COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR.
AMPARO EN REVISION 286/92. ELODIA MARQUEZ CABRERA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son infundados los argumentos que en vía de agravios formula la recurrente, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, según se advierte del estudio integral del asunto.
En efecto, es correcta la determinación de la a quo, de tener con apoyo en el artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por presuntivamente cierto el acto que se le reclama al Juez Sexto de lo Penal de esta ciudad, que se hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, en el proceso 288/90, pues dicha responsable, al rendir su correspondiente informe (foja 11 del expediente del amparo), ninguna manifestación realizó en relación al precisado acto, sino que se refirió a una resolución distinta a la reclamada, emitida incluso en diverso proceso, como lo es el 255/91, limitándose a sostener la legalidad de esta última.
Sin embargo, ello no implica que la precisada resolución reclamada sea violatoria de garantías, sino que este extremo correspondió demostrarlo a la quejosa, habida cuenta que la autoridad en cuestión, en términos de lo previsto por los artículos 16 constitucional, 116 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas dos últimas legislaciones del estado de Puebla, se encuentra facultada para emitir órdenes de aprehensión, en los procesos que ante ella se radiquen, por la presunta comisión de ilícitos de índole común.
Consecuentemente, al no ser inconstitucional, en sí mismo el acto reclamado, le correspondió a la quejosa (hoy recurrente), justificar en el juicio de garantías, que el mismo era violatorio de garantías, y a fin de cumplir con tal carga probatoria, debió allegar al juicio constitucional, copia certificada de aquellas constancias que obran en la causa de origen, que sirvieron de base a la responsable para emitir la orden de aprehensión combatida, para que el Juez Federal pudiera determinar si en realidad éstas tienen o no el alcance de demostrar la probable responsabilidad de la ahora amparista en la comisión de un ilícito; empero como ésta no cumplió con su débito procesal, ya que la copia fotostática que aportó (fojas 78 a 986 del expediente de amparo), carece de valor, ya que no tiene el carácter de documental pública, pues según se advierte de ésta, carece de certificación correspondiente ya que en ella no consta la firma del secretario que conforme con la ley debió expedirlo, tales copias fotostáticas no pueden justificar el extremo de que se trata en términos de lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2o., su valor queda al prudente arbitrio del juzgador, por lo que si en el caso concreto, el a quo determinó que esa copia carecía de valor, tal consideración se ajustó a lo previsto por el invocado numeral.
Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por este cuerpo colegiado al resolver los amparos en revisión 204/88, 114/91, 174/91 y 82/91, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR.- Las copias fotostáticas sin certificar resultan insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva el interés jurídico, ya que tales documentos carecen de valor legal alguno, por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo.".
No es óbice a lo anterior, lo alegado en el sentido de que "la última hoja" que contenía la certificación de la copia aportada como prueba fue extraviada por "el juzgado"; pues no existe ningún dato en autos que pudiera demostrar su afirmación y, por el contrario, como incluso lo reconoce la recurrente, el encargado de la Oficialía de Partes adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, sólo asentó que al escrito de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, a través del cual se allegaron las copias fotostáticas, se acompañó "copia de ese ocurso y un anexo", no así copia certificada (foja 76 del expediente de amparo).
Por otra parte, la documental pública que acompañó la recurrente a su escrito de expresión de agravios (fojas 8 a 12 del toca), no puede demostrar su afirmación de que ante el Juez de Distrito exhibió una copia certificada, pues en términos de lo previsto por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en la revisión no se puede atender a pruebas que no fueron rendidas ante el Juez a quo.
No obstante lo anterior, aun estimando que se pudiera atender en esta revisión a la documental que exhibe la recurrente, consistente en la copia certificada deducida del juicio de amparo 1114/91, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, lo único que ésta pudiera acreditar es que Alfredo Márquez Cruz, mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, solicitó le fuera expedida copia certificada, por duplicado, de todas las constancias que obran en el precisado juicio de garantías; que por auto de fecha seis de febrero del mismo año, se obsequió esa petición; y, que el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, fue recibida por Jesús Orca Jiménez la referida copia; pero de manera alguna puede justificar que esa documental fuera aquella que se ofreció como prueba ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo del que deriva esta revisión, como tampoco puede demostrar en forma indiciaria que se "extraviara la última hoja" en el juzgado a quo.
