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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DECLARE INFUNDADO EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, SI EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 178/94. · Registro digital (IUS): 523
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JORGE GIANNETTO FERNANDEZ Y OTRO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, , Pág. 300.

AMPARO EN REVISION 178/94. JORGE GIANNETTO FERNANDEZ Y OTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son infundados los agravios que expresan los recurrentes.

En principio, cabe advertir que el acto que se reclama y que dio al juicio correspondiente, como se señala, es el que deriva del proveído de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y tres que dictó el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Penal respecto a la solicitud de la cancelación de la orden de aprehensión girada en contra de los hoy quejosos en la averiguación 68/92.

En efecto, el primero de los agravios en el que se aduce que el Juez de amparo, al sobreseer en el juicio de garantías, aplicó indebidamente la fracción III del artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ante la negativa del área correspondiente de la Procuraduría General de la República, para que pidiera al Juez que la libró la cancelación de la orden de aprehensión girada en contra de los inconformes; por lo que, luego la solicitaron al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, con base en lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque según los solicitantes del amparo "en el caso nos encontramos ante un acto que atenta contra de la privación de nuestra libertad... (pues) si existe una orden de aprehensión vigente en nuestra contra, por ende, es incuestionable el riesgo de afectación en contra de nuestra libertad"; que si se solicitó la cancelación de la orden de captura por causas fundadas y motivadas, y ante la posibilidad de captura no puede existir término para la interposición de la demanda de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo.

Los argumentos que preceden resultan ineficaces, porque si bien el Juez Noveno de Distrito en Materia Penal de esta ciudad, por lo que hace al acto reclamado del director general de Control de Procesos, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio de garantías por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XII del numeral 73 del ordenamiento citado, o sea porque los quejosos consintieron tácitamente dicho acto al no promover el juicio de amparo dentro del término que les concede el artículo 21 de la misma ley y que los ahora recurrentes se concretaron a combatir sólo y en concreto el argumento del Juez constitucional; esa solicitud lógicamente es inconducente, pues en cuanto a lo que se refiere a los actos atribuidos al precitado director general de Control de Procesos, el juicio de garantías, del que deriva el recurso de revisión que ahora se analiza, no procede por actualizarse la causal que prevé la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el primero, fracción I de la legislación de la materia.

Efectivamente, la institución del Ministerio Público de la que forma parte el director general de Control de Procesos, tiene doble carácter: el de autoridad, cuando practica diligencias de investigación para integrar la averiguación previa y la de parte después de ejercitada la acción penal ante los Jueces; su carácter de autoridad termina, así, cuando el Representante Social ejercita la precitada acción penal para convertirse en parte del proceso; en estas condiciones, si en la especie, la institución del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de JORGE JOSE GIANNETTO FERNANDEZ y ARMANDO FEDERICO GUSTAVO SUAREZ GONZALEZ por su presunta responsabilidad, entre otros, del delito de defraudación fiscal, por el que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal giró orden de aprehensión en su contra, es incuestionable que el director general de Control de Procesos, al negarse a solicitar la cancelación de dicha orden de captura, sólo pudo actuar como parte en el procedimiento penal pero no como autoridad; razón por la cual en ese supuesto, el juicio de amparo resultaba improcedente contra sus actos de acuerdo con lo establecido por la fracción I del artículo 103 de la Constitución General de la República, en relación con el 1o., fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, puesto que tal juicio de garantías como se dice, sólo procede contra actos de autoridad que no es ya el caso; en consecuencia, y por tratarse del director de Control de Procesos el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa que prevé la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 1o., fracción I de la Ley de Amparo.

Cabe citar en apoyo de esta determinación, la Jurisprudencia número 1167, consultable en la página 1877 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Séptima Tesis relacionada, cuyo texto dicen: "MINISTERIO PUBLICO.-Cuando ejercita la acción penal en un proceso, tiene el carácter de parte y no de autoridad y, por lo mismo, contra sus actos, en tales casos, es improcedente el juicio de garantías, y por la misma razón, cuando se niega a ejercer la acción penal. Las facultades del Ministerio Público no son discrecionales, puesto que debe obrar de modo justificado y no arbitrario, y el sistema legal que garantice a la sociedad el recto ejercicio de las funciones de esa institución, puede consistir en la organización de la misma, y en los medios de exigirle la responsabilidad consiguiente, y si los vacíos de la legislación lo impiden, esto no es motivo para que se viole lo mandado por el artículo 21 constitucional" y "MINISTERIO PUBLICO, AMPARO CONTRA SUS ACTOS.-El agente del Ministerio Público y el procurador general de Justicia señalados como responsables, no obraron como autoridades, sino como partes, al desistirse de la acción penal, por lo que contra tal acto que de ellos se reclama, es improcedente el amparo, en términos de las fracciones XVIII del artículo 73, en relación con la fracción I, del artículo 1o. de la Ley de Amparo, a contrario sensu, y es operante el sobreseimiento fundado en el artículo 74, fracción III, de la propia ley.".

En el segundo de los referidos agravios se expresa que el Juez de Distrito indebidamente sobreseyó en el juicio de garantías con fundamento en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque según dicha autoridad, "el auto emitido debió ser impugnado previamente mediante el recurso ordinario previsto por la ley adjetiva; o sea, que "se debió apelar (sic) el acuerdo original que constituye el acto reclamado", sin que señalara que precepto establece tal posibilidad, pues, según se dice, de la lectura de los artículos 363 al 391 del Código Federal de Procedimientos Penales no se advierte que el acto reclamado sea susceptible de apelación. Alegato de los inconformes que revela inconsistencia; en principio, porque el Juez constitucional al emitir la resolución que se revisa, nunca señaló que debió haberse "apelado" el acto que se reclama del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal; lo que razonó fue que "debió ser impugnado previamente mediante el recurso ordinario previsto por la ley adjetiva aplicable..."; pero independientemente de ello, y si en efecto no era apelable, en cambio si era impugnable al través del recurso de revocación que prevé el artículo 361 del ordenamiento citado; sin embargo al no agotar este recurso los inconformes, previamente a acudir al juicio de garantías, incumplieron el principio de definitividad que debió establecer la procedencia del juicio de amparo.

