ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
AMPARO EN REVISION 130/94. GABRIEL PEREZ RAMIREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Resultan infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte recurrente.
Si bien, cuando el acto que se reclama en un juicio de amparo carece totalmente de fundamentación, el agraviado no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que establecen las leyes secundarias antes de acudir al juicio de garantías, tal como lo establece el segundo párrafo, de la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Lo cierto es que, contrario a lo que sostiene el recurrente, el Juez de Distrito resolvió correctamente al sobreseer en el juicio de garantías que ahora se revisa, respecto de los actos atribuidos al gobernador del Estado y el director general de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, por carecer de definitividad para los efectos del amparo, ya que en su contra procede el recurso de inconformidad previsto por el artículo 148 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato o bien el procedimiento contencioso administrativo que estatuye la Ley de Justicia Administrativa en su artículo 29, medios de defensa mediante los que pudieron ser modificados, revocados o nulificados aquellos actos, y mismos que debieron ser agotados alternativamente antes de acudir al juicio de garantías. Esto es así, porque si bien el ahora recurrente señaló en su quinto concepto de violación de su demanda de amparo, que la resolución combatida carece de fundamentación y motivación, agregando que la responsable dice en su considerando tercero que no llenó (el ahora recurrente) los requisitos establecidos en los artículos quinto y sexto del acuerdo gubernativo número 48, sin expresar razonamiento alguno, ni establecer qué requisitos no se llenan, ni por qué no se llenan, lo cierto es que de la lectura de la resolución reclamada que en copia fotostática debidamente cotejada obra a fojas 66 y 67 del juicio de garantías, se advierte que la misma no carece de fundamentación, ya que se encuentra apoyada en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., fracción V, y 17, quinto y sexto transitorios de la Ley de Tránsito y Transporte vigente en el Estado, el Decreto Gubernativo Número 53 y el Acuerdo Gubernativo Número 48 publicados en fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; de ahí que surge la obligación del quejoso, ahora recurrente, de haber agotado aquellos medios de impugnación los cuales por cierto suspenden los efectos de los actos recurridos por la interposición de los mismos, ya que dicha resolución deficiente o no sí se encuentra fundada y motivada, cubriendo así las exigencias constitucionales a que alude la ahora parte recurrente, recursos a los que estaba obligada a agotar porque la resolución combatida no adolece de fundamentación, de ahí la improcedencia del amparo porque el acto combatido no carece de fundamento sino en todo caso estaría deficientemente fundado pues de una u otra manera se expresaron los apoyos legales para la emisión del acto, pues sólo cuando el acto carezca de esos requisitos el gobernado no tendrá obligación de hacer valer previamente los medios de defensa ordinarios, por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten.
Así, el hecho de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo que trajo como consecuencia el sobreseimiento en el juicio que se revisa respecto de los actos de las autoridades que se han mencionado, impidió al Juez analizar el fondo del negocio, y ello no agravia en forma alguna al ahora recurrente, así como tampoco el haber concluido que el quejoso, como ya se dijo, estaba obligado a a agotar los recursos ordinarios referidos antes de acudir al juicio de garantías, aun cuando el Juez Federal no haya expuesto que la citada resolución se encuentra deficiente o incorrectamente fundada, pues es claro que tales cuestiones tácitamente las consideró al resolver en los términos que lo hizo.
