EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMUN.
AMPARO EN REVISION 368/93. FILIBERTO RAMIREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son esencialmente fundados los agravios hechos valer y además, este Tribunal Colegiado considera estar en la obligación de suplir su deficiencia en un aspecto que no es suficientemente combatido por ellos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.
De la lectura del escrito de revisión se advierte que los ahora inconformes formulan como argumento toral, que la negativa de la protección constitucional les agravia, pues contrariamente a lo apreciado por el Juez de Distrito a quo, de las constancias del juicio natural que remitió la autoridad responsable, se evidencia que el emplazamiento es violatorio de sus garantías individuales, por no haberse sujetado a lo dispuesto por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de este último ordenamiento, lo que motivó que no estuvieran en condiciones de comparecer a juicio.
Al respecto, asiste razón a los hoy recurrentes, aunque para poner de manifiesto la certeza de sus argumentaciones sea necesario suplirlas en su deficiencia, suplencia que en el caso autoriza el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo en tanto lo reclamado en el juicio de garantías de que se trata es una defectuosa práctica del emplazamiento al juicio natural, violación que en realidad resulta fundada y que por su gravedad produce un completo estado de indefensión para los demandados (quejosos), al imposibilitarles el poder deducir sus derechos en juicio; de ahí que el en caso se actualice plenamente la hipótesis que prevé la disposición legal invocada como sustento de la aludida suplencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 91 de este Tribunal Colegiado, que dice: "EMPLAZAMIENTO FALTA DE. SUPLENCIA DE LA QUEJA.-El Tribunal Colegiado debe suplir la deficiencia de los agravios en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, cuando se trata de la falta de emplazamiento en o su práctica defectuosa pues esto constituye una grave violación que produce un completo estado de indefensión para el demandado, al imposibilitarse el poder deducir sus derechos en juicio.".
En efecto, de la demanda de garantías se aprecia que en vía constitucional se reclama todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil tramitado en el expediente número 1042/991, del Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad de Puebla, reclamación que se sustenta en una defectuosa práctica del emplazamiento.
Ahora bien, de la copia fotostática certificada de las constancias del juicio del que emanan los actos reclamados, que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal del Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. de esta legislación, se advierte que Enrique González Sosa y Vicente López Huerta, en su carácter de endosatarios en procuración de Arturo Enríquez García, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Filiberto Ramírez Cerón y María Elena Avelardes de Ramírez, reclamándoles el pago de un millón de pesos como suerte principal, más intereses moratorios y gastos y costas del juicio, constando que ese procedimiento se siguió por todas sus etapas hasta dictar sentencia que causó estado, encontrándose actualmente en la instancia de remate del inmueble embargado, esto sin la intervención de los demandados; apareciendo que las diligencias de emplazamiento son del tenor siguiente: "EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EL SUSCRITO MILAN MALDONADO CISNEROS, DILIGENCIARIO ADSCRITO AL HONORABLE JUZGADO DE LO CIVIL DE LOS DE ESTA CAPITAL, ASOCIADO DE LA PARTE ACTORA SEÑOR(A) ENRIQUE GONZALEZ SOSA POR SU REPRESENTACION, ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS