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Modo: Corpus Pro

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 321/95. · Registro digital (IUS): 3148
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUILLERMO BAEZ VARGAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 291.

AMPARO EN REVISION 321/95. GUILLERMO BAEZ VARGAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son inoperantes en parte e infundados en lo demás los agravios antes transcritos.

En efecto, de la lectura del escrito de revisión se advierte, en primer lugar, que el recurrente omite expresar argumentos lógico jurídicos tendientes a rebatir y destruir las consideraciones y fundamentos en que se apoyó el juez de Distrito a quo para sobreseer el amparo solicitado, pues además de transcribir el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la fracción XIII de dicho artículo y la fracción II del artículo 22 del mismo ordenamiento legal, en forma imprecisa y poco clara, hace una serie de manifestaciones vagas y ajenas a los razonamientos sostenidos en el fallo impugnado, por lo que el mismo basta para mantenerlo firme y vigente para continuar rigiéndolo. Son aplicables al caso las Jurisprudencias números 3 y 67 de este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen: "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnarse con razonamientos, los que la hayan fundado"; y, "AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; sino que es necesario precisar qué razonamientos del a quo estima incorrectos, en qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia".

En segundo lugar, los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución recurrida, de tal forma que cuando se sobresee, el inconforme debe acreditar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, que tiendan a rebatir y destruir la causal de improcedencia invocada, pero si en lugar de combatir el sobreseimiento se alegan cuestiones de fondo, lo procedente es confirmar la resolución recurrida. Es aplicable sobre este aspecto, la Jurisprudencia 38 de este propio Tribunal, que dice: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO. Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa".

Al margen de lo anterior, este Tribunal Colegiado considera correcta la actuación del juez de Distrito a quo al haber sobreseído el presente juicio de garantías en el considerando tercero del fallo recurrido, respecto del acto reclamado consistente en el auto de treinta de mayo del año próximo pasado, dictado en el expediente 989/94 de los del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, pues de la copia certificada que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la cual por ser documento público tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo segundo, se desprende que el veinte de septiembre del referido año, quedó legalmente notificado el ahora recurrente del auto impugnado (foja veintitrés), asimismo, consta en la parte superior derecha del escrito de la demanda de amparo, que ésta fue presentada hasta el cinco de abril del año en curso, por lo que efectivamente la demanda de garantías se interpuso fuera del término de quince días que previene el artículo 21 de la ley de la materia, pues esto sucedió seis meses después de que tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil entablado en su contra, por ello se estima correcto el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito a quo al haber operado la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 104/88, 256/89, 92/91 y 135/95, que dice: " Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala".

Sobre este mismo aspecto, cabe señalar que el hecho de que el ahora recurrente haya impugnado la prescripción de la acción ejercitada en el juicio natural no implica, para efectos de este amparo, que no haya consentido el acto reclamado, porque para ello era necesario que hubiere intentado su demanda de garantías dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente de aquel en que tuvo conocimiento de la existencia del acto que se reclama, situación que no ocurrió en la especie como quedó plenamente demostrado en el párrafo anterior.

Asimismo, debe decirse que lo relativo a la aplicación de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo citada por el recurrente, es ajeno a la presente litis, porque el a quo no sobreseyó el juicio de garantías respecto del acto reclamado consistente en el auto de treinta de mayo el año próximo pasado, dictado en el expediente 989/94 de los del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, por no haberse interpuesto los recursos ordinarios procedentes, sino porque el quejoso consintió tácitamente al acto reclamado al no promover el juicio constitucional dentro del término que señala el artículo 21 de la ley de la materia, en términos de la fracción XII del referido artículo 73 de la Ley de Amparo.

Por otra parte, este Tribunal Colegiado también considera correcta la actuación del juez de Distrito a quo al sobreseer el presente juicio de garantías en el considerando cuarto del fallo sujeto a revisión respecto a la orden de arresto reclamada, pues efectivamente el quejoso omitió expresar conceptos de violación tendientes a impugnar el acto reclamado, circunscribiéndose a manifestar que en el juicio ejecutivo mercantil de origen opuso como excepción la prescripción del documento fundatorio de la acción, y que no obstante ello, el juez responsable dio curso legal a la demanda instaurada en su contra hasta llegar a la medida de apremio prevista en la fracción III del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, lo que no puede considerarse como verdadero concepto de violación, el cual debe contener una relación razonada entre los actos que se reclaman de las autoridades y los derechos que se estimen violados con motivo de tales actos, demostrándose además mediante planteamientos jurídicos la contravención o indebida aplicación de uno o más preceptos legales a fin de hacer patente el ataque a sus garantías individuales. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 87 de este Tribunal Colegiado, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. En el juicio de garantías no basta con que el quejoso sostenga que un determinado acto de autoridad es contrario a la ley o a los principios generales de derecho, sino que, ante el órgano de control constitucional, debe hacer patente el ataque a sus garantías individuales demostrando, a través de planteamientos jurídicos, lo ilegal del acto reclamado, precisando en ellos, tanto las disposiciones legales o principios generales de derecho que se estiman infringió u omitió acatar la autoridad, como las razones o motivos por los que son vulnerados o desatendidos por propia autoridad en el acto que se reclama".

Por lo tanto, si se parte de la base de que en la demanda de garantías no se expresaron conceptos de violación, dejando de cumplir el requisito establecido en la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, la conclusión no puede ser otra mas que la señalada por el a quo en el sentido de que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, que en relación con la fracción del precepto antes invocado, lo obligó a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto por el diverso 74 fracción III del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 342 de este Tribunal Colegiado, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION . CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se deja de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166 fracción VI del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74 fracción III de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías".

Finalmente, debe decirse que el juez de Distrito a quo tampoco sobreseyó el presente juicio de garantías respecto de la orden de arresto impugnada porque el quejoso, ahora recurrente, no hubiera interpuesto la demanda de amparo oportunamente, sino porque no expresó conceptos de violación tendientes a demostrar que la referida orden de arresto fuera violatoria de sus garantías individuales.

Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 35 y 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Guillermo Báez Vargas, contra los actos que reclama del Juez Segundo de lo Civil de esta capital, Procurador General de Justicia y Coordinador de la Policía Judicial ambos del Estado de Puebla, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3148-5be743bb/actos-consentidos-tacitamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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