PRUEBAS EN EL AMPARO, DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE EMPLEAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA VALORACION DE LAS.
AMPARO EN REVISION 634/92. OFELIA GUTIERREZ PACHECO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En los agravios antes transcritos sustancialmente se aduce que el a quo indebidamente sobreseyó en el juicio de garantías al considerar que las autoridades responsables omitieron rendir su informe justificado, por lo que debe tenerse como presuntivamente cierto el acto reclamado pero no su inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la segunda tesis relacionada con la jurisprudencia número 1030 visible en la página mil seiscientos sesenta y tres de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Salas y Tesis, que lleva el rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.", toda vez que no obstante que la quejosa ofreció pruebas documentales privadas consistentes en tres certificaciones expedidas por un médico particular y un establecimiento comercial, las mismas no son suficientes para acreditar la inconstitucionalidad del acto que se reclama, menos aún si tampoco allegó al expediente del juicio de garantías, las constancias que demostraran la existencia del acto reclamado, ni las relacionadas con su inconstitucionalidad, para cumplir con la carga procesal de su parte de acreditar ese extremo; porque en opinión de la inconforme, la ilegalidad del acto violatorio de garantías la acreditó por medio de las pruebas que ofreció, las cuales son de buena fe y bajo protesta de decir verdad y a las mismas no se les da valor.
Son inoperantes los anteriores agravios, pues la recurrente únicamente señala que no se le dio valor a las pruebas que ofreció, sin precisar a qué medios de convicción se refiere, ni el nombre de los mismos, así como tampoco señala con razonamientos jurídicos el porqué, en su opinión las pruebas de que se traten tienen determinado valor, y el alcance probatorio de las mismas, es decir, el hecho que se pretendió probar al ofrecerlas, de lo que se colige que la recurrente debe acreditar la ilegalidad de todos los razonamientos empleados por el a quo para desestimar cualquier probanza, porque aquella consideración que no es combatida y desvirtuada, tiene el alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo conducente.
Es aplicable al caso, el criterio sostenido por este cuerpo colegiado al resolver los amparos directos números D-447/90, D-215/92 y D- 319/92, que dice: "PRUEBA. EN EL AMPARO DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE EMPLEAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EN LA VALORACION DE UNA.-El quejoso debe demostrar la ilegalidad de todos los razonamientos que emplea la autoridad responsable para desestimar un medio de convicción, porque aquella consideración que no es combatida y desvirtuada, tiene el alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo en lo conducente.".
De lo anterior, se desprende que debe subsistir lo considerado por el a quo, criterio con el que este cuerpo colegiado coincide, en el sentido de que las responsables omitieron rendir su informe justificado, por lo que evidentemente tampoco aportaron al juicio constitucional las constancias relativas del juicio generador, quedando en la quejosa la carga probatoria sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no debe pasar desapercibido que, aun reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis, probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia, por lo que si la amparista pudiendo hacerlo, no aporta pruebas suficientes para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque las autoridades responsables hubieran omitido rendir su informe.
Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 151, sustentada por este cuerpo colegiado, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE AQUEL.-Aun reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis, probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia; por lo que si el quejoso, pudiendo hacerlo, no aporta pruebas para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque la autoridad responsable hubiera omitido su informe.".