CASA MARCADA CON EL NUMERO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE DE LA PRIVADA DIECINUEVE NORTE DE ESTA CIUDAD Y CERCIORADO PLENAMENTE DE SER ESTE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO SEÑOR (A) FILIBERTO RAMIREZ CERON Y MARIA ELENA AVELARDES DE RAMIREZ POR ASI COINCIDIR EL NUMERO OFICIAL Y POR MANIFESTARLO TAMBIEN LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE MARIA ISABEL ROMERO DE PEREZ Y SER FAMILIAR (HIJA) DEL DEMANDADO Y PERSONA QUE NO SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS, POR LO CUAL PROCEDO A DEJARLE CITATORIO PARA QUE SE SIRVA ESPERAR AL SUSCRITO EN ESTE SU DOMICILIO A LAS TRECE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA LA PRACTICA DE UNA DILIGENCIA DE CARACTER JUDICIAL, CITATORIO QUE SE DEJA EN PODER DE MARIA ISABEL ROMERO DE PEREZ, QUIEN MANIFIESTA QUEDAR DEBIDAMENTE ENTENDIO Y QUE TAN LUEGO LLEGUE EL SEÑOR FILIBERTO RAMIREZ CERON Y MARIA ELENA AVELARDES DE RAMIREZ SE LO HARA SABER. CON LO QUE DOY POR TERMINADO ESTE CITATORIO Y LLEVANDO ESTA ACTA PARA CONSTANCIA Y MISMO QUE SE FIRMA POR LA PARTE ACTORA Y POR EL SUSCRITO DILIGENCIARIO Y NO ASI POR LA PERSONA QUE RECIBIO EL PRESENTE CITATORIO LA QUE SE NEGO A FIRMAR DE RECIBIDO. DOY FE.-EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA SIENDO LAS TRECE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EL SUSCRITO DILIGENCIARIO MILAN MALDONADO CISNEROS, ADSCRITO AL HONORABLE JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE LOS DE ESTA CAPITAL, ASOCIADO DE LA PARTE ACTORA SEÑOR (A) ENRIQUE GONZALEZ SOSA POR SU REPRESENTACION ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, CASA MARCADA CON EL NUMERO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE DE LA PRIVADA DIECINUEVE NORTE DE ESTA CIUDAD Y CERCIORADO PLENAMENTE DE SER ESTE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO SEÑOR (A) FILIBERTO RAMIREZ CERON Y MARIA ELENA AVELARDES DE RAMIREZ POR ASI COINCIDIR EL NUMERO OFICIAL Y TAMBIEN POR ASI HABERLO MANIFESTADO LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE MARIA ELENA ROMERO DE PEREZ Y SER FAMILIAR (HIJA) DEL DEMANDADO PERSONA QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE NO OBSTANTE ESTAR CITADO CONFORME LA LEY, POR LO QUE PROCEDO A ENTENDER LA DILIGENCIA CON MARIA ELENA ROMERO DE PEREZ MISMA PERSONA A QUIEN LE HAGO SABER LE MOTIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA, NOTIFICANDOLE AL DEMANDADO POR SU CONDUCTO Y MEDIANTE INSTRUCTIVO LA RESOLUCION QUE ANTECEDE DE FECHA SIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO DE LO CUAL MANIFIESTA QUEDAR DEBIDAMENTE ENTENDIDO (A). REQUERIDO OYE EN ESTE MOMENTO Y A NOMBRE DEL DEMANDADO, HAGA A LA PARTE ACTORA PAGO DE LA CANTIDAD DE: UN MILLON DE PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL IMPORTE DE LO RECLAMADO EN LA PRESENTE PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE EMBARGO, A LO QUE DIJO: QUE ELLA DESCONOCE TOTALMENTE LOS ASUNTOS DE SUS PADRES Y NO PAGA POR NO TENER NADA REQUERIDO (A) NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE BIENES SUFICIENTES DE SU PROPIEDAD EN LOS CUALES SE TRABE FORMAL EMBARGO Y EJECUCION, SUFICIENTES GARANTIAS LA CANTIDAD QUE SE LE RECLAMA, ADVERTIDO (A) QUE EN CASO NO HACERLO, LE SERA TRASLADADO ESTE DERECHO A LA PARTE ACTORA, A LO QUE DIJO: QUE ELLA NO PUEDE SEÑALAR NADA. TRASLADO ESTE DERECHO A PARTE ACTORA, QUIEN DIJO QUE TODA VEZ LA DEMANDADA NO SEÑAL NADA, SEÑALA PARA QUE SE TRABE FORMAL EMBARGO Y EJECUCION SOBRE LA PARTE RAIZ Y CONSTRUCCIONES POR LO QUE RESPECTA A FILIBERTO RAMIREZ CERON LA CASA UBICADA EN LA PRIVADA DE LA DIECINUEVE NORTE NUMERO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE, CON NUMERO DE PREDIO 58486 (CINCO, OCHO, CUATRO, OCHO , SEIS), TOMO 288 (DOS, OCHO, OCHO) A FOJA 