda Sala de esta Suprema Corte, en su tesis XXIV/95, estableció una excepción a la regla general aludida, según deriva de la siguiente transcripción de dicha tesis:
"LEYES PENALES DEROGADAS. SU SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS. PRODUCE EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS DE APLICACION. El amparo contra leyes que se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, cuando el ordenamiento jurídico es derogado, no produce el sobreseimiento, dado que la ley que se tilda de inconstitucional, aun cuando esté derogada, sigue fundando el acto de aplicación que es el que realmente ocasiona el perjuicio en la esfera del particular, de tal manera que si se estima inconstitucional la ley, igual suerte corresponde al acto de aplicación. Ahora bien, tratándose de leyes penales esa regla general no se aplica, ya que si el artículo tildado de inconstitucional es derogado, la consecuencia lógica es que la conducta tipificada como delictuosa deja de tener tal carácter en estricta observancia del principio nullum crimen sine lege. En consecuencia, si se decreta el sobreseimiento respecto de la ley porque cesaron sus efectos al ser derogada, debe sobreseerse por lo que hace a los actos de aplicación, porque éstos dejan de tener sustento jurídico. Amparo en revisión 2360/66. Jesús López López. 7 de abril de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Martha Leonor Bautista de la Luz."
Para comprender el verdadero sentido y alcance de la tesis transcrita, se reproducen a continuación los razonamientos que se contienen en la resolución del amparo en revisión 2360/66, fallado por la Segunda Sala en sesión de siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos:
"SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir los agravios que aduce la parte recurrente porque no serán examinados en la presente resolución, toda vez que esta Sala estudia, de oficio, por ser de orden público, la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta Sala advierte que en este asunto, en relación con el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tildado de inconstitucional, se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Establece el citado artículo lo siguiente: `ART. 73. El juicio de amparo es improcedente: ...XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...' en el caso se da el presupuesto contenido en la fracción de mérito en atención a las siguientes consideraciones: Los actos reclamados se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, promulgada el día veintiséis de agosto de mil novecientos treinta y dos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete del mismo mes y año, específicamente en su artículo 193 y en el auto de formal prisión decretado en contra del ahora quejoso, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, el quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco, en el expediente penal número 77/965, como presunto responsable de la comisión del delito previsto en el numeral tildado de inconstitucional y todas sus consecuencias legales, expresamente `la identificación, examen psicológico, la formación de ficha dactiloscópica y demás clasificación policiaca.' A foja ochenta y nueve del toca en que se actúa obra un auto de fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que a la letra dice: `Vista la cuenta que antecede, advirtiéndose de autos que el agente del Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de JESUS LOPEZ LOPEZ, por el delito PREVISTO EN EL ARTICULO 193 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, el cual fue derogado mediante Decreto de fecha trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial de la Federación, vigente noventa días después de su publicación, y que no puede existir responsabilidad si tal conducta deja de contemplarse como delito en el precepto legal derogado, que posteriormente el representante social federal ejercitó acción penal en contra del mismo inculpado por el delito PREVISTO EN EL ARTICULO 127, FRACCIONES II Y IV DE LA LEY FORESTAL, ordenándose por auto de seis de julio de mil novecientos sesenta y seis la acumulación de esa causa, a la causa penal número 77/65; asimismo, en esa fecha se ordenó la suspensión del procedimiento en virtud de que JESUS LOPEZ LOPEZ dejó de cumplir con las obligaciones que se le dieron a conocer al momento de concederle el beneficio de la libertad provisional bajo caución; como el delito previsto en el artículo 127, fracciones II y IV de la Ley Forestal merece una pena de prisión de uno a diez años de prisión, cuyo término medio aritmético ha transcurrido en exceso a la fecha, es de concluirse que en el caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 del Código Penal Federal, ha operado la prescripción penal ejercitada en contra de dicho inculpado, respecto a este ilícito y por tanto, con apoyo en los artículos 298, fracción III, 301 y 304 del Código Federal de Procedimientos Penales, SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ACUMULADO, con efectos de sentencia absolutoria.' A su vez los artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, que fundamentan la resolución que antecede, establecen: `ART. 298. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida;...' `ART. 301. El sobreseimiento se resolverá de plano cuando se decrete de oficio. Si fuere a petición de parte, se tramitará por separado y en forma de incidente no especificado.' `ART. 304. El auto de sobreseimiento que haya causado estado, surtirá los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.' Como se desprende de las anteriores transcripciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en cuestión, ya que si el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito fue derogado mediante Decreto de trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial de la Federación, vigente noventa días después de su publicación; por tal circunstancia, ha dejado de surtir efectos, pues la conducta tipificada cesó de tener el carácter de delictuosa, tan es así que el Juez de la causa dictó auto de sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria, en relación con el auto de formal prisión y sus consecuencias, estimando que `no podía existir responsabilidad si tal conducta deja de contemplarse como delito en el precepto legal derogado.' En tal virtud, en relación con la Ley impugnada, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo. Ahora bien, por regla general, en los amparos contra leyes heteroaplicativas o autoaplicativas que se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación, cuando el ordenamiento jurídico impugnado es derogado, esa sola circunstancia no produce el sobreseimiento en el juicio de garantías, si el acto de aplicación es o no combatido por vicios propios, dado que el ordenamiento jurídico impugnado, aun cuando derogado, sigue fundando el acto de aplicación que es el que materialmente causa perjuicio en la esfera de derechos del particular, de manera que si aquél se declarara inconstitucional, igual suerte correspondería al acto de aplicación. Sin embargo, tratándose de leyes penales esa regla general no rige, pues si el artículo tildado de inconstitucional es derogado, la consecuencia lógica es que la conducta tipificada como delictuosa deja de tener tal carácter en estricta observancia del principio nullum crimen sine lege. Consiguientemente, si se decreta el sobreseimiento en relación con la ley porque cesó en sus efectos al haber sido derogada, también debe decretarse por lo que hace a los actos de aplicación, ya que éstos dejan de tener sustento jurídico. A mayor abundamiento, debe decirse que en el caso también opera la causal de improcedencia prevista en el fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, en lo tocante a los actos de aplicación, pues al haberse sobreseído en el proceso respecto de los mismos, el sobreseimiento respectivo tiene carácter de sentencia absolutoria en términos de lo establecido en el supratranscrito artículo 304 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo cual trae como consecuencia un cambio en la situación jurídica del quejoso, quien de procesado, con posterioridad al auto de sobreseimiento en cuestión, adquirió la calidad de libre absuelto. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el artículo 304 del Código Federal de Procedimientos Penales que fundamenta el auto de sobreseimiento dictado por el Juez del proceso, exige como requisito para que este último produzca efectos de sentencia absolutoria, que haya causado estado y que en la especie no hay prueba de que tal fenómeno procesal haya operado; empero, tal situación resulta irrelevante porque al haberse derogado el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que tipificaba la conducta delictuosa materia del auto de formal prisión, no existe posibilidad jurídica de que se revoque. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 73, fracciones X y XVI, en relación con el artículo 74, fracción III de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
De las consideraciones transcritas deriva que la Segunda Sala de esta Suprema Corte estimó que tratándose de una ley que tipifica una determinada conducta como delictuosa, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, aunque la misma se haya reclamado con motivo de su aplicación, cuando ha sido derogada, porque la conducta tipificada dejó de tener el carácter de delictuosa en estricta observancia del principio nullum crimen sine lege, lo que ocasiona que cese en sus efectos y, por ende, que los actos de su aplicación dejen de tener sustento jurídico, lo que a su vez ocasiona la improcedencia del juicio contra estos actos, y razonó que tan era así, que el Juez de la causa dictó auto de sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria, en relación con el auto de formal prisión y sus consecuencias, estimando que "no podía existir responsabilidad si tal conducta deja de contemplarse como delito en el precepto legal derogado", situación por la que la Sala determinó además, en relación a la aplicación de la ley, un cambio en la situación jurídica del quejoso.
