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Modo: Corpus Pro

ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 402/92. · Registro digital (IUS): 1238
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSANA MARTINEZ RIVERA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 203.

AMPARO EN REVISION 402/92. SUSANA MARTINEZ RIVERA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Los agravios aducidos son inoperantes unos e infundados otros.

De la parte considerativa de la sentencia recurrida, se advierte que para negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, el Juez de Distrito sostuvo, esencialmente, que en tanto no se encuentra firmada por la secretaría del juzgado responsable, la certificación que obra en la copia fotostática que, de diversas actuaciones del juicio generador del arresto reclamado, el Juez responsable acompañó a su informe justificado, tales copias deben tenerse como simples por lo que carecen de valor alguno; de ahí que, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, correspondía a la peticionaria de garantías la carga procesal de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirlo, pues los Jueces del orden civil pueden, para hacer cumplir sus determinaciones, emplear como medida de apremio el arresto hasta por diez días, según lo previsto por el artículo 79, fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, sin embargo, la quejosa no cumplió con esa obligación al no ofrecer probanza alguna sobre el particular, por lo que no demostró que el arresto impugnado en la vía constitucional sea violatorio de sus garantías individuales.

Con relación a tales consideraciones, la ahora inconforme sólo alega que el juzgador de amparo dejó de atender sus conceptos de violación y no tomó en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 constitucional nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil, que además, no emitió razonamientos jurídicos para apoyar su determinación y las jurisprudencias que invocó resultan inaplicables al caso, por lo que en suma, violó sus garantías individuales previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

Estos planteamientos deben desestimarse, pues no controvierten a través de razonamientos jurídicos concretos las consideraciones que sustentan el fallo que se revisa, ya que en ellos nada se dice en contra de que las copias fotostáticas que remitió el Juez responsable carecen de todo valor por no contener en la certificación la firma de la secretaría del juzgado, que por tanto correspondía a la quejosa demostrar la inconstitucionalidad del arresto reclamado, al no ser éste inconstitucional en sí mismo, pero que no cumplió con esa obligación; de ahí que deba estimarse la inoperancia de los argumentos de mérito, máxime que son sólo afirmaciones carentes de razonamientos que las sustenten. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 3 de este cuerpo colegiado, que dice: "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.- No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnarse con razonamientos, los que la hayan fundado.".

De cualquier manera, resultan infundadas las afirmaciones que la hoy recurrente hace valer. Esto es así, pues en primer lugar, si bien el juzgador federal no atendió en toda su extensión los conceptos de violación que se formularon en la demanda de garantías, del estudio de las constancias de autos se infiere que esto obedeció a que en tales conceptos se expusieron argumentos que se hicieron depender de los motivos, datos y pruebas en que se fundó el Juez responsable para dictar el arresto reclamado, motivos, datos y pruebas que, de acuerdo con lo expuesto por el Juez de Distrito son desconocidos para la potestad federal ante la falta de elementos de convicción que en el juicio constitucional pongan de manifiesto su existencia y contenido, dada la carencia de valor de las copias exhibidas por la responsable y la omisión de la quejosa de aportar probanzas al respecto; luego, ante la falta de impugnación de las consideraciones que emitió el Juez de Distrito, debe entenderse que no estaba en condiciones de analizar conforme a derecho los conceptos de violación y por ende la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.

Por otra parte, contrariamente a lo que se afirma, la sentencia que se revisa se encuentra fundada y motivada en razonamientos jurídicos concretos y bastantes, cuya legalidad no se desvirtúa mediante los agravios esgrimidos, en tanto no controvierten las consideraciones esenciales del fallo y por tanto éstas deben tenerse firmes y continuar rigiendo el sentido del fallo sujeto a revisión.

El planteamiento relativo a que el arresto reclamado es violatorio del artículo 17 constitucional, es del todo inexacto, toda vez que los arrestos decretados como medidas de apremio por los Jueces de lo Civil, para hacer cumplir sus determinaciones, como en el caso es el de que se trata, no infringen ese precepto fundamental, en tanto no se imponen por deudas de carácter civil, sino para vencer la contumacia de los obligados a cumplir una determinación judicial. Tiene la aplicación en el caso, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo en revisión números 60/92, 78/92, 107/92 y 110/92, que dice: "ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.- No es exacto que los arrestos decretados como medidas de apremio por los Jueces de lo Civil, para hacer cumplir sus determinaciones, sean violatorios del artículo 17 constitucional, pues no se imponen por deudas de carácter civil, sino para vencer la contumacia de los obligados a cumplir una determinación judicial.".

Tocante a que las jurisprudencias invocadas en la sentencia combatida por el Juez de Distrito, resultan inaplicables, no se expone razonamiento jurídico alguno que sustente esa afirmación, por lo que debe desestimarse, pues como se ha dicho, no pueden tenerse como agravios las simples afirmaciones que no razonan contra los fundamentos del fallo que atacan, y al no advertirse la existencia de queja deficiente que suplir al respecto, este cuerpo colegiado no puede ocuparse de estudiar ese punto.

No está por demás destacar que es inexacto que la sentencia recurrida sea violatoria de las garantías individuales contempladas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

Se estima lo anterior, pues las sentencias que pronuncian los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, no pueden ser violatorias de las garantías que en favor de todo gobernado consagra la Constitución Federal, atento a que sólo se limitan a determinar si existe o no violación de dichas garantías, o a sobreseer en el juicio cuando se actualice una causal para ello; así, en todo caso, los preceptos que dejaran de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al que deben sujetar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 17 de este tribunal, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS.- El Juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación.".

Las consideraciones que anteceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Es pertinente señalar que, la negativa del amparo determinada por el Juez de Distrito en cuanto al arresto reclamado, debe considerarse extensiva con relación a los actos de ejecución que se impugnan, ya que en contra de éstos no se hicieron valer vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la que, en concepto de la quejosa adolece el acto de la autoridad ordenadora, y si respecto de éste ya se dijo que no se demostró la violación de garantías alegada, debe decirse lo propio en relación con aquéllos. Sirve de apoyo a esto, la jurisprudencia número 19 de este Tribunal Colegiado, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a SUSANA MARTINEZ RIVERA, contra los actos que reclamó del Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, director del Centro de Readaptación Social y coordinador de la Policía Judicial, estas dos últimas autoridades del Estado de Puebla, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Tarcicio Obregón Lemus, siendo ponente el segundo de los mencionados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1238-905b389c/arresto-medida-de-apremio-no-es-violatoria-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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