157 (UNO, CINCO, SIETE) VUELTA, LIBRO UNO DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1974, REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD Y POR LO QUE RESPECTA MARIA ELENA AVELARDES DE RAMIREZ, EL MISMO BIEN YA SEÑALADO Y DESCRITO RESPECTO DEL CINCUENTA POR CIENTO QUE LE CORRESPONDE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE TIENE FORMADA CON EL SEÑOR FILIBERTO RAMIREZ CERON DE LA QUE FORMA PARTE LE INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE TRABA EL PRESENTE EMBARGO BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE USO Y CONSERVACION Y LE DESIGNA COMO DEPOSITARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS AL SEÑOR, QUIEN ESTANDO PRESENTE SE IDENTIFICA CON UNA EXPEDIDA POR, EN SEGUIDA SE LE DEVUELVE, MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTA A SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES COMO PARA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES, EL. EN SEGUIDA EL SUSCRITO DILIGENCIARIO DIJO: ES DE TRABARSE Y SE TRABA FORMAL EMBARGO SOBRE LOS MISMOS QUE SE TIENEN A LA VISTA EN TANTO CUANTO BASTEN A CUBRIR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y SE TIENE COMO DEPOSITARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS AL SEÑOR QUIEN EN VISTA DE SU ACEPTACION Y PROTESTA LE DISCIERNE COMO DICHO CARGO, HACIENDOLE SABER DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS DEPOSITARIOS INFIELES, TENIENDOSE POR SEÑALADO EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y PARA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES EMBARGADOS YA INDICADO CON ANTERIORIDAD Y SE HACE CONSTAR QUE: ASIMISMO ES DE TRABARSE Y SE TRABA FORMAL EMBARGO Y EJECUCION SOBRE LA PARTE RAIZ Y CONSTRUCCIONES DEL INMUEBLE YA SEÑALADO Y DESCRITO, HASTA EN TANTO CUANTO BASTEN A CUBRIR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS, SOLICITANDO DESDE ESTE MOMENTO SE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS POR EL DUPLICADO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS, ACTO SEGUIDO PROCEDO A EMBARGAR AL DEMANDO (S) PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS SE PRESENTE AL JUZGADO DE ESTOS AUTOS A CONTESTAR LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA O A OPONERSE A LA EJECUCION EN TERMINOS DE LEY, MANIFESTANDO LA PERSONA QUE CON LA QUE SE ENTENDIO ESTA DILIGENCIA QUEDAR DEBIDAMENTE ENTERADO Y QUE ASI LO HARA SABER AL DEMANDADO (S) EN ESTE JUICIO Y PERSONA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD EL TRASLADO QUE SE LE CORRE, COMPUESTA DE SEIS FOJAS UTILIZADAS. CON LO QUE TERMINO ESTA DILIGENCIA Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA Y QUE SE FIRMA POR LA PARTE ACTORA SEÑOR ENRIQUE GONZALEZ SOSA POR SU REPRESENTACION DEPOSITARIO NOMBRADO EN AUTOS, SEÑOR Y POR EL SUSCRITO DILIGENCIARIO Y NO ASI POR MARIA ISABEL ROMERO DE PEREZ PORQUE SE NEGO A FIRMAR. DOY FE.".
De la anterior transcripción se aprecia, esencialmente, que a las ocho horas del día diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el diligenciario responsable se constituyó por primera vez en el lugar señalado por la parte actora como domicilio de los demandados, y al no encontrarlos les dejó citatorio con la persona que estaba en ese lugar, para que lo esperaran a las trece horas del mismo diecinueve de septiembre, presentándose nuevamente en el domicilio a la hora indicada y al no encontrar a los demandados, primero requirió de pago a la persona que localizó en el lugar, María Isabel Romero de Pérez, no pagando ésta, ni señalando bienes para garantizar el adeudo, trasladó el derecho de señalar bienes a la parte demandante, la que señaló el predio de los demandados, respecto del que se trabó embargo, luego procedió a entender la citación a juicio con la referida Romero de Pérez.
