PRUEBA TESTIMONIAL. INTERROGATORIO SUGERENTE.
AMPARO EN REVISION 66/93. IGNACIO ALFREDO GARCIA HERNANDEZ.
CONSIDERANDO:
III. Los agravios propuestos en primero y segundo término son infundados, el último en el orden resulta fundado, pero a la postre inoperante.
En efecto, no atenta contra el principio de congruencia y por ende, no reporta perjuicio al recurrente, el hecho de que la sentencia no haga relación de sus alegatos ya que la normatividad que regula la tramitación del juicio, no contiene disposición que obligue al juzgador en ese sentido y, de acuerdo con los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo, sólo le impone la exigencia de examinar los conceptos de violación, frente a los fundamentos del acto reclamado y las razones aducidas en el informe con justificación, tal y como se reconoce en la tesis de jurisprudencia 134 publicada en la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 222, bajo la voz: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo".
Contra la estimación de García Hernández, la valoración de la prueba testimonial no resultó contraria a la ley y si bien es verdad que el cuestionario, al tenor del cual se desarrolló el interrogatorio es inductivo y sugiere las respuestas, ya que describe pormenorizadamente las características de los bienes embargados, los testigos no sólo se concretaron a reconocer que dichos bienes se encontraban en posesión del quejoso y las circunstancias en que se percataron de ese hecho, sino que aunado a ello, el autorizado del tercero perjudicado, al intervenir en la etapa de repreguntas, no logró que incurrieran en imprecisiones o contradicciones y ambos sostuvieron su versión coincidiendo en lo esencial, de ahí que, en el caso no tiene aplicación la tesis que invoca el recurrente, por que, se insiste, los testigos no se limitaron a responder al interrogatorio, sino que también contestaron las repreguntas, en la forma señalada. Aunado a esa circunstancia, el Juez de Distrito quedó en aptitud de apreciar el valor de la prueba en uso del arbitrio que le confiere el artículo 515 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, precepto que únicamente le obliga a considerar las circunstancias personales de los testigos, a fin de cerciorarse que sean capaces e imparciales y las condiciones en que declaren, es decir, si convinieron en lo esencial, afirmando haber tenido conocimiento directo de los hechos, se expresaron con claridad y no actuaron obligados o víctimas de engaño, error o soborno. A mayor abundamiento, al expresar la razón de su dicho ambos declarantes afirmaron que sostienen relaciones de tipo comercial con el quejoso, las cuales se remontan a más de veinte años, lo que les ha permitido convivir y conocer el mobiliario que integra el menaje de casa, del que forman parte los muebles embargados y esas circunstancias de hecho que hacen verosímil su declaración, puesto que posibilitan el conocimiento de los bienes y la posesión que respecto de ellos ejercía el quejoso, no aparece desvirtuada por otros elementos que le resten credibilidad. Sobre el particular este tribunal se remite a las razones que sostuvo en la tesis 24, que fue publicada en el Tomo IV Segunda Parte-2, correspondiente a la Octava Epoca, página 756, cuyo texto es el siguiente: "Este colegiado no se imagina siquiera cómo pudiera formularse un interrogatorio sin señalar los hechos objeto de la probanza, ya que, en efecto, si el oferente estuviera imposibilitado para encauzar las contestaciones, se llegaría al absurdo de que al presentar a los testigos sólo pudiera decirles "diga usted lo que sepa con relación a este juicio"; sólo así no detallaría los hechos. Dicho de otra forma, el oferente de una testimonial jamás puede escaparse de dirigir al testigo en cuanto a lo que quiera que responda; forzosa e ineludiblemente tiene que exponerle en la pregunta lo que desea declare. Así las cosas, se considera que lo importante a fin de cuentas no es la forma como se formulen las preguntas, sino las razones que dé el testigo acerca de por qué le consta lo que expone, con independencia, claro está, de las tachas que hubiera admitido o se hayan justificado. La sola circunstancia, pues, de que los testigos declaren al tenor de un interrogatorio sugerente, no basta para quitar valor probatorio a sus declaraciones, si en éstas concurren los requisitos exigidos por la ley para otorgarles eficacia demostrativa".
