EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE.
AMPARO EN REVISION 464/94. FAUSTO RAMIREZ PEREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios transcritos con antelación.
En efecto, en ellos la recurrente aduce, por una parte que resulta incongruente que el Juez de Distrito a quo, en la sentencia impugnada, haya decretado el sobreseimiento en el juicio y a la vez haya estudiado el acto reclamado, negando el amparo solicitado.
Al respecto, debe decirse que carece de razón el ahora inconforme; esto es así, en virtud de que no se estima incongruente la sentencia recurrida, puesto que, como bien se advierte de su lectura, el Juez constitucional decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, respecto a los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio de origen y en el embargo trabado en el mismo sobre bienes de su propiedad; y negó el amparo solicitado, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la orden de arresto decretada en contra del ahora recurrente por el Juez responsable y la ejecución de la misma; y ello de ninguna manera puede considerarse incongruente ni ilegal, y sí por el contrario ajustado a derecho, habida cuenta que al ser diversos actos reclamados, respecto de los que advirtió que el amparo era improcedente y decretó el sobreseimiento, el Juez de Distrito no se ocupó, como debe de ser de los conceptos de violación tendientes a demostrar su inconstitucionalidad; y por cuanto a los restantes, de los cuales no advirtió que se surtiera causal de improcedencia o sobreseimiento alguno, procedió a examinar los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías que a juicio del quejoso tales actos le irrogaban, los que al considerarlos infundados, provocaron que se negara el amparo respecto de los mismos, lo cual técnicamente es lo correcto.
Por otra parte, en lo concerniente a lo alegado en el sentido de que la sentencia impugnada resulta ilegal por infringir lo establecido en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo; es de indicarse que es inexacto tal argumento, puesto que en la sentencia recurrida, se aprecia que el Juez de Distrito a quo al dictar los puntos resolutivos precisó claramente, en el primero, que sobreseía respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de dicha sentencia, en términos de su considerando segundo, considerando en el cual se señalan concretamente tales actos reclamados; mientras que en el segundo punto resolutivo, indicó que la negativa del amparo era respecto de los actos y autoridades indicadas en el propio resultando primero, pero en términos del considerando cuarto, en el cual también se precisan con claridad cuáles son dichos actos; de lo que se sigue que no se contravino lo establecido en el dispositivo legal en cita.
Por otro lado, el recurrente sostiene que en el caso concreto resulta inaplicable la causal de improcedencia prevista por el artículo 73 fracción XIV de la Ley de Amparo, invocada por el Juez de Distrito al sobreseer el juicio de garantías, ya que además de reclamar la falta de emplazamiento al juicio de origen, también impugnó la del Juez responsable la orden de arresto que decretó en su contra.
Al respecto debe decirse, que aun y cuando el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento conjuntamente con la orden de arresto decretada en su contra en el juicio generador, ello no impidió que el quejoso hubiera intentado los medios de defensa ordinarios en contra del primero de dichos actos, máxime que en la especie la relación procesal entre actor y el referido quejoso, y ahora recurrente, se dio por lo menos desde el seis de julio del año en curso, fecha en que afirma tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra (foja dos).
En tales circunstancias, este Tribunal Colegiado estima correcta la actuación del Juez de Distrito a quo, al haber sobreseído en el juicio de garantías respecto del precitado acto reclamado, habida cuenta que el quejoso antes de promover el juicio constitucional debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, a fin de que, en el supuesto de que fuera procedente tal incidente, se declarara la nulidad de todo lo actuado; y en el supuesto de que la interlocutoria que llegara a dictarse, le fuera adversa a sus intereses, podría interponer el recurso de apelación, atento lo establecido en el artículo 1341 del Código de Comercio.
Por consiguiente, debe decirse que si el quejoso, ahora recurrente, tuvo a su alcance los medios de impugnación capaces de nulificar el precitado acto reclamado, y no los hizo valer previamente a la promoción del juicio de garantías, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, como correctamente lo consideró el Juez de Distrito, se surtió la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que obliga a decretar el sobreseimiento conforme al artículo 74 fracción III del propio ordenamiento legal. Por tanto resultan inaplicables las jurisprudencias invocadas por el recurrente y cuyos rubros dicen: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE." y "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDENCIA DEL AMPARO AUNQUE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS."; lo anterior, en razón de que el segundo de dichos criterios, se refiere que cuando se reclama el arresto, resulta incorrecto decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, so pretexto de que el quejoso no impugnó el auto en que se ordena hacer efectiva tal medida de apremio a través de los medios ordinarios de defensa a su alcance, pero no alude en absoluto a que cuando se reclame la falta de emplazamiento a un juicio ordinario en el que el quejoso sea parte y no se haya dictado sentencia, sea improcedente sobreseer; respecto del primer criterio jurisprudencial invocado, porque se refiere justamente a la procedencia del juicio de garantías, sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando, en el supuesto de que se hubiera dictado en el juicio natural, el fallo que causara ejecutoria, y el quejoso no hubiera tenido oportunidad de intervenir en tal controversia por falta de emplazamiento legal, cuestión ésta que no ocurre en la especie, pues de las constancias que obran en autos se advierte, que en el juicio generador, el recurrente es parte demandada y aún no se dicta sentencia ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por esta potestad federal, al resolver los juicios de amparo en revisión 141/88, 264/94, 421/94 y 424/94, que dice: "EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORDINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).-Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por otro lado, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esta manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiere podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en esta circunstancia sí procedería al amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley.".
