FACTURAS. INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISION 182/93. FRANCISCO QUIÑONES CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Es procedente confirmar el resolutivo de la sentencia que sobresee, aun cuando ello sea por diverso motivo a aquel en que se apoya el a quo, a juicio de este órgano de control constitucional.
En efecto, resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de agravio formulados por el recurrente y atento lo previsto por la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es imperativo para este Tribunal Colegiado estudiar de oficio la existencia de la improcedencia en el juicio de garantías.
Ahora bien, de las constancias que informan el expediente de amparo se llega al conocimiento que el impetrante de garantías aportó al juicio constitucional pruebas documentales consistentes en el contrato plan auto noventa y uno de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, relativo al contrato de apertura de crédito simple para la adquisición de bienes de consumo duradero con garantía prendaria que celebraron por una parte Bancomer, sociedad nacional de crédito como acreditante y Francisco Quiñones Castañeda como acreditado o cliente, respecto de un vehículo automotriz marca Ford F-350, serie número AC3JME30715; carta factura número 3455 expedida por la empresa Mendívil Motors, sociedad anónima de capital variable, de la ciudad de Durango, Durango, a favor de Francisco Quiñones Castañeda, respecto del vehículo cuyas características se dejaron anotadas; copia al carbón de la denuncia presentada por Juan Quiñones Castañeda el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, en contra de Guadalupe Rivas Flores por el o los delitos que resulten; copia al carbón del acta levantada en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Dirección General de Averiguaciones previas, el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, con efectos conciliatorios, a la que comparecieron José Guadalupe Rivas Flores, su hijo Alfonso Rivas y su asesor José Othón Sánchez Meléndez; Juan Quiñones Castañeda, Francisco Quiñones Castañeda, Ubaldo Quiñones y el doctor Héctor Corrales.
Por escrito del ocho de marzo del presente año, el quejoso ofreció diversas pruebas documentales consistentes en copias fotostáticas certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil expediente número 1101/92 radicado en el Juzgado Cuarto de la Civil del Primer Distrito Judicial de Durango, formado con motivo de la demanda promovida por los licenciados José Othón Sánchez Meléndez y J. Alberto Sánchez Meléndez, en su carácter de endosatarios en procuración de J. Guadalupe Rivas Flores, en contra de Juan Quiñones Castañeda; asimismo, ofrece las pruebas documentales que exhibió con su escrito inicial de demanda de amparo, a las que ya se hizo referencia, documentos con los que ampara el bien mueble embargado y secuestrado. Sin embargo este medio de convicción por sí solo es insuficiente para acreditar la posesión y propiedad del vehículo automotriz multicitado, pues para que sea idóneo es menester perfeccionar el valor probatorio del contrato y carta factura con diversa probanza como una información testimonial para demostrar la posesión actual, vigencia del derecho de propiedad e identificación del bien mueble como en el que en los documentos aludidos se consigna. Tiene aplicación al razonamiento anterior la ejecutoria relacionada con la jurisprudencia definida número 839, consultable en tercer lugar, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis, página 1393, que dice: "FACTURAS.-Para que la factura que ampara unos muebles, pueda servir para justificar la posesión de ellos, debe perfeccionarse el valor probatorio de tal factura, adminiculándolo con una información testimonial, que a la vez que acredite la posesión actual de tales muebles, los identifiquen como los que tal documento especifica.".
Luego, al no acreditar debidamente la posesión del precitado bien mueble, es incuestionable que el quejoso no acreditó su interés jurídico y por tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo y por consiguiente procede sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en la fracción III del artículo 74, de la propia Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 20/90, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como motivo de la contradicción de tesis 8/90 entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, visible a fojas veinte de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 32, de agosto de mil novecientos noventa, que dice: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985).-De lo dispuesto por los artículos 107,fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo en relación con el 73, fracción V, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica."
Asimismo, el criterio ha sido sustentado por este propio tribunal colegiado en los amparos en revisión 412/92 civil, visto en la sesión del doce de mayo de mil novecientos noventa y tres; amparo en revisión número 10/93 civil, visto en la sesión del nueve de febrero de mil novecientos noventa y tres y amparo en revisión toca número 67/93 administrativo, visto en la sesión del diez de marzo de mil novecientos noventa y tres.
En mérito de las circunstancias asentadas se impone confirmar la sentencia que se revisa y sobreseer por diverso motivo, en el presente juicio de amparo.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, parte final, de la Constitución General de la República; 83, 85, 86, 91, de la Ley de Amparo y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Quiñones Castañeda, en contra de los actos que reclamó de las autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expresados en el considerando que antecede.
Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito: Enrique Rodríguez Olmedo, Pablo Camacho Reyes y Sergio Novales Castro, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman en unión de la secretaria de Acuerdos del mismo que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1100-d95c1d17/facturas-interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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