Por otra parte, es inatendible el argumento del recurrente al expresar que el Juez Federal viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues cuando los Jueces Federales actúan como órgano de control constitucional tienen la específica finalidad legal de tutelar garantías contra las transgresiones en que pudieran incurrir las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, por lo que no pueden violarlas al ser precisamente la materia de su actividad jurisdiccional; y en todo caso, lo que podrían estar infringiendo serían las disposiciones de la Ley de Amparo que reglamentan la mencionada función tutelar, pero en el presente caso eso tampoco ocurrió. Sobre esta cuestión, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ha sustentado criterio, que este tribunal comparte y que se publica en la página 123 del Tomo VIII, agosto de 1991, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. EL JUEZ DE DISTRITO, COMO ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, NO INCURRE EN VIOLACION, A LAS.-El Juez de Distrito como órgano de control constitucional no viola las garantías individuales de quien le pide el otorgamiento de la protección de la justicia federal, puesto que, precisamente tiene como función el examen analítico del acto de autoridad reclamado, a fin de constatar si en ese acto hubo o no violaciones a las garantías individuales del gobernado, pues en todo caso, su proceder de ser equívoco, sólo podría entrañar infracciones a las normas rectoras del juicio de amparo."
En otro aspecto, resulta inoperante lo manifestado por el revisionista en el sentido de que el Juez de Distrito desestima que en su amparo fue promovido también contra la anticonstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo Número 48, por cuya razón tampoco está obligado a agotar recurso alguno; toda vez que el a quo consideró que la inconstitucionalidad de dicho acuerdo se hizo consistir en que va más allá de la ley que reglamenta y que, de estimarse fundado el concepto de violación hecho valer se estaría ante una violación al artículo 77, fracción III, de la Constitución Local, que establece la facultad del Ejecutivo de la Entidad de expedir reglamentos; esto es, se estaría ante una transgresión a la garantía de legalidad y por consiguiente ante una violación indirecta a la Constitución Federal; y que, por esto, las autoridades comunes, en ejercicio de su actividad jurisdiccional están facultadas para emitir resoluciones sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, por lo que debió combatir el mencionado acuerdo a través de los citados medios ordinarios de defensa antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Con independencia de lo correcto o incorrecto del criterio del juzgador, el recurrente en sus agravios nada dice respecto de tales consideraciones y menos aun lo razona, pues no indica si es inexacto que, de resultar fundada la violación al Acuerdo Gubernativo Número 48, ésta se convertiría en una transgresión a la garantía de legalidad y a la Constitución Federal de manera indirecta y, por qué; o si aun cuando ello fuera verdad, dicho acuerdo no es combatible a través de los precitados medios de defensa ordinarios o no está obligado a agotarlos, por no tildarlo de inconstitucional, sino por otras razones y cuáles son ellas. Pero como nada de ello expresa la parte recurrente para controvertir las consideraciones expuestas por el Juez Federal, no es factible examinar oficiosamente la legalidad de la resolución recurrida, porque siendo los agravios la base esencial de la controversia en la revisión, no puede este Tribunal Colegiado de Circuito estudiar dicho fallo a la luz de cuestiones no planteadas o puntos no controvertidos; y en tales circunstancias, acertados o no los razonamientos del Juez de Distrito éstos deben continuar rigiendo el sentido del fallo debe perdurar. Resulta aplicable a lo anterior la tesis del jurisprudencia número 116, visible en la página 189, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1988, que dice: "AGRAVIOS INSUFICIENTES.-Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.".
En las relatadas circunstancias, y toda vez que la resolución que ahora se revisa no agravia en nada a GABRIEL PEREZ RAMIREZ, la misma debe confirmarse.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1o., 2o., 76, 77, 78, 82, 83, fracción IV, 85, fracción II y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Quedan intocados los resolutivos primero, parte del segundo, y tercero de la sentencia recurrida, por no haber sido motivo de impugnación.
SEGUNDO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
TERCERO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por GABRIEL RUIZ RAMIREZ, respecto de los actos de las autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el expediente.
ASI, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados ARTURO HERNANDEZ TORRES, GLORIA TELLO CUEVAS Y JOSE ANGEL MORALES IBARRA, quienes integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, habiendo sido ponente el primero de los mismos, firman el presidente y los demás Magistrados que integran dicho tribunal con el secretario de Acuerdos del mismo que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2094-6a2ffd4c/acto-de-autoridad-deficientemente-fundado-y-motivado-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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