La recurrente también señala en sus agravios que el a quo de manera inexacta estimó que no puede recabar las pruebas que demuestren la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues con ello se violaría el principio de instancia de parte agraviada que establecen los artículos 4 y 5, fracción I de la Ley de Amparo, además del 107 fracción I constitucional, puesto que la fracción VI del diverso 76 bis del ordenamiento legal citado en primer término, sólo autoriza la suplencia de la queja, cuando se advierta que haya habido en contra de la quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero no en el caso sujeto a estudio por no ser acto violatorio de garantías en sí mismo, teniendo aplicación el criterio jurisprudencial visible en las páginas treinta y nueve y cuarenta de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, número Treinta y Uno, correspondiente a julio de mil novecientos noventa, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 5/89, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, que lleva el rubro: "PRUEBAS. FACULTADES DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABARLAS DE OFICIO."; porque en concepto de la recurrente, el presente asunto encuadra perfectamente en la hipótesis establecida en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, puesto que por sí misma la falta de emplazamiento es una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que el Juez Federal debió proceder conforme al dispositivo legal citado en primer término, sin que al haberlo hecho así, hubiere dado lugar a violar los artículos 4 y 5 de la referida Ley de Amparo, y el artículo 107, fracción I de nuestra Carta Magna, insistiendo la inconforme que aportó las pruebas que acreditan la inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo que sí se le afectan sus intereses jurídicos, ya que no se le emplaza al juicio ordinario, agregando que no son aplicables los artículos 73 fracción V y 74 fracción III de la Ley de Amparo.
Son infundados los anteriores agravios, pues en la especie no opera la suplencia de la queja a que se refiere la inconforme, ya que si bien este cuerpo colegiado ha establecido el criterio de que, cuando se trata de falta de emplazamiento debe hacerse tal suplencia, también es cierto que, ésta se refiere al perfeccionamiento de los agravios en ciertos casos y en determinadas materias, al tenor del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pero no libera a la parte quejosa de ofrecer las pruebas que demuestren la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues la facultad que establece el artículo 78 párrafo segundo del ordenamiento legal en cita, más bien constituye una de tantas cargas que la nueva legislación de amparo reformada, impone al juzgador federal, pues independientemente de aquélla que recae en el quejoso y de la que corresponde a las autoridades responsables, el Juez de amparo tiene a su vez la carga de recabar de oficio pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y que sean necesarias para el análisis de la legalidad del acto reclamado. El espíritu de la ley se origina en la intención de que el Juez Federal conozca la verdad histórica y pueda resolver con pleno conocimiento la litis constitucional por lo que la facultad en cuestión es independiente de la suplencia de la queja, pues ésta opera únicamente en ciertos casos y en determinadas materias y en cambio aquélla, cuando es procedente, puede aplicarse en general, esto es en cualquier materia.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por esta potestad federal al resolver el amparo en revisión 8/89 que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR DE OFICIO Y SUPLENCIA DE LA QUEJA, DIFERENCIAS.-La suplencia de la queja se refiere al perfeccionamiento de conceptos de violación y de agravios en ciertos casos y en determinadas materias, al tenor del artículo 76 bis de la ley reglamentaria, y solamente permite al juzgador allegarse pruebas en materia agraria en donde la suplencia es muy amplia de acuerdo con el diverso artículo 225 de la ley de la materia. En cambio, la facultad que establece el artículo 78 párrafo segundo de la ley reglamentaria, más bien constituye una de tantas cargas que la nueva legislación de amparo, reformada, impone al Juez de Distrito, pues independientemente de aquélla que recae en el quejoso y de la que corresponde a las autoridades responsables, el Juez de amparo tiene a su vez la carga de recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y que sean necesarias para el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El espíritu de la ley se origina en la intención de que el Juez de amparo conozca la verdad histórica y pueda resolver con pleno conocimiento la litis constitucional por lo que la facultad en cuestión es independiente de la suplencia de la queja pues ésta opera únicamente en ciertos casos y en determinadas materias y en cambio aquélla, cuando es procedente, puede aplicarse en general, esto es, en cualquier materia.".
De lo anterior se desprende que, contrario a lo expuesto por la recurrente, sí es aplicable en la especie la jurisprudencia relativa a la contradicción de tesis invocada, por el a quo, ya que, como se ha visto corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto que reclama, carga procesal con la que no cumplió.
Las consideraciones precedentes conducen a confirmar el fallo que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por OFELIA GUTIERREZ PACHECO, en contra de los actos que reclamó del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y actuarios de su adscripción, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos, que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2328-13bc06c0/pruebas-en-el-amparo-deben-combatirse-racionalmente-todos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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