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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS. LAS PRUEBAS QUE LA ACREDITAN PUEDEN ADMITIRSE EN AMPARO DIRECTO O EN REVISION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 432/93. · Registro digital (IUS): 1040
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PAULA TERESA SOSA SANCHEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 732.

AMPARO EN REVISION 432/93. PAULA TERESA SOSA SANCHEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-No obstante haberse transcrito la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios propuestos, no se examinarán, en virtud de que en la especie se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio debe ser realizado de oficio, de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En efecto, la quejosa, ahora recurrente, reclamó de la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Puebla, el hecho de que no hubiera resuelto el expediente número 24/988, relativo al juicio de nulidad de actos y documentos que contravienen las leyes agrarias, promovido por María Elena Romero García en contra de aquélla, así como el no haberle notificado el último acuerdo dictado en dicho procedimiento.

Por auto de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y tres, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, a quien por turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda propuesta contra actos del Tribunal Unitario Agrario (del Vigésimo Cuarto Distrito), con residencia en esta ciudad, "en sustitución de la Comisión Agraria Mixta en el Estado" (foja 13 frente), y previos los trámites de ley correspondientes, el veintiséis de julio del mismo año, dictó sentencia mediante la cual negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado (fojas 24 y 25).

Durante la tramitación del presente recurso de revisión, la autoridad responsable sustituta dirigió a este tribunal un oficio, mediante el cual le comunicó un acuerdo que dictó en cierto expediente, que dice: "Puebla, Puebla, a treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres. Agréguense a sus antecedentes los oficios 32842, fechado el diecinueve y recibido el veintitrés del actual, con un anexo, del C. Juez Primero de Distrito en el Estado, deducido del juicio de amparo 981/993, promovido por Paula Teresa Sosa Sánchez, y 6036, fechado el veintitrés y recibido el veinticuatro del actual, de la C. Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, deducido del toca R-432/993, relativo al recurso de revisión interpuesto en el preindicado juicio de amparo, con lo que la Secretaría da cuenta; y visto el estado que guardan los autos del expediente agrario número 1150/993 (antes 24/988 del incidente de la Comisión Agraria Mixta en el Estado), con el que también se da cuenta, mediante atento oficio que se gire al preindicado Tribunal Colegiado, hágasele saber, para los efectos legales a que haya lugar, que el expediente agrario de que se trata se remitió a este tribunal el mismo día de la celebración de la audiencia constitucional, y que en dicho expediente, la actora María Elena Romero García, por escrito de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa dirigido a la Comisión Agraria Mixta en el Estado, solicitó se dejara sin materia dicho juicio y la Comisión Agraria Mixta acordó, con fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa, tenerla por desistida de la acción de nulidad intentada y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, según se constata con las actuaciones que son visibles a fojas 269 y 272, respectivamente, del mencionado expediente, las cuales se remiten en copia certificada como anexos números uno y dos" (foja 13 frente y vuelta del toca de revisión).

Tal como se menciona, a dicho oficio se anexaron sendas copias fotostáticas debidamente certificadas de un escrito que presentó María Elena Romero García ante la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Puebla, y del acuerdo que pronunció esta última autoridad dentro del expediente número 24/988, de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa (fojas 15 y 16).

Conviene transcribir este último acuerdo: "Heroica Puebla de Zaragoza, a diez de septiembre de mil novecientos noventa. AGREGUESE a los autos del expediente que se cita al rubro para que surta sus efectos legales correspondientes, escrito de fecha veintiocho de agosto del año en curso, de la C. María Elena Romero García, visto su contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo solicita la promovente y tomando en cuenta que el presente juicio se inicia a solicitud de la parte interesada, con base en los principios generales de derecho, se le tiene por desistida de la acción de nulidad intentada y en consecuencia archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE" (foja 16 frente del toca de revisión).

