CERTIFICACIONES DE VECINDAD. LOS SECRETARIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLAS.
AMPARO EN REVISION 137/94. FRANCISCO AGUILAR GUTIERREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son ineficaces los anteriores agravios, atentas las consideraciones siguientes:
En efecto, es inexacto que los recibos correspondientes al pago de impuesto predial y constancias expedidas, respectivamente, por la Tesorería Municipal, responsable de la Oficina de Urbanística Municipal y Administrador del Sistema de Agua de Tepalcatepec, Michoacán, sean bastantes y suficientes para justificar el interés jurídico del quejoso, aquí recurrente, atento a que los primeros, o sea recibos de pago, además de que aparecen a nombre de María Salud Martínez Arias y no de él, como bien lo señaló el Juez de amparo, los mismos sólo demuestran que se cubrió el tributo al Fisco Municipal respecto del inmueble ubicado en el número 112 de la calle Niños Héroes de la citada población, por los años de su expedición, resultando al caso aplicables por compartirlos este Tribunal Colegiado, las tesis invocadas en el fallo recurrido, de los rubros: "POSESION. NO SE JUSTIFICA CON BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL."; y, "POSESION DE UN INMUEBLE, RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON)."; mientras que las constancias señaladas, también como acertadamente lo determinó el Juez de amparo, carecen de valor probatorio, en virtud de que las personas que la suscribieron además de no tener facultades legales para expedir ese tipo de certificaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley Orgánica Municipal, 18 de la Ley para Regular la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y 67 de la Ley Orgánica Municipal para esta entidad federativa, pues mientras la primera, o sea el responsable de la Oficina Urbanística Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, expresa que el quejoso Francisco Aguilar Gutiérrez se encuentra en posesión desde hace más de quince años del predio aludido en el que inclusive precisa sus medidas y linderos, las dos restantes, es decir Sistema de Agua Potable y Tesorero Municipal de la misma población, precisan entre otras cosas que el citado recurrente, posee el bien inmueble desde hace dieciséis años, porque según él ha hecho el pago del servicio de agua y de los impuestos y cargos fiscales, empero ninguna de las tres autoridades indican la fuente de la que recabaron el dato sobre el que certifican ni en qué consistió la investigación que al respecto realizaron y tampoco acreditan que ese dato lo hubiesen tomado de expedientes, padrones o registros que obren previamente en el Ayuntamiento, resultando aplicable sobre el particular el criterio invocado por el Juez de Distrito en el fallo recurrido, del rubro: "CERTIFICACIONES OFICIALES. VALOR DE LAS.", así como el criterio sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión números 295/89, 276/92, 292/92 y 43/94, promovidos respectivamente por Luis Madrigal Aranza, Leonor Esther López Ortega, Ricardo Bolaños Vieyra y Miguel Núñez Chávez y coagraviados, el que por identidad jurídica sustancial tiene aplicación al caso, que a la letra dice:
"-Los secretarios de los Ayuntamientos del Estado de Michoacán, carecen de facultades legales para expedir certificaciones de vecindad, en virtud de que el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal de dicho Estado, que se refiere a las facultades y atribuciones, no los autoriza para extender esa clase de documentos, máxime si en ellos no precisan la fuente de la que recabaron el dato sobre el que certifican, ni en qué consistió la investigación que al respecto realizaron, y tampoco acreditan que ese dato lo hubiesen tomado de expedientes, padrones o registros que obren previamente en el Ayuntamiento", además de que como bien lo señala también el Juez a quo las dos últimas constancias expedidas por el Administrador del Sistema de Agua Potable y