De igual manera, no tiene razón cuando aduce que la copia fotostática que allegó al juicio de garantías es la certificada, que fue recabada en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, y que por ello se deduce de la presunción de certeza del acto reclamado, ya que al existir en autos una copia con la razón de ser expedida por una autoridad (foja 78 vuelta), (aunque faltara la firma), contiene sellos originales del Juzgado que la expidió y que además todo esto se corrobora con la copia certificada que anexó a la revisión y con el escrito a través del cual la ofreció en el juicio; pues todos esos elementos adminiculados entre sí, son insuficientes para tener por demostrado que la copia certificada recabada, sea aquella fotostática que se aportó como prueba en esta instancia constitucional, habida cuenta que como ya se dijo, la documental que en la revisión se exhibió sólo puede demostrar la certeza de las actuaciones practicadas ante la autoridad que la expidió, no así el extremo de que se trata; por otra parte, porque la copia que corre agregada en el expediente de amparo con la razón de ser expedida por una autoridad, y que carece de la firma del funcionario facultado para autorizarla, sólo contiene sellos originales de la autoridad, al margen de las últimas hojas que la componen, es decir, de la foja novecientos sesenta a la novecientos ochenta y seis; además porque, la razón que calza el escrito mediante el cual fue ofrecida como prueba, según se precisó en párrafos que anteceden, no contiene ningún dato en el que se haga constar que a ese ocurso se acompañara una copia certificada (foja 76), y, por último, porque el hecho de que se hubiera tenido por presumiblemente cierto el acto reclamado, no implica, que la copia fotostática tenga un valor del que, conforme a la ley carece.
Tampoco puede acreditar, que en el juicio constitucional se exhibió una copia certificada, la circunstancia de que en la "última hoja" de la que corre agregada en el expediente de amparo, aparezca "la mitad" de un "entresello", pues ello lo único que podría justificar es que fue retirada la foja, mas no así que la faltante sea precisamente aquella en que se asentó la certificación por parte del secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla.
No tiene razón la inconforme en lo alegado, de que el Juez de Distrito, debió recabar copia certificada de la resolución reclamada y de las constancias del proceso en que ésta se apoyó, porque si bien es cierto que en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez a quo, puede hacerlo, sin embargo, también lo es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 5/89, estableció el criterio que el mencionado precepto legal, contiene una facultad potestativa para el juzgador y no obligatoria, y que aun cuando el artículo 76 bis, fracción II, de la propia ley, prevé la obligación de suplir la deficiencia de la queja en materia penal, este último dispositivo, se refiere a los conceptos de violación y a los agravios, mas no le impone la obligación de recabar constancias en que se funda el acto reclamado, y por ende, el Juez Federal no se encontraba obligado a diferir la audiencia constitucional y por lo tanto, si el quejoso no allegó los medios de convicción que podían beneficiar a sus intereses, el proceder del a quo, de cerrar el período de pruebas y el de alegatos se ajustó a derecho.
Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO COMPRENDE LA OBLIGACION DEL JUZGADOR DE RECABAR PRUEBAS DE OFICIO.- La facultad que el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, concede al Juez de Distrito, consistente en que, de estimarlo necesario para la resolución del asunto, puede recabar de oficio pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obran en autos, no debe interpretarse como un derecho procesal de las partes, en virtud de que tal facultad es potestativa y no obligatoria para el juzgador, debiéndose advertir que aun cuando el artículo 76 bis, fracción II, del propio ordenamiento establece la obligación de suplir la deficiencia de la queja en materia penal, es incuestionable que este último precepto se refiere en forma específica a los conceptos de violación que debe contener la demanda de garantías o los agravios formulados por el reo, establecidos por la propia ley, mas no le impone obligación alguna para recabar las constancias en que descansa el acto reclamado.".
En las condiciones apuntadas lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 83 fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elodia Márquez Cabrera en contra del acto que reclama del Juez Sexto de lo Penal de esta ciudad, mismo que ha quedado precisado en el resultando primero de este ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Tarcicio Obregón Lemus, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1236-89b04fde/copias-fotostaticas-sin-certificar-carecen-de-valor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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