AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI SE OBJETA ALGUN DOCUMENTO DE FALSO EN LA. DEBE SUSPENDERSE PARA CONTINUARLA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES PRESENTANDO PRUEBAS Y CONTRAPRUEBAS DE LA OBJECION Y EN ESE TERMINO DEBERA DICTARSE EL FALLO CORRESPONDIENTE.
AMPARO EN REVISION 682/95. FRANCISCO RAMOS GARCIA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Los agravios formulados por Francisco Ramos García, son infundados.
En efecto, y dada la íntima relación que existe en los dos primeros agravios hechos valer por el solicitante del juicio de garantías, este Tribunal Colegiado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede a examinarlos en su conjunto, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
Alega el quejoso-recurrente, que le causa agravios la resolución de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, toda vez que el Juez de Distrito no da cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 153 y 155 de la Ley de Amparo, pues en primer lugar la sentencia (impugnada) la realiza en dos secciones, en dos partes, un doble resultando y un doble considerando, sin dictar en la primera parte los puntos resolutivos; en segundo lugar, realiza una separación de la objeción de documentos y desahogo de pruebas y dicta la sentencia, lo que considera antijurídico, siendo que, lo correcto hubiese sido, que en el cuerpo de la sentencia analizara la objeción de los documentos y las pruebas relativas a la objeción, por cuyo motivo la considera violatoria de los artículos mencionados.
De igual manera, le causa agravio la resolución del a quo, ya que éste en su auto de fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, difiere la audiencia constitucional (no suspende) para el veintitrés de agosto del año próximo pasado, sin haberle notificado a las partes y la lleva a cabo hasta el día seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, violando con ello la disposición contenida en el artículo 153 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Las anteriores alegaciones, resultan infundadas por las razones siguientes:
Efectivamente, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, el Juez de Distrito, emitió un auto en el cual para dar cumplimiento a la ejecutoria de este Tribunal Colegiado, difirió la audiencia constitucional señalada para esa fecha y se señaló de nueva cuenta para su celebración las once horas del día veintitrés de agosto de ese año, acuerdo que le fue notificado a las autoridades responsables por medio de los oficios números 11613 y 11614, y al hoy recurrente, de manera personal según constancias que aparecen a fojas 414 y 415 del juicio de amparo que se analiza, cumpliendo con ello con lo dispuesto por el artículo 28, fracciones I y II, de la Ley de Amparo.
Ahora bien, ningún agravio le causa al quejoso-recurrente el hecho de que el Juez de Distrito haya emitido en la continuación de la audiencia constitucional un resultando, un considerando sin haber emitido los puntos resolutivos y en la sentencia también un resultando, un considerando, y los puntos resolutivos, supuesto que, el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco, fecha señalada para la audiencia constitucional, el a quo, correctamente dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 153 y 155 de la ley de la materia, pues, al haberse objetado de falsos los documentos que aparecen a fojas 54, 55 y 94, del juicio de garantías, por la autoridad responsable (delegado de Tránsito del Estado en la ciudad de Tapachula, Chiapas) atinadamente suspendió la audiencia constitucional para continuarla dentro de los diez días siguientes, es decir el día seis de septiembre de ese año, suspensión que aparece notificada a las partes en términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, por ello, cabe precisar, que en dicha audiencia se presentaron las pruebas y contrapruebas de la autenticidad de los documentos referidos; y hecho lo anterior, es evidente que en la misma audiencia y no en otra, como acertadamente aparece, se procedió a dictar el fallo que en derecho correspondió. De ahí que resulten infundadas las alegaciones que giran en torno a ese aspecto.
En estos términos se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 343/91, cuya tesis se encuentra publicada en la página 399, del Tomo IX, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, que dice:
"- De conformidad con el artículo 155 de la Ley de Amparo, una vez abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; y el numeral 153 de la ley de la materia, establece que al objetarse de falso algún documento, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, por ello, cabe precisar, que en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas de la autenticidad del documento; hecho lo anterior, es evidente que en la misma audiencia y no en otra, procede dictar el fallo que en derecho corresponda."
Tocante a lo alegado en el tercer punto de inconformidad, debe decirse que ningún agravio le causa al impetrante de garantías, el hecho que el a quo le haya otorgado valor probatorio al dictamen pericial en grafoscopía rendido por el perito designado por el propio juzgado Sergio García Vidaurri, supuesto que el artículo 151 de la ley de la materia, establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y como en la especie, el dictamen que obra a fojas 364 a 373 del juicio de garantías, se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente de mérito y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio.
Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 403, publicada en la página 270 y siguiente del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice:
"PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA.- El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y como en la especie, el dictamen del perito se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio."
A mayor abundamiento, obra en el juicio de garantías, un escrito firmado por Hernán Velázquez Velasco (foja 87) por el que manifiesta no haber firmado ningún mandamiento de ejecución donde se ordena la detención de vehículos y privar de la libertad a diversas personas, lo que evidencia aún más el criterio del perito y lo acertado del valor probatorio que le dio el Juez de Distrito a su dictamen.
Por último, debe decirse también que, ningún agravio le causa al impetrante de garantías, el hecho de que se hayan objetado documentos que no tenían relación con el juicio constitucional, supuesto que el aspecto toral de la objeción quedó definido al haberse emitido opinión en el sentido de que la firma que calza el documento que el hoy recurrente dijo ser mandamiento de ejecución de fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, que contiene al parecer órdenes de impedir o prohibir la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de "taxi" y de privarlo de documentos públicos y privados relativos a concesiones y permisos y, privarlo de la libertad, entre otros, al aquí recurrente, no corresponde por su ejecución al puño y letra de Hernán Velasco Velázquez (sic) y por tal motivo se trata de firma falsa.
Así las cosas, y no advirtiéndose queja deficiente que suplir, lo procedente es confirmar el fallo recurrido.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 90 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por Francisco Ramos García, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Francisco A. Velasco Santiago, Angel Suárez Torres y Roberto Avendaño, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3749-57d61aae/audiencia-constitucional-si-se-objeta-algun-documento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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