Tesorero Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, por contener antes de la firma las palabras "P.A.", conllevan a determinar que no fueron signadas por los servidores públicos en ellos precisadas, sino por otra persona; tiene aplicación sobre el particular por identidad jurídica sustancial el criterio sustentado por el más Alto Tribunal del país, en la tesis de jurisprudencia número 1824, consultable en la página dos mil novecientos cuarenta, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUB-PROCURADOR FISCAL. SU PERSONALIDAD PARA INTERPONER REVISION FISCAL (CUANDO LO HACE POR ACUERDO DEL PROCURADOR).-Con arreglo a lo que disponen los artículos 2o. de la ley que creó el recurso de revisión fiscal y 4o., fracción I, 5o. y 6o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el recurso de revisión fiscal únicamente lo puede hacer valer el Procurador Fiscal y, en ausencia de éste o por su acuerdo, el Subprocurador Fiscal. Ahora bien, si el oficio por el que interpuso el recurso está suscrito por el subprocurador fiscal, 'P.A.' del procurador fiscal de la Federación en esta forma no puede saberse con certeza si lo hizo 'por ausencia' o 'por acuerdo' del procurador, no obstante que, en acatamiento del citado artículo 5o., el subprocurador está obligado a precisar, en los oficios en que interponga el recurso de revisión a nombre de la Secretaría de Hacienda, si lo hace 'por ausencia' o bien 'por acuerdo' del procurador fiscal, y no habiendo procedido así en el caso, no puede tenerse por interpuesto el recurso que intentó, a nombre de la mencionada Secretaría de Hacienda, sino por su propia iniciativa, ya que, en estricto derecho, no es admisible que las autoridades, en estos casos, empleen términos dubitativos para expresar el carácter o la representación con que comparecen en juicio, dado que la contraparte tiene derecho de conocer tales circunstancias, a efecto de estar en aptitud de objetar el carácter, la personalidad o la representación de esas autoridades, y si el recurso lo propuso el subprocurador fiscal por propia determinación, lo cual es inaceptable, pues carece de facultades legales para hacerlo, debe desecharse por improcedente.", mismo que se aplica por identidad jurídica sustancial.
En lo concerniente a la justipreciación de la prueba testimonial desahogada en la audiencia constitucional, a cargo de Celia Arias Escamilla, Arnoldo Cobián Bautista y Elías Cervantes Maldonado, cabe decir al respecto que el juez de Distrito estuvo en lo correcto al desestimarla en lo referente a que: "... no es apta para demostrar la propiedad, de conformidad con el artículo 214 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la jurisprudencia número 1463, que bajo el rubro: 'PROPIEDAD PRUEBA DE LA.'", dado que el ofrecimiento de dicho medio de convicción contra lo aseverado por el quejoso, lo ofreció tanto para acreditar la propiedad como la posesión del inmueble a que se hace referencia en la demanda de garantías, según aparece de las preguntas marcadas con los números cuatro y cinco que a letra dicen: "Dirán los testigos si saben y les consta quién posee el predio urbano ubicado en la calle Doctor Miguel Silva esquina con la calle Niños Héroes número 112 de la población de Tepalcatepec, Michoacán del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán"; y, "Dirán los testigos si saben y les consta porqué motivo me encuentro en posesión del predio urbano ubicado en la calle Doctor Miguel Silva esquina con Niños Héroes número 112 de la población de Tepalcatepec, Michoacán, del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán", en la que los testigos coincidieron en señalar que quien la posee es Francisco Aguilar Gutiérrez por motivo de que el inmueble se lo compró a la señora Salud Martínez Arias, por lo que es dable concluir que el juez de Distrito con la determinación transcrita con antelación, no inobservó en perjuicio del quejoso las disposiciones legales y tesis de jurisprudencia que sobre el particular invocó.