Asimismo, el ahora recurrente aduce que resulta intrascendente e ilegal la exposición del Juez de Distrito, relativa a que respecto del arresto reclamado y su ejecución, advirtió de los autos del juicio natural que por acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, se apercibió al quejoso con imponerle un arresto en caso de que no entregara los bienes embargados al depositario nombrado en autos, que dicho acuerdo le fue notificado mediante instructivo el cuatro de abril posterior, y que ante su rebeldía se le hizo efectivo tal apercibimiento, por auto de doce de abril siguiente y se decretó en su contra el arresto que ahora combate, ya que los conceptos de violación que expresó concernientes a la falta de emplazamiento eran inatendibles, por haber sido decretado el sobreseimiento respecto de dicho acto; porque si uno de los actos que reclamó lo fue precisamente la falta de emplazamiento legal, y por ende la nulidad de las subsecuentes actuaciones realizadas en el juicio de origen, por ello, estima que el arresto reclamado no se consideró tal y como aparece probado en autos.
Al respecto debe decirse, en primer lugar, que no se estima intrascendente que el Juez constitucional haya reseñado los antecedentes del arresto reclamado, puesto que de esta forma, pudo apreciar con mayor claridad dicho acto, pues a más, tal exposición de antecedentes ningún agravio le causa. En segundo término, que el hecho de que haya considerado inatendibles los conceptos de violación que expresó el quejoso, tendientes a demostrar la violación de garantías que la falta de emplazamiento le causa; como bien lo determinó el Juez de Distrito a quo tales argumentos, dirigidos a combatir la falta de emplazamiento al juicio natural, no lo era dable examinarlos por haber decretado el sobreseimiento por cuanto a tal acto reclamado.
Ahora bien es inexacto, como sustancialmente lo esgrime el recurrente, que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla no deba aplicarse en forma supletoria al Código de Comercio, concretamente en tratándose de medidas de apremio. Ciertamente, carece de razón el referido inconforme, en razón de que en ninguno de los preceptos contenidos en el Código de Comercio, se encuentre disposición alguna, referente a las medidas de apremio que los jueces que conozcan de juicios mercantiles, puedan utilizar con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones; de ahí, que atento lo establecido en la parte final del artículo 1054 del aludido código, sea correcta jurídicamente la aplicación del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, que precisamente prevé los diversos medios de apremio que los Jueces pueden emplear a fin de que sus determinaciones se cumplan, advirtiéndose en la fracción III de dicho dispositivo, que el arresto hasta por diez días es uno de esos medios.
Finalmente, si bien es cierto, como lo alega el recurrente, que de los autos del juicio de origen, no se advierte que se haya sometido a la comparecencia de los tribunales del fuero común de esta entidad federativa para contender en el juicio ejecutivo mercantil generador, a diferencia de lo que sostuvo el Juez de amparo; empero, tal argumento, aunque fundado, resulta inoperante en virtud de que, no es la única consideración en que se sustenta la negativa del amparo, de suerte que al no destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito, el agravio en comento es ineficaz para revocar o modificar el fallo recurrido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 65 de este cuerpo colegiado que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISION DEBEN ATACAR LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.".
En las condiciones anotadas, lo único procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por FAUSTO RAMIREZ PEREZ, contra actos del diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad de Puebla, consistentes en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 866/92, promovido por Tirso de la Torre Sánchez por su representación, en contra del referido quejoso y otro, y el embargo trabado sobre bienes de su propiedad.
TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a FAUSTO RAMIREZ PEREZ, contra actos de la Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad de Puebla, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial ambos de esta entidad federativa, consistentes en la orden de arresto que dicha Juez decretó en su contra en el juicio ejecutivo mercantil número 866/92, promovido por el Tirso de la Torre Sánchez por su representación; y la ejecución de la misma.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta y Humberto Cabrera Vázquez, siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2266-a46318d1/emplazamiento-senalado-como-acto-reclamado-sobreseimiento-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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