El anterior criterio descansa en el elemental sentido de justicia que inspira el principio nullum crimen sine lege. Las conductas que la sociedad considera delictivas en un tiempo y lugar determinados y que el legislador plasma como tales en un ordenamiento legal, pueden y de hecho van variando conforme a las circunstancias y a los valores y necesidades individuales y sociales imperantes. El derecho se encuentra en constante evolución a través de la renovación de las normas jurídicas. Cuando una persona está sufriendo determinadas consecuencias legales con motivo de haber realizado una conducta considerada delictiva por la norma penal vigente en un lugar y tiempo determinado, y tal norma es derogada dejando de tener carácter delictivo la conducta relativa, la justicia exige que las consecuencias de referencia dejen de afectar al individuo, pues éste no puede continuar sufriendo con motivo de una conducta que ya no constituye delito y que el resto de las personas pueden llevar a cabo libremente y sin consecuencia punitiva alguna. En este supuesto, en respeto al principio nullum crimen sine lege, al dejar de tener carácter delictivo la conducta tipificada en la norma penal derogada, los actos de su aplicación dejan de tener fundamento jurídico y, por ende, al dejar de surtir efectos la norma debe sobreseerse en el juicio de garantías. Sin embargo, no siempre la conducta tipificada en la norma penal derogada deja de tener carácter delictivo, como sucede cuando la norma derogada es sustituida por otra que también tipifica como delictiva la misma conducta. En este caso, la justicia exige que la conducta tipificada en la norma derogada y que continúa considerándose delictiva en la nueva norma, sufra las consecuencias represivas correspondientes. Si una norma que tipifica como delito el homicidio, el robo o el fraude, es derogada y sustituida por otra disposición legal que también tipifica como delito tales conductas, no es posible concluir que las mismas hayan dejado de tener carácter delictivo con motivo de la derogación de la norma penal y, por ende, que la ley haya dejado de producir efectos al quedar sin sustento jurídico los actos de su aplicación, sin la lógica consecuencia del sentimiento de repudio e injusticia por parte de la sociedad y de los ofendidos con las conductas delictivas. Por ello, cuando la conducta tipificada en la disposición penal derogada no deja de tener carácter delictivo en el ánimo del legislador que la tipifica como tal en una nueva norma, la disposición penal derogada continúa produciendo efectos a través de los actos de su aplicación que aquélla sigue fundando y, por ende, resulta improcedente el sobreseimiento en el juicio de amparo en que la norma penal se reclamó con motivo de su aplicación.
Ahora bien, en el caso, la orden de aprehensión reclamada, acto de aplicación de los ordenamientos impugnados, consigna:
"Durango, Dgo., a treinta de abril de mil novecientos noventa y uno. VISTOS, los autos de la presente causa, para resolver sobre la orden de aprehensión que la C. agente del Ministerio Público adscrita solicita se gire en contra de ALEJANDRO FRANKES GARCIA por el delito de fraude; y, CONSIDERANDO: ...Los hechos narrados en la denuncia de referencia, se castigan con pena corporal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del Código Penal vigente en el Estado, y además la citada denuncia se encuentra apoyada con los siguientes elementos: ...IV. Los medios de convicción detallados con anterioridad y adminiculados entre sí en el debido orden lógico y natural valorados al tenor del artículo 78 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, hacen probable la responsabilidad de ALEJANDRO FRANKES GARCIA en la comisión del delito de fraude perpetrado en agravio de JOSE LUIS ITURRALDE MIGUELTORRENA; estimándose que en el caso se satisfacen los requisitos del artículo 16 constitucional puesto que existe la denuncia de hechos que la ley castiga con pena corporal y además la misma se encuentra apoyada con los testimonios a que se hizo referencia anteriormente, los que en su esencia son contestes al afirmar que el día diez de marzo del presente año el señor JOSE LUIS ITURRALDE MIGUELTORRENA contrató al señor ALEJANDRO FRANKES GARCIA la compra de mil cajas de huevo, conteniendo cada una trescientos sesenta huevos, con valor total de cuarenta y siete millones de pesos, acordando ambos contratantes que el señor JOSE LUIS ITURRALDE le enviaría un cheque por la cantidad de cuarenta y siete millones de pesos a Ciudad Obregón, Sonora al señor ALEJANDRO FRANKES GARCIA y que al momento de que éste recibiera el cheque enviaría a esta ciudad al señor JOSE LUIS ITURRALDE las mil cajas de huevo. Ha quedado de manifiesto que el señor JOSE LUIS ITURRALDE le envió tres días después al señor ALEJANDRO FRANKES GARCIA el cheque número 272789 de la cuenta número 901440 8 con cargo a Bancomer y a favor de Granja Avícola Rancho