EMPLAZAMIENTO. NO SE VIOLAN GARANTIAS SI A PESAR DE LOS VICIOS EN EL MISMO, EL AFECTADO CONOCIO DEL PROCEDIMIENTO ANTES DE CORRER EL TERMINO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS.
AMPARO EN REVISION 221/93. MARTHA MARIA MEZA SOTO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer.
En efecto, la recurrente Martha María Meza Soto, reclamó en la demanda de amparo el emplazamiento llevado a cabo por la responsable en el procedimiento de privación de derechos, respecto del lote ubicado en la colonia Agrícola Costa Azul, del Municipio de Ensenada, Baja California, por no haberse hecho conforme a las reglas establecidas en el artículo 51, segundo párrafo, del Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas, cuando se desconoce el domicilio del colono.
Al examinar este Tribunal Colegiado las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la recurrente fue notificada por edictos, y el último fue el que apareció en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos (foja 49). Asimismo, al examinar el párrafo segundo del artículo 51 mencionado, se aprecia que dicho numeral establece que cuando se notifique al interesado por edictos, éste contará con treinta días hábiles a partir de la última fecha de su publicación, para presentar pruebas y alegatos que a su derecho convengan.
Ahora bien, en la demanda de amparo la quejosa señaló que el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se enteró del procedimiento instaurado en su contra, y al día siguiente acudió ante el delegado agrario en la entidad, quien le confirmó lo anterior, haciéndole saber que se le había emplazado por edictos publicados en el Periódico Oficial y el diario "La Voz de la Frontera". De lo anterior se desprende que, con independencia de si el emplazamiento fue legal o no, lo cierto es que la quejosa se enteró del procedimiento de privación de derechos días antes de que le empezara a correr el término de treinta días para ofrecer pruebas y manifestar lo que a sus intereses conviniera, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 51 del Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas, por ello no puede afirmarse válidamente que no se respetó la garantía de audiencia del quejoso.
Es verdad que para el cabal respeto a la garantía de audiencia deben seguirse las formalidades legales, pues con ello se persigue que con la debida anticipación el afectado tenga conocimiento real y formal de que ha sido demandado o, como en el caso, que se instauró en su contra un procedimiento de privación de derechos, estableciéndose así la relación procesal entre actor y demandado (autoridad y particular en la especie); por lo que, si la propia quejosa manifestó en su demanda de amparo que se enteró del procedimiento de privación de derechos con varios días de que le empezara a correr el término de treinta días para ofrecer pruebas, no es dable reclamar una indefensión de sus derechos por un emplazamiento deficiente.
Aún más, debe decirse que de cualquier manera la recurrente no acreditó fehacientemente la ilegalidad del emplazamiento, puesto que si el artículo 51, del Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas, establece que cuando se desconoce el domicilio del colono, la notificación se hará por edictos, los cuales se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad más próxima a la colonia, entonces la agraviada estaba obligada a probar que el diario "La Voz de la Frontera" no circula en la localidad más próxima a la colonia, o que no es el de mayor circulación, lo que no hizo, según se desprende de las pruebas existentes en el expediente.
En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados, deberá negarse el amparo solicitado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, parte final de la Constitución General de la República, 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, así como en la fracción III, del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martha María Meza Soto, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Sergio Javier Coss Ramos, Carlos Humberto Trujillo Altamirano y Adán Gilberto Villarreal Castro, siendo ponente el mencionado en primer término, quienes firman en unión del secretario de Acuerdos del mismo, que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1141-4e8f60b0/emplazamiento-no-se-violan-garantias-si-a-pesar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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