LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA.
AMPARO EN REVISION 326/92. REYNA RODRIGUEZ SEDAS.
CONSIDERANDO:
UNICO. Son innecesarias las transcripciones y el estudio de las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida y de los agravios formulados por la inconforme Reyna Rodríguez Sedas, en virtud de que en el presente caso, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte una violación que obliga a conceder el amparo a la quejosa, a fin de que la Junta responsable ordene la reposición del procedimiento en el incidente de ejecución del laudo promovido por dicha inconforme, derivado del expediente laboral 75/85, en contra de la empresa Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec.
En efecto, de las constancias que obran en el juicio de amparo 251/92, aportadas por la Junta responsable y la propia quejosa, se desprende que en la interlocutoria reclamada, dictada el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, hacen falta dos firmas, y que corresponden a los representantes obrero y patronal (fojas 109 a 113), lo cual se deduce de la comparación hecha de las firmas que calzan las otras actuaciones y que son parecidas a las puestas en la interlocutoria impugnada, y que corresponden al presidente de la Junta (representante del gobierno), y a la del secretario de Acuerdos.
Ahora bien, la resolución interlocutoria reclamada en la demanda de garantías, no es más que un acto jurídico procesal emanado del órgano encargado de la función jurisdiccional en asuntos laborales que decide sobre el fondo del conflicto planteado, según lo precisa la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, este acto procesal requiere de un elemento objetivo representativo, el documento; y cuando se habla de resolución o laudo, implícitamente se hace referencia a esa resolución como acto jurídico procesal y como documento, pero cuando se señala la misma como acto reclamado (como en el caso), propiamente da a constituir esa resolución, en cuanto tal, pero no porque sea el acto real de decisión, sino por ser ahí donde se encuentra plasmado el texto de la decisión.
En consecuencia, una vez precisada la naturaleza jurídica de la resolución o interlocutoria, es de advertirse que como acto jurídico procesal puede verse afectado por diversas irregularidades, las que de acuerdo con su origen y trascendencia producirán su inexistencia o su nulidad, por ser absoluta y relativa; el primer caso se refiere a su existencia misma, al ser, y no puede convalidarse o invalidarse algo que no existe, por cuanto a la nulidad absoluta se caracteriza por ser de imposible ratificación u homologación. La nulidad relativa, por el contrario, sí produce efectos que pueden ser convalidados y ratificados, porque el vicio que la origine no es trascendental.
En la especie, la irregularidad por la ausencia de la firma de los representantes obrero y patronal en la resolución reclamada, no produce la inexistencia de esta última, sino su nulidad relativa, en virtud de que constituye un vicio de la resolución, como acto jurídico, cuyos efectos son susceptibles de convalidación u homologación y pueden ser notificados. Por ello, dichas irregularidades constituyen una violación a las leyes que rigen el procedimiento dentro del incidente de liquidación planteado por la aquí quejosa, que afectan la defensa de la inconforme y trascienden al resultado del fallo.
Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por este Primer Tribunal Colegiado, que aparece publicada bajo el número 21, páginas 656, Tercera Parte, del Informe rendido por el presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1987, que dice: "LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA. La ausencia de firmas de los representantes obrero y del capital en el dictamen, acta de discusión y votación y en el laudo, no producen la inexistencia de éste, sino su nulidad relativa, porque aquéllos constituyen vicios de la resolución entendida como acto jurídico procesal y, por tanto, susceptible de convalidación u homologación. Consecuentemente, dichas irregularidades constituyen violaciones a las reglas fundamentales del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo.".
Sin que obste a lo anterior lo establecido en el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, ya que incuestionablemente dicho precepto se refiere a las actuaciones o diligencias que se efectúan durante el desarrollo del procedimiento laboral. En cambio, el artículo 846 de dicha ley, alude a las resoluciones (interlocutorias) dictadas por las Juntas, entendiéndose como tal, el fallo que resuelve la Junta en el conflicto sometido a su potestad, ya sea, como en el caso, cuando resuelvan una interlocutoria, dentro o fuera de juicio un incidente, conforme al artículo 837, fracción II, de la propia ley laboral.
Por esa razón, y en términos del artículo 846 mencionado, cuando votada una resolución, como en el caso, uno o más de los representantes se nieguen a firmarla, deben ser requeridos en el mismo acto por el secretario y si insisten en su negativa, previa certificación del propio secretario, la resolución producirá sus efectos legales sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan incurrido los omisos, por lo que la Junta, en el particular, debió seguir ese procedimiento y asentar si los representantes omisos, luego de ser requeridos, se negaron a firmar.
Por tanto, procede revocar la resolución recurrida y conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente la interlocutoria impugnada y reponga el procedimiento en el incidente de liquidación derivado del juicio laboral número 75/85, promovido por Reyna Rodríguez Sedas, en contra de la empresa Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, a fin de que corrija las irregularidades asentadas en esta resolución y, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando único, la Justicia de la Unión ampara y protege a Reyna Rodríguez Sedas, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Coatzacoalcos, Veracruz, mismo que se dejó señalado en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese, anótese en el libro de registro, expídanse las copias de ley, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, oportunamente, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, integrado por los señores Magistrados José Vargas Ruiz, quien fue el ponente, Leonardo Rodríguez Bastar y Faustino Cervantes León, quienes firman ante el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/996-78e2660a/laudo-la-falta-de-firmas-en-el-produce · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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