En otra parte del mismo concepto, se argumenta que tratándose de actos restrictivos de la libertad personal "no resulta menester acatar el citado principio de definitividad", porque en el caso "estamos solicitando el amparo en contra de una orden de aprehensión vigente en nuestra contra, (que) indudablemente se trata de un caso de restricción de la libertad personal...". Esa estimación va más allá de lo que constituye finalmente el acto que pretende reclamarse ya que no es verdad que lo que se impugna del Juez Primero de Distrito en Materia Penal, lo sea la orden de aprehensión, puesto que lo que se reclamó fue el acuerdo que negó la cancelación de la misma a que los ahora recurrentes se pusieran a disposición del Juez responsable en el Reclusorio Preventivo Norte para poder "deducir sus derechos"; o sea que el acto que verdaderamente afecta la libertad de los quejosos, es desde luego la orden de aprehensión y no ese acto judicial reclamado; por lo que estuvo en lo correcto el Juez del amparo al sobreseer en el juicio de garantías, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Ciertamente, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo lo es el de definitividad del acto reclamado, conforme a lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 107 constitucional que obliga al gobernado a que previamente al ejercicio de la acción de amparo agote los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, cuando el que se reclame se haya pronunciado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que se trate de los emitidos en el juicio o después de concluido éste. La inobservancia del referido principio rector del juicio de garantías, trae como consecuencia, entre otras, la improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la ley que rige la materia; sin embargo, existen dos excepciones al principio de definitividad: a) las legislativas a que alude el párrafo segundo de la fracción XIII del preindicado artículo 73 a comento, o sea cuando el acto reclamado realmente sea el que "importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución", como son las penas de infamia, mutilación, marcas, azotes, palos, tormentos, multas excesivas, confiscación de bienes y otras inusitadas y trascendentales y b) las derivadas de la Jurisprudencia 287 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 504 del Volumen I de la Segunda Parte del Apéndice de 1917-1988, cuyo texto dice: "AUTO DE FORMAL PRISION, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO.-Cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación.", es decir, cuando se reclame una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, la negativa de la libertad provisional bajo caución, el término dentro del cual debe ser juzgado el quejoso, la prolongación de su detención por falta de pago de honorarios o cualquier otro proveniente de la responsabilidad civil (artículo 20 constitucional, fracciones I, VIII y X).

En estas condiciones, como el acto que ahora se reclama del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal era revocable de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, y no se encuentra comprendido dentro de los casos de excepción referidos, resulta evidente que los ahora inconformes, debieron primero haber recurrido en la vía procedente el acuerdo dictado, antes de solicitar el amparo, pero por la omisión apuntada, es notoria la improcedencia de la demanda de garantías contra el acto que se impugna del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, por carecer de la condición de definitividad, actualizándose la causa a la que alude la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; en consecuencia fue correcto el sobreseimiento del mismo. Sobre el particular y por identidad jurídica, es aplicable el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo en revisión número 188/87, 232/90, 475/90 y 118/94, promovidos respectivamente, por EDMUNDO PELAEZ MUÑIZ Y OTROS, AIDA GRANADOS TELLEZ, REYES PACHECO POZOS Y ALFONSO HERRERA GARCIA, que aparece visible en la página 273 del Tomo VII, correspondiente al mes de enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, en su Octava Epoca, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DECLARE INFUNDADO EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS. SI EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACION.-Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 43, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, establece que cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación, sin embargo, ésta no es aplicable, en tratándose de la interlocutoria dictada en el incidente de desvanecimiento de datos, ni mucho menos lo dispuesto por los artículos 17 y 37 de la Ley de Amparo, porque esa resolución, no restringe directamente la libertad de los gobernados, ni importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los indicados numerales 16, en Materia Penal, 19 y 20 de nuestra máxima ley, lo que si sucedería en los casos de orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que les niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, contemplados en tales garantías y en los que no opera el principio de definitividad, que establece el artículo 107, fracción XII constitucional, sin que en esa salvedad esté comprendida la sentencia interlocutoria que se dicte en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, porque, se repite, no restringe la libertad de los procesados, sino que ésta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisión preventiva a que están sujetos, a más de que, la resolución que declaró improcedente tal incidente, sólo tiene carácter procesal y no constitucional, por lo tanto no se conculcan en forma alguna en su perjuicio las indicadas garantías y por ello debe agotarse el recurso ordinario de apelación antes de intentar el amparo.".

Atento a las consideraciones expuestas, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión para sobreseer en el juicio de garantías.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución Federal, y los diversos 1o., fracción I, 83, fracción IV, 85, fracción II, 91, fracciones I y II de la Ley de Amparo y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia en lo que es materia de la revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo contra los actos que se reclamaron del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y director general de Control de Procesos de la Procuraduría General de la República, señalados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos al Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal; además envíese copia certificada de dicha ejecutoria al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

ASI, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Gonzalo Ballesteros Tena como presidente y ponente, Amado Guerrero Alvarado y J. Jesús Duarte Cano.

Firman los ciudadanos presidente y Magistrados que integran el tribunal, ante el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/523-bfde9c8c/improcedencia-del-juicio-de-amparo-en-contra-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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