La actuación precisada resulta violatoria del artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, cuya aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de este último ordenamiento legal se justifica, atendiendo a que la comparación de las normas del derecho común con las del código mercantil demuestre que, en tratándose de notificación de la demanda en juicios ejecutivos mercantiles, como el de que se trata, deben aplicarse las del derecho local común, por ser omiso el de comercio en las formalidades que deben observarse en materia de notificación de la demanda, en efecto, estas formalidades es necesario observarlas en los juicios ejecutivos mercantiles a fin de que la parte demandada tenga pleno conocimiento de la persona o personas que lo demandan, que es lo que se le reclama el emplazamiento, esto con la finalidad de que no se viole la garantía de audiencia que establece el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis sustentada por este cuerpo colegiado al fallar los amparo en revisión números 169/988, 29/990, 5/991 y 488/991, que dice: "-La comparación de las normas del derecho común con las del Código de Comercio demuestra que, en tratándose de notificación de la demanda en los juicios ejecutivos mercantiles, debe aplicarse las del derecho local común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en materia de notificación de la demanda. En efecto, estas formalidades es necesario observarlas en los juicios ejecutivos mercantiles, a fin de que el demandado tenga pleno conocimiento de quién lo demanda, qué se le demanda y qué tribunal ordenó el emplazamiento, para que no se viole la garantía de.".
La referida violación dimana de que el diligenciario responsable dejó citatorio a los demandados (ahora inconforme), para que lo esperaran a diversa hora pero del mismo día en que se constituyó por primera vez en su domicilio, de ahí que resulta que pasó inadvertido lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que como se ha dicho, es en el caso aplicable supletoriamente al Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de este ordenamiento legal, pues según este precepto de la legislación local, en caso de que no sea localizado el demandado a la primera búsqueda, se le citará para hora fija del día siguiente; de lo que se colige que como bien se alega, el emplazamiento reclamado no reúne los requisitos de ley por lo que indudablemente se viola en perjuicio de los quejosos la garantía de audiencia prevista por el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal; siendo pertinente agregar que, de la disposición legal violada se evidencia que el espíritu del legislador al establecer que el citatorio sea para hora fija del día siguiente a la diligencia respectiva, es el de que el citado tenga la oportunidad de conocer plenamente el citatorio y organizar sus actividades para poder esperar al diligenciario, de otra manera, si el citatorio fuera para determinada hora del mismo día de la primera búsqueda, podría suceder, incluso, que le interesado ni siquiera llegara el mismo día a su domicilio y por ende no se enterara del citatorio, por ello, debe entenderse que esa formalidad prevista para la citación atañe a la seguridad de que el interesado se entere de la cita y pueda estar presente el día y hora fijados. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis sustentada por este tribunal al fallar el juicio de amparo en revisión número 578/992, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIO. ILEGALIDAD DEL.-Si de autos se advierte que el diligenciario responsable dejó citatorio para que los demandados, ahora quejosos, lo esperaran el mismo día en que se constituyó por primera vez en su domicilio, de ahí resulta que pasó por alto lo preceptuado por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su numeral 1054, según el cual, en caso de que no sea localizado el demandado a la primera búsqueda, se le citará para hora fija del día siguiente; por lo cual el emplazamiento impugnado no reúne los requisitos de ley, violándose por ello la garantía de audiencia en perjuicio de los quejosos.".
Las consideraciones que anteceden de las que aparece que en el juicio del que emanan los actos reclamados se violó la garantía de audiencia de los quejosos, conducen a revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que este Tribunal Colegiado se ocupe de estudiar los demás agravios aducidos, pues lo expuesto basta para demostrar la ilegalidad del fallo recurrido y la conculcación de garantías por los actos reclamados, por lo que a nada práctico conduciría analizar los restantes agravios.
Debe señalarse que la concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, toda vez que en contra de ellos no se hicieron valer vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la que en concepto de los quejosos adolecen los actos de las otras autoridades responsables y si ya se dijo que éstos son violatorios de garantías individuales, debe decirse lo propio en relación con aquéllos. Tiene aplicación la jurisprudencia número 62, de este cuerpo colegiado que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.".
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90, y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a FILIBERTO RAMIREZ CERON y a MARIA ELENA AVELARDES DE RAMIREZ, contra los actos que reclaman del Juez Octavo de lo Civil, diligenciario encargado de los expedientes pares de ese juzgado y Registrador Público de la Propiedad, todos de esta ciudad de Puebla, mismos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo; envíese copia simple autorizada de la misma para la autoridad responsable ordenadora y en su oportunidad archívese el toca.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el tercero de los mencionados, quienes firman, con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6311-8af6b7f9/emplazamiento-en-juicios-mercantiles-deben-aplicarse-las-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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