Conforme a lo anterior y dado que en el justiciable no se probó que los testigos se encontraran inhabilitados a la luz de las disposiciones previamente citadas su dicho se apreció, adminiculado con los documentos privados, consistentes en las facturas de adquisición de los bienes objeto del aseguramiento, cuya objeción no se justificó por las razones que se expondrán posteriormente, y por tanto no puede afirmarse que el juzgador federal hubiese incurrido en una infracción manifiesta de las leyes que regulan la prueba, al tener por demostrada la posesión que ejercía el quejoso.
El último agravio es fundado, en la medida que el sentenciador soslayó la documental, ofrecida por el hoy recurrente, con el fin de justificar su objeción a las facturas de adquisición de los bienes, y la sentencia, en su parte considerativa, es omisa en referirse a la trascendencia que reviste dicha prueba. No obstante el agravio se torna inoperante, teniendo en cuenta que se trata de un oficio suscrito por el Administrador de la Aduana de Guadalajara, a requerimiento expreso del oferente, que sólo contiene información sobre la existencia de diversas autorizaciones, que permiten la importación de artículos electrónicos y de uso doméstico, con características similares a los que fueron objeto del embargo, pero ese documento es inconducente para demostrar la falsedad de las facturas, de las cuales se encuentra desvinculado y sólo es apto para poner en conocimiento del tribunal los requisitos bajo los cuales debía efectuarse la importación de esos bienes, pero ello no implica que la negociación vendedora no los tuviese en existencia y que materialmente estuviese impedida para enajenarlos, puesto que ello pudo acontecer, aun careciendo de la autorización correspondiente, de ahí que la falta de apreciación del informe no constituye una violación a las leyes del procedimiento, ya que la omisión no trascendió al resultado del fallo. Sobre el particular y en lo conducente resultan atendibles las razones que informan la tesis de jurisprudencia 1472, de la citada publicación, página 2343, bajo la voz: "PRUEBA, DESECHAMIENTO DE. TRATANDOSE DE LA QUE NO INFLUIRA EN EL SENTIDO DEL FALLO, NO CAUSA AGRAVIO. La resolución del Juez de Distrito que niega la admisión de prueba que no trasciende al resultado del fallo, no causa agravio a la parte que la ofrece; por otra parte, esa falta de influencia convierte en ocioso decretar la reposición del procedimiento del juicio para el solo efecto de que la prueba sea admitida".
De lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión de que el juzgador primario no infringió las reglas de valoración de las pruebas, puesto que el valor presuntivo de las facturas, robustecido con el dicho de los testigos, efectivamente es apto y suficiente para justificar la posesión que ejercía el quejoso, en relación a los objetos embargados y sólo perdería fuerza de haberse demostrado alguna objeción formal de los documentos lo cual no aconteció. En concordancia con lo anterior, los agravios no demuestran las infracciones atribuidas al juzgador federal y de ahí que lo procedente sea confirmar la sentencia en todos sus términos.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
UNICO.-Se confirma la sentencia autorizada por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado, encargado del despacho por Ministerio de Ley en el amparo 424/92, cuyo punto resolutivo dice: "Unico. La Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel Mariscal Sandoval contra actos que reclama al Juez Décimo Séptimo de lo Civil y su Secretario Ejecutor adscrito en Tonalá, Jalisco, mismos que quedaron especificados en el resultando primero de esta resolución".
Notifíquese; Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: María de los Angeles E. Chavira Martínez, Jorge Figueroa Cacho y el secretario licenciado Jorge Quezada Mendoza, a quien le fue concedida autorización para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, por acuerdo del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y tres, siendo ponente la primera de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/857-a02deb49/prueba-testimonial-interrogatorio-sugerente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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