Grande S.P. de R.L. de la cual el señor ALEJANDRO FRANKES es propietario y que éste cobró el importe del citado cheque ante la institución bancaria pero que no envió las mil cajas de huevo obteniendo con ello un lucro y engañando al señor JOSE LUIS ITURRALDE, quien en diversas ocasiones insistió para que le fuera enviado el huevo sin que esto se hubiera hecho, ante lo cual con fundamento en la disposición constitucional citada, procede girar como en efecto se gira orden de aprehensión en contra de ALEJANDRO FRANKES GARCIA, como presunto responsable de la comisión del delito de fraude en agravio de JOSE LUIS ITURRALDE MIGUELTORRENA. Comuníquese esta orden de aprehensión a la C. agente del Ministerio Público adscrita, para que proceda a su ejecución por los conductos debidos y para que lograda que sea la captura del inculpado, lo ponga a disposición de este juzgado, internado en el Centro de Rehabilitación Social en el Estado. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el C. Juez Quinto del Ramo Penal, LIC. JUAN LOPEZ RAMIREZ, ante el secretario de acuerdos, LIC. MIGUEL HERRERA MEDINA con quien actúa y da fe."
En la orden de aprehensión transcrita, girada en contra del quejoso como presunto responsable de la comisión del delito de fraude tipificado en el artículo 208 del Código Penal del Estado de Durango de mil novecientos ochenta y tres, se razona sobre la obtención de un lucro por medio del engaño. El precepto citado dispone:
"ART. 208. Comete el delito de fraude el que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentra, obtenga alguna cosa total o parcialmente ajena con ánimo de dominio, lucro, o uso, para sí o para otro."
El artículo 337 del Código Penal del Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno, que derogó el Código Penal de ese Estado de mil novecientos ochenta y tres, dispone:
"ART. 337. Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido."
Como puede advertirse, la conducta tipificada en el derogado artículo 208 del Código Penal de Durango de mil novecientos ochenta y tres, que funda la orden de aprehensión en contra del quejoso, está tipificada también en el artículo 337 del Código Penal de ese Estado de mil novecientos noventa y uno, pues en ambos se dispone que comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que se encuentra obtenga una cosa o un lucro indebidos.
Por tanto, en el caso, aun cuando los ordenamientos legales reclamados han sido derogados, siguen produciendo efectos en perjuicio del quejoso a través de los actos de su aplicación en la medida que la conducta ahí tipificada como delito de fraude continúa teniendo carácter delictivo en las disposiciones vigentes y las derogadas siguen fundando la orden de aprehensión y extradición impugnadas.
Lo anterior se corrobora si se considera que el Juez de la causa penal, mediante proveído de cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, fecha en que ya se encontraban derogados los ordenamientos reclamados, acordó:
"Durango, Dgo., a cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres. Agréguese el pedimento del C. agente quinto del Ministerio Público, contenido en su oficio número 251 y como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 constitucionales y además conforme a lo establecido por los artículos 46, 47, 49 y demás relativos del Código de Procedimientos Penales en el Estado, gírese exhorto especial al C. Juez del Ramo Penal en Turno de la ciudad de Hermosillo, Son., disponiéndose que para tal efecto se formen los insertos necesarios, incluyendo el pedimento de cuenta del fiscal adscrito y la media filiación que obra en autos del inculpado ALEJANDRO FRANQUEZ GARCIA, como probable responsable del delito de fraude cometido en agravio de JOSE LUIS ITURRALDE MIGUELTORRENA, suplicándole al Juez exhortado se sirva ordenar su búsqueda y aprehensión del inculpado Alejandro Franquez García y lograda que sea la captura, se proceda en los términos de los artículos 14 y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 119 Constitucional, hágase saber al Juez exhortado que el delito se encuentra previsto en el artículo 208 del Código Penal anterior en el Estado, el cual se transcribe a continuación: `ARTICULO 208. Comete delito de fraude el que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentra obtenga alguna cosa total o parcialmente ajena con el ánimo de dominio, lucro, o uso para sí o paraotro. PARRAFO ULTIMO. Cuando el monto del fraude exceda al equivalente de doscientos días de salario mínimo se impondrán de cuatro a doce años de prisión y multa equivalente hasta de cien días de salario mínimo.' Por último se hace saber al Juez exhortado que el suscrito es quien conoce de la presente causa en contra de Alejandro Frankes García. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Quinto del Ramo Penal, Lic. Juan López Ramírez, ante el secretario de acuerdos Lic. Miguel Herrera Medina, con quien actúa y da fe."