Por auto de ocho de septiembre del año en curso, la presidencia de este Primer Tribunal Colegiado determinó girar atento oficio a la autoridad responsable sustituta, para que dentro del término de tres días informara si el acuerdo de diez de septiembre de mil novecientos noventa, le había sido notificado a la ahora tercero perjudicado María Elena Romero García, y si contra el mismo se hizo valer algún medio de impugnación para obtener su modificación, revocación o nulificación, debiendo en su caso remitir la certificación correspondiente; asimismo, se ordenó dar vista a la recurrente y a la tercera perjudicada por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho importara. Tal proveído fue notificado a estas dos últimas el día diez de septiembre del año en curso (fojas 19 vuelta y 21 vuelta), por medio de lista que se fijó en el tablero de avisos de este tribunal, en atención a que no esperaron a la actuaria el día y hora que las citó para que se los notificara personalmente (fojas 19 frente y 21 frente), sin que hasta el día veintidós del citado mes de septiembre hubieran manifestado nada sobre el particular, según se desprende de la certificación asentada por el secretario de Acuerdos de este propio tribunal.

Por oficio de fecha ocho del indicado mes de septiembre, el Tribunal Unitario Agrario remitió una certificación expedida por su secretario de Acuerdos habilitado por ausencia del titular, en la cual se asienta que dentro de los autos del expediente generador de los actos reclamados, aparece copia del oficio número 004445 de fecha diez de octubre de mil novecientos noventa, mediante el cual se le notificó a María Elena Romero García, en el domicilio ubicado en calle Dos Oriente número seis, despacho quinientos tres, el acuerdo que se dictó con fecha diez de septiembre del mismo año; y que en el mencionado expediente agrario, no aparece que contra el preindicado acuerdo se hubiera interpuesto recurso alguno para obtener su modificación, revocación o nulificación.

De todo lo anterior se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, habida cuenta que el procedimiento agrario del cual derivan, ha quedado insubsistente a virtud del desistimiento expreso formulado por la parte actora, el cual fue acordado de conformidad el día diez de septiembre de mil novecientos noventa, sin que oportunamente se hubiera hecho valer algún medio de impugnación a través del cual se hubiera podido obtener su modificación, revocación o nulificación, y por consecuencia quedó firme.

Por tanto, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo.

Consecuentemente, resulta procedente revocar la sentencia sujeta a revisión, y en su lugar, decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74 fracción III del ordenamiento en cita.

Cabe destacar que este tribunal está facultado para recibir y valorar las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable durante la tramitación del presente recurso de revisión, en virtud de que tuvieron como propósito justificar la existencia de una causal de improcedencia. Al efecto se cita la tesis sustentada al resolver el diecinueve de agosto del año en curso, el juicio de amparo directo número 286/93, promovido por Gloria Araceli Polo, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS. LAS PRUEBAS QUE LA ACREDITAN PUEDEN ADMITIRSE EN AMPARO DIRECTO O EN REVISION.-Aun cuando en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, y por ello en los juicios de garantías en la vía directa no pueden admitirse ni valorarse pruebas que no se hayan aportado ante la propia responsable, porque éstas implicarían necesariamente variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por esa autoridad en el acto reclamado; sin embargo ello únicamente tiene aplicación tratándose de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, tal prohibición no puede hacerse extensiva a elementos que tengan relación con causales de improcedencia de la acción constitucional, porque su estudio, incluso, puede hacerse de oficio por el juzgador federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo del ordenamiento legal invocado, y porque la existencia de esas causales impide examinar el fondo del asunto, lo que significa que no se vierta ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior conduce a concluir que en los amparos en revisión o en la vía directa es susceptible de admitir pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello implique cambiar la materia de la litis del acto reclamado, porque no se refieren a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías número 981/93, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, promovido por PAULA TERESA SOSA SANCHEZ, contra los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Cuarto Distrito, con residencia en esta ciudad, en sustitución de la Comisión Agraria Mixta de la propia entidad federativa, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Norma Fiallega Sánchez, Eric Roberto Santos Partido y Enrique Dueñas Sarabia, siendo relator el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1040-0adc8c09/improcedencia-del-juicio-de-garantias-las-pruebas-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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