Por lo demás, cabe indicar que el Juez a quo en el fallo recurrido desestimó la prueba testimonial de mérito en los términos siguientes: "...Además si Celia Arias Escamilla dijo que en una carbonería escuchó a Salud Martínez y al aquí quejoso cuando hablaban de la compraventa del inmueble, este último no narró esa circunstancia en su demanda, sino que dijo que la occisa le vendió porque estaba enferma, y por otra parte, la testigo no dijo cuándo tuvo lugar dicho acto, ni el precio en que se pactó la operación, de ahí que se dude, que en realidad le conste el evento sobre el que declaró; Arnoldo Cobián, al respecto sólo dijo que el quejoso posee el bien porque lo compró a Salud Martínez, pero tampoco indica la fecha de la operación, el lugar, ni si se enteró, por haber sido presencial o por otro medio; en tanto que Elías Cifuentes sólo dijo que se enteró por referencias de un tercero, esto es, que se trata de un testigo de oídas; al respecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial número 1339, que bajo el epígrafe: 'TESTIGOS APRECIACION DE SU DICHO.'...; en cuanto a que todos los testigos afirmaron que el quejoso vive en el inmueble, debe decirse que ninguno supo describir el mismo, esto es, su conformación interior y exterior, ni indicaron en concreto desde cuándo posee dicha casa, pues se concretaron a dar como razón de su dicho, la primera, que le iba a comprar carbón a Salud Martínez Arias y que ahí escuchó sobre la venta de la casa, que incluso ésta dejó de atenderla para tratar con Francisco lo referente al citado bien; el segundo dio como razón de su dicho, que desde que tiene uso de razón ha vivido en el domicilio que dijo en sus generales, que por ese motivo conoce el barrio y que ahí se crió; en tanto que el tercero adujo, que es vecino de Tepalcatepec, desde hace cuarenta y tres años y que escuchó comentarios diferentes sobre la operación realizada entre Salud Martínez y Francisco Aguilar, que fue presidente municipal de la citada población y que no se enteró que Francisco Aguilar tuviera problemas en relación a la posesión del bien. Además, no puede perderse de vista que el veinticinco de enero del presente año, cuando la titular y el secretario del Juzgado Municipal de Tepalcatepec, se constituyeron en el precitado bien raíz para entregarlo al representante del fisco del Estado encontraron en ese lugar a la señora Rocío Leal Magaña, no al quejoso, y que requirieron a aquélla para que entregara la casa y que a petición del fisco del Estado, se le concedieron cuarenta y cinco días para desocuparla (foja 179). Pero en el supuesto no demostrado de que el quejoso efectivamente ocupase dicha casa, no por ello se demuestra que sea poseedor a título de propietario, pues como no acreditó esta calidad, en todo caso, viene a ser un simple detentador del mismo, lo que no está protegido por el artículo 14 constitucional; sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito que bajo la voz: 'POSESION. LA DETENTACION DE UN INMUEBLE NO DEBE CONFUNDIRSE CON LA ...'".
Consideraciones éstas que deben quedar incólumes, para seguir rigiendo el sentido del fallo recurrido, en virtud de que el quejoso, aquí recurrente no vierte ningún argumento jurídico tendiente a rebatirlas, pues la sola manifestación de que no se valoró la prueba testimonial conforme a derecho inobservándose los lineamientos establecidos por la ley para su valoración, son insuficientes para que este Tribunal Colegiado resuelva sobre su legalidad o ilegalidad, sin que en el caso sea permitido suplir la deficiencia de la queja deficiente, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 76-bis de la Ley de Amparo; tienen aplicación sobre el particular las tesis de jurisprudencia números 104 y 105 visibles a foja ciento setenta y cinco y siguiente, de la Parte y Compilación Oficial invocados, del rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA."; y, "AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ESTAR EN RELACION DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.", razones por las que se estima que no se dejaron de observar en perjuicio del recurrente las tesis que en el caso invoca en los agravios a estudio.
Luego entonces, ante lo ineficaz de los agravios analizados, resulta evidente que al no acreditarse el hecho de la posesión que dice tener el quejoso respecto de la finca urbana cuyas medidas y linderos precisa en la demanda de garantías, ello se traduce en la falta de interés jurídico de su parte para promover el juicio constitucional; habida cuenta que no se demostró que el acto reclamado afecte real y objetivamente sus bienes jurídicos, surtiéndose por tanto, la causal de improcedencia en que se apoyó el Juez Federal para resolver el asunto en la forma en que lo hizo y deba sobreseerse el mismo, con apoyo en el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo.
En consecuencia, se impone confirmar en la materia la resolución recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el fallo en lo que fue materia de la revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto del acto de desposeimiento del bien inmueble que se precisa en la demanda de garantías por parte del Juez Segundo de lo Civil de Apatzingán, Michoacán, Juez y secretario del Juzgado Municipal de Tepalcatepec de esta misma entidad federativa.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro. Con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su precedencia y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primero Circuito, licenciados Raúl Murillo Delgado, Juan Díaz Ponce de León y Salvador Enrique Castillo Morales, habiendo sido ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2092-ee149406/certificaciones-de-vecindad-los-secretarios-de-los-ayuntamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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