Se sigue de lo anterior que el Juez de la causa penal, el cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, ya derogados los ordenamientos legales reclamados, giró exhorto al Juez del Ramo Penal en Turno de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a fin de que ordenara la búsqueda y aprehensión del quejoso, haciéndole saber que éste resulta presunto responsable del delito de fraude previsto en el artículo 208 del Código Penal del Estado de Sonora ya derogado, lo que indudablemente acredita plenamente que las leyes reclamadas, aunque derogadas, continúan produciendo efectos en perjuicio del quejoso, a través de los actos de su aplicación, también reclamados y, por ende, que en el caso no se da la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
QUINTO. Se procede a examinar las causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables que atañan a los ordenamientos legales impugnados, con fundamento en el segundo párrafo de la última fracción del artículo 73 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia publicada con el número 940 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Segunda Parte, Volumen IV, página 1538, que consigna: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."
En el informe justificado rendido por el Juez Quinto del Ramo Penal de Durango, Durango, se señala:
"Igualmente son ciertos los actos que de mi autoridad reclama el promovente en cuanto que efectivamente por resolución de treinta de abril de mil novecientos noventa y uno, se decretó en su contra y dentro de los autos del proceso penal número 74/91, orden de aprehensión como probable responsable del delito de fraude, previsto por el artículo 208 del anterior Código Penal del Estado, que estuvo vigente en la época y zona donde se cometió el delito; a petición del C. agente del Ministerio Público adscrito se giró exhorto al C. Juez del Ramo Penal en Turno de Ciudad Obregón, Sonora, para su aprehensión, pero en contra de dichos actos el quejoso promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, el juicio de amparo número 1184/91 II en el cual al celebrarse la audiencia constitucional se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin embargo, contra dicha sentencia este juzgado interpuso el recurso de revisión, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien al pronunciar sentencia en el toca de revisión número 6/93, negó al quejoso ALEJANDRO FRANQUEZ GARCIA el amparo y protección de la Justicia Federal."
Al informe justificado de referencia se anexaron copias fotostáticas certificadas de los siguientes documentos: a) orden de aprehensión de treinta de abril de mil novecientos noventa y uno; b) oficio número 555 de la misma fecha, por el que el Juez Quinto del Ramo Penal de Durango, Durango, solicita al agente quinto del Ministerio Público del fuero común de ese Estado gire órdenes a quien corresponda a fin de que se proceda a la aprehensión del quejoso; c) oficio 15370 por el que la actuaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora comunica al Juez mencionado en el inciso anterior el auto dictado el doce de abril de mil novecientos noventa y tres en el juicio de amparo 1184/91 II; d) auto de cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres dictado por el Juez Quinto del Ramo Penal de Durango, Durango, por el que ordena girar exhorto al Juez del Ramo Penal en Turno en Hermosillo, Sonora, para que se sirva ordenar la búsqueda y aprehensión del quejoso; y e) oficio dirigido al Juez del Ramo Penal en Turno en Hermosillo, Sonora, en el que se transcribe el auto de cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres. El documento especificado en el inciso c) textualmente consigna:
"Al margen: AMPARO 1184/91 II PRINCIPAL. Al centro: En el juicio de amparo 1184/91 II, promovido por ALEJANDRO FRANQUEZ GARCIA, contra actos de usted y otras autoridades, se dictó un auto que a la letra dice: `Ciudad Obregón, Sonora, doce de abril de mil novecientos noventa y tres. Por recibido el oficio número 859, derivado del toca de revisión 6/93 que remite la Secretaría de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito de Hermosillo, Sonora, así como los autos originales del expediente en que se actúa y la ejecutoria que ese al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3538-4fe97425/invasion-de-esferas-no